El recuerdo de su trágica muerte hace casi veinte años aún perturba mi memoria. Murió en soledad y atrapado dentro de su coche tras una violenta colisión. Todavía recuerdo estremecerme al ver en la televisión los metales retorcidos del coche. Sólo después escuché su nombre: César Manrique. Era el 25 de septiembre de 1992.
Han pasado diecinueve años y Canarias sigue luchando contra los mismos demonios que César, en vida, exorcizó de Lanzarote: la especulación inmobiliaria y la degradación medioambiental. Él defendió que el turismo sostenible y el respeto por la naturaleza eran perfectamente compatibles. Sus edificios, complejos y espacios se integran respetuosamente con el entorno natural que les rodea. Tan integrados como lo están decenas de antiguos poblados costeros de Canarias.
Sin embargo hace décadas que son los hoteles y no los poblados los que se han adueñado de nuestras costas. Además, la segunda Ley de Costas, vigente desde 1988 (la primera data de 1969), ha ilegalizado muchos de estos poblados. La Ley los ha transformado, como afirma el antropólogo Fernando Estévez, en «la encarnación misma del Mal territorial».
Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero sólo los poblados son el auténtico cáncer que enferma nuestras costas. Como, por ejemplo, la casa terrera marinera del carpintero Santiago Medina Cáceres levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago, con 73 años, y su familia fueron desalojados.
Según la Ley de 1988, no menos dañinas para nuestras costas son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España. Así que mientras en Candelaria pronto se empezarán a construir adosados y hoteles en el cielo, varios habitantes del poblado de Cho Vito viven con la amenaza del desalojo y la demolición de sus viviendas. Una amenaza postergada en septiembre de 2010.
Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podrían legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988 y, evidentemente, decenas de hoteles ilegales.
Sin duda, no se puede generalizar. No todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, sabemos que numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales. También son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito y edificados después de 1969. Pero hoy esos hoteles no están amenazados de demolición.
Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)… En total, unos veintisiete mil casos en el archipiélago. Para toda España se calcula que son 400.000 los españoles afectados.
En el caso de Pozo Negro el prehistoriador Tejera Gaspar y otros especialistas han señalado que en ese lugar pudo comenzar la conquista de Canarias encabezada por el normando Jean de Béthencourt en el año 1402. También Tufia es en parte un yacimiento prehistórico.
Hoy, vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa terrera que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Imagínese, es como si esta semana el Ministro de Justicia, cumpliendo una nueva ley, metiese en la cárcel a todos los descendientes de Béthencourt acusándolos del «genocidio de aborígenes» cometido por el conquistador normando en 1402. ¿Qué culpa tienen sus descendientes setecientos años después? Igualmente, ¿qué culpa tiene Santiago de que un antepasado suyo construyese una casa costera hace más de un siglo? Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de una ley constituye una verdadera injusticia.
En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué muchos de estos poblados deben sobrevivir. La centenaria casa de Santiago es el vestigio de una manera de vivir en vía acelerada de extinción. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Los habitantes de cada pueblo en la medianía disponían de su propia zona de abastecimiento de comida y otros recursos en la costa y la cumbre. Así que algo de cierto habrá en la leyenda que cuenta que las papas arrugadas nacieron cuando alguien las guisó con agua de mar.
Sin embargo, en esos poblados, los expertos no ven sino casas. Y en esas casas no encuentran ni historia, ni memoria. Son simplemente construcciones de «baja calidad». No pueden (o no quieren) entender que muchas de esas casas forman parte de un complejo sistema espacial y cultural, o sea, representan un modo de vida vernáculo.
Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de las costas canarias.
En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de nuestras costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento de Canarias acaba de solicitar por unanimidad (sí, no se sorprenda, se lo repito) por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que la comunidad autónoma pueda colaborar con el Estado en la gestión.
Esa colaboración se me antoja casi imposible. El Gobierno central ha recurrido el proyecto de Ley de Costas de Canarias porque invadía las competencias del Estado. Es decir, la Ley canaria intenta proteger del derribo asentamientos urbanos consolidados (como los poblados) junto al mar que el Estado prevé demoler.
¡Qué curioso! El Gobierno canario que con su Ley desea proteger los poblados costeros – enfrentándose al Estado feroz – es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife. Al contrario, ya sabemos que para construirlo más rápidamente, el Gobierno inventó una Ley que descatalogaba la flora y la fauna protegidas en la zona del proyectado puerto: la tortuga boba, la seba o la piña de mar.
También, ese Gobierno que con su Ley canaria de Costas intenta proteger los poblados costeros es el mismo Gobierno que, en Lanzarote, ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.
Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas, es decir, alrededor de veintisiete licencias. La semana pasada la Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales . El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote, tras encargar un único y dudoso informe, sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», en otras palabras, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos.
He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podría legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.
La opinión pública no se opondrá a la amnistía. Por un lado, los poblados tradicionales costeros se salvarán de las palas demoledoras de Madrid. Por otro, se legalizarán hoteles que aliviarán la crisis, perpetuando así el monocultivo del turismo, y se vilipendiarán las voces críticas como las de la Fundación César Manrique. Ni Maquiavelo podría haberlo planeado mejor y sacar tan excelente tajada.
http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/11-10-2011/vivaelhotelmueraelpoblado
Han pasado diecinueve años y Canarias sigue luchando contra los mismos demonios que César, en vida, exorcizó de Lanzarote: la especulación inmobiliaria y la degradación medioambiental. Él defendió que el turismo sostenible y el respeto por la naturaleza eran perfectamente compatibles. Sus edificios, complejos y espacios se integran respetuosamente con el entorno natural que les rodea. Tan integrados como lo están decenas de antiguos poblados costeros de Canarias.
Sin embargo hace décadas que son los hoteles y no los poblados los que se han adueñado de nuestras costas. Además, la segunda Ley de Costas, vigente desde 1988 (la primera data de 1969), ha ilegalizado muchos de estos poblados. La Ley los ha transformado, como afirma el antropólogo Fernando Estévez, en «la encarnación misma del Mal territorial».
Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero sólo los poblados son el auténtico cáncer que enferma nuestras costas. Como, por ejemplo, la casa terrera marinera del carpintero Santiago Medina Cáceres levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago, con 73 años, y su familia fueron desalojados.
Según la Ley de 1988, no menos dañinas para nuestras costas son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España. Así que mientras en Candelaria pronto se empezarán a construir adosados y hoteles en el cielo, varios habitantes del poblado de Cho Vito viven con la amenaza del desalojo y la demolición de sus viviendas. Una amenaza postergada en septiembre de 2010.
Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podrían legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988 y, evidentemente, decenas de hoteles ilegales.
Sin duda, no se puede generalizar. No todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, sabemos que numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales. También son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito y edificados después de 1969. Pero hoy esos hoteles no están amenazados de demolición.
Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)… En total, unos veintisiete mil casos en el archipiélago. Para toda España se calcula que son 400.000 los españoles afectados.
En el caso de Pozo Negro el prehistoriador Tejera Gaspar y otros especialistas han señalado que en ese lugar pudo comenzar la conquista de Canarias encabezada por el normando Jean de Béthencourt en el año 1402. También Tufia es en parte un yacimiento prehistórico.
Hoy, vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa terrera que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Imagínese, es como si esta semana el Ministro de Justicia, cumpliendo una nueva ley, metiese en la cárcel a todos los descendientes de Béthencourt acusándolos del «genocidio de aborígenes» cometido por el conquistador normando en 1402. ¿Qué culpa tienen sus descendientes setecientos años después? Igualmente, ¿qué culpa tiene Santiago de que un antepasado suyo construyese una casa costera hace más de un siglo? Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de una ley constituye una verdadera injusticia.
En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué muchos de estos poblados deben sobrevivir. La centenaria casa de Santiago es el vestigio de una manera de vivir en vía acelerada de extinción. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Los habitantes de cada pueblo en la medianía disponían de su propia zona de abastecimiento de comida y otros recursos en la costa y la cumbre. Así que algo de cierto habrá en la leyenda que cuenta que las papas arrugadas nacieron cuando alguien las guisó con agua de mar.
Sin embargo, en esos poblados, los expertos no ven sino casas. Y en esas casas no encuentran ni historia, ni memoria. Son simplemente construcciones de «baja calidad». No pueden (o no quieren) entender que muchas de esas casas forman parte de un complejo sistema espacial y cultural, o sea, representan un modo de vida vernáculo.
Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de las costas canarias.
En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de nuestras costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento de Canarias acaba de solicitar por unanimidad (sí, no se sorprenda, se lo repito) por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que la comunidad autónoma pueda colaborar con el Estado en la gestión.
Esa colaboración se me antoja casi imposible. El Gobierno central ha recurrido el proyecto de Ley de Costas de Canarias porque invadía las competencias del Estado. Es decir, la Ley canaria intenta proteger del derribo asentamientos urbanos consolidados (como los poblados) junto al mar que el Estado prevé demoler.
¡Qué curioso! El Gobierno canario que con su Ley desea proteger los poblados costeros – enfrentándose al Estado feroz – es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife. Al contrario, ya sabemos que para construirlo más rápidamente, el Gobierno inventó una Ley que descatalogaba la flora y la fauna protegidas en la zona del proyectado puerto: la tortuga boba, la seba o la piña de mar.
También, ese Gobierno que con su Ley canaria de Costas intenta proteger los poblados costeros es el mismo Gobierno que, en Lanzarote, ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.
Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas, es decir, alrededor de veintisiete licencias. La semana pasada la Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales . El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote, tras encargar un único y dudoso informe, sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», en otras palabras, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos.
He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podría legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.
La opinión pública no se opondrá a la amnistía. Por un lado, los poblados tradicionales costeros se salvarán de las palas demoledoras de Madrid. Por otro, se legalizarán hoteles que aliviarán la crisis, perpetuando así el monocultivo del turismo, y se vilipendiarán las voces críticas como las de la Fundación César Manrique. Ni Maquiavelo podría haberlo planeado mejor y sacar tan excelente tajada.
http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/11-10-2011/vivaelhotelmueraelpoblado
