Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 22 de junio de 2013

La Justicia ordena recuperar 1.300 metros de litoral en Costa Teguise ocupados ilegalmente

En la conocida como playa del Ancla
La Justicia ha respaldado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que inició un expediente para recuperar la posesión de más de 1.300 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre ocupados ilegalmente en la playa del Ancla, en la localidad de Costa Teguise.


En concreto, el dominio público fue invadido “por diversas obras e instalaciones” como una piscina, escaleras, muros de cerramiento, enlosados, una cascada artificial y jardines, según el deslinde efectuado en septiembre del año 2006.

En total, el espacio público de la costa invadido suma 1.346 metros cuadrados , según las mediciones de la Dirección General. El titular de las obras ilegales es la mercantil Playa Roca Investments SL.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destaca que “la legalización” de lo construido “es una mera posibilidad incierta” que pasaría por que el Estado otorgase una concesión “por razones de interés público”.

El TSJC resalta que no consta la autorización pertinente para construir antes de la ley de Costas de 1988 y considera que a la edificación se le deben aplicar los preceptos legales que sancionan “con la demolición” las obras. Además, subraya que no está acreditada por sentencia firme anterior a la legislación de Costas la propiedad particular ni que la construcción esté amparada por las licencias exigibles.

http://www.diariodelanzarote.com/2013/06/21/lanzarote06.htm

jueves, 20 de junio de 2013

La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está ultimando un informe muy crítico con la Ley de costas aprobada por el PP en España con el rechazo de todos los grupos ecologistas y la práctica totalidad del arco político.
La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas   El estudio es fruto de la visita realizada por una delegación de eurodiputados a Madrid entre el 21 y el 22 de marzo para analizar la norma y estudiar las quejas de decenas de ciudadanos españoles y europeos, que se quejan de la inseguridad jurídica sobre sus propiedades y en muchos casos por expropriacines y demoliciones y las preocupaciones de las ONG.
   El proyecto de informe, que ha sido elaborado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann y que todavía debe incorporar las recomendaciones de los grupos al Gobierno español de cara a su votación final en la Comisión de Peticiones los próximos días 8 y 9 de julio, cuestiona la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente, duda de que "sea aplicada coherentemente y cumpla los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y, además, resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".
   El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". También subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito, pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.  
   "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connnivencia  entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos". "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto.
   Werthmann ha explicado que ya está "elaborando las recomendaciones" que deben incorporarse en la versión definitiva del informe de la Eurocámara tras la visita a Madrid y ha defendido que los grupos se reúnan "en breve" para "tratar las recomendaciones". "Espero que nos pongamos de acuerdo", ha recalcado.
   La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada popular Erminia Mazzoni ha recordado que "todavía tienen que llegar contribuciones de otros miembros" al proyecto de informe y ha pedido acelerar los trabajos con el obejtivo de que "antes del verano" se pueda "terminar el trabajo".



martes, 18 de junio de 2013

BORRON Y COSTA NUEVA.

La nueva ley del litoral es el bálsamo de fierabrás para unos y la oportunidad perdida de salvar los núcleos costeros canarios para otros.


El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel

Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades. Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casassituadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación.



. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones .

Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno deCanarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.


La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad delos núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.


El senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, fue el responsable dentro de Coalición Canaria (CC) de vigilar de cerca el desarrollo de esta legislación. Su punto de vista es negativo, sobre todo porque no hay ninguna mención específica a las islas aunque es posible que algunos núcleos puedan verse favorecidos por los cambios. “Pero para nosotros nos encontramos ante una Ley tan arbitraria e injusta como la de 1988. El PP incumplió su compromiso de dar un trato especial a Canarias que sin embargo sí se le da a la isla de Formentera y a varios núcleos de Galicia. Resulta absurdo que la Comunidad autónoma con mayor número de kilómetros de costa como es Canarias no tenga ninguna mención en la nueva Ley. Y todo ello pese a las vinculaciones económicas, históricas y etnográficas que existen o ante hechos como que muchas personas se pueden ver de un día para otro sin su única vivienda”. El senador mantiene que hay muchas posibilidades de recurrir esta ley ante Estrasburgo y conseguir que sea anulada en cuanto afecta a la propiedad privada. Pero además, Quintero recuerda que el nuevo texto “contiene un exagerado interés recaudatorio por parte del Estado a través de las concesiones pero luego la seguridad y la limpieza de las playas debe asumirla los ayuntamientos, lo que no nos parece justo. La anterior ley nos parecía mal pero ésta se ha hecho para anular sus efectos negativos en unos núcleos concretos de los cuales ninguno está en Canarias”. Las propuestas de CC pasaron por intentar que se reconociera el carácter histórico de los poblados costeros del Archipiélago, “pero sí les puedo asegurar que no pretendíamos en ningún momento salvar ningún mamotreto, ni un complejo turístico, pero sí enclaves como Ojos de Garza, con sentencias firmes condenatorias, cuyas viviendas van a desaparecer. Se salvarán muy pocos poblados y se condenarán todos los que están en dominio público”, señala el senador


Antonio Alonso, fue uno de los vecinos de Cho Vito que resultó desalojado de su vivienda en 2008. A partir de aquí se ha convertido en un activista en contra de una ley que considera que ha sido aplicada en muchas ocasiones de forma injusta.

Por ejemplo, en este poblado marinero de Candelaria, cuyas dramáticas imágenes de vecinos que eran expulsados de sus casas que luego acababan convertidas en escombros, ocuparon los informativos de gran parte del mundo. “A nosotros nos desahució el Estado, no un banco”, sentencia Alonso, años después de lo ocurrido. En cuanto a la modificación de la Ley indica que en general se sienten desilusionados porque esperaban que hubiera mayor consenso y participación. Los vecinos de Cho Vito luchan ahora conjuntamente con la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas que presentó escritos para reunirse con los ponentes, sin resultado alguno. Tampoco ayudó demasiado que el nuevo texto saliera a información pública en los meses de verano pasado. “Aquí no se da ninguna seguridad jurídica a los afectados, a no ser que se esté hablando de los que tienen una importante capacidad económica. Los pequeños propietarios que son mayoría en estos núcleos en Canarias siguen en el aire”.

 Por ello, cree que la modificación sólo beneficiará a los grandes empresarios y como ejemplo cita que nada más aprobarse la norma algunos hoteles pidieron acogerse a las concesiones. En estos momentos quedan en Canarias 109 núcleos costeros amenazados por la ley, de los cuales este colectivo apenas cree que se puedan salvar cinco o seis,repartidos por Anaga, Galdar, La Santa y Famara en Lanzarote y poco más. Desde el PP se habla de 72 poblados que en realidad se corresponden a los que tienen expediente abierto. “Algunos piensan que la notificación que les llegó a sus vecinos no les va a llegar a ellos, pero no es verdad”, dice Alonso. Pese a que nadie desea que se repitan las imágenes de Cho Vito, no sería extraño que a lo largo de este año se procediera al derribo de núcleos enteros como los de Tufia y Ojos de Garza en Gran Canaria.




Controversias.

La aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar a situaciones muchas veces rocambolescas o disparatadas que cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación. Por ejemplo un señor que tenía una vivienda desde hacia décadas en la playa de Guia de Isora, se procede a su derribo, Costas admite que ha cometido un error pero finalmente le niegan el derecho a ser indemnizado

. Otro vecino de la playa de El Cabron en Aguimes ha conseguido paralizar las obras para construir un paseo hasta que no se aclare perfectamente cuál es su situación. También está el caso de personas como el empresario, Antonio Plasencia, una de las mayores fortunas de Canarias, al que se le otorgo una concesión por una vía que como poco ha resultado sorprendente. Son varios los hoteles y edificios que han quedado fuera de ordenación simplemente porque la línea de deslinde ha tocado parte de su fachada. Ocurre por ejemplo con el Maritim de La Orotava o la Basílica de La Candelaria. En La Palma la casa del diseñador de zapatos Manolo Blahnik no podrá acoger el museo sobre su obra al estar dentro de dominio público. En La Gomera el organismo estatal no tuvo problemas en anexionarse la finca del amor libre de El Cabrito

.

Canarias ahora Semanal. (Extracto)













































































































Canarias pide la transferencia de competencias en ordenación del litoral

El Ejecutivo autonómico justifica esta petición en la insularidad y recuerda que otras autonomías como Andalucía y Cataluña ya cuentan con estas transferencias.


El Gobierno de Canarias ha solicitado este martes al Ejecutivo el traspaso de competencias en materia de ordenación del litoral, durante la primera reunión mantenida en esta legislatura de la comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Canarias.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), lo ha explicado así a los periodistas tras participar en esa reunión en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid.

Ha asegurado que la actitud de los representantes del Gobierno ha sido "cicatera" y ha dicho que no existe una "voluntad política decidida" para llevar a cabo esa transferencia que, en su opinión, "tiene una importancia definitiva".

Asimismo, ha señalado que la ordenación del litoral "es vital" para Canarias debido a su condición insular y ha recordado que otras comunidades como Andalucía o Cataluña ya han asumido esas competencias.

El traspaso de estas competencias implicaría que "títulos habilitantes que hoy tiene el Estado" pasarían a la comunidad autónoma en aquellas materias referidas al espacio marítimo y terrestre, ha afirmado Hernández Spínola.

Durante la reunión, los representantes canarios también han solicitado que se traspasen a la autonomía canaria las competencias en materia de inspección de trabajo y algunas otras relacionadas con las políticas activas de empleo.

Para abordar la posible transferencia de esas materias de políticas activas de empleo, el Gobierno y el Ejecutivo canario se han comprometido a formar un grupo de trabajo para analizar las posibilidades.

Sobre la reforma de la inspección de trabajo, los representantes del Ministerio de Hacienda se han remitido al anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Empleo que establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación, ha indicado.

Los representantes de Canarias también se han interesado por el desarrollo de la Reforma Local, sobre la que les han asegurado que el Consejo de Ministros aprobará en el próximo mes de julio.

Durante la reunión, el Gobierno también ha traspasado dos edificios propiedad del Estado a Canarias, un balneario y un centro de cooperación juvenil que concretan, según ha asegurado el consejero canario, una ampliación de medios para el archipiélago en cultura y tiempo libre.

Sin embargo y pese a ese traspaso, Hernández Spínola ha considerado que la reunión "no ha sido satisfactoria" al no atender las reclamaciones hechas por el Gobierno autonómico.

"Buenas palabras, pero pocos gestos. Poco compromiso político y poca voluntad de cooperación con las comunidades autónomas que vienen a reclamar que las competencias que tiene en su estatuto de autonomía", ha concluido

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-exige-a-madrid-las-competencias-de-costas/20130618174930406851.html

lunes, 17 de junio de 2013

Costas tendrá que mover 150 metros de muro de una mansión porque invade el dominio público

Fue un error de la Administración, así que se tendrá que financiar con fondos públicos


En una mansión de Pou des Lleó han ocurrido cosas realmente atípicas.

Por un lado, el propietario hizo un túnel para comunicar la casa con el mar al que ahora Costas le ha abierto expediente por no estar dentro de la legalidad. Un caso calificado como «realmente curioso» y «absolutamente peculiar» por el jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Juan Carlos Plaza. Y por otro, esta mansión tiene 150 metros de muro que invaden el dominio público.

La cuestión es que por esto último la Administración no abrirá expediente al propietario porque en este caso no fue un error de él sino de la demarcación de Costas, aunque Plaza no lo quiere calificar así y dice simplemente que es una «situación anómala que se ha producido». Explica que hace algún tiempo este propietario pidió realizar un cerramiento de la finca y éste se hizo cumpliendo la ley. «Por lo que yo sé, salvo que me engañe alguien, se hizo legalmente y con los planos del deslinde provisional. Sin embargo, el deslinde definitivo fue más hacia tierra adentro y un tramo del cerramiento ha quedado en dominio público», relató el jefe de la demarcación, que asegura que ahora tendrá que ser la propia Administración la que coloque el muro en el sitio que corresponde, evidentemente con coste para las arcas públicas.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/costas-tendra-mover-150-metros-muro-mansion-porque-invade-dominio-publico.html

NO SALGO DE MI ASOMBRO, Y NO HE PARADO DE REIRME DE ESTA NOTICIA. LO DEL JEFE DE DEMARCACION DE COSTAS, ES JUZGADO DE GUARDIA. EN PRIMER LUGAR, SI SE PIDE HACER UNA OBRA CON UN DESLINDE PROVISIONAL, COSTAS NO  CONCEDE PERMISO ALGUNO. EN SEGUNDO LUGAR, SI ES ILEGAL, EL ESTADO NO TIENE QUE PAGAR NADA. Y EN TERCER LUGAR, EL PROPIETARIO NO DEBE SER UN  POBRE PESCADOR,