El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel
Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades. Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casassituadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación.
. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones .
Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno deCanarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.
La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad delos núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad
La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.
El senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, fue el responsable dentro de Coalición Canaria (CC) de vigilar de cerca el desarrollo de esta legislación. Su punto de vista es negativo, sobre todo porque no hay ninguna mención específica a las islas aunque es posible que algunos núcleos puedan verse favorecidos por los cambios. “Pero para nosotros nos encontramos ante una Ley tan arbitraria e injusta como la de 1988. El PP incumplió su compromiso de dar un trato especial a Canarias que sin embargo sí se le da a la isla de Formentera y a varios núcleos de Galicia. Resulta absurdo que la Comunidad autónoma con mayor número de kilómetros de costa como es Canarias no tenga ninguna mención en la nueva Ley. Y todo ello pese a las vinculaciones económicas, históricas y etnográficas que existen o ante hechos como que muchas personas se pueden ver de un día para otro sin su única vivienda”. El senador mantiene que hay muchas posibilidades de recurrir esta ley ante Estrasburgo y conseguir que sea anulada en cuanto afecta a la propiedad privada. Pero además, Quintero recuerda que el nuevo texto “contiene un exagerado interés recaudatorio por parte del Estado a través de las concesiones pero luego la seguridad y la limpieza de las playas debe asumirla los ayuntamientos, lo que no nos parece justo. La anterior ley nos parecía mal pero ésta se ha hecho para anular sus efectos negativos en unos núcleos concretos de los cuales ninguno está en Canarias”. Las propuestas de CC pasaron por intentar que se reconociera el carácter histórico de los poblados costeros del Archipiélago, “pero sí les puedo asegurar que no pretendíamos en ningún momento salvar ningún mamotreto, ni un complejo turístico, pero sí enclaves como Ojos de Garza, con sentencias firmes condenatorias, cuyas viviendas van a desaparecer. Se salvarán muy pocos poblados y se condenarán todos los que están en dominio público”, señala el senador
Antonio Alonso, fue uno de los vecinos de Cho Vito que resultó desalojado de su vivienda en 2008. A partir de aquí se ha convertido en un activista en contra de una ley que considera que ha sido aplicada en muchas ocasiones de forma injusta.
Por ejemplo, en este poblado marinero de Candelaria, cuyas dramáticas imágenes de vecinos que eran expulsados de sus casas que luego acababan convertidas en escombros, ocuparon los informativos de gran parte del mundo. “A nosotros nos desahució el Estado, no un banco”, sentencia Alonso, años después de lo ocurrido. En cuanto a la modificación de la Ley indica que en general se sienten desilusionados porque esperaban que hubiera mayor consenso y participación. Los vecinos de Cho Vito luchan ahora conjuntamente con la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas que presentó escritos para reunirse con los ponentes, sin resultado alguno. Tampoco ayudó demasiado que el nuevo texto saliera a información pública en los meses de verano pasado. “Aquí no se da ninguna seguridad jurídica a los afectados, a no ser que se esté hablando de los que tienen una importante capacidad económica. Los pequeños propietarios que son mayoría en estos núcleos en Canarias siguen en el aire”.
Por ello, cree que la modificación sólo beneficiará a los grandes empresarios y como ejemplo cita que nada más aprobarse la norma algunos hoteles pidieron acogerse a las concesiones. En estos momentos quedan en Canarias 109 núcleos costeros amenazados por la ley, de los cuales este colectivo apenas cree que se puedan salvar cinco o seis,repartidos por Anaga, Galdar, La Santa y Famara en Lanzarote y poco más. Desde el PP se habla de 72 poblados que en realidad se corresponden a los que tienen expediente abierto. “Algunos piensan que la notificación que les llegó a sus vecinos no les va a llegar a ellos, pero no es verdad”, dice Alonso. Pese a que nadie desea que se repitan las imágenes de Cho Vito, no sería extraño que a lo largo de este año se procediera al derribo de núcleos enteros como los de Tufia y Ojos de Garza en Gran Canaria.
Controversias.
La aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar a situaciones muchas veces rocambolescas o disparatadas que cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación. Por ejemplo un señor que tenía una vivienda desde hacia décadas en la playa de Guia de Isora, se procede a su derribo, Costas admite que ha cometido un error pero finalmente le niegan el derecho a ser indemnizado
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Canarias ahora Semanal. (Extracto)
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