!QUE ASCO DE PAIS.!!QUE ASCO DE JUSTICIA!

ESTOY TAN CANSADO DE ESTE PAIS, QUE POSEE LA TASA DE CORRUPCIÓN SIMILIAR A LA DE CUALQUIER REPUBLICA BANANERA, QUE NOTICIAS COMO LAS SIGUIENTES, ME PRODUCEN NAUSEAS Y VOMITOS.
  

   Y es que las siguientes noticias, reflejasdas en la prensa canaria,  no traspasa fornteras, pero si lo hicieran, serían motivo de quejas de todos los tribunales de justicia del mundo.
    En el mismo Plan general de Ordenación de que va a legallizar todas las ilegalidades posibles, se deja fuera de ordenación,  por culpa de un deslinde del dominio publico maritimo terrestre, las dos unicas poblaciones, que reflejan  parte de la identidad canaria y el mar, y que estaban antes que nadie en la costa, El Golfo y Playa Quemada.

Para esto hacen y utilizan los politicos las leyes: una para confiscar la propiedad y la otra para hacer favores a la gente poderosa que, en vez de llevarles a la cárcel, les premian con recalificaciones. La podrefumbre y la corrupcion de este pais no para de asombrarme.

El Plan de Yaiza quiere "legalizar" los hoteles anulados por la Justicia, a cambio de 4 millones de euros

La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.



En una rueda de prensa en la que Gladys Acuña (PIL) apareció "escoltada" por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Canario, el lanzaroteño Mario Pérez (CC); el Director General de Ordenación Territorial, Juan José Santana; el redactor del todavía no aprobado Plan General, Jorge Cordech; y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rodríguez; la primera edil defendió "las excelencias" del nuevo documento de ordenación del municipio. Para seguidamente sugerir que el consistorio tiene previsto "regularizar" a las veintena de establecimientos hoteleros, cuyas licencias están anuladas por la justicia y los que tienen que derribar parte de sus infraestructuras. Eso sí, a cambio de una "compensación económica" de unos 4 millones de euros: es decir, que cada complejo deberá pagar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General".

Para "engodar" a los presentes, los redactores aseguraron que "los hoteles ilegales (pues lo son) tendrían que destinar cerca del 35% de su superficie edificatoria a zonas comunes", aunque ello significara "eliminas camas turísticas". Pero no coló, pues el redactor del aún no aprobado Plan, reconoció que se permitirá a las plantas hoteleras (las ilegales, para ser más claros), "aumentar un 50% su edificabilidad", lo que a su vez redundaría en "una compensación económica de un 15% al Ayuntamiento por el aprovechamiento de esa mayor edificabilidad".

- Mario Pérez quiere legalizar lo que previamente había impugnado
El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, aseguró sin ruborizarse, que "el Plan aporta Seguridad Jurídica", añadiendo que "contribuye a generar economía". Pero se olvidó de decirle a los presentes (y a toda la opinión pública) que cuando había sido Presidente del Cabildo (accidental), impugnó el Plan Parcial Playa Blanca; el mismo Plan Parcial que ahora pretende "resucitar", pese a que está anulado por la Justicia.

De la misma forma, Gladys Acuña anunció que pretende "recalificar" el suelo donde se encuentra construida la "gran mansión" del arquitecto Carlos Morales (imputado por el escándalo de las licencias ilegales); Gladys olvidó que hace años denunció ese mismo terreno, cuando era Concejal de la oposición... Y en la rueda de prensa permaneció callado el concejal Jose Antonio Rodríguez (PNL), el mismo que había sido Concejal de Urbanismo cuando se denunciaron las licencias ilegales a complejos  hoteleros (hoy anuladas por Justicia).

- ¿Legalizar lo ilegalizado jurídicamente?

Lo más irónico de la comparecencia público fue que el Director General de Ordenación del Territorio, Juan José Santana, insistió en que había que "regularizar los hoteles", amparándose en la Ley de Modernización Turística del Gobierno Canario. Pero olvidó señalar (todos olvidaron algo ese día) que el borrador de dicha "ley" fue elaborado (entre otros) por Ignacio Díaz de Aguilar: aquel letrado imputado por el ANULADO Plan Parcial Playa Blanca, y representante de algunas de las sociedades a las que se anularon las licencias de sus hoteles.

Eso sí, ninguno de los presentes supieron (o quisieron) decir, ¿cómo van a legalizar, lo que ya ha sido ilegalizado por los Tribunales de Justicia...? En una isla donde los desahucios están al orden del día, y donde Costas amenaza a núcleos urbanos como El Golfo o Tenézera, los empresarios ricos siempre tendrán cabida para determinadas instituciones...

http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/economia/el-plan-de-yaiza-quiere-legalizar-los-hoteles-anulados-por-la-justicia-a-cambio-de-4-millones-de-euros/20121108151521000897.html



El chalé de Morales y Alexia de Grecia que investiga el juez cuesta 3,8 millones

El matrimonio compró los terrenos en 2005 e inició en 2007 las obras que han sido denunciadas por la Guardia Civil - La casa tiene 1.200 metros construidos, tres plantas y ocupa suelo no urbanizable

El chalé que está a punto de sentar en el banquillo al esposo de la princesa Alexia de Grecia, el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y está valorado en 3.823.000 euros, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La casa, que es investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, es propiedad a partes iguales de la pareja.

El matrimonio compró la finca en abril de 2005 por 257.000 euros, y en octubre de 2007 "iniciaron una construcción destinada al uso de vivienda que ocupa 1.200 metros cuadrados". La obra nueva, que asciende a 925.000 euros, se levanta en un solar de 5.100 metros y se distribuye en tres plantas. Sin embargo, la tasación total y final del inmueble es de 3.823.000, según el crédito hipotecario investigado por la UCO. El chalé no está terminado en la actualidad, en parte por la intervención de la Guardia Civil.

Los agentes del Grupo Especial de Delitos Urbanísticos concluyen en su informe que la vivienda "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, pues el muro más próximo al mar está a poco más de 20 metros. El suelo es no urbanizable y también podría ocupar una zona verde de especial protección en Puerto Calero (Yaiza).

La investigación comenzó el 5 de junio de 2008 gracias a una conversación telefónica intervenida por la UCO. Los interlocutores, el político Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, hablan del chalé que se está construyendo Morales en Puerto Calero. Los agentes se enteran de que la casa ocupa suelo no urbanizable e inician las pesquisas para comprobarlo.

La Guardia Civil considera que Morales ha podido cometer un delito contra la ordenación del territorio, y los agentes ponen la información en conocimiento del juez César Romero Pamparacuatro, que lleva meses investigando una supuesta trama de cobro masivo de comisiones en diferentes instituciones de la Isla (caso Unión).

Lo primero que hace el magistrado es abrir una pieza separada para instruir la denuncia sobre el chalé porque la superficie construida "contraviene" todas las normas urbanísticas aplicables. Los informes emitidos por los diferentes organismo públicos sostienen que la propiedad ocupa suelo no urbanizable e invade el dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, la licencia concedida por José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, "sería en todo caso manifiestamente ilegal y nula de pleno derecho".

Por todo ello, a principios de esta semana, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha solicita al juez que transforme esas diligencias en procedimiento abreviado para formular acusación contra Morales y Reyes

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/01/29/chale-morales-alexia-grecia-investiga-juez-cuesta-38-millones/349983.html


Y AHORA VIENE LO BUENO

Yaiza recalifica la casa de Carlos Morales como urbana en el nuevo planeamiento

El arquitecto lanzaroteño está acusado de prevaricación urbanística en el 'caso Unión' por su vivienda, que fue paralizada

El nuevo Plan General de Yaiza, aprobado de forma inicial, propone la recalificación como suelo urbano de una franja de 85.489 metros cuadrados situada en Puerto Calero, que denomina Puerto Calero 2, zona en la que el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, comenzó la construcción de su vivienda familiar en una parcela de unos 4.500 metros, cuyas obras fueron paralizadas en 2009 tras el estallido de la operación 'Unión'.

Morales está acusado en este procedimiento, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife, de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. El exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes otorgó a finales de 2006 a Morales la licencia de construcción del inmueble en suelo no urbanizable al tratarse de un área rústica de protección territorial, según las investigaciones de la Guardia Civil.

El informe elaborado al respecto por el Grupo Especial de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, señala, además, que la casa "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, ya que el muro más próximo al mar está a poco más de veinte metros.

Puerto Calero 2 se ubica entre los sectores turísticos residenciales de Puerto Calero, al este, y el de Cortijo Viejo al oeste. Al norte limita con suelo rústico y al sur con la zona portuaria.

Los redactores del nuevo planeamiento de Yaiza, el equipo de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gesplan, justifican el cambio de uso de la bolsa de suelo Puerto Calero 2, en que el objeto principal de la misma es "servir de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo, actualmente separados, mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte". Asimismo, el equipo redactor afirma que "este ámbito está en parte edificado, restando áreas por ocupar que carecen de valor ambiental alguno al estar completamente antropizadas".

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2012/10/19/yaiza-recalifica-casa-carlos-morales-urbana-nuevo-planeamiento/491369.html




 Y YO VIVIA EN CHO VITO

La nueva Ley de Costas del PP salva de la demolición al 95% de las casas de Anaga

Y CON LA ANTERIOR LEY DE COSTAS,  TAMBIEN.....



Tavío insta al alcalde a que certifique la situación de las viviendas para legalizarlas. Bermúdez convoca a los diputados y senadores canarios para buscar una solución

El Partido Popular de Santa Cruz aseguró ayer que está en las manos del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, salvar de la demolición al 95% de las viviendas que se encuentran en los núcleos costeros de Anaga. Por ello, la portavoz del PP en el Consistorio, Cristina Tavío, exigió al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que aproveche la nueva Ley de Costas para ayudar a las familias afectadas ya que esta normativa "da la oportunidad de legalizar las casas siempre y cuando el Ayuntamiento haga su trabajo".

Sra, Tavio, si los ayuntamientos hicieran su trabajo, nigún nucleo costero, estaria afectado por la ley de costas y por la ineficaz reforma que se ha aprobado recientemente

Según explicó Tavío, el proyecto de esta nueva ley, pues aún no está aprobada, permite salvar a los núcleos costeros aunque no se encuentren en suelo urbano, pero para eso antes el Ayuntamiento debe delimitar y certificar las condiciones urbanísticas que faciliten su legalización. "Estas condiciones, recogidas en la disposición transitoria segunda del proyecto legislativo, establecen la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros para aquellos núcleos que cuando entró en vigor la Ley de 1988 contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica", añadió.
Todo eso, en el plazo de dos años, a partir de la aprobacion de esta norma Sra Tavio,  y siempre  que el ayuntamiento, certifique que eso es asi, y que el ministerio lo apruebe, pues existen casos de que el ayutnamiento certifica y  el ministerio deniega, o sea, según criterios y color político.Lo mismo, MAS INSEGURIDAD. MAS ARBITRARIEDAD.

El PP ha realizado un estudio sobre la situación de las viviendas de Almáciga, Roque de Las Bodegas, Benijo, Igueste y Las Gaviotas, en el que se concluye que en prácticamente todas estas zonas se cumplen dichos requisitos, tal y como indicó la edil del PP en la capital Ana Zurita. "Por lo que el alcalde nacionalista y el concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, lo que tienen que hacer ahora es iniciar de forma inmediata el expediente para certificar todos los casos, pues una vez que se apruebe la Ley de Costas tendrán un plazo de dos años para resolver esta situación", manifestó la concejal.
Les falta hablar de Roque Bermejo, pero claro esta, eso lo demuelen completo

Para el PP ahora, con el nuevo proyecto legislativo, se podrían salvar el 95% de las viviendas afectadas, algo que no hubiese podido ocurrir con la anterior Ley (1988), ya que ésta obligaba a que los núcleos estuviesen construidos en suelo urbano y que tuviesen aceras y alumbrado público, entre otros requisitos. Con respecto al 5% restante, Zurita comentó que dichas casas se encuentran en el dominio público terrestre, por lo que su salvación es más difícil. Aún así, la concejal aseguró que el PP está intentando buscar una solución también para estos casos.
Si estan buscando una solución a  los casos de los pueblos costeros tradicionales, ¿como prometieron en la oposición, como es que no se refleja en la  nueva norma?

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz ha convocado para esta tarde a los diputados y senadores canarios para poder llegar a un acuerdo y buscar una solución a los núcleos costeros de Anaga, "promoviendo, en su caso, la modificación de este proyecto de Ley" en el caso de que los perjudique. Bermúdez recuerda que el pasado 30 de octubre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción "en defensa de los pueblos de Igueste de San Andrés, Tachero, Almáciga y Roque de las Bodegas", que fue apoyada por todos los grupos políticos en la Corporación local, incluido el PP.

Pero el PP no considera que el camino adecuado sea el de presentar una enmienda a este proyecto de Ley , como propondrá hoy el alcalde nacionalista a los senadores y diputados. "Batallas, las justas. En este caso no es necesario porque está en las manos del propio Ayuntamiento solucionar este asunto, ya que la nueva Ley de Costas da la posibilidad de legalizar estos núcleos si el Consistorio delimita y certifica las condiciones urbanísticas de las casas que se encuentran en el litoral de Anaga. Lo que ocurre es que parece que Bermúdez y Martín no se han leído el proyecto de Ley o no lo entienden", declaró ayer la portavoz del PP en la Corporación chicharrera.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide a los senadores y diputados canarios que, "independientemente de legítimas visiones personales o de partido, e incluso de posibles discrepancias en la interpretación jurídica o los antecedentes históricos", tengan un interés común en hallar una solución para las personas directamente afectadas, que les proporcione la tranquilidad y la seguridad jurídica que se merecen.



http://www.laopinion.es/tenerife/2012/12/21/nueva-ley-costas-pp-salva-demolicion-95-casas-anaga/451666.html

Que poco respeto me merecen aquellos políticos, que no defienden los problemas de su tierra, máxime, cuando lo han prometido, lo han defendido desde la oposición y al llegar al poder, esconden la mano.
Lo dicho, mas de lo mismo.

EL APODERAMIENTO LEGAL DE LA COSTA

    Se ha hecho público un informe demoledor sobre los intereses que tienen grandes constructores en la nueva ley de Costas. Una ley que se modifico en sólo 6 meses, aunque,  “pocos han sido los privilegiados que han podido participar en los borradores de la Ley” y “ninguna organización ambiental u organización científica  o asociacion de afectados tuvo acceso al texto

Una ley que ‘legaliza’ ilegalidades


Y es que , no es a las organizaciones ambientales o científicas…, ni desde luego a los intereses ciudadanos, a quien se pretende beneficiar con esta Ley.  Esta demostrado que una serie de empresarios muy bien relacionados, quizás nada sorprendentemente, con la cúpula ‘popular’. Empezando, según muestran, con el propio ministro son los grandes beneficiarios de esta Ley.


El proyecto de ley propone una revisión de los terrenos costeros públicos que,cae en toda una serie de ilegalidades, además de que “no contiene ni un sólo artículo para la protección de la ribera del mar ni para asegurar su integridad física frente a inundaciones o la subida del nivel del mar por el cambio climático”. Pero además, dice, “reduce de forma muy significativa el dominio público marítimo terrestre”,
Y es que aquí está la clave,  en la nueva Ley de Costas que impulsa Arias Cañete: la visión de la costa como un espacio para el negocio del ladrillo. Y van entonces, en el informe a los nombres. En concreto a los que señalan como grandes beneficiarios de la nueva ley. “La costa y los intereses creados”.

‘Cañete y familia S.A.’

En este sentido, se apunta directamente al propio ministro, recordando su paso por los Gobiernos de Aznar y cómo “ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios”. Señalan los ecologistas que “Cañete es de los diputados con mayor patrimonio”, y relacionan a continuación sus intereses con las petroleras Ducar S.L. y Petrologis Canarias (en las que ha ocupado cargos de responsabilidad y tiene miles de acciones a su nombre o al de su esposa y cuñado, Miguel Domecq que, “le sustituyó como presidente”, pero también con “promotoras, inmobiliarias e inversiones similares”.


 Es toda una trama lo de estas relaciones entre el ministro y los ‘tiburones’ del ladrillo. Recuerda que Arias Cañete fue nombrado en 2009 “consejero de Bami Newco por promotores como Joaquín Rivero”, empresario de Jerez de la Frontera, como Cañete, vinculado, por ejemplo al proyecto de Puerto Sherry, o a otro como Marina Puerto de Santa María S.A. que, dice el informe, “pretende construir 947 viviendas de lujo con una edificabilidad que casi triplica el máximo permitido”.


No es sólo cuánto tiene, es también qué tiene

El ministro, “no destaca por cuánto patrimonio posee sino “por lo que tiene”, es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario”, aspectos que “le señalan como un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental y donde podría haber posibles conflictos de intereses”.


   Se repasa también, en este sentido, los “conflictos de intereses de Cañete y el ladrillo”, por sus relaciones familiares. Y hacen referencia a sus cuñados, José Ramón Bujanda Sáenz y Borja Domecq, así como a sus sobrinos Borja y Fátima, que “son parte de Bofado Inversiones S.L. dedicados a la construcción, edificación y, entre otros, reparcelación y venta de edificios”.



Otros aspectos de la ley, también favorecen a empresarios muy cercanos al PP y al propio ministro. Se señala en este caso, por ejemplo, la modificación en la calificación de terrenos costeros inundables, que hace que “algunos concesionarios de proyectos de acuicultura o explotación de salinas han incrementado considerablemente sus arcas patrimoniales”. Y tras preguntarse, irónicamente, los ecologistas “¿quiénes son los agraciados?” repasan cómo estas modificaciones benefician, por ejemplo, el conglomerado de negocios que poseen el exministro de Aznar Abel Matutes y familia, junto al expresidente balear Gabriel Cañellas, tanto en empresas salineras como en piscifactorías. Y esto tanto en Baleares, de donde son Matutes y Cañellas, como en Cádiz, provincia de donde procede Cañete.


Villar Mir y sus rías

SE  denuncia cómo se van a ver beneficiados otros empresarios con otra modificación que trae la ley y por la que la protección de la costa pasaría de 100 metros a 20 metros en algunas zonas “en atención a las caraterísticas topográficas o hidrográficas”. Según los ecologistas aquí se está pensando en zonas como las rías. Y dan dos ejemplos: la ría de Huelva y la ría de Boo, en Santander, “dos rías -dice el informe- que a la mayoría no nos dicen mucho, pero a Juan Miguel Villar Mir le suenan muy cercanas”.


Y es que, según denuncian, en Huelva se sitúan las “balsas de fosfoyesos”, de Fertiberia, condenada por la Audiencia Nacional y por el Supremo por delitos contra el medio ambiente, cuyo dueño es Villar Mir y cuya exdirectora de Planificación es Isabel García Tejería, que ahora es Secretaria General en el ministerio de Arias Cañete. En cuanto a la ría de Boo, en ella se sitúa Ferroatlántica, que también es de Villar Mir. Su ubicación en 45% está en terreno de dominio público, es decir ilegal. Con la modificación de la ley, esta situación se vería modificada para bien de la empresa.


El negocio de los paseos marítimos

se denuncia  cómo la ley va a modificar la calificación de los paseos marítimos. “Con la nueva ley en la mano -dice el informe-, aquellos municipios que han construido una urbanización sobre un terreno de marismas o simplemente en un terreno público e inmediatamente antes de la orilla del mar se haya construido un paseo marítimo, ahora con el nuevo Proyecto de Ley podrán dar por válida su destrucción ambiental y legalizar urbanizaciones”. El “truco” del paseo marítimo, lo llama, y a continuación señala quiénes son los “agraciados” por esta modificación.


El informe da el ejemplo, entonces de la Playa de la Patacona, en Valencia, para señalar a la inmobiliaria Lasho, del constructor Bautista Soler, “uno de los magnates del ladrillo de la costa valenciana muy relacionado con el PP”. En la Patacona hay diversas construcciones ilegales, ‘protegidas’ por un paseo marítimo y por las autoridades locales y regionales, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo en su informe calificó el caso de esta urbanización como “un ejemplo del amparo que la Administración puede prestar a actuaciones ilegales”.


Los ‘ladrilleros’ se tocan: Soler, Rivero… Cañete

Bautista Soler es amigo de Joaquín Rivero. Pero también socio en algunas aventuras. Por ejemplo en Bami, empresa de cuya ‘biografía’ el informe da un detallado relato, y con la que también relaciona a Ignacio López del Hierro, hombre de negocios más conocido por su boda con Maria Dolores de Cospedal. Recuerdan los autores del informe de Greenpeace cómo Arias Cañete fue nombrado consejero de Bami al dejar el Gobierno de Aznar, y que sigue siendo accionista aunque tuvo que renunciar a su cargo cuando fue nombrado ministro por Rajoy.



 Y YO VIVIA EN CHO VITO

César Tolosa entiende que la reforma de la Ley de Costas es «sumamente polémica»

El presidente del TSJC recuerda que los poderes públicos «debemos ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, recordó ayer que los poderes públicos «tenemos que ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad», en referencia a la Ley de Costas del año 1988, actualmente en fase de reforma y, según entiende, con objetivos «excesivamente ambiciosos para el momento en el que se aprobó». El presidente del Alto Tribunal, que admitió que la revisión de la norma que se está tramitando en el Congreso es «sumamente polémica», prefirió no valorar las modificaciones que se pretenden hasta que no las vea reflejadas en el Boletín Oficial del Estado. «Sólo puedo decir -aclaró- que los que pedían la reforma pensarán que se han quedado cortos y los que no la pedían que se han excedido».

Tolosa acudió ayer a la llamada de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria para participar en el ciclo de conferencias organizado por este colectivo en la sede de la Obra Social Caja Cantabria, donde el presidente del TSJC estuvo acompañado por el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, el concejal del área del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, el actual presidente del colectivo, Justo Cobo, y un centenar de oyentes, entre ellos la consejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo cántabro, Leticia Díaz.

El magistrado se adentró en la incidencia de la Ley de Costas en el urbanismo regional realizando un recorrido histórico por una norma «criticada y denostada por unos y defendida y protegida por otros» a la que en un momento de su intervención él mismo se refirió como «el complejo entramado que estableció el legislador de 1988».

Antes de comenzar ese camino, y de adentrarse por los vericuetos más farragosos de la Ley de Costas, fue que Tolossa lanzó su primera reflexión: «El fracaso del modelo de la Ley de Costas de 1988 radica en que planteó objetivos muy ambiciosos a largo plazo, objetivos excesivamente ambiciosos para el momento en que se aprobó». Por eso «tenemos que ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad».

Luego, en el trayecto, el presidente del TSJC recordó que la normativa vigente desde hace 24 años «lo que viene a hacer es culminar una aspiración de las doctrinas jurídica y constitucional que vienen a establecer de forma clara que en nuestro país es necesario que el dominio público marítimo terrestre no tenga ninguna otra titularidad que no sea la pública, haciendo desaparecer (y aquí empiezan los grandes problemas) las titularidades privadas preexistentes a partir de la Ley de Costas anterior a la aprobada en el año 1988».

Con ella, «se trató de poner freno a los dos grandes males que estaban afectando al litoral español: su degradación física y falta de conservación y el paulatino, constante e inacabado proceso de privatización de la zona de dominio público marítimo terrestre».

Litigios

Sin embargo, «algo hemos hecho mal cuando 24 después (de la entrada en vigor de la Ley de 1988) todavía no hemos puesto fin a este conflicto», añadió el magistrado, que recordó a constructores y promotores que la normativa y su desarrollo sigue siendo, a día de hoy, «objeto de una cadena de litigios que el Tribunal Superior de Justicia todavía está resolviendo».

Tolosa, que apenas dedicó algunos minutos a la reforma de la ley, recordó que esta revisión surge fundamentalmente «de las demandas de las plataformas de afectados por sentencias de derribo con la finalidad única de ampliar los plazos de las concesiones, que deberían concluir en el año 2018 y se prorrogarán 75 años» y admitió que a él le parece «sumamente polémica», aunque no quiso valorar los cambios hasta que sean oficiales.



http://www.eldiariomontanes.es/v/20121219/cantabria/cesar-tolosa-entiende-reforma-20121219.html

El censo de núcleos costeros en peligro queda en papel mojado

Los ayuntamientos no han presentado los planes de urbanización al Ejecutivo regional

EFE

La Ley 7/2009, de 6 de mayo y de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, dio vía libre para la redacción de una lista o censo de núcleos costeros, ubicados en dominio público, cuyas características pudiesen evitar su demolición. Hoy, los problemas judiciales y los incumplimientos de los ayuntamientos, que debían colaborar con la Consejería de Política Territorial en la elaboración de la lista, han convertido este instrumento en mero papel mojado.

Por medio de una nueva disposición, el censo registraría aquellos núcleos amenazados y que, por sus valores «etnográficos, arquitectónicos o pintorescos», pudieran huir de la quema. La idea era que «su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social» les facilitasen la «amnistía», so pretexto de la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas. Para que una edificación se beneficiase de este instrumento, antes era necesario un compromiso de sus titulares o del ayuntamiento del municipio en cuestión. Este compromiso consistía en garantizar que se instalarían los servicios urbanísticos básicos, especialmente aquellos relativos a las aguas residuales, para impedir vertidos incontrolados en el mar. Sin embargo, ni una sola de las corporaciones locales ha cumplido aún este requisito.

Así consta en la respuesta que la consejería que dirige Domingo Berriel ha dado a una pregunta al respecto de la diputada Cristina Tavío. «Los ayuntamientos deben remitir un mero listado de edificaciones afectadas, con los compromisos de urbanización por medio de convenios con los particulares o asumidos por el pleno de la corporación. En este sentido hay que indicar que ninguno de los listados remitidos ha cumplido este requisito», informa el departamento del Ejecutivo regional a la parlamentaria.

Con todo, este descuido de los ayuntamientos no es lo único que ha minimizado la relevancia del censo (cuya aprobación corresponde, en última instancia, al consejo de gobierno). No en vano el Tribunal Constitucional aún ha de pronunciarse, pues el Estado interpuso un recurso contra la ley por considerar que esta invade sus competencias, lo que podría hacer inútil una eventual aprobación de esa lista, argumenta la consejería en su respuesta. Cabe recordar que el artículo que regula la elaboración del censo fue suspendido de forma cautelar por el Constitucional, si bien levantó esta suspensión provisional allá en diciembre de 2010.

Y por si fuera poco, y aun en el caso de que la autonomía lograse salvar el escollo judicial, la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas requiere la «unanimidad» de Estado, comunidad y municipio, algo que parece difícil de conseguir. «El hecho de que la Administración estatal haya recurrido este artículo y haya manifestado su rechazo a declarar de interés público las construcciones realizadas sin autorización o concesión ha significado, 'de facto', un bloqueo a la viabilidad de la herramienta del censo». El departamento del Ejecutivo canario agrega en el escrito de respuesta que «probablemente» sea esta la causa de la «escasa utilización» que hacen los ayuntamientos de este instrumento.

Veintisiete núcleos amenazados

Hasta el momento, han sido diez los ayuntamientos que han enviado a la consejería las listas de los poblados que, según consideran, podrían evitar su demolición por medio del censo y al amparo de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas. Ninguna especifica los planes de urbanización. Sea como fuere, las corporaciones han remitido información sobre las poblaciones de Majanicho (La Oliva); Los Molinos y Puerto Lajas (Puerto del Rosario); Ojos de Garza y Tufia (Telde); San Andrés (Arucas); Chozas de Jacomar (Antigua); Porís de Candelaria, Pozo del Jurado, Playa de la Veta y Pozo de Tinizara (Tijarafe); El Faro, Puntalarga, Río Muerto, El Puertito, Playa Echentive y La Zamora (Fuencaliente); Mesa del Mar y El Pris (Tacoronte); Pozo de las Calcosas, El Tamaduste, La Caleta, Puerto de La Estaca, Temijiraque y Las Playecillas (Valverde); y Bajo la Cuesta y Risco de las Tablas (Candelaria).

http://www.abc.es/local-canarias/20121218/abci-censo-nucleos-costeros-201212180237.html

 EL PROBLEMA EN CUESTION, NO ES QUE EL CENSO SEA PÀPEL MOJADO, EL PROBLEMA ES QUE ,LOS AYUNTAMIENTOS, NO ESTAN POR LA LABOR, Y LO ANTIGUO Y TRADICIONAL, NO LES IMPORTA ABSOLUTAMENTE NADA.
  DE LOS DIEZ AYUNTAMIENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, TODOS NO HAN INCLUIDO ALGUN QUE OTRO NUCLEO MAS.
SEAMOS REALISTAS, LES IMPORTA MAS EL SUELO Y SU DESARROLLO URBANISTICO QUE LAS CASAS ANTIGUAS DE UNOS POCOS.

La costa que el Gobierno no quiere ver

ANA ORAMAS


DIPUTADA DE COALIACIÓN CANARIA

Es probable que muchos de ustedes recuerden las visitas y compromisos de los candidatos del Partido Popular a las familias que residían o aún permanecen en núcleos costeros tradicionales construidos antes de 1988 y cuyo futuro se encuentra en manos de los Tribunales Justicia. Promesa que, como tantas otras, han incumplido esta semana en el Congreso, en donde los mismos que aseguraron en campaña que velarían por sus intereses han levantado la mano a favor de una reforma de la Ley de Costas que contiene todo lo contrario de lo que se comprometieron a hacer en la campaña electoral.

El proyecto de ley seguirá su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, pero no existe ni la más remota posibilidad de que el Partido Popular enmiende una iniciativa parcial y sesgada, que no afronta el verdadero problema que existe en el litoral y que, además, no responde al objetivo fijado por el Ministerio de Agricultura: su sostenibilidad.

Los que antes eran candidatos y ahora cohabitan en las filas de un partido que ha dado la espalda a Canarias han sido cómplices, con su apoyo, a una injusticia que cercena las escasas esperanzas de quienes viven con la angustia que supone residir en una casa cuyos días están contados.

El parche que el Gobierno del Estado ha remitido a las Cortes sirve únicamente para extender a 75 años las concesiones tanto nuevas como vigentes, sin analizar el objetivo ni las consecuencias económicas, y amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, además de establecer un deslinde excepcional para la isla de Formentera, en Baleares, por su especial configuración geológica.

Esta reforma pone de manifiesto el desconocimiento del Gobierno del problema que sufren muchos núcleos costeros del litoral, entre ellos los que existen en Canarias, para los que no aporta ninguna solución tanto en relación con su afección al deslinde marítimo terrestre como a la servidumbre.

Obvia las singularidades de Canarias, la Comunidad Autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en las Islas no encajen en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta a la nuestra.

Omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la ley de Costas de 1988, cuya realidad social y económica nunca ha sido adecuadamente considerada y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural. Valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora desestima.

Tampoco resuelve los problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto los que corresponden a las administraciones locales como a la Comunidad Autónoma.

Esperábamos de esta nueva norma que, al menos, reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Estado se sigue reservando en esta reforma las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local. En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, esta reforma las complica o condiciona en las zonas de servidumbre, estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni la delimitación en zona de servidumbre.Nos enfrentamos a una reforma que no aporta nada a Canarias y en la que el Gobierno legisla sin entender ni querer ver una realidad que afecta a la Comunidad Autónoma más vinculada a su litoral.

http://www.laopinion.es/opinion/2012/12/16/la-costa-que-el-gobierno-no-quiere-ver-costa-gobierno-quiere-ver/450896.html?utm_source=rss