Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 26 de octubre de 2013

140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas

Medio Ambiente eleva en 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios
900 hoteles pueden tramitar una remodelación de sus instalaciones
La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.
El Gobierno no ha reforzado el equipo que debe responder las peticiones

El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, (LA REALIDAD ES QUE NO TIENEN NI IDEA DE CUANTAS PROPIEDADES AFECTADAS EXISTEN)explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.
Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.
18 meses de silencio administrativo implican autorizar las reformas
Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.
El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.
Los expertos temen que se aproveche la medida para añadir cemento al litoral
El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.
El Constitucional ha admitido tres recursos contra la norma
En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.
La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.
Entre la protección de la costa y la de los propietarios
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.
La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.
La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.
El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/25/actualidad/1382729888_740242.html

viernes, 25 de octubre de 2013

El reglamento de la Ley de Costas estará listo a final de año, según Medio Ambiente

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha señalado que está trabajando en el borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 y que prevé que esté listo a finales de este año o, a más tardar, a principios de 2014.
En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, Ramos ha apuntado que está "muy avanzado" por lo que estará en diciembre o en enero. Una vez se conozca, se teme "otra vez la bronca por pretender ordenar el desorden", aunque ha recordado que un reglamento no puede ir más allá de la ley.
En este sentido, ha augurado que no va a haber muchas sorpresas y ha añadido que a veces en la definición concreta hay expectativas no colmadas, pero ha recordado que las competencias urbanísticas corresponden a los municipios mientras que las de defensa del litoral son estatales y considera que en 1988 el legislador debería haber establecido un régimen transitorio para los municipios que tuvieran en marcha sus planes de ordenación urbana.

Además, Ramos ha defendido que el Gobierno no pretende menoscabar la protección del litoral sino ordenar y aclarar la situación. Por eso, ha asegurado que la ley pone la "foto fija" en 1988, de modo que "sin construir nada nuevo" se ofrece a estos municipios la posibilidad de que se ordenen porque, a su juicio, es "estúpido", seguir pensando que 25 años después esos suelos son rústicos y "seguir manteniendo la ficción de que ahí no hay nada". "Nadie los ha querido tirar, nosotros queremos ordenarlos", ha apostillado.
Asimismo, en respuesta a la pregunta del senador del grupo parlamentario socialista Miguel Fidalgo al número de industrias, instalaciones hoteleras y otras instalaciones que el Gobierno prevé que se beneficiarán de la "rebaja" en la protección con la modificación de la Ley de Costas, el secretario de Estado ha reiterado que la nueva ley no reduce "un ápice" la protección de la costa, sino que se otorga mayor seguridad jurídica a quienes se relacionan con el litoral.
Concretamente, ha defendido que se ha buscado una "solución equilibrada" entre la protección de la costa y la protección de las personas y su patrimonio y ha agregado que con la ley aprobada el pasado mes de mayo se evita el "efecto 2018", es decir, la extinción de las concesiones que sustituyen desde 1988 a la propiedad privada sobre el dominio público.
El secretario de Estado ha dicho que con el nuevo marco se podrán acoger los titulares de estas concesiones a cambio de un canon que justifique la ocupación del dominio público y pasar de 30 años prorrogables a 60 hasta un total de 75 años de concesión, de acuerdo con los plazos que fija la ley general.
Concretamente, ha dicho que esto afecta, "en principio", a 96 hoteles, 211 industrias incluidas, 89 restaurantes y chiringuitos, 1.108 viviendas.
Mientras, las construcciones, edificaciones e instalaciones afectadas por la nueva regulación asciende a 12.800 viviendas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre y 140.000 en zona de servidumbre de protección. Al mismo tiempo, ha agregado que hay 3.000 restaurantes y chiringuitos en dominio público marítimo terrestre, algo más de 100 hoteles en dominio público marítimo terrestre y unos 900 en la zona de servidumbre de protección así como 1.700 industrias en el dominio público marítimo terrestre.
Finalmente, sobre el número de núcleos con zonas en tramos que aspiran a ser regulados, ha dicho que "ahora mismo no es posible precisar" el total porque es necesario que lleguen las solicitudes y estudiar caso a caso. En España hay un total de 800 municipios en el litoral.
http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/el-reglamento-de-la-ley-de-costas-estara-listo-a-final-de-ano-segun-medio-ambiente_g03Fs9VYXL2f60aS6MaBM6/