El pp en Cantabria apunta modificaciones en la Ley de Costas.

El Partido Popular, en una reunión celebrada en Cantabria con los afectados por la Ley de Costas, afirma que la ley "esta mal hecha" y apunta a emprender modificaciones de la misma.

EL CABILDO DEFENDERÁ LOS NÚCLEOS COSTEROS.

Acuerdo unánime del Cabildo en defensa de los núcleos costeros
CC, PP y PSOE se pronuncian en favor de la seguridad jurídica de las áreas urbanas del litoral que tenga un valor etnográfico, arquitectónico y social
B. R

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El pleno del Cabildo adoptó ayer un acuerdo institucional en defensa de los núcleos urbanos costeros de la Isla amenazados por la delimitación del dominio público marítimo terrestre y su zona de servidumbre. Así, se han pronunciado "en favor de la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras que reúnen un valor protegible en materia etnográfica, arquitectónica, socioeconómica y estratégica".

Cabe recordar que esta declaración se enmarca en un contexto en el que el Gobierno estatal ha recurrido la modificación de la ley del territorio en Canarias por la que el Ejecutivo regional se arroga la competencia para decidir qué núcleos costeros eran urbanos antes de la ley de Costas de 1988, condición que permite situar la servidumbre de dominio público en 20 metros y no en 100. El Ejecutivo estatal ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa por entender que vulnera la vigente Ley de Costas.

Así, el Cabildo insta al Gobierno de España a crear y poner en funcionamiento una una Comisión en la que estén presentes el Estado, el Gobierno regional, el Cabildo y el Ayuntamiento correspondiente, con el objetivo de analizar las situaciones de los enclaves edificatorias en el litoral del archipiélago.

Con el acuerdo unánime de las tres fuerzas políticas (CC, PP y PSOE), que establece el artículo 3 de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto refundido de el Cabildo también se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, "con valor técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario".

Por último, la Corporación insular se compromete a colaborar con el Gobierno regional en "la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de la Isla", así como la preservación y la mejora de sus valores "etnográficos, arquitectónicos, estratégicos y pintorescos" en el marco del principio de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas.



http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/16930/

COSTAS MULTA A LOS KIOSKOS DE LAS TERESITAS

Costas "cargó" contra los quioscos de la playa de Las Teresitas en agosto de 2009, cuando multó a los que invadían la arena con mesas y sillas. Ya han recurrido y aseguran que no tienen dinero para pagar.
25/jun/10 07:45
EL DÍA, S/C de Tenerife
La Dirección General de Costas multó en agosto de 2009 a tres quioscos de Las Teresitas por invadir la arena (dominio público) con mesas y sillas, por importes de 1.000, 7.000 y casi 70.000 euros, tal y como relataron ayer a este periódico los afectados, quienes manifestaron que no habían abonado el importe, "porque es injusto" y porque "no tengo dinero para pagar eso", manifestaron.
Si bien dos de ellos afirman que fueron avisados por los "detectives" de Costas, otro recalcó que no recibió ninguna notificación y se encontró con la penalización de un día para otro. Precisamente este, dice que por este motivo no pudo presentar la reclamación en tiempo y forma. En cambio, los otros dos negocios sí han recurrido judicialmente por la vía contencioso-administrativa.
La sanción impuesta recoge que la multa ronda los 400 euros y que el resto corresponde a un concepto denominado "por ganancias".
Los dueños de estos pequeños negocios insisten en que este término "no es aceptable, ni real".
Uno de los propietarios alega que es titular de este negocio desde hace más de treinta años, y que tiene en regla todos los permisos municipales.
Pero Costas argumenta que la ocupación del espacio se concedió en 1966, en precario, por un período de 99 años y que además, las obras para la construcción de la playa artificial nunca fueron reconocidas por el Estado.
Lo que está claro es que Costas y el Ayuntamiento de Santa Cruz parece condenados a no entenderse, por lo menos, en cuanto al deslinde se refiere (que coincide con el muro de piedra).
Se puede observar que algunos quioscos se encuentran dentro de la arena y otros fuera, en la zona de los aparcamientos.
Estos negocios insisten en que los ciudadanos prefieren tomar su consumición sentados y a la sombra. Insisten en que cuentan con permisos municipales para instalar las mesas y las sillas.
Reconocen que desde hace un par de años no pagan los impuestos municipales porque el ayuntamiento no los cobra.
El quiosco que se llevó el pasado año la multa mayor recuerda que los operarios de la Dirección General de Costas acudieron a su establecimiento acompañados de diez policías de paisano y procedieron a precintar de arriba a abajo el quiosco, "por considerarle fuera de la legalidad".
En su opinión, "la tienen tomada conmigo y nos consideran ilegales, pero creo que es un problema político y de litigio judicial que acompaña a la playa hace años".
Dijo que el deslinde "ahora parece que es otro y todo este contencioso nos perjudica a los que queremos trabajar".
http://www.eldia.es/2010-06-25/santacruz/0-Costas-multa-euros-tres-quioscos-Teresitas.htm

Costas ordena la demolición de las casas de la Playa de Puig

Los vecinos se quejan de que tendrán que pagar la demolición pese al acuerdo con el Ministerio, que prometió indemnizarles

Las olas golpean con fuerza contra la escollera que protege las 49 casitas de pescadores de El Puig. El invierno no ha tenido piedad con esta playa, y ya no queda rastro de arena. Costas no se ha preocupado en regenerarla, porque detrás se sitúan las centenarias casitas de pescadores, 49 viviendas pendientes de demolición. Y parece que ahora ya no va a haber más aplazamientos. La Demarcación Provincial de Costas ha comunicado a los propietarios que el próximo 30 de septiembre, «tenemos que dejar las puertas abiertas». Ese día, las casitas desaparecerán para siempre.

Los vecinos han peleado hasta el minuto 90, aplicando un símil futbolístico, para que no les derribaran sus casas. Al final, el Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que veía «ineludible consecuencia la orden de demolición».
Los propietarios saben que están fuera de ordenación, llevan 40 años escuchando la misma cantinela, y la ley de Costas de 1988 acabó con sus esperanzas de conseguir una escritura, ya que sus propiedades, construidas en el siglo XIX, se han ido transmitiendo de generación en generación, sin papeles de por medio. Así se hacían las cosas antiguamente y por este motivo el deslinde les perjudicó: quedaron en tierra de Costas.

La mayoría de sus propietarios, como Leonor, son hijos y nietos de pescadores. Ya no se dedican a la pesca, sino que utilizan las casitas para pasar el verano en primerísima línea de playa. El pasado verano ya temían que fueran sus últimos meses junto al mar. «Estuvimos con la directora de la Demarcación, con Lidia Pérez, hace unas semanas, y nos dijo que la demolición sería en septiembre para que pasáramos el verano», explicó Ángel, uno de los vecinos de estas casitas, que disfrutará del mar hasta que le deje Costas.
Los vecinos están muy cabreados porque el Ministerio de Medio Ambiente ha revocado su acuerdo para pagarles una indemnización. Al contrario, se quedarán sin casa y sin dinero y, además, tendrán que pagar de su bolsillo lo que cueste derribar las viviendas. El alcalde de la localidad, José Miguel Tolosa, acompañó a los vecinos de El Puig a la reunión en la Demarcación de Costas. «Como han ganado en todas las instancias judiciales, el Ministerio cree que ya no hay nada con lo que negociar y por este motivo no tendrán ni indemnización», explicó Tolosa, que sin embargo avanzó que los propietarios tendrán una ayuda del Consistorio para sufragar parte de la demolición.

Los descendientes de aquellos pescadores recuerdan que a principios del siglo XX había 150 metros desde sus casitas hasta el mar. «Mi madre me contaba que delante tenían un camino de carros, una marjal donde se cultivaba arroz, una playa de canto rodado y otro de arena». Ahora apenas lo separan unos diez metros. «La Administración ha dejado morir esta playa». Fue la construcción del puerto de Sagunto la que provocó que la arena fuera desapareciendo. Las corrientes del Mediterráneo siempre van de norte a sur y la construcción de la infraestructura portuaria cortó el aporte de arena.
Junto a las pequeñas casitas, algunas de apenas 30 metros cuadrados, se alzan imponentes torres de apartamentos y chalés legales. «El deslinde les ha dejado dentro de la ley. A nosotros no. ¿Es justo? No creo en las Administraciones, porque parece que los pobres no podamos disfrutar de la playa», dicen.

Desde 2004, según datos del Ministerio, se han realizado más de un millar de demoliciones y aún hay pendientes derribos en 700 kilómetros del litoral.
http://www.lasprovincias.es/v/20100624/valencia/costas-derribara-septiembre-casitas-20100624.html

Poco hay que decir viendo las fotos. Costas derriba a los pobres pero deja construir a los promotores nuevas viviendas en la misma línea de playa que los pescadores, allá en el siglo XIX, construyeron sus hogares. Estas nuevas viviendas, no tienen orden de derribo.
El método para liberar y quedarse Costas con los terrenos es sencillo: deja que se degrade la costa sin regenerarla, pero sólo la zona elegida, el resto, como se puede ver en la foto, cuidan de ellas.
Los pescadores han tenido la desgracia de estar entre las nuevas urbanizaciones, por lo que la única posibilidad de que el campo de golf que se ha proyectado detrás tenga playa, es quitándolos de enmedio.

¿Es que los jueces no ven lo que está sucediendo que encima ayudan?

COSTAS Y EL HOTEL MÉDANO.

HASTA ayer mismo, sin ninguna duda, estábamos convencidos de que Juan Julio Fernández y Carlos A. Schwartz gozaban del reconocimiento general como expertos arquitectos, es decir, personas que entienden de proyectos y construcción de edificios e igualmente vinculados al mundo de la cultura. Pero, siguiendo los razonamientos de la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, en las que deja una huella indeleble de lo que significa practicar el noble gesto de la genuflexión ante cualquier orden dimanada de Madrid, nos quedamos con la duda de si estos técnicos reúnen los conocimientos precisos para pronunciarse, en distintos artículos, sobre la repetida amenaza contra el hotel Médano y de la que nosotros, simplemente por nostalgia, también hemos dedicado algunas líneas aquí mismo.
Claro que no hay que realizar demasiados esfuerzos intelectuales para entender la postura de doña Carolina, perteneciendo al mismo partido que la nombró. Cuando gobernaban los "populares" también se padecieron en Canarias las decisiones de aquel señor de cuyo nombre no queremos acordarnos. Sí nos preguntamos, en cambio, sobre la curiosidad que debe sentir la delegada para enterarse "in situ" por las situaciones que enjuicia antes de confirmarlas. Porque si, por ejemplo, se da una vuelta por lo que queda de Cho Vito, es más que probable que llegue a la conclusión de que Costas y ella, con órdenes puntuales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cometieron uno de los episodios más vergonzosos en la historia de los desalojos en España. Aquel espectacular y ruidoso dispositivo, por tierra, mar y aire, fue realizado para que en todas las noticias de TV emitidas en España se recogiera el final de la operación con cuatro humildes casas derribadas y una señora mayor a la que las citadas Fuerzas sacaban en volandas. El escenario de lo que quedó es hoy deprimente.
Cuando en Tenerife todo lo que rodeaba al turismo se centraba en el Puerto de la Cruz, con la construcción de los, entonces, nuevos hoteles y espléndidas avenidas, el Sur no había despertado aún de aquel abandono que lo definía como paraje marchito. Horas y horas por una sinuosa y peligrosa carretera nos trasladaba, en 1964, al hotel Médano. El establecimiento fue construido en 1960... cuando aún no existía ese formidable organismo que se denomina Costas para el que todo el litoral español reúne las mismas características.
A modo de recordatorio para la señora delegada, el otro día, la Cotmac, comisión gubernamental canaria integrada por técnicos de aquí, falló a favor de conservar los caseríos de Anaga cuando Medio Ambiente de Madrid ya los tenía entre ojos. Doña Carolina no se hizo eco de esta buena noticia para unos vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero, a quienes ese Ministerio los mantenía en ascuas desde hace años.
Y es que Costas siempre ha sentido ciertos cariños hacia el territorio (es un decir) del Archipiélago canario, inclinación que viene demostrando a través de un conjunto de resoluciones que han afectado y afectan a muchos isleños que asisten, estupefactos, al desarrollo de una serie de escenas inevitablemente unidas a las demoliciones. Ya se atisba en el horizonte un nuevo caso. Bocacangrejo, esta vez, demuestra a Costas que ellos quieren estar con la ley, y, en una asamblea vecinal, han desvelado que existen 12 viviendas que han realizado obras sin el permiso correspondiente. Y lo reconocen y lo trasladan. Dos formas de ser, desde luego.
Pero con el hotel Médano suceden otras amenidades. Al margen de la ya citada de la existencia del inmueble en 1960, en 1980 se realizaron una serie de obras de reforma y ampliación, después de presentar los correspondientes proyectos y obtenidas las preceptivas licencias de la ... ¡Demarcación de Costas!, y hoy es ésta la que ordena la reversión al Estado y derribo de las instalaciones autorizadas entonces desde sus despachos. De momento, el Ayuntamiento de Granadilla, en pleno, ha aprobado, por unanimidad, una moción por la que se opone al derribo del hotel Médano y a las edificaciones adyacentes porque forman parte del valor añadido de este entorno turístico. Existe una medida más: el Cabildo tinerfeño, que tantos bienes culturales incoa a voleo, debería plantarse el amparo de este patrimonio histórico (el primer hotel levantado en el Sur) con la declaración de Bien de Interés Cultural. Si todas las administraciones canarias están de acuerdo en apoyar estas proyección, ¿qué pinta Costas aquí?

52 VECINOS DE IGUESTE SAN ANDRES NOTIFICADOS POR COSTAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE La Dirección General de Costas ha remitido a 52 vecinos de Igueste de San Andrés escritos en los que les informa que sus propiedades están afectadas por el nuevo deslinde. Esta decisión implica que más de un centenar de propiedades entre las que se encuentran viviendas y solares perderán valor al quedar fuera de ordenación. Además, al situarse en terrenos de domino público sobre estas fincas pende la amenaza de que puedan ser ocupadas para construir obras de interés general, tales como un paseo.

El abogado de la mayor parte de estos vecinos, José Luis Langa anunció ayer que el número de notificaciones remitidas por Costas supera a las inicialmente previstas. Por ejemplo, uno de estos vecinos es dueño de 42 propiedades a la vez. El abogado comenzará ahora a reunirse con este grupo de residentes para ir concretando el número de viviendas y fincas que en la actualidad se encuentra en terrenos propiedad de Costas. Langa ya ha anunciado que va a presentar un recurso por cada uno de los vecinos afectados ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. No obstante, se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronuncie sobre el recurso presentado en su día por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para declarar urbano este enclave.

Almáciga
La decisión del Gobierno autónomo abrió la vía libre a que el deslinde en este enclave fuera de 20 metros en vez de los 100 que se han impuesto ahora desde el Gobierno central. En el caso de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero el TSJC avaló la postura del Gobierno de Canarias y por lo tanto abrió la posibilidad a que ocurra lo mismo con Igueste.

El pasado 21 de mayo Costas elevó la propuesta final de deslinde de un tramo de cinco kilómetros situado entre Playa del Burro y Antequera que afecta directamente a Igueste. La alternativa mantenía la zona de servidumbre con una anchura de 100 metros e incluso la ampliaba ligeramente las afecciones sobre las inicialmente previstas. En aquel entonces las primeras previsiones apuntaban a que se verían afectadas 75 propiedades de las cuales 10 eran viviendas.

La antigüedad de estas edificaciones situadas en primera línea del litoral son, según los vecinos de Igueste, muy anterior a la Ley de Costas. Algunas de ellas, incluso fueron utilizadas para desembarcar plátanos.

Entre las peculiaridades del nuevo deslinde está, por ejemplo, que el faro también entra dentro de dominio público, al igual que el cementerio. Legalmente desde el punto de vista urbanístico todas estas propiedades quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes las obras a realizar serán muy limitadas. El Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno canario ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. El abogado del Estado en su informe inicial estimó que la urbanización del caserío cuya antigüedad se remonta a varios siglos, había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerado como un enclave urbano. Langa cree que la solución definitiva pasa por un acuerdo político con el Estado para cambiar la ley de Costas en Canarias dadas sus peculiaridades.

http://www.laopinion.es/tenerife/2010/06/23/52-vecinos-igueste-reciben-aviso-costas-fincas-fuera-ordenacion/291684.html

Que Costas amenaza a los vecinos y propietarios en vida, es un hecho contrastado, pero es que ahora va más lejos. HASTA EL CEMENTERIO ESTA EN DOMINIO PÚBLICO. Ni despues de fallecido, esta ley te deja en paz.

Vecinos de La Viuda y de Lima se movilizarán contra el derribo de 30 casas

La plataforma en defensa de esta zona del litoral del Valle de Güímar no comprende que los gobiernos municipales de Arafo y Candelaria hayan informado favorablemente el proyecto que Costas prevé realizar cuando ambos núcleos disponen de deficientes servicios fundamentales para la ciudadanía o carecen de ellos.
22/jun/10 07:44

J.A. MEDINA, Candelaria
La realización del Proyecto de recuperación del frente litoral de las playas de La Viuda y de Lima conllevará la demolición de 30 edificaciones situadas en primera línea de costa de ambos núcleos. El hecho de que los ayuntamientos a los que pertenecen, Candelaria y Arafo, hayan informado a la Demarcación de Costas de que el documento se ajusta al planeamiento urbanístico ha molestado a la Plataforma en Defensa de tales localidades, que quiere promover la movilización de la ciudadanía para mostrar el rechazo a esta iniciativa.
Agustín Rodríguez, presidente de la Plataforma en Defensa de Playa de la Viuda y la de Lima, dice que la población no se explica que "pretendan invertir 4.015.023 euros en la realización de una avenida en unos barrios que adolecen de tantas cosas y que no es ninguna exageración decir que están abandonados".
Haciéndose eco de las quejas que le trasladan los vecinos, "aquí quieren tirar 30 construcciones de gente humilde, personas que han invertido muchos años, esfuerzos y ahorros en hacerse sus casitas como han podido". Sobre el hecho de que es posible que ocupen ilegalmente suelo público, Agustín Rodríguez es tajante: "Si hubiera que aplicar la ley a rajatabla, Tenerife se quedaría sin casas. Es evidente que hay construcciones ilegales tanto en las costas como en los montes".
A juicio del colectivo vecinal, "es denigrante lo que están haciendo en La Viuda y en Lima". Este argumento lo sustenta Rodríguez en que "estos barrios de Candelaria y de Arafo tienen muchas carencias desde siempre". En tal sentido, alude a la falta de red de saneamiento en ambos núcleos, si bien en la zona de Playa de la Viuda se trata de resolver el tema de inmediato con una obra de emergencia para elevar las aguas residuales hasta el alcantarillado del Polígono Industrial Valle de Güímar.
Otros problemas
A esa deficiencia añade la existencia de alumbrado público precario o inexistente, en algunos puntos; la carencia de aceras, la falta de una plaza "en las debidas condiciones", calles con muchos socavones y servicios malos, en general.
Cabe recordar que en el caso de los propietarios de las 15 edificaciones de Playa de la Viuda que se verán afectados por el proyecto que realizará Costas en el litoral, estuviera informado o no favorablemente por el ayuntamiento, el gobierno municipal les ofreció la posibilidad de que solicitaran una de las 70 viviendas protegidas que construirá el Consistorio candelariero. Sin embargo, ninguno de ellos tramitó petición alguna al respecto, por lo que las autoridades deducen que las casas se corresponden con segundas viviendas.
http://www.eldia.es/2010-06-22/sur/1-Vecinos-Viuda-Lima-movilizaran-derribo-casas.htm

CUANDO LA NORMA RESULTA INJUSTA.:La aberrante aplicación de la Ley de Costas.

Cuando la norma es injusta, en sí misma, o en su aplicación, deja de ser Derecho. Viene esto a cuento de lo que está sucediendo con la Ley de Costas de 1988 y con su desafortunada aplicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque he leído y he visto en los medios de comunicación el desalojo y demolición de unas viviendas de pescadores en Canarias construidas en los años cincuenta, lo cual me ha producido franco rechazo y desasosiego. Esto no es aplicación del Derecho sino, por el contrario, pura ignorancia del mismo porque el Derecho es mucho más que un simple puñado de normas y debe tender siempre a la consecución de una solución justa (de lo contrario no es Derecho sino arbitrariedad). Es cierto que la Ley de Costas de 1988 establece una serie de zonas donde no resulta admisible la construcción -entre otras, en la denominada zona de protección- para lo cual se encontraba prevista la realización de unos deslindes que, no se sabe bien por qué, no se han realizado en masa hasta el año 2007. Es cierto, también, que en nuestras costas se han producido desmanes que han dado como resultado un apelmazamiento de las construcciones en zonas que deberían haber quedado diáfanas por su proximidad al mar. Es cierto, finalmente, que la Ley de Costas de 1988 trató de poner fin a estos desmanes (aunque su definición de la zona marítimo-terrestre sea francamente estrambótica) y que su finalidad era loable. Hasta aquí, la norma tal cual y desde aquí comienza la aplicación del Derecho rectamente entendido para llegar a soluciones justas.
Y es que tan cierto como todo lo anterior es que resulta un puro desatino pretender, ahora, la aplicación estricta de las previsiones de una Ley que data de 1988 cuando conduce a un resultado manifiestamente inicuo (corren peligro de ser demolidos más de 200.000 inmuebles en todo el litoral español). Lo que aquí falla es la aplicación de la norma sin tener en cuenta otros parámetros tan importantes como la realidad misma que no puede ser nunca desconocida por el Derecho, y siempre hay una solución para este tipo de conflictos entre la norma y la realidad de los hechos. Desde Roma casi todas las civilizaciones y sociedades han tenido períodos durante los cuales no se aplicaban las leyes estrictamente. Era el caso de las Saturnales, en la Roma antigua y de las fallas o el carnaval de Cádiz en la España actual. Raro es el personaje público que no es ridiculizado por una falla o por una chirigota sin que a nadie se le ocurra aplicar las leyes penales por tal motivo. Eso es lo que significa la “toleratio” que es una especie de dejación en suspenso –durante esas fechas- de la aplicación estricta de las leyes, lo mismo que sucede con la permisividad en la aplicación de normas administrativas de tipo sancionador (como pueda ser la prohibición de fumar en lugares públicos).
La “toleratio” administrativa es, pues, la muestra más palpable de que no siempre hay que aplicar las normas sin tener en cuenta otros criterios (entre los que se encuentra el puro sentido común). Hay ocasiones -o debería haberlas- en las que la norma no debe ser aplicada de forma estricta porque de ello se derivarían unos perjuicios mayores que de su aplicación. En definitiva, eso es lo que viene a expresar el antiguo aforismo “summum ius summa iniuria” porque el Derecho, para responder al ideal de justicia y equidad al que se debe, ha de claudicar, de vez en cuando, frente a la realidad de los hechos. Y es que, si no se hace así, se corre el riesgo de que la sociedad vuelva la espalda a sus gobernantes con las graves consecuencias de todo orden que ello conlleva. El Derecho -como todo sistema- ha de contar con válvulas de escape porque, de otra forma, puede producirse la ruptura de ese sistema (de la misma forma que un globo no puede hincharse, indefinidamente, a menos que cuente con un agujero por donde escape el aire cuando la presión alcance determinado límite). Eso, y no otra cosa, es lo que se está haciendo con el empecinamiento en la aplicación estricta de la Ley de Costas de 1988 y me barrunto que el globo no tardará en estallar (por si no fueran pocos los problemas existentes). Soluciones hay -sin duda alguna- pero la cuestión es si nuestra Administración es capaz de dar con ellas y diferenciar lo que es justo y conveniente de la mera aplicación de una norma anacrónica.
* José Luis Villar Ezcurra
PROFESOR TITULAR DE Dº ADMINISTRATIVO DE LA UCM

NO ES LE SECCIÓN DE HUMOR. Pero es para reirse

Urbanismo propone dar licencia de luz a las torres de Punta Llisera
La propuesta será debatida mañana en comisión después de que el Gobierno central desistiera de expropiar el solar


La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes una propuesta para autorizar a las dos torres que se construyen en la Punta Llisera de Benidorm, a escasos metros del mar, a realizar la acometida eléctrica. El grupo municipal del PP en la localidad manifestó ayer que la licencia para dotar de energía eléctrica a los edificios ha sido solicitada por Edificaciones Calpe, promotora del proyecto, y el expediente se presentará a la comisión "a propuesta de Jaime Llinares, el concejal que hace cuatro años anunció un acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente para adquirir la parcela y evitar la construcción de las torres de Punta Llisera".Este proyecto, que lleva por nombre Gemelos 28, consta de dos torres de 22 alturas a escasos metros del mar, aunque sus obras han estado durante meses paralizadas después de que el Gobierno central anunciara, días antes de las municipales de 2007, su intención de expropiar el solar para incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre y crear un parque público. Este anuncio, no obstante, chocó contra los intereses y recursos interpuestos por la mercantil, filial del grupo Ballester y que además disponía de varios fallos judiciales avalando la licencia de edificación, que le fue concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. Finalmente, en abril de 2009, Costas anunció que desistía de continuar con los trámites de expropiación, aludiendo al "interés general" y a los procesos judiciales en contra de la misma. El grupo del PP, por medio del edil José Ramón González de Zárate, señaló ayer que su partido "nunca" se creyó "las mentiras de Navarro, Llinares y los dirigentes del PSOE", de los que dijo que ahora "les toca tragarse el sapo y todas las promesas que hicieron cuando aún eran oposición", y recordó que serán ellos quienes "van a tener que viabilizar ahora el suministro eléctrico a los edificios que decían que no se iban a hacer".

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2010/06/20/urbanismo-propone-dar-licencia-luz-torres-punta-llisera/1020617.html.

A toda costa.

Las cartas a vecinos de Bocacangrejo sobre derribos de casas han rememorado el caso Cho Vito, pero Costas recuerda que, desde 2006, tramita 696 expedientes de ocupaciones ilegales en el litoral de la Isla. 20/jun/10 01:25
ÁLVARO MORALES, Tenerife
Las doce cartas enviadas recientemente por Costas a otros tantos vecinos de Bocacangrejo (El Rosario), en las que les recordaba su intención de recuperar la zona marítimo terrestre, encendieron las alarmas en este núcleo, que presenta un total de 400 viviendas, y se temió por un segundo "caso Cho Vito". Aunque la alerta vecinal se ha diluido en parte al comprobar que las misivas han llegado sólo a personas que ya fueron sancionadas en el pasado por reformas o ampliaciones sin permiso, lo cierto es que otras zonas del municipio, como El Varadero, se han interesado mucho por esta situación. Sin embargo, esta relativa tranquilidad queda en entredicho tras lo expresado por la Demarcación de Costas a este periódico: estos expedientes no deben sorprender porque se activaron en 1991 y se incluyeron en la memoria del departamento de 2006 y 2007. El Estado sigue con su intención de recuperar, como mínimo, los 20 metros del dominio público y sólo es cuestión de tiempo y de que los expedientes abiertos se cierren si no se atiende a las alegaciones o recursos de los denunciados.
Fuentes de la Demarcación se sorprenden de que el envío de estas cartas cause tanta expectación, extrañeza y revuelo social. De hecho, aluden continuamente a la citada memoria para recalcar que en su momento se difundió núcleo a núcleo los expedientes abiertos y las construcciones ilegales ya demolidas. De hecho, sólo en Tenerife se había detectado en ese momento un total de 696 ocupaciones irregulares en el dominio público terrestre y de la servidumbre de tránsito (hasta los 100 metros desde el mar).
Aparte de los núcleos ya demolidos y recuperados tras el deslinde elaborado, en esa ocasión ya se aludía a las 31 ocupaciones ilegales que tanta polémica desataron luego en Cho Vito (Candelaria). Pero también se cuantificaba un total de 120 edificaciones irregulares sólo en Bocacangrejo y 34 en El Varadero. Fuentes de la oposición en El Rosario elevan esas cifras, incluso, a 140 casas ilegales en el dominio público en Bocacangrejo y 80 en la servidumbre de tránsito, así como 110 del primer tipo y 60 del segundo en El Varadero, núcleo fuera de ordenación por una urbanización que ha quedado en pretendida, frustrada y motivo de una investigación judicial.La sorpresa tampoco debería ser tan grande si se atiende a que el entonces senador socialista José Vicente González Bethencourt presentó sendas preguntas en la Cámara Alta en mayo y septiembre de 2006 sobre las irregularidades detectadas por el Ministerio de Medio Ambiente sobre ocupación permanente o temporal y a los usos indebidos de la costa de Tenerife. La respuesta del Gobierno fue bastante explícita y, aunque sin cifras, sí se refirió a los numerosos núcleos costeros en los que se estaba tramitando expedientes de recuperación posesoria de estas construcciones.
En la memoria de Costas de 2007 sí se detallan las cifras y son muy elocuentes respecto a diversos municipios y enclaves.
Santa Cruz.- En la capital tinerfeña se han contabilizado 9 ocupaciones ilegales en Roque Bermejo, 3 en Antequera, 40 en Las Resbaladas, 36 en playa del Muerto y 5 en Las Coloradas.La Laguna.- Aunque el Ayuntamiento lagunero aprobó recientemente una moción por unanimidad para proteger zonas como Jover, Costas sólo ha analizado la situación de 15 ilegalidades en Finca El Apio.Candelaria.- Aparte de Cho Vito (31), también están amenazadas 57 construcciones de Bajo Cuesta Las Tablas.Arafo.- Costas detecta 26 ilegalidades en Playa de Lima y Playa de la Viuda.
Güímar.- Uno de los municipios del Sur más afectados, con 50 ocupaciones en Chorregino, 25 en el barranco de Santa Lucía y 17 en El Tablado, de las que se derribaron dos cuevas, una cimentación y un pequeño cuarto en 2009.Granadilla.- Aparte del célebre caso del hotel Médano, la respuesta del Gobierno de Madrid al senador Bethencourt aludía también a la zona de El Levitero, aunque no se precisaba el número ni se incluía en la memoria de 2007.Arona.- En la zona de Las Galletas se contabilizaron 10 casas irregulares, mientras que, en Los Cristianos, la cifra de inmuebles con riesgos claros de derrumbe son seis.
Tacoronte.- En el Norte de la Isla, y aparte de las exitosas y aplaudidas recuperaciones de zonas como El Puertito, Cangrejillo y Rojas (en El Sauzal, con 159 afecciones en dominio público y 251 en la servidumbre de protección, si bien muchas de ellas chabolas), destacan las 20 de El Pris, en la localidad lindera de Tacoronte.
La Matanza.- Con una contestación muy elocuente y hasta con el apoyo del gobierno socialista local, la zona matancera de El Caletón se movilizó hace años al comprobar lo ocurrido en El Sauzal y, de momento, no ha vivido derribos. Sin embargo, los riesgos penden sobre 67 construcciones, así como sobre 27 de Caleta La Negra.
Estos expedientes siguen su curso y, si bien aún no se han reactivado o han llegado notificaciones o cartas a la mayoría de dueños de estos inmuebles, desde Costas se asegura que no ha cambiado nada y que su intención sigue pasando por recuperar lo que se considera público, lo que deja en el aire la tranquilidad apreciada en la asamblea vecinal del pasado domingo en Bocacangrejo.Los residentes permanentes de esta parte de El Rosario y el resto de dueños de construcciones del enclave que cuentan con inmuebles para su uso estival como segunda vivienda temían hace semanas que llegasen cartas a las 400 casas. Si se cumple la advertencia de Costas, no debería extrañarles que, al menos, lleguen a 120 propietarios de unas paredes y techos que, sin embargo, se levantaron en la inmensa mayoría de casos sin licencias ni posesión del suelo.
Estos vecinos achacan las recientes cartas a la construcción de cinco plantas en una vivienda de la zona, tal y como le reprocharon a su propietario en la reunión. Entienden que Costas ha reaccionado a este caso enviando misivas a aquellas personas de las que disponen de datos por las multas del pasado, opinión que comparte el gobierno local. No obstante, Costas insiste en que los expedientes siguen caminando.
En el lado opuesto se halla la lucha de vecinos y ayuntamientos como el de Güímar respecto al deslinde de la zona de Agache, El Tablado y La Puente, así como Punta Prieta y La Caleta. La Audiencia Nacional se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de las tesis vecinales, que alegan, tal y como ha ocurrido en otros muchos núcleos, que estos lugares ya eran suelo urbano antes de la Ley de Costas (1988).
Si se atiende a la respuesta gubernamental que consta en el boletín del Senado del 8 de septiembre de 2006, "para la demolición de las ocupaciones ilegales que se han detectado se cuenta (entre otros) con los siguientes proyectos: la adecuación costera y paseo litoral en El Sauzal y el paseo marítimo y demoliciones en playa de El Cho Vito", si bien se incluyen otros que no se han desarrollado. Aunque sea cuestión de tiempo, y pese a los pronunciamientos políticos en contra en varias vías, el objetivo pasa por recuperar lo público a toda costa.
http://www.eldia.es/2010-06-20/tenerife/tenerife0.htm

CREANDO PROBLEMAS.

Cuando la Demarcación de Costas de Tenerife apunta a los núcleos tradicionales costeros de esta isla, por lo tanto de gente humilde, (decir humilde cuando se habla de la costa canaria, da la sensación de que todo el mundo entiende que los habitantes de estos núcleos están poco menos que rozando la indigencia, y nada que ver con eso, habrá quien esté o se encuentre al borde de esa situación, pero la humildad no significa pobreza, como tampoco rico significa solo tener dinero).
Cuando los Ingenieros Jefes de Costas apuntan a estos núcleos, a los habitantes poco más les queda que salir con la banderita blanca y las manos en alto, después de esto y para mas humillación, se tiene que arrodillar y esperar que no se le ocurra al ejecutor de turno apretarte el brazo y volarte la clavícula. Así es como te sacan de tu casa, y eso, cuando no te resistes a salir de ella, cuando lo haces pacíficamente y con la rabia contenida y sintiendo la mayor de las humillaciones que es como ellos se sienten grandes y poderosos, cuando humillan y demuestran que por la fuerza todo lo pueden.Humillando a los canarios que no se resisten a nada, ni siquiera a dejar sus casas, de las que han pagado hasta ese momento todos los impuestos que les han querido cobrar, eso sí, religiosamente, por miedo a que lo poco que tiene se lo embarguen. Hasta ese momento y para ir a votar es legal, y le encuentran en su casa cada vez que le necesitan, de resto es ilegal no se sabe donde vive y se le comunica el derribo de su casa por medio de una nota pegada en la puerta o del boletín oficial, que parece ser que los habitantes de esta tierra están todos suscritos y el cartero se lo lleva a su buzón.
Una vez recibes la primera comunicación de la Demarcación de Costas ya puedes sentirte amenazado como lo estuvieron otras personas en otro tiempo y país. Ya puedes considerar que te han colocado en tu vida y propiedad una “estrellita” o número azul o rojo, (dependiendo del humor que tenga ese día el alcalde y el ejecutor, para salvarte por un tiempo de la picota), porque a partir de esa primera carta empieza la marcha atrás, tu vas como la montaña rusa, y ellos “cumpliendo la legalidad”, eso sí, frotándose las manos con la sonrisa de lado a lado, mientras tu vida ya no tiene paz y mucho menos tranquilidad.
Yo pienso que ellos son los vampiros energéticos que se fortalecen mientras a los habitantes canarios de la costa les van chupando la energía. Cada carta que recibes es un jeroglífico a descifrar y una trampa a evitar, te van desgastando, dividiendo, amenazando, humillando, desprestigiando, criticando, engañando…….para terminar riéndose de ti en tu propia cara, porque las cartas ya están hechas, firmadas y el modelo es igual para todos, solo que hay que mandarlas en tiempo y forma.Hay que tener mucha fortaleza y aguante para que no consigan mandarte al hospital, cosa que a estos señores les encantaría que ocurriera de entrada y con la primera carta enviada por ellos, porque así sería un problema menos que ellos tendrían, he dicho tener que no resolver, porque esta gente tan astuta y cruel no resuelven problemas, simplemente….LOS CREAN.


Soraya Ramos

BOCACANGREJO DEBE DAR UN PASO ATRAS.

La mitad de las 400 edificaciones que forman el poblado costero de Bocacangrejo, en el municipio tinerfeño de El Rosario, ocupan el dominio público marítimo terrestre, según informan fuentes de la Demarcación provincial de Costas. Los vecinos han empezado a recibir las notificaciones de que se va a iniciar el procedimiento de recuperación y muchos tienen claro que el derribo de sus casas será inevitable, pero exigen que se garantice que las "más de 300 familias que tienen aquí su único hogar, no se queden sin una vivienda". Entre las propuestas, que los terrenos municipales ubicados en la parte superior de la carretera de acceso al poblado se dediquen a viviendas sociales.SONIA GALDÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE Que el poblado ocupaba suelo público se sabe desde 2004, poco después de que se actualizara el deslinde costero en la zona, aunque no todos conocen que el Plan General deja todo el núcleo fuera de ordenación y esto implica que la servidumbre de protección (que regula el Gobierno canario y donde, en esencia, sólo se pueden hacer reformas de mantenimiento) abarca cien metros después de los casi 26 de dominio público y servidumbre de tránsito.

Costas aclara que, en el PGO de El Rosario, que se aprobó en marzo, "se clasifica el suelo edificado en servidumbre de protección como Urbano Consolidado Fuera de Ordenación (SUCU-FO), proponiendo recuperar el dominio público marítimo terrestre ocupado y dejando el resto del asentamiento popular residencial como no legalizable, por estar dentro de los 100 metros de la servidumbre de protección. No se establece el tratamiento de las edificaciones que se dejan fuera de ordenación".

Esta decisión urbanística podría afectar a los planes de los vecinos, que estudian la opción de aprovechar unos terrenos municipales próximos para construir nuevas viviendas ante la amenaza de derribo. El presidente de la Asociación de Vecinos Bocacangrejo y Berrugato, Antonio Concepción, una de las dos que hay en la zona, explicó que "antes de demoler, tenemos que sentarnos a negociar con las administraciones implicadas, porque hay que reubicar a las más de 300 familias que tienen aquí su único hogar y lo ideal es construir en los terrenos municipales".

Buena disposición
Además, destacó "la buena disposición para negociar y reubicar a los vecinos" que les mostró Costas en una reunión reciente, cuyos representantes también destacaron que "tendremos que entender que el frente marítimo hay que recuperarlo para el uso público".
Ante esta realidad, pidió unidad y tranquilidad a los vecinos, a los que ha propuesto que confíen en la negociación y dejen a un lado las movilizaciones, porque "al pueblo hay que defenderlo con cabeza y en los despachos".

Hasta la fecha, han sido 30 las notificaciones que han recibido. Incluso le llegó una a Concepción, quien destacó que "están enviándolas ahora a los que reformamos las casas hace 20 años", que fueron sancionados entonces "con hasta 500.000 pesetas, ya que tienen nuestros datos". Destaca que el problema es qué va a pasar con esas familias que no tienen otra casa, ya que no hay viviendas sociales suficientes en el municipio. La única esperanza es que hasta la fecha Costas no ha demolido nunca una primera vivienda en Tenerife.
El origen del poblado de Bocacangrejo es el tradicional en muchos tramos costeros de la Isla, casas cueva que habitaban los vecinos de las medianías, aunque aquí hay una historia distinta. Nicasio Conde lleva aquí 50 años y relata que muchas personas acudían por el pozo de aguas medicinales. "Todos los años, desde 1962, venían una par de matrimonios de Holanda a tomar las aguas, porque eran buenas para el estómago". Además, recuerda las primeras casas de la zona, que se construyeron "con burros y camellos para transportar los materiales".

La Ley de Costas es clara, pero también es innegable que hay personas que han acumulado en Bocacangrejo una vida de recuerdos, como es el caso de la vicepresidenta de la otra asociación de vecinos del barrio (fundada en 1982), Estefana Álvarez, que lleva aquí más de 40 años. Antonio García viene desde su infancia y ha sido uno de los primeros en recibir la notificación, aunque afirma que construyó su casa, hace más de 20 años, por encima de los mojones que marcaban el antiguo deslinde y que "me basé en que no me afectaba la Ley", pero una carta le anuncia que 12 metros de su vivienda están en suelo público.