La nueva Ley de Costas permite conservar aquellas zonas del litoral construidas antes de su aprobación si cumplen determinadas condiciones
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) estudiará los crecimientos posteriores a 1988 de los núcleos urbanos del litoral que se puedan salvar conforme a la nueva Ley de Costas, según ha manifestado este martes el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado, Vicente Aparici.
La reforma de la Ley de 1988 permite conservar aquellos núcleos costeros construidos antes de su aprobación si cumplen determinadas condiciones, pero no se pronuncia sobre si su desarrollo posterior, hasta 2013, puede o no beneficiarse de esa misma excepción.
Vicente Aparici y la senadora del PP por Gran Canaria Josefa Luzardo han defendido, en una rueda de prensa, la nueva Ley de Costas y han calificado el recurso de inconstitucionalidad anunciado el pasado lunes por Canarias y otras cuatro comunidades de "político y partidista".
Aparici ha indicado que el recurso anunciado no beneficia a los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que la nueva ley, que reforma la anterior de 1988, ha tenido un amplio periodo de debate en el que han podido participar los distintos grupos políticos.
Luzardo ha indicado que en ese debate participó también CC, que presentó 19 enmiendas que estuvo a punto de pactar con el senador por El Hierro Narvay Quintero.
Para Luzardo, el recurso responde a una "nueva pataleta de CC", que quiere imitar a Andalucía y Cataluña -otras de las comunidades dispuestas a recurrir la ley-, para "tapar" su "mala gestión" y conseguir competencias en materia de costas que corresponden al Estado.
Aparici ha defendido además las nuevas competencias que esta ley confiere al Estado para evitar construcciones como la del hotel Algarrobico en una playa de Almería, porque permitirá a las delegaciones del Gobierno paralizar edificaciones similares hasta que se pronuncien los órganos judiciales correspondientes.
Luzardo además ha indicado, ante el rechazo que ha suscitado el hecho de que ningún núcleo urbano del litoral canario esté incluido en las doce excepciones que recoge la ley y que permitirán su legalización, que CC tampoco propuso incluir áreas urbanas del litoral canario.NI EL PP NI EL PSOE, CON LO CUAL A NADIE LE INTERESA.
La senadora canaria y Aparici han explicado que esas doce excepciones que se han considerado en todo el territorio español responden a zonas del litoral que estaban bastante pobladas y que reunían una serie de condicionantes.¿CUAL SON LAS CONDICIONANTES.?
Así mismo, han subrayado la importancia de la enmienda que se aprobó para poder resolver el problema de los núcleos urbanos que se han asentado en el litoral antes de 1988 y asegurar su permanencia, lo que beneficiará a las personas que residen en áreas de las costas canarias, siempre y cuando no estén sujetas a sentencias que ordenen su demolición, como es el caso de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), ha recordado Luzardo.
Los alcaldes de los municipios con núcleos costeros anteriores a 1988 tendrán que pedir en el plazo de tres meses los informes correspondientes al Ministerio para consolidar estas zonas, siempre que cuenten con agua, alumbrado, alcantarillado y estén asfaltadas.
Estos informes serán analizados por el Ministerio y lo construido con posterioridad a 1988 dentro de esos núcleos urbanos que se puede consolidar se estudiará de manera pormenorizada, ha aclarado Aparici.
El senador del PP ha insistido en defender la nueva ley por ser más proteccionista con el medio ambiente, proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes, y por conferir seguridad jurídica a las actividades económicas sostenibles, de manera que permitirá la generación de empleo.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/02/medioambiente-estudiara-si-nucleos-1988/542015.htm
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
martes, 2 de julio de 2013
Canarias lidera una ofensiva contra la Ley de Costas ante el Constitucional
Cataluña, Asturias, País Vasco y Andalucía se unen a las Islas por considerar que invade sus competencias
Canarias abandera una ofensiva autonómica y jurídica contra la recién promulgada reforma de la ley de Costas para intentar que el Tribunal Constitucional impida la invasión del Estado de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral y garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los preceptos constitucionales que el Gobierno regional considera que viola la nueva norma.
El consejero de Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel, recibió ayer la confirmación de cuatro comunidades más, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias, de que comparten sus criterios sobre la inconstitucionalidad de la ley y que, al igual que Canarias, presentarán su correspondiente recursos ante el TC antes del 30 de agosto, el plazo del que disponen para ello, es decir, en los tres meses siguientes a la publicación de la norma en el BOE.
Berriel convocó ayer en Madrid a responsables de estas comunidades –dos de ellas gobernadas por nacionalistas y otras dos por el PSOE– para hacer una puesta en común sobre los efectos prácticos de la aplicación de la llamada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988 y sus posibles contenidos anticonstitucionales. Aseguró que hay coincidencia plena de las cinco regiones, que suman entre ellas más de la mitad del litoral español, "en que la ley vulnera algunos preceptos de la Constitución en materia de igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque invade competencias de otras administraciones", y que "las cinco comunidades tenemos claro que vamos a presentar un recurso ante el TC", aunque cada una por su cuenta.
"Es nuestra obligación defender el fuero autonómico y es necesario porque se ha hecho una mala regulación, que no responde a las necesidades de las comunidades autónomas y para Canarias particularmente perjudicial porque están olvidadas todas nuestras singularidades", aclaró. "No hay ni un artículo que mejore, facilite o siquiera ponga en valor las especificidades de una comunidad con más de 1500 kilómetros de costa. No hace el más mínimo esfuerzo por resolver las situaciones que se nos plantea", afirmó el consejero, que cifró entre 60 a 80 los núcleos urbanos costeros que deberán ser derribados en las Islas por la aplicación de la norma.
Berriel justificó esta ofensiva conjunta entre las cinco comunidades, a iniciativa de Canarias, para aunar criterios y argumentos jurídicos y facilitar una posible sentencia del TC favorable a sus planteamientos. Recordó, en este sentido, que en "la mayoría de los conflictos constitucionales aparecen casos en los que varias comunidades autónomas piden lo mismo o cosas parecidas y el TC ha terminado acumulando los recursos y dictando una sola sentencia". "Hemos entendido que es más eficiente hacer una revisión conjunta de la ley; en qué aspectos consideramos que se viola la Constitución", aclaró.
Según Berriel, este recurso puede ser tan importante, tanto como el que varias autonomías interpusieron en el año 1988 contra la ley ahora modificada y que motivó la sentencia 149/91, donde se estableció la competencia de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral. "Vamos a pedir lo mismo y conviene que nos pongamos de acuerdo. Los argumentos serán los mismos", aseguró.
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/02/canarias-lidera-ofensiva-ley-costas/484717.html
Canarias abandera una ofensiva autonómica y jurídica contra la recién promulgada reforma de la ley de Costas para intentar que el Tribunal Constitucional impida la invasión del Estado de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral y garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los preceptos constitucionales que el Gobierno regional considera que viola la nueva norma.
El consejero de Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel, recibió ayer la confirmación de cuatro comunidades más, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias, de que comparten sus criterios sobre la inconstitucionalidad de la ley y que, al igual que Canarias, presentarán su correspondiente recursos ante el TC antes del 30 de agosto, el plazo del que disponen para ello, es decir, en los tres meses siguientes a la publicación de la norma en el BOE.
Berriel convocó ayer en Madrid a responsables de estas comunidades –dos de ellas gobernadas por nacionalistas y otras dos por el PSOE– para hacer una puesta en común sobre los efectos prácticos de la aplicación de la llamada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988 y sus posibles contenidos anticonstitucionales. Aseguró que hay coincidencia plena de las cinco regiones, que suman entre ellas más de la mitad del litoral español, "en que la ley vulnera algunos preceptos de la Constitución en materia de igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque invade competencias de otras administraciones", y que "las cinco comunidades tenemos claro que vamos a presentar un recurso ante el TC", aunque cada una por su cuenta.
"Es nuestra obligación defender el fuero autonómico y es necesario porque se ha hecho una mala regulación, que no responde a las necesidades de las comunidades autónomas y para Canarias particularmente perjudicial porque están olvidadas todas nuestras singularidades", aclaró. "No hay ni un artículo que mejore, facilite o siquiera ponga en valor las especificidades de una comunidad con más de 1500 kilómetros de costa. No hace el más mínimo esfuerzo por resolver las situaciones que se nos plantea", afirmó el consejero, que cifró entre 60 a 80 los núcleos urbanos costeros que deberán ser derribados en las Islas por la aplicación de la norma.
Berriel justificó esta ofensiva conjunta entre las cinco comunidades, a iniciativa de Canarias, para aunar criterios y argumentos jurídicos y facilitar una posible sentencia del TC favorable a sus planteamientos. Recordó, en este sentido, que en "la mayoría de los conflictos constitucionales aparecen casos en los que varias comunidades autónomas piden lo mismo o cosas parecidas y el TC ha terminado acumulando los recursos y dictando una sola sentencia". "Hemos entendido que es más eficiente hacer una revisión conjunta de la ley; en qué aspectos consideramos que se viola la Constitución", aclaró.
Según Berriel, este recurso puede ser tan importante, tanto como el que varias autonomías interpusieron en el año 1988 contra la ley ahora modificada y que motivó la sentencia 149/91, donde se estableció la competencia de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral. "Vamos a pedir lo mismo y conviene que nos pongamos de acuerdo. Los argumentos serán los mismos", aseguró.
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/02/canarias-lidera-ofensiva-ley-costas/484717.html
lunes, 1 de julio de 2013
Cinco comunidades anuncian que recurrirán la ley de costas
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco cuentan con más de la mitad del litoral
Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE), Canarias (Coalición Canaria), Cataluña (CiU) y País Vasco (PNV) tienen la intención de recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. Según ha expresado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, que se ha reunido con representantes de las comunidades en la sede de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, en estos momentos las regiones están "todas trabajando sobre su respectivos recursos".
El consejero también ha señalado que todas consideran que la ley invade las competencias autonómicas y que cuentan de plazo hasta el 30 de agosto para presentar los recursos. El consejero canario ha anticipado que cada vez habrá más puestas en común por parte de las comunidades, ante lo que ha calificado de "cerrazón" por parte del actual Gobierno y de pretensión de debilitar el actual modelo competencial. Berriel ha recordado que las cinco comunidades citadas cuentan con más de la mitad del litoral español.
Las comunidades dudan de la adecuación constitucional de algunas prerrogativas que el Gobierno central se reserva para sí en la nueva ley. Así, creen que el hecho de que el Ejecutivo pueda suspender los acuerdos municipales que afecten a la integridad del dominio público de la costa o la previsión de delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas y sus usos turísticos puede invadir sus competencias. Además, creen que también vulneraría sus facultades, la reducción en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, lo que haría que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasen de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/01/actualidad/1372687345_354825.html
Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE), Canarias (Coalición Canaria), Cataluña (CiU) y País Vasco (PNV) tienen la intención de recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. Según ha expresado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, que se ha reunido con representantes de las comunidades en la sede de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, en estos momentos las regiones están "todas trabajando sobre su respectivos recursos".
El consejero también ha señalado que todas consideran que la ley invade las competencias autonómicas y que cuentan de plazo hasta el 30 de agosto para presentar los recursos. El consejero canario ha anticipado que cada vez habrá más puestas en común por parte de las comunidades, ante lo que ha calificado de "cerrazón" por parte del actual Gobierno y de pretensión de debilitar el actual modelo competencial. Berriel ha recordado que las cinco comunidades citadas cuentan con más de la mitad del litoral español.
Las comunidades dudan de la adecuación constitucional de algunas prerrogativas que el Gobierno central se reserva para sí en la nueva ley. Así, creen que el hecho de que el Ejecutivo pueda suspender los acuerdos municipales que afecten a la integridad del dominio público de la costa o la previsión de delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas y sus usos turísticos puede invadir sus competencias. Además, creen que también vulneraría sus facultades, la reducción en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, lo que haría que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasen de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/01/actualidad/1372687345_354825.html
domingo, 30 de junio de 2013
El Partido Popular machaca nuestras costas
Qué duda cabe de que la riqueza de nuestras Islas se debe, entre otros motivos, a nuestra costa tan variada y placentera, al mismo tiempo que atrevida , fuente de recursos desde siempre y lugar de esparcimiento, ocio y descanso de los canarios. Nuestra costa, por otro lado, supone una atracción constante de los extranjeros y en general de todo el turismo que nos visita, valorándola y admirándola muchísimo. Por ello cualquier actuación especulativa o destructiva del hombre sobre ella nos estremece y llena de especial preocupación, y no cabrían en este artículo la cantidad de atropellos que nuestra costa ha recibido, sin ir más lejos Santa Cruz de Tenerife, la única capital de las islas (salvo El Hierro), que viviendo tradicionalmente hacia el mar, sin embargo se nos han impedido pasear junto a su orilla.
De ahí que debamos estar sobre aviso y recelosos de la recién aprobada Ley de Costas que en solitario en las Cortes nos ha impuesto el Partido Popular, gracias a la que se permitirá construir aún más cerca de la orilla, dificultándonos cada vez más el sagrado derecho que tenemos los ciudadanos españoles a transitar libremente por ella y acceder por toda la costa al mar, con lo que cada vez la construcción podrá devorar más nuestras playas y con ello los pelotazos inmobiliarios continuarán, mientras se desprotegen barrios costeros históricos de Canarias. O sea, el Partido Popular ha apostado por nuevas construcciones y cemento para la especulación en nuestras costas, dejando indefensos a núcleos históricos canarios que han servido de vivienda y descanso a nuestros paisanos.
Una nueva agresión a nuestra costa ya de por sí tan machacada, tras la que se esconden intereses poderosos que no solo vulneran las leyes europeas, sino que van a favorecer a destacados empresarios, como es el caso del que fue ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno predemocrático entre 1975-1976, Juan Miguel Villar Mir, imputado por el juez Ruz por supuestas donaciones al Partido Popular detectadas en los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que por fin entra en prisión. Pues bien, según un informe de Greenpeace, Villar Mir es uno de los beneficiados por la nueva normativa al evitar el derribo de una fábrica metalúrgica en Santander situada en el polígono industrial de la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo, con una actividad que en el 45% invade el dominio público marítimo/terrestre. Su concesión de ocupación acaba en 2018, y, según la Ley de Costas de 1988, debería ser derribada entonces, pero, gracias a la nueva ley del Partido Popular se amplia dicho plazo unos 75 años más.
Hay que tener en cuenta el peligro que para el medio ambiente supone que el PP haya reducido la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos, así como que se dejan de proteger importantes humedales costeros y dunas, lo que puede acarrear consecuencias lamentables al favorecer aún más el cambio climático. Se calcula que cada día en España se produce una degradación de más de siete hectáreas de costa para construir urbanizaciones, habiéndose detectado casos de corrupción en construcciones de la costa, de tal forma que si bien unas 10.000 viviendas ilegales estaban sometidas a un expediente de demolición al finalizar la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988, ese problema ya lo tienen resuelto sus propietarios al conceder la nueva ley 75 años de moratoria.
Las reacciones de aprovecharse y especular con la nueva ley no se han hecho esperar y se están realizando cursos y seminarios relacionados con el sector de la construcción que ve en ella una nueva oportunidad de negocio ante la posibilidad de regularización de edificaciones afectadas por la línea marítimo-terrestre, actuaciones urbanas en el entorno de dicha línea y desarrollo de suelos urbanizables afectados parcialmente.
Una ley que no trata de proteger la costa sino de proteger a los que especulan con ella. Mejor los populares nos dejan tranquilos a los canarios, y mientras tanto con la herreña María Mérida sigamos cantando aquella letra de Pancho Guerra: "Somos costeros, arriando velas, largando al viento, la rumantela, echa ron ventorrillero, turronera pon turrón...".
jvicentegbethencourt@yahoo.es
De ahí que debamos estar sobre aviso y recelosos de la recién aprobada Ley de Costas que en solitario en las Cortes nos ha impuesto el Partido Popular, gracias a la que se permitirá construir aún más cerca de la orilla, dificultándonos cada vez más el sagrado derecho que tenemos los ciudadanos españoles a transitar libremente por ella y acceder por toda la costa al mar, con lo que cada vez la construcción podrá devorar más nuestras playas y con ello los pelotazos inmobiliarios continuarán, mientras se desprotegen barrios costeros históricos de Canarias. O sea, el Partido Popular ha apostado por nuevas construcciones y cemento para la especulación en nuestras costas, dejando indefensos a núcleos históricos canarios que han servido de vivienda y descanso a nuestros paisanos.
Una nueva agresión a nuestra costa ya de por sí tan machacada, tras la que se esconden intereses poderosos que no solo vulneran las leyes europeas, sino que van a favorecer a destacados empresarios, como es el caso del que fue ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno predemocrático entre 1975-1976, Juan Miguel Villar Mir, imputado por el juez Ruz por supuestas donaciones al Partido Popular detectadas en los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que por fin entra en prisión. Pues bien, según un informe de Greenpeace, Villar Mir es uno de los beneficiados por la nueva normativa al evitar el derribo de una fábrica metalúrgica en Santander situada en el polígono industrial de la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo, con una actividad que en el 45% invade el dominio público marítimo/terrestre. Su concesión de ocupación acaba en 2018, y, según la Ley de Costas de 1988, debería ser derribada entonces, pero, gracias a la nueva ley del Partido Popular se amplia dicho plazo unos 75 años más.
Hay que tener en cuenta el peligro que para el medio ambiente supone que el PP haya reducido la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos, así como que se dejan de proteger importantes humedales costeros y dunas, lo que puede acarrear consecuencias lamentables al favorecer aún más el cambio climático. Se calcula que cada día en España se produce una degradación de más de siete hectáreas de costa para construir urbanizaciones, habiéndose detectado casos de corrupción en construcciones de la costa, de tal forma que si bien unas 10.000 viviendas ilegales estaban sometidas a un expediente de demolición al finalizar la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988, ese problema ya lo tienen resuelto sus propietarios al conceder la nueva ley 75 años de moratoria.
Las reacciones de aprovecharse y especular con la nueva ley no se han hecho esperar y se están realizando cursos y seminarios relacionados con el sector de la construcción que ve en ella una nueva oportunidad de negocio ante la posibilidad de regularización de edificaciones afectadas por la línea marítimo-terrestre, actuaciones urbanas en el entorno de dicha línea y desarrollo de suelos urbanizables afectados parcialmente.
Una ley que no trata de proteger la costa sino de proteger a los que especulan con ella. Mejor los populares nos dejan tranquilos a los canarios, y mientras tanto con la herreña María Mérida sigamos cantando aquella letra de Pancho Guerra: "Somos costeros, arriando velas, largando al viento, la rumantela, echa ron ventorrillero, turronera pon turrón...".
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