PP cree que el Gobierno "se cae a pedazos" y su único proyecto es "recular"

Santander, 20 ene (EFE).
- La secretaria general del PP de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, ha opinado hoy que el Gobierno PSOE-PRC "se cae a pedazos" y su único proyecto es "recular" ante la proximidad de las elecciones, que le ha hecho cambiar "su palabra y sus convicciones" por un "puñado de votos".
Buruaga ha afirmado, en rueda de prensa, que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, parece que se ha "metido a bombero" porque durante este mes su Gobierno ha "aparcado" la Ley de Montes, ha retirado el PSIR de El Bojar, ha modificado la ley para "desactivar" el conflicto con los afectados por los derribos y se ha dirigido a Costas para que no desaparezcan los chiringuitos de El Puntal.
"Estamos en las peores manos posibles en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", ha subrayado la dirigente del PP, quien cree que esas actuaciones ponen de manifiesto "la grave inseguridad política, jurídica y económica" que, a su juicio, representa el Gobierno de Cantabria.
Para Buruaga, las decisiones de Revilla no responden ni a las convicciones ni al sentido común ni a la sensibilidad social sino a lo que "más le preocupa, que es el desgaste de su imagen personal".
Y ha añadido que el presidente sigue fiel a su "único principio", el de "preservar el sillón a costa de lo que sea y al precio que sea".
La secretaria autonómica del PP ha hecho hincapié además en que este es el Ejecutivo regional que ha conseguido reunir la más larga lista de afectados por su gestión, quienes, ha dicho, saben que la única garantía para solucionar sus problemas "pasa por un cambio de Gobierno".
Las soluciones, ha subrayado, están "donde dijo el PP que estaban" y no pueden venir de quienes cambian "su palabra y sus convicciones" por "un puñado de votos".
Según Buruaga, los cántabros están asistiendo también a la "plena identificación" de Revilla con quien "le dio la presidencia", José Luis Rodríguez Zapatero, dos políticos que "por cálculo electoral son capaces de decir hoy una cosa y mañana otra" y que están sumiendo a España y a la región "en un sentimiento de derrota difícil de soportar", ha apostillado.
La secretaria general del PP ha recordado que el Gobierno consideraba "vital" la Ley de Montes y no le ha importado generar "un grave conflicto" hasta que Revilla "se ha dado cuenta de su coste electoral" y ha decidido "aparcarla".
En ese sentido, ha apuntado que esta ley no ha sido retirada sino "aparcada" porque pedir el informe al Consejo de Estado es "darle largas".
El Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de El Bojar era, según Buruaga, otro de los proyectos "estrella" del Gobierno, que lo ha archivado, después de "generar un problema donde no lo había" y de "años de menosprecio a los afectados".
A su juicio, ha sido también en esta caso la proximidad de las elecciones la que le ha hecho que desestimar este proyecto pero "el tiempo dirá" si el archivo es definitivo.
La dirigente popular considera que, con esta actuación, el Gobierno reconoce que no había un interés general en el proyecto, sino el suyo propio y que se aprobó sin una justificación y sin haber buscado la colaboración de los ayuntamientos de Camargo y Bezana.
En cuanto a los derribos, ha subrayado que la reforma legal que se ha aprobado responde a "la urgente necesidad de desactivar un foco de conflicto" y de que el Gobierno se conceda "un periodo de gracia" antes de las elecciones.
María José Saenz de Buruaga se ha referido también a la petición a Costas para que no se derriben los chiringuitos de El Puntal, para manifestar que, al menos, el presidente reconoce que se puede escribir a Costas, aunque "eso no basta".
A su modo de ver, la "teoría" de que no hay margen para actuar porque la Ley de Costas es estatal "se cae por su propio peso" si se comparan las actuaciones del Gobierno cántabro con las de otros ejecutivos autonómicos, que están "al lado de los afectados
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=661451

La leonina Ley de Costas

COMO todas las leyes españolas impuestas por la metrópoli, sean de la naturaleza que sean, que los patriotas canarios acatamos por "imperativo legal", esa leonina Ley de Costas es otro ejemplo más de la acción impostora y depredadora del colonialismo español en Canarias.
Una ley restrictiva e ilegalmente retroactiva que actúa sobre nuestro dominio marítimo-terrestre y que restringe, drásticamente, parte esencial de nuestro hábitat natural, lo que va en menoscabo de nuestro desarrollo y, por tanto, de nuestros intereses generales.
En lo que respecta a nuestro Archipiélago, estaríamos hablando del contorno costero de cada isla, desde donde, y una vez trazadas las líneas de base rectas, para obviar las concavidades de la costa, se mide la anchura del Mar Territorial de doce millas que, de momento, son de soberanía política española, y que será materia legislativa de primer orden en la legislación marítima del futuro Estado Archipelágico Canario.
Con respecto a España, se trata, en efecto, de la franja litoral que le corresponde según su situación en la Península Ibérica, de una anchura de unos 5 km, lo que significa el 7% del territorio español (¡donde, sin duda, estará incluida Canarias!). Y como España siempre va a remolque de los acontecimientos, siendo desbordada, tuvo que instituir la Ley 22/1988, de 28 de julio, sobre Costas, que diera respuesta a los retos poblacional y de desarrollo turístico de su litoral; dado que la anterior Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que quedaba derogada, se redujo, en la práctica, a un esfuerzo codificador de carácter competencial de asignación de las atribuciones de los diversos departamentos y entidades llamados a actuar sobre el dominio público marítimo.
La vigente Ley de Costas española, de 28 de julio de 1988 (extrapolada a la colonia), "regula la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre de España" y consta de 93 Artículos encuadrados en VI Títulos, nueve Disposiciones Transitorias, nueve Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Derogatorias y tres Anexos. En su exposición de motivos se justifica la ley "en la progresiva destrucción y privatización del litoral español, que amenaza extenderse a toda su longitud, y la necesidad de establecer una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de los bienes, y que, con una perspectiva de futuro tenga como objetivo la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración".
La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre persigue los siguientes fines: determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. Garantizar el dominio público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Como aspectos más destacados de la citada Ley de Costas, señalemos que la "Servidumbre de protección", recogida en el artículo 23, recae sobre una zona de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La "Servidumbre de tránsito" recae sobre una franja de seis metros, medidos igualmente tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar; zona que deberá quedar permanentemente expedita para el tránsito peatonal y rodado. La "Servidumbre de acceso al mar" será pública y gratuita y recaerá sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.
Era lógico, pues, que esta ley produjera una gran controversia en su aplicación, no solo por los intereses económicos en juego, sino también por supuestos "derechos adquiridos", y en este sentido, se constituyó la llamada Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNLAC) y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) como mecanismos de defensa ante las numerosas paralizaciones de urbanizaciones costeras (que presuntamente infringían la normativa) y numerosos derribos y desalojos de poblados marineros (como el tristemente famoso poblado de Cho Vito y otros, en Canarias). ¿Cuántos desmanes e ilegalidades no se habrán cometido en nuestro Archipiélago bajo el "paraguas" de esa ley?
Una clara muestra de la aplicación arbitraria y retroactiva de la Ley de Costas española es, por ejemplo, la confiscación por el Estado español del Molino de Mareas Portu Errota, un edificio centenario construido y habitado desde 1683 y declarado "ilegal" por la Ley de Costas de 1988. En este caso se ha aplicado una retroactividad de cinco siglos, ¡¡cuando la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida por el Artículo 9 de la Constitución española!!
Pero el ejemplo más paradigmático de aplicación colonial de la legislación española en esta materia lo tenemos, concretamente, en la sentencia producida por el recurso de casación Nº 1341/2004, de 16 de junio de 2008, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español, como consecuencia de un pleito entre Telefónica y el Estado español, a propósito del tendido de un cable submarino de comunicaciones entre Gran Canaria y Tenerife, que afectaba al dominio público marítimo-terrestre y que transcurría, una vez rebasadas las doce millas de Mar Territorial de "soberanía política" española, por los fondos marinos de Canarias. ¡Que no por la Plataforma Continental española!, reitero, que solo corresponde al territorio continental español de la Península Ibérica y cuyas columnas de aguas suprayacentes son parte integrante de esas "aguas internacionales", con libertad de navegación, que conforman, a su vez, las doscientas millas de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, desde el año 1981, sin que España pueda hacer nada al respecto.
En los Fundamentos de Derecho de dicha Sentencia, el Alto Tribunal español se aventuró, mar adentro, por "aguas turbulentas", pretendiendo sentar jurisprudencia en materia de Derecho Internacional Marítimo, ¡para lo que no es competente en absoluto!
Lo que pudo derivar en una ¡sentencia nula de pleno derecho! Pero allá Telefónica y sus servicios jurídicos si no la recurrieron (que yo sepa). A fin de cuentas, esos son "asuntos internos españoles"; si bien, y eso es lo grave, España sigue contando con que en esta colonia también dispone de Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva, ¡¡como si Canarias formara parte integrante de su territorio!! ¡¡Increíble!!
rmorenocastilla@hotmail.com
http://www.eldia.es/2011-01-20/CRITERIOS/11-leonina-Ley-Costas.htm

NO HA CAMBIADO NADA.

Democracia, libertad, progresismo, pluralidad de ideas, de expresión, de opinión. Todos estos términos y sus significados que son comunes en estos tiempos, fueron en tiempos pasados, motivos de represión y de miedo, de violencia y persecución, de dolor y de guerra.
Pues bien, parece que en estos tiempos que corren, donde ya estamos acostumbrados a nuestro status social y político, parece que aún perduran las viejas tendencias y métodos del pasado régimen político, que, llevados a cabo por los que ahora defienden un falso progresismo, por los que ejercen un poder feudal, los nuevos condes, duques y señores, que mantienen la represión y la persecución de los ciudadanos.
Lo sucedido el pasado sábado en Candelaria, en la inauguración de la playa, o accesos a la playa, o lo que sea, me hizo recordar, a aquellas inauguraciones de pantanos y de grandes obras de las que nos informaba el Nodo. Lo ocurrido, me hace pensar, en el miedo y el temor, que relatan muchos de nuestros mayores, de nuestros abuelos, cuando eran perseguidos, sin motivo por el nefasto régimen político que padecieron.
Los vecinos de Cho Vito, que fueron invitados al acto, mediante una comunicación de la Delegada del gobierno en Canarias, Carolina Darías, por medio de el Subdelegado del gobierno, José Antonio Batista, y por el Ayuntamiento de Candelaria, por medio de Francisco Pinto, asistieron al acto, y fueron literalmente rodeados por los cuerpos de seguridad del Estado que se encontraban presentes. Fueron invitados a identificarse, y allí donde fueran, lo hacían acompañados de elevado número de agentes de paisano y de uniforme.
Primero quiero manifestar, el máximo respeto a los cuerpos de seguridad el Estado, que van donde se les ordena, y hacen lo que se les pide, pero creo que tres vecinos del popular barrio marinero, y una persona de Valleseco, que les acompañaban, no significan un grave peligro para la seguridad el acto, ni para los asistentes. Creo que fue desmedida la persecución que sufrieron, al ser ellos, los únicos que fueron requeridos a identificarse, y ser rodeados por los agentes. Y digo esto, pues, que yo sepa, ninguno, tiene orden de detención, ni u n historial delictivo, que indicará su peligrosidad. Es más, creo, que entre las autoridades presentes, existen, sentencias y condenas, y están casi permanentemente entrado y saliendo de los juzgados.
Y lo curioso del asunto, es que la inauguración de este trozo de la costa de Candelaria, era un claro acto electoral, donde estaba toda la cúpula local del partido que gobierna o desgobierna en este país, sin la presencia del Cabildo de Tenerife, ni del Gobierno de Canarias.
Sólo les falto los reporteros del NODO….

Esta es la forma de actuar de unos políticos, que cuando los ciudadanos, en la légítima defensa de sus hogares, sin comenter ningún delito, les dicen las verdades a la cara, sin miedo.

Es la forma de actuar de esta clase política, incapaz de buscar soluciones, a los problemas de los ciudadanos. Es la forma de actuar de quienes, demuestran con sus actos,la falsedad de sus palabras. PREPOTENCIA Y PODER son sus armas.

Autoridad portuaria incumplidora

EN SU NÚMERO del domingo 16 de este mes, este periódico da cuenta de que la Dirección General de Costas, que es el enfant terrible, como dicen los franceses, que demuele, por un quítame allá ese límite, caseríos enteros tal cual ocurrió con el poblado de Cho Vito, en el término municipal de Candelaria, ha informado ahora, por boca de su titular don Antonio Ríos, de que el citado departamento cuenta con los diez millones de euros que ha prometido aportar en el año actual a las obras de la playa de Valleseco, pero que no se ha entregado, conforme la norma que atañe a estos asuntos, porque aún no se dispone del proyecto que debe completar la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con la Declaración de Impacto Ambiental, y es el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, don Pedro Antonio Ríos, el que ha reiterado el compromiso de este departamento del Gobierno central con el proyecto de la playa del barrio de Valleseco.
Lo que no acabo de entender, conforme detalla la información del periódico, es por qué el señor Ríos se ha reunido en Santa Cruz con los candidatos a la Alcaldía de la capital por el Partido Socialista, Julio Pérez Hernández, y al Cabildo Insular de Tenerife, Aurelio Abreu, que ocuparán cargos a elegir en próximos comicios, en lugar de hacerlo con los ahora titulares de esos cargos. Me figuro que si lo hizo para asesorarse. El competente Julio Pérez, que fue presidente de la Junta del Puerto y realizó en el puesto una muy satisfactoria labor, pudo informarle detalladamente del caso, pero no tengo noticias de que el señor Abreu esté en el mismo caso, así como la diputada y concejal del ayuntamiento doña Gloria Rivero y los ediles don Florentino Plasencia y don Ramiro Cuende, aunque este podría informarle de obras, como arquitecto que es de profesión.
Pero comprendiendo que los contactos no fueron realmente profesionales sino amistosos, estoy seguro de que el señor Ríos se asesoró perfectamente y lo que quedó bien claro, como ya lo he dicho en comentario anterior referido al momento actual de auténtica decadencia del puerto de Santa Cruz, tema en el que también ha incidido el concejal del ayuntamiento don Ignacio González Santiago, la culpa la ataño principalmente a la persona que ocupa la Presidencia de la Autoridad Portuaria, militando, en el mismo Partido Socialista que manda en el Gobierno central, personas tan competentes como el citado Julio Pérez, Pedro Anatael Meneses y, hasta, si me apuran, porque es un auténtico todoterreno, José Segura, todos los cuales podrían desempeñar el mismo cargo como lo hicieron los dos primeros, con verdadero acierto y perfecto conocimiento del oficio.
http://www.eldia.es/2011-01-19/CRITERIOS/12-Autoridad-portuaria-incumplidora.htm

Autoridad portuaria incumplidora

EN SU NÚMERO del domingo 16 de este mes, este periódico da cuenta de que la Dirección General de Costas, que es el enfant terrible, como dicen los franceses, que demuele, por un quítame allá ese límite, caseríos enteros tal cual ocurrió con el poblado de Cho Vito, en el término municipal de Candelaria, ha informado ahora, por boca de su titular don Antonio Ríos, de que el citado departamento cuenta con los diez millones de euros que ha prometido aportar en el año actual a las obras de la playa de Valleseco, pero que no se ha entregado, conforme la norma que atañe a estos asuntos, porque aún no se dispone del proyecto que debe completar la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con la Declaración de Impacto Ambiental, y es el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, don Pedro Antonio Ríos, el que ha reiterado el compromiso de este departamento del Gobierno central con el proyecto de la playa del barrio de Valleseco.
Lo que no acabo de entender, conforme detalla la información del periódico, es por qué el señor Ríos se ha reunido en Santa Cruz con los candidatos a la Alcaldía de la capital por el Partido Socialista, Julio Pérez Hernández, y al Cabildo Insular de Tenerife, Aurelio Abreu, que ocuparán cargos a elegir en próximos comicios, en lugar de hacerlo con los ahora titulares de esos cargos. Me figuro que si lo hizo para asesorarse. El competente Julio Pérez, que fue presidente de la Junta del Puerto y realizó en el puesto una muy satisfactoria labor, pudo informarle detalladamente del caso, pero no tengo noticias de que el señor Abreu esté en el mismo caso, así como la diputada y concejal del ayuntamiento doña Gloria Rivero y los ediles don Florentino Plasencia y don Ramiro Cuende, aunque este podría informarle de obras, como arquitecto que es de profesión.
Pero comprendiendo que los contactos no fueron realmente profesionales sino amistosos, estoy seguro de que el señor Ríos se asesoró perfectamente y lo que quedó bien claro, como ya lo he dicho en comentario anterior referido al momento actual de auténtica decadencia del puerto de Santa Cruz, tema en el que también ha incidido el concejal del ayuntamiento don Ignacio González Santiago, la culpa la ataño principalmente a la persona que ocupa la Presidencia de la Autoridad Portuaria, militando, en el mismo Partido Socialista que manda en el Gobierno central, personas tan competentes como el citado Julio Pérez, Pedro Anatael Meneses y, hasta, si me apuran, porque es un auténtico todoterreno, José Segura, todos los cuales podrían desempeñar el mismo cargo como lo hicieron los dos primeros, con verdadero acierto y perfecto conocimiento del oficio.
http://www.eldia.es/2011-01-19/CRITERIOS/12-Autoridad-portuaria-incumplidora.htm

EL PAIS DONDE UN CENTIMETRO NO ES LO MISMO PARA TODOS

Cada vez con más frecuencia llegan a mis oídos casos en que vecinos de pequeños pueblos gallegos, de la costa o el interior, ven limitada la capacidad de hacer reformas en sus viviendas por razones variadas. No se trata, en general, de grandes obras sino de pequeñas modificaciones. En estos casos, organismos varios suelen ser inflexibles con los permisos y basta mover una piedra para que pulcros inspectores se personen en el inmueble y pongan las cosas en su sitio. Nada habría que objetar a tal proceder si esto fuera igual para todos los ciudadanos pero, lamentablemente, no es así.
También, cada vez con más frecuencia, conozco casos en que personas ajenas a esos pueblos adquieren viviendas para su teórica rehabilitación y, haciendo de su capa un sayo, modifican alturas y volúmenes o alteran fachadas, sin cortapisa alguna. En estas situaciones, los responsables de Urbanismo, Patrimonio o Costas no suelen tener problemas en facilitar todo tipo de licencias sin que uno sepa, aunque lo intuya, cuál es la diferencia con la población local. Resumiendo, hemos pasado del «ti vai facendo» al «a ti sí, a ti no».
Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.
Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.
Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno.

Estado invertirá 9 millones de euros en litoral Valle Gran Rey

San Sebastián de La Gomera, 15 ene (EFE).-
El Estado invertirá 9 millones de euros en la regeneración de la playa y la construcción de un paseo litoral en Valle Gran Rey, informó el Cabildo de la Gomera.
La corporación insular señala en un comunicado que así se puso de manifiesto hoy en una rueda de prensa, celebrada tras presentar la iniciativa que saldrá a licitación este año.
Explica que el presidente de la institución, Casimiro Curbelo, y el alcalde de la localidad, Ruymán García, destacaron que el Gobierno de España garantiza el proyecto "más importante de la historia del municipio".
Curbelo, igual que García, se mostró muy satisfecho con la visita hoy del director general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, que acudió a Valle Gran Rey para presentar el proyecto a entidades locales, empresarios y particulares.
Pedro Antonio Ríos mostró su satisfacción por sacar adelante un proyecto que llevaba parado 25 años.
Aseguró que se atenderán todas las alegaciones presentadas por las corporaciones locales y los ciudadanos, y añadió que habrá consenso y no se perjudicará a ningún vecino ni a ningún establecimiento.
"El diálogo y la colaboración con las entidades locales será la máxima en todo el proceso, que estará marcado por el respeto social a la hora de estimar reubicación y potenciación de actividades o viviendas, para beneficiar siempre a los implicados", aseguró.
Ruymán García explicó que el Ayuntamiento ha presentado en tiempo y forma las alegaciones correspondientes a la iniciativa estatal, para evitar que se apliquen los criterios generales de la Ley de Costas.
Dijo que se ha planteado la conveniencia de que el límite que marcará el deslinde marítimo de la Costa se fije en 20 metros, tal y como se estable para los núcleos de viviendas consolidados antes de la normativa.
Se mostró tranquilo y confiado en una respuesta positiva, dada la apuesta por el entendimiento que ha mostrado el director de Costas.
"Lo importante es que la acción se hará con el consenso con todas las partes y siempre por la sostenibilidad y el desarrollo futuro de Valle Gran Rey, que ya cuenta con más de 2.500 plazas alojativas y necesita generar espacios para el ocio y esparcimiento", dijo Curbelo. EFE 1010220
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=654570

Candelaria inaugura playa sin accesos para discapacitados

El director general de Costas alega que "el Ministerio sólo se encarga de hacer las rampas" - El alcalde asume el fallo y la constructora promete solucionarlo con pasalelas retráctiles

CANDELARIA "Es un eufemismo decir que vamos a abrir la playa, cuando los vecinos ya están disfrutando de ella junto a nosotos. Lo que es importante destacar en estos momentos de crisis es que el Gobierno central mantiene su apuesta por obras que favorezcan la accesibilidad a la costa", afirmó ayer el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, durante la apertura oficial de los accesos al mar de la nueva playa de Punta Larga. Media hora más tarde, Ríos tuvo que rectificar al reconocer "un fallo importante", puesto que el espacio público no es accesible para personas con movilidad reducida.

La nueva zona de baño de Punta Larga tiene rampas de entrada y una pasarela de madera que discurre en paralelo al paseo marítimo. Para ir hacia el mar hay que caminar por la arena o por una especie de sendero serpenteante que dibujan grandes rocas de relieve irregular colocadas en hilera. No hay ningún camino para llegar hasta el mar con un coche de bebé o una silla de ruedas.

"El Ministerio [de Medio Ambiente, Rural y Marino] solo se encarga de hacer las rampas. La playa es responsabilidad del Ayuntamiento", alegó Ríos. El alcalde de Candelaria, Gumersindo García, no dudó en asumir el error de la obra mientras el resto de la comitiva que participaba del acto asentía. Entre ellos estaban el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista; el portavoz parlamentario, Francisco Hernández Spínola; la diputada nacional, Gloria Rivero; el candidato socialista al Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu; y el concejal capitalino, Ramiro Cuende.

Después de una visita rápida por las instalaciones en una tarde de mucho sol y poco viento, las autoridades se cruzaron con Macarena González, una visitante habitual del municipio que iba acompañada de su hija Paula, en silla de ruedas. Gónzalez y su pequeña observaban el revuelo mediático y policial que acompañaba a las autoridades desde la pasarela de la entrada. "Vengo mucho a Candelaria porque tengo familia aquí y cuando me contaron que se inauguraba la playa traje a mi hija para ver como era, pero es igual que todas las demás. Por estas piedras no puedo llevar la silla. Tendremos que seguir yendo a la piscina", se lamentó la joven madre. No obstante, tanto el alcalde como el representante ministerial se acercaron a ellas y escucharon sus quejas. A continuación, un portavoz de la constructora que ejecutó las obras anunció que "en breve se instalarán unas pasarelas de madera retráctiles que ya estaban contempladas en el proyecto", con las que ya no habrá obstáculos hasta el mar.

La zona abierta desde ayer es solo la primera de las tres fases en las que se divide la rehabilitación del litoral de Punta Larga. Los trabajos han requerido 16 meses de obra y una inversión de 2,2 millones de euros para construir una escollera de 240 metros, acondicionar la superficie de solarium y senderos, instalar escaleras, gradas y un islote de hormigón sobre el mar conectado con la playa por un puente de aluminio de 35 metros de longitud. En lugar de arena, la superficie está cubierta por piedra autóctona que ha sido triturada hasta quedar como una especie de arena negra de grano grueso. Para dar más comodidad a los bañistas, se han colocado varias plataformas de madera donde tener la toalla para tomar el sol.

Tras la bendición del párroco de la Basílica de Candelaria, Jesús Mendoza, que aprovechó la oportunidad para pedir a todos que "hagamos un esfuerzo por conservar mejor la naturaleza", el alcalde García catalogó la jornada como "un día histórico" para los candelarieros. "Cuatro años después de que la vicepresidenta De la Vega anunciara el proyecto para Punta Larga, ya es un hecho la primera parte. La siguiente será la regeneración de la playa", explicó.

Las otras dos fases tienen un presupuesto de 19 millones de euros. Su ejecución se ha retrasado por dos motivos. El primero es la paralización judicial de las obras del Puerto de Granadilla, de donde se pensaba extraer arena para rehabilitar la playa. El consistorio está a la espera de un estudio ambiental que permita utilizar piedra del litoral del municipio machacada, tal y como se hizo hasta ahora. Por otro lado, un grupo de vecinos se oponen a la revisión del deslinde de 60 metros del frente marítimo que plantea Costas, lo que también ha retrasado los trabajos.

Al hablar del efecto positivo que tendrá la nueva instalación como elemento dinamizador del comercio del litoral, el alcalde dijo ayer estar seguro de que "la gran afluencia de vecinos que recibiremos desde otros puntos de la Isla ayudarán a revitalizar los negocios y a crear empleo en nuestra ciudad".

Asimismo, Gumersindo García agradeció a los alcaldes que lo precedieron desde finales de los años ochenta, ya que "su empeño para reivindicar la necesidad de hacer esta obra y el apoyo de Costas han sido las claves para hacer de esto una realidad".

El error de La Nea

El éxito que auguran los gestores municipales para esta parte de Candelaria hará necesario ampliar la oferta de plazas de aparcamiento. Para evitar repetir los problemas que hay en la playa de LaNea, en El Rosario, el regidor socialista adelantó que en la segunda fase se construirá un parking con 500 plazas. "Sabemos que la afluencia que tendremos lo hará necesario, pero dependemos de la inversión privada porque nosotros no lo vamos a construir", aclaró.

Para Serafina Vera, candelariera de pura cepa de 78 años, el efecto no será tan positivo. "Han dejado esto tan bonito que ahora van a venir de Añaza y de La Cuesta y aquí no va a caber un alfiler", vaticinó mientras miraba incrédula a otro vecino que se bañaba junto a su perro en el mar. "Aquí hay que poner un poco de orden, porque algunos no respetan nada. Seguro que si le ponen una buena multa, la próxima vez deja al perro amarrado en su casa", añadió.

Muy cerca de donde Serafina Vera se refugiaba del sol, un gran cartel da cuenta de la larga lista de prohibiciones que tiene la playa. No puede entrar con mascostas, ni ir en bicicleta, ni pescar. Los usuarios de las duchas no tienen permitido ponerse champú, ni tampoco jugar al fútbol, ni escuchar música, ni tirar basura. Además, aunque es un espacio al aire libre, la nueva ley antitabaco también prohibe que se fume.

El plazo previsto para la finalización de todo el proyecto es, según confirmó Pedro Antonio Ríos, de 24 meses. "Espero que dentro de dos años pueda venir a inaugurarlo", comentó el enviado ministerial que ayer también visitó las obras del litoral de Valle Gran Rey, en La Gomera. "Esta playa es una realidad, la obra hay que imaginarla todavía", aclaró el funcionario. Antes de abandonar la Isla también se refirió al futuro del barrio pesquero de Cho Vito. "Estamos trabajando para plantear una respuesta definitiva al problema social que había con algunos de sus residentes, que necesitaban ser realojados. Y confío en que podamos solucionarlo antes de fin de mes", concluyó Ríos.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/16/candelaria-inaugura-playa-accesos-discapacitados/325000.html