EL PAIS DONDE UN CENTIMETRO NO ES LO MISMO PARA TODOS

Cada vez con más frecuencia llegan a mis oídos casos en que vecinos de pequeños pueblos gallegos, de la costa o el interior, ven limitada la capacidad de hacer reformas en sus viviendas por razones variadas. No se trata, en general, de grandes obras sino de pequeñas modificaciones. En estos casos, organismos varios suelen ser inflexibles con los permisos y basta mover una piedra para que pulcros inspectores se personen en el inmueble y pongan las cosas en su sitio. Nada habría que objetar a tal proceder si esto fuera igual para todos los ciudadanos pero, lamentablemente, no es así.
También, cada vez con más frecuencia, conozco casos en que personas ajenas a esos pueblos adquieren viviendas para su teórica rehabilitación y, haciendo de su capa un sayo, modifican alturas y volúmenes o alteran fachadas, sin cortapisa alguna. En estas situaciones, los responsables de Urbanismo, Patrimonio o Costas no suelen tener problemas en facilitar todo tipo de licencias sin que uno sepa, aunque lo intuya, cuál es la diferencia con la población local. Resumiendo, hemos pasado del «ti vai facendo» al «a ti sí, a ti no».
Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.
Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.
Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno.