Cho vito y las disfunciones legales

Cho Vito y las disfunciones legales El caso del poblado marinero de Cho Vito, derribado por mor de la Ley de Costas, amenaza con no diluirse con el paso del tiempo, sino más bien todo lo contrario. De momento, los afectados ya se han hecho oír y escuchar en Europa y eso, le guste o no a determinados políticos locales y estatales, ya supone todo un logro, máxime cuando se reconoce en las instancias continentales que la legislación vigente al respecto supone una carta blanca y una manga ancha a la hora de aplicar la norma en un sitio y obviarla en lugares más visibles y flagrantes, incluso dentro del propio municipio de Candelaria, donde tuvo lugar este escabroso episodio donde, parece mentira, no se han aclarado aún los turbios motivos que llevaron al desalojo de unas familias que llevaba años viviendo allí y, que nadie lo olvide, pagando religiosamente sus impuestos.Y es que Cho Vito es únicamente la punta del iceberg de un montón de casos que tenemos en las Islas, algunos denunciados y cuyos trámites para proceder a los derribos pertinentes están perdidos por la maraña de expedientes de la Administración, y otros que aún gozan de la ignorancia involuntaria de las autoridades (vayan por el litoral más profundo de Anaga para que se sorprendan de las construcciones que uno se puede topar al final de un tortuoso sendero) o la anuencia de éstas ante esos grandes emporios hoteleros que se han edificado en primera línea de playa o, para ser más exactos, en la zona costera donde, teóricamente, no se puede levantar ni media piedra porque debe ser área de tránsito para las personas.
Sinceramente, me gusta que se cumpla con la ley en todos los aspectos, independientemente de la capacidad adquisitiva de unas familias humildes o de esos grandes magnates del turismo que consiguen licencias «sui géneris».
Quien ha situado su vivienda o su megahotel de cinco estrellas fuera de la ley, que ésta sea contundente con el infractor, pero también es verdad que lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado durante veinte años -poniendo la mano, eso sí, vía impuestos y tasas municipales- y luego, de repente, negarle los derechos a estos ciudadanos de Cho Vito o de cualquier otro poblado de nuestras costas canarias o del resto del territorio español, e incluso hacerse los sorprendidos por la existencia de unas casas que no dudan en tildar de ilegales, aunque esa condición cambia desde el primer momento en el que se le cobran a esos ocupantes las mismas cargas impositivas que al resto de los habitantes de la localidad.