RESULTADOS DE LA LOTERIA DE LA LEY DE COSTAS.El PP suaviza la ley y salva del derribo los barrios costeros que pagan luz y agua

Los núcleos costeros del norte de Gran Canaria -entre Arucas y Guía- otros tres de Tenerife y uno en La Gomera a los que la ley de Costas condenaba al derribo podrían salvarse de la piqueta otros 75 años más tras la decisión de las Cortes de flexibilizar en la reforma normativa las condiciones exigibles para su pervivencia. Los senadores del PP lograron a última hora del martes que la dirección de grupo parlamentario aceptara una enmienda que modifica, de forma mínima, el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 19 de febrero pasado a instancias del ministerio de Medio Ambiente.




Los barrios que verían alejarse la piqueta serían, en Gran Canaria: El Puertillo, Quintanilla, San Andrés, El Altillo, Charca de San Lorenzo, San Felipe, Caleta de Arriba, Caleta de Abajo o La Furnia; en Tenerife: Igueste de San Andrés, Taganana y Almáciga; en La Gomera, el litoral de Valle Gran Rey. Todos ellos son núcleos que ya existían antes de la entrada en vigor de la ley actual, en 1988, y que en 2018 debían proceder al derribo.



No correrán la misma suerte los núcleos construidos con posterioridad a entrar en vigor la ley ni aquellos que tengan ya orden de derribo. En la provincia de Las Palmas, entre estos últimos estarían: Tufia y Ojos de Garza, en Gran Canaria; El Golfo, La Santa, Famara, Los Ancones y Las Caletas, en Lanzarote; y Majanicho, El Jablito, Los Molinos, Jablito, Jacomar y El Puertillo, en Fuerteventura.



La enmienda del PP reduce de dos a una las exigencias mínimas para esas áreas a menos de 100 metros de la costa en zona de servidumbre y que, sin estar clasificados como suelo urbano, podían acogerse a las excepciones de aplicación de la ley y por tanto evitar el derribo. También facilita la tramitación ante el ministerio de Medio Ambiente del informe preceptivo -que debe solicitar cada ayuntamiento con el apoyo de los cabildos y el Gobierno-, para la delimitación de estas áreas.



La norma vigente establece los siguientes requisitos: que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro eléctrico; y que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas para ella, al menos en un tercio de su superficie. La enmienda abre la posibilidad de la pervivencia a las zonas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos y no hace falta por tanto que cumplan los dos, como hasta ahora.



La senadora grancanaria Pepa Luzardo reconocía que la modificación admitida por Medio Ambiente, ante el que habían estado negociando los senadores canarios del PP la tarde anterior, es menos ambiciosa de lo que pretendían ella y sus compañeros, pero sí lo suficientemente amplia y flexible como para que se pueda aplicar a "algunos" barrios costeros de las Islas. Según Luzardo, si los ayuntamientos tienen reconocidas las zonas afectadas como suelo urbano y en ellas se paga el IBI y los servicios de agua y suministro eléctrico, "son perfectamente legalizables".



Luzardo, no obstante, recuerda que pese al "acuerdo mínimo" existe aún la posibilidad de mejorar el proyecto de ley bien a través de la transacción de enmiendas con CC y el PSOE durante la tramitación de la ley en el Senado, o bien mediante el Reglamento que debe aprobarse posteriormente para la aplicación de la norma.



Los senadores nacionalistas y socialistas echan, sin embargo, un jarro de agua fría al optimismo de los populares canarios. Unos y otros coinciden en asegurar que esta enmienda "deja las cosas prácticamente como estaban" en el texto que se aprobó en el Congreso y que "no con ella no se libra del derribo ninguna de los núcleos urbanos y áreas afectadas por la ley". El senador de CC por El Hierro, Narvay Quintero, señalaba que "las enmiendas del PP no tienen la relevancia suficiente como para considerar que afecte a los núcleos importantes que se ven afectados en las diferentes Islas". Quintero ha presentado una enmienda en la que reclama que se mantengan en pie también barrios y núcleos de población que tengan valor histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico o etnográfico y que se de un plazo de seis meses para su consolidación como suelo urbano por la administración competente.



Desde el PSOE, el senador tinerfeño Aurelio Abreau aseguraba ayer que "los senadores del PP han engañado a los canarios y han incumplido las promesas que hicieron a los ciudadanos de las zonas afectadas mientras se hacían fotos con ellos".



CC y PSOE reprochan además a los populares que no hayan forzado la inclusión de algunos enclaves concretos de Canarias entre los que quedan exceptuados de la aplicación de la ley, como sí se hace con las construcciones en el litoral de Formentera y con otros doce núcleos de distintos puntos de la Península.



Quintero y Abreu sí se mostraron de acuerdo con la enmienda del PP que permite la utilización de los tramos urbanos de playa para eventos de interés turístico y la que abre las zonas portuarias a la actividad comercial y de restauración.



El debate y votación definitiva de proyecto en el pleno del Senado se producirá en la segunda quincena de abril y se deberá ratificar, ya en mayo, en el Congreso.

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/21/pp-suaviza-ley-salva-derribo-barrios-costeros-pagan-luz-agua/520995.html