“Espero que acabemos con El Algarrobico en este mandato”, tituló a toda pastilla el diario El País una entrevista de una página y media, publicada el 13 de noviembre de 2010, citando palabras casi textuales de la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pocos días después de tomar posesión del cargo.
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”, según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día, o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”, según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día, o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443
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