Los vecinos del núcleo costero de Santa Lucía, en Güímar, que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, con el fin de poder volver a sus casas sin que se les demande por ello.
El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".
Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.
Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".
Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.
Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.
Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html
El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".
Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.
Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".
Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.
Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.
Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html
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