Dos parlamentarios proponen a la Cámara europea que el Gobierno español pague una compensación íntegra sin demora a quienes la Dirección General de Costas demolió sus casas el 7 de octubre de 2008 y que la Comisión de la UE suspenda el pago de los Fondos Estructurales a España hasta que cobren los afectados.
18/ago/10 07:46 J.A. MEDINA, Candelaria
Los parlamentarios europeos Andrew Brons y Nick Griffin (del Partido Nacional Británico) proponen a la Cámara de la Unión Europea (UE), a través de una declaración por escrito, que haga un llamamiento al Gobierno de España para que "pague sin demora una compensación íntegra a todos los afectados" por las expropiaciones y demoliciones realizadas en virtud de la aplicación de la Ley de Costas. Es decir, que los vecinos de Cho Vito a los que la Dirección General de Costas destruyó sus 23 viviendas el 7 de octubre de 2008 deberán recibir una indemnización económica del Estado.
Asimismo, piden a la Comisión Europea (CE) que "suspenda el pago de créditos procedentes de los Fondos Estructurales a España hasta que se haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo autorizado".
Este documento debe ser respondido en breve por el Parlamento de la UE y sus autores se amparan en la normativa vigente, entre la que citan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 17 se establece el derecho de las personas a disfrutar de los bienes adquiridos legalmente, usarlos, disponer de ellos y legarlos sin que puedan ser privadas de los mismos salvo por utilidad pública "y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida".
La propuesta de ambos parlamentarios también menciona el Convenio Europeo de Derechos Humanos aludiendo a que la cesión obligada de propiedades privadas legalmente adquiridas "sin procedimiento regular y sin indemnización conveniente constituye una violación de los derechos fundamentales de la persona".
Todo ello se sustenta en la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, en la que pide a España "que respete los derechos individuales de los ciudadanos europeos penalizados por la aplicación de la Ley de Costas española". Todo el planteamiento que hacen por escrito Brons y Griffin se refiere a los problemas relacionados con los bienes expropiados y demolidos en virtud de la mencionada Ley de Costas en todo el país, si bien el caso de Cho Vito, en Candelaria, es uno de los más significativos.
Tras la visita a Bruselas
Este pronunciamiento es fruto de la intervención que tuvo el portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a finales del pasado mes de marzo. En la misma fue proyectado un documental reflejando la intervención de las fuerzas de seguridad aquél 7 de octubre de 2008 en Cho Vito, lo que llevó a varios europarlamentarios a sugerir la congelación de los fondos que la UE aporta a España.
El propio González mostraba ayer su satisfacción por este planteamiento de los miembros de la Cámara europea, que se produce en un momento delicado para las nueve familias que aún quedan en el poblado marinero. La Dirección General de Costas les ha comunicado que, en virtud de una sentencia, tienen de plazo hasta el 20 de septiembre próximo para retirar todos sus enseres y desalojar las casas a fin de proceder a su demolición posterior.
Esta medida será recurrida a través de la Audiencia Nacional, foro judicial al que pedirán que revise y anule el deslinde marítimo-terrestre por el que pretenden desalojarlos. Esta solicitud se sustenta en una sentencia del mismo órgano judicial que beneficia a los habitantes de Punta Larga
http://www.eldia.es/2010-08-18/tenerife/1-Solicitan-suprimir-fondos-europeos-Espana-indemnice-Cho-Vito.htm
18/ago/10 07:46 J.A. MEDINA, Candelaria
Los parlamentarios europeos Andrew Brons y Nick Griffin (del Partido Nacional Británico) proponen a la Cámara de la Unión Europea (UE), a través de una declaración por escrito, que haga un llamamiento al Gobierno de España para que "pague sin demora una compensación íntegra a todos los afectados" por las expropiaciones y demoliciones realizadas en virtud de la aplicación de la Ley de Costas. Es decir, que los vecinos de Cho Vito a los que la Dirección General de Costas destruyó sus 23 viviendas el 7 de octubre de 2008 deberán recibir una indemnización económica del Estado.
Asimismo, piden a la Comisión Europea (CE) que "suspenda el pago de créditos procedentes de los Fondos Estructurales a España hasta que se haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo autorizado".
Este documento debe ser respondido en breve por el Parlamento de la UE y sus autores se amparan en la normativa vigente, entre la que citan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 17 se establece el derecho de las personas a disfrutar de los bienes adquiridos legalmente, usarlos, disponer de ellos y legarlos sin que puedan ser privadas de los mismos salvo por utilidad pública "y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida".
La propuesta de ambos parlamentarios también menciona el Convenio Europeo de Derechos Humanos aludiendo a que la cesión obligada de propiedades privadas legalmente adquiridas "sin procedimiento regular y sin indemnización conveniente constituye una violación de los derechos fundamentales de la persona".
Todo ello se sustenta en la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, en la que pide a España "que respete los derechos individuales de los ciudadanos europeos penalizados por la aplicación de la Ley de Costas española". Todo el planteamiento que hacen por escrito Brons y Griffin se refiere a los problemas relacionados con los bienes expropiados y demolidos en virtud de la mencionada Ley de Costas en todo el país, si bien el caso de Cho Vito, en Candelaria, es uno de los más significativos.
Tras la visita a Bruselas
Este pronunciamiento es fruto de la intervención que tuvo el portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a finales del pasado mes de marzo. En la misma fue proyectado un documental reflejando la intervención de las fuerzas de seguridad aquél 7 de octubre de 2008 en Cho Vito, lo que llevó a varios europarlamentarios a sugerir la congelación de los fondos que la UE aporta a España.
El propio González mostraba ayer su satisfacción por este planteamiento de los miembros de la Cámara europea, que se produce en un momento delicado para las nueve familias que aún quedan en el poblado marinero. La Dirección General de Costas les ha comunicado que, en virtud de una sentencia, tienen de plazo hasta el 20 de septiembre próximo para retirar todos sus enseres y desalojar las casas a fin de proceder a su demolición posterior.
Esta medida será recurrida a través de la Audiencia Nacional, foro judicial al que pedirán que revise y anule el deslinde marítimo-terrestre por el que pretenden desalojarlos. Esta solicitud se sustenta en una sentencia del mismo órgano judicial que beneficia a los habitantes de Punta Larga
http://www.eldia.es/2010-08-18/tenerife/1-Solicitan-suprimir-fondos-europeos-Espana-indemnice-Cho-Vito.htm
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