Reactivar Canarias a toda costa

La nueva ley de Costas concibe el litoral como un espacio productivo y establece usos y ocupaciones más permisivas

"La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma". Con esta declaración de principios, la exposición de motivos de la nueva Ley de Costas trata de acabar con la "litigiosidad crónica" que provocó la aplicación de la legislación de 1988, una norma que supuso un significativo cambio de concepción de las zonas marítimo-terrestres españolas y que fue objeto de un buen número de recursos. Sin embargo, el 97% se resolvieron a favor de esta ley que trataba de controlar tardíamente la ocupación masiva de las costas por el impacto del ´boom´ urbanístico y turístico de los 60.

Veinticinco años después, España vuelve a dar un giro a la ordenación de sus áreas costeras, con la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada solo con los votos del PP y que nace igualmente con una significativa contestación jurídica: cinco comunidades autónomas -entre ellas Canarias-, así como el PSOE, han anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Y se han presentado, además, numerosas quejas ante la Unión Europea, cuya Comisión de Peticiones ha anunciado que emitirá un informe el próximo mes de septiembre. YA PRESENTADO EL BORRADOR, MUY CRITICO CON LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y CON SU REFORMA .
Pero en el espíritu de la nueva ley no sólo está la búsqueda de la mencionada seguridad jurídica. También reconoce, en su preámbulo, que "el litoral español, que se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, es un recurso estratégico de crucial importancia para el país".
Añade que "el reto" está en mantener "el equilibrio de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental", equilibrio que los actuales legisladores entienden que se desniveló por un exceso de protección medioambientalista con la Ley de 1988, por lo que sostiene que "aquella concepción debe ser corregida".
Los numerosos afectados por la legislación de los ochenta, que amplió la zona de dominio público marítimo-terrestre, transformando propiedades privadas en concesiones de ocupación o cuestionando la continuidad de determinados núcleos costeros, llevan décadas organizados en diversas asociaciones o han litigiado individualmente por recuperar sus derechos. A la presión que vienen ejerciendo desde hace años para lograr una modificación de aquella normativa, que los despojó o amenaza sus propiedades, se ha sumado ahora el peso de la propia crisis y la necesidad de reactivar la economía a toda costa.

Impacto sobre las dunas

En Canarias, la entrada en vigor de la nueva ley de costas ha sido sobre todo cuestionada por dejar a unos sesenta núcleos costeros fuera de la excepcionalidad, que sí permite salvar de la piqueta a una docena de estos núcleos de la Península. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) eleva a 150.000 el número de personas afectadas en el Archipiélago y promueve la creación de una comisión mixta para tratar de regularizar su situación al amparo de la nueva ley: sus respectivos ayuntamientos tienen hasta el 31 de agosto, para presentar un informe que recoja el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para iniciar su legalización.
Pero la ley puede tener en Canarias otros significativos impactos durante su aplicación. Entre ellos, sobre las 1.877 hectáreas de dunas que existen en las Islas, y que sufren ya un nivel de deterioro significativo: sólo el 33% se conserva en buen estado. Así, la Ley de Costas introduce un significativo cambio en el articulo 1.1.b), al señalar que "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". El precepto significa que "la protección de las dunas se vincula a una concepción utilitarista de las mismas, es decir en la medida en que garantizan la estabilidad de las playas, y no por su valor como un ecosistema que es preciso conservar en su totalidad", según explica el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. José Fernández advierte que este es "uno de los tres mecanismos de reducción del dominio público marítimo-terrestre, protegido en la propia Constitución, que contempla la ley". El efecto de esta reducción del ámbito de protección puede significar que áreas que ahora se encuentran bajo titularidad estatal, como bienes públicos, pueden revertir a manos privados. De tal forma que parte de las Dunas de Maspalomas o de Corralejo podrían quedar afectada por este proceso una vez se realice el nuevo deslinde que anuncia la norma. Y LO DICE  UNO QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, Y QUE PERMITIO DESAGUISADOS COMO EL ALGARROBICO, Y ALGUNO QUE OTRO MAS.Ambos espacios dunares han vivido azarosos procesos de recuperación y conservación que aún no han culminado. En el caso de Maspalomas, se ha reabierto con las peticiones de incorporación del palmeral al régimen de protección que se aplica a las dunas, que fueron propiedad de la familia del Conde de la Vega Grande.
Las dunas del norte de Fuerteventura han sido, por su parte, protagonistas de un largo proceso de negociación con los propietarios de los hoteles instalados en ella desde la aprobación de la Ley de 1988 y, sobre todo, desde que se realizara un nuevo deslinde en los años 90. Se llegó a iniciar un expediente de rescate del Hotel Oliva Beach, por su impacto en la evolución natural de las dunas, que finalmente se cerró en 2007 con acuerdo con la cadena RIU por el cual la concesión para este hotel se extinguía el próximo año 2017, mientras que para el Hotel Tres Islas la concesión concluiría en 2037. Sin embargo, la nueva Ley de Costas no sólo amplía el plazo de concesión de 30 a 75 años, sino que además convierte el dominio público marítimo en un objeto de tráfico comercial al permitir su transmisión. Además de reducir los espacios de dominio público, la actual legislación reduce las limitaciones a la propiedad en las zonas colindantes, reduciendo la anchura de la servidumbre de 100 a 20 metros, y permitiendo además más usos a los que admitían hasta ahora.
El 60% de los humedales del país desaparecieron a consecuencia de la concepción economicista y privatizadora que tuvo la Ley Cambó, aprobada en 1918 y que premiaba a quienes desecaban las marismas y riberas concediéndoles derechos privados sobre las mismas. Y la Ley de Costas de 1969 promovió también la ocupación del litoral en pleno periodo de expansión económica. El resultado ha sido que el 40% de la costa está urbanizada, el 16% a consecuencias de intervenciones artificiales.
Tampoco la legislación más conservacionista que ha tenido España, la de 1988, impidió que en estos veinticinco años se hayan producido intervenciones dañinas en el litoral. En primer lugar porque se aprobó cuando el desarrollo turístico y urbanístico está ya muy avanzado y con un amplio horizonte de aplicación transitoria, precisamente por los notables cambios que introducía. Pero también porque, al igual que ocurrió cuando comenzó a elaborarse la denominada moratoria, muchos ayuntamientos aceleraron la aprobación de sus planes parciales antes del 1 de enero de 1988 para quedar fuera de su régimen.

Autismo administrativo
El exdirector general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, José Fernández, explica que "se aprovechó hasta el último resquicio para soslayar la ley, pero a partir de 1988 no se produjo ya ninguna nueva ocupación en dominio público". Aquel récord de aprobación masiva de planes parciales tuvo un capítulo singular en Canarias, ya que pese a ser aprobado un buen número de planes parciales el 4 de enero, es decir fuera del plazo legal, logró quedar fuera de la normativa alegando que habían sido aprobados en comisión antes de esa fecha. Para Fernández Pérez, a la ordenación del litoral español le ha faltado una gestión integral, a través de un pacto nacional que permita conciliar los diferentes intereses contrapuestos y que ponga fin a lo que denomina "la cultura autista de las administraciones", en referencia a la tolerancia mostrada por las instituciones frente a las infracciones de la Ley de Costas.

http://www.laopinion.es/economia/2013/07/22/reactivar-canarias-costa/488538.html