Los gobiernos vasco y andaluz inician los trámites para pedir la suspensión cautelar de la norma al Tribunal Constitucional
El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. El Ejecutivo ha solicitado recientemente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen, un primer paso para después presentar la reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que varios puntos recogidos en ella van en contra de la Carta Magna.
. La Junta de Andalucía también acordó ayer interponer un recurso ante el Constitucional contra la llamada Ley de Costas y pedir al alto tribunal su suspensión cautelar para evitar "daños irreparables". Por su parte, el Gobierno vasco va a presentar un recurso por considerar que la norma "legisla demasiado extensamente y no deja" margen para las autonomías El pasado 1 de julio, representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, – Canarias, Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco–, se reunieron en Madrid y anunciaron su intención de recurrir la normativa aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy
Apenas tres semanas después, las autonomías empiezan a poner en marcha los procedimientos por separado, –ya que la norma jurídica imposibilita que los gobiernos autónomos recurran al Constitucional de manera conjunta–, porque el plazo para presentar los recursos al Constitucional es de tres meses después de la publicación de la norma.
El Gobierno de Canarias entiende que al menos cuatro aspectos recogidos nueva Ley de Costas podrían ir en contra de la Carta Magna. Por un lado, consideran que la norma vulnera la autonomía local, ya que el texto otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender la iniciación de las obras en las zonas de servidumbre, que son competencia de Autonomías, una competencia que el Ejecutivo regional entiende que solo deben tener los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, un punto que también considera inconstitucional es la excepción que la norma estatal hace con doce núcleos costeros peninsulares. Sin embargo, no establece ninguna salvedad para núcleos tradicionales canario con valor etnográfico, una demanda que el Ejecutivo autonómico hacía ya con la anterior normativa y además ha incluido otros que antes no estaban afectados. Por todo esto, el Gobierno entiende que se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.
Otro punto de conflictividad es que el Ejecutivo de Paulino Rivero considera que la norma otorga facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre, que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado solo puede fijar unos máximos y mínimos para su uso.
Por último, la norma también impone a los ayuntamientos la obligación de presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura la relación de sus núcleos urbanos, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en cada uno de estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable, dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Por esto, el ejecutivo considera que debido a su retroactividad la norma es inconstitucional y que además provoca inseguridad jurídica para aquellos vecinos que dispongan de una vivienda o terreno en estas zonas
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/24/gobierno-autonomo-solicita-consultivo-dictamen/488984.html
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