“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.
Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.
Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.
Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.
Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.
Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley
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