INFLEXIBILIDAD.
DESDE principios de este mes, nuestros poblados marineros cuentan con más esperanza. Me explico: algunos medios de comunicación se hacían eco de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica que el litoral de Anaga tiene carácter de núcleo urbano consolidado, tal y como venían defendiendo los vecinos y la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).
Sin embargo, y pese a que esta sentencia no es firme, se suma a la que en su día también reconoció que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, en Güímar, ya tenían la consideración de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
Estamos otra vez ante una estupenda noticia para los muchos vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero, que llevan mucho tiempo pidiendo que se reduzca la zona de servidumbre que la Dirección General de Costas aumentó de 20 a 100 metros, para poder así salvar cerca de 250 construcciones situadas en esta zona.
Como ustedes saben, el Partido Popular de Tenerife ha venido defendiendo siempre la protección de estos núcleos urbanos costeros, de estos poblados marineros, consolidados con anterioridad a la Ley de Costas, siempre que cuenten con algún valor patrimonial, etnográfico o socioeconómico, para con ello conservar algún ambiente marinero en nuestras costas.
Por eso, hoy me alegro de estas sentencias a favor de los vecinos de Anaga y de Agache, pero también es justo que sienta tristeza al recordar la vergonzante actuación contra los vecinos de Cho Vito, que no corrieron la misma suerte y que vieron impotentes cómo perdían sus casas y parte de sus vidas.
Y siento más tristeza aún cuando leo declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, quien, ante el mismo problema en varios poblados de Galicia como Aguete, Teoria, Casás o Mogor, en Marín, afirmó en su momento que "los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen y contar con las respectivas licencias".
¿Por qué en Marín sí y en Cho Vito no? ¿Por qué la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga?
Es una pena que el PSOE en Andalucía o en Galicia defienda la permanencia de estas zonas afectadas y aquí, en Canarias, se opongan a una Proposición no de Ley presentada por nosotros, y apoyada por CC, para defender nuestros poblados marineros y evitar situaciones como la de Cho Vito.
Quizá, a los socialistas canarios les vendría bien hablar con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía defendió que "los chiringuitos son un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas y se trata de un sector que genera 40.000 empleos".
Como bien afirmé durante mi intervención en defensa de esta PNL en el Parlamento de Canarias, y citando al filósofo inglés John Locke, "las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes", y es en este punto donde el Gobierno de Rodríguez Zapatero tropieza una y otra vez, y en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en nuestro Archipiélago sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental pueden perdurar en el tiempo.
¿Acaso las áreas urbanas costeras de Canarias no representan zonas de interés derivadas de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural, además de albergar actividades económicas y turísticas? Siempre hemos defendido que nuestra tierra necesita una buena e inmediata aplicación de la Ley de Costas, pero no como cortapisas, sino como una posibilidad de ofrecer una ventaja comparativa con el resto de destinos turísticos.
Creemos que si todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos frente común en pro de estos núcleos marineros para su mejora y embellecimiento, y también para favorecer su catalogación como poblados marineros, podemos conseguir que el Ejecutivo del PSOE dé marcha atrás, como lo ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materias de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.
Tenemos que ponernos manos a la obra, y un buen primer paso sería que todas las administraciones implicadas emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen nuestros poblados marineros. Y en paralelo, buscar fórmulas para que sigan siendo un reclamo gastronómico en nuestro Archipiélago.
En el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio. Seguiremos trabajando aunque el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos marineros que forman parte de nuestra historia, también de nuestro presente y queremos que sigan teniendo futuro.
Porque, pacientes lectores, no es lo mismo, como dije en el Parlamento de Canarias, mandarse una vieja o un plato de lapas en una avenida de hormigón que tomarlos en estos poblados marineros.
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