Cien núcleos del litoral canario siguen condenados al derribo

La modificación de la Ley de Costas que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada ha dado al traste con las esperanzas de muchos canarios que tienen casas en el litoral y que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la piqueta. Sin embargo, la mayoría de los núcleos afectados en las Islas no reúnen los requisitos para acogerse a la ampliación de la concesión administrativa a 75 años que prevé la Ley. "La razón es que no cuentan con ningún tipo de concesión que se pueda ampliar", expone el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero. "En las Islas peligran más de 100 asentamientos costeros que no tiene en cuenta el proyecto de ley", detalla. "Esto significa que 135.000 canarios están amenazados con el derribo de sus viviendas", añade.


Entre ellos, el senador nacionalista cita Igueste de San Andrés, en Tenerife, o el Pozo de las Calcosas, en El Hierro. Además, no se ha dejado abierta ninguna vía para que se salven de la demolición los núcleos grancanarios de Ojos de Garza y Tufia, en Telde.

Junto al socialista Domingo Fuentes Curbelo, Quintero defendió el jueves en la Cámara Alta una moción para que las competencias en la materia pasasen a la Comunidad Autónoma. Entre los argumentos expuestos por los senadores canarios para reclamar para el Gobierno canario la gestión del litoral destaca, justamente, "que el anteproyecto aprobado no recoge ninguna de las especificidades de Canarias que requieren una regulación particular", señala Quintero.

"Habla de las rías de Galicia o de Huelva, de las dunas de Andalucía o de la particular configuración geológica de Formentera, pero no se menciona ninguna de las características especiales de Canarias", apostilla. "La nueva Ley de Costas omite completamente la singularidad y la especificidad de las costas canarias y la forma de vivir de los canarios", agrega.

"Se puede decir sin temor a equivocarse que el cambio normativo ha generado unas expectativas que para nada se van a materializar en los asentamientos canarios", coincide Fuentes Curbelo. "No soluciona en absoluto el caso de las Islas", indica, "la mayoría de los núcleos que están afectados en el Archipiélago no están construidos antes de 1988". "Las viviendas que aquí se van a poder acoger al menos a la prórroga de la concesión administrativa se cuentan con los dedos de una mano", señala. "Son muy pocos los que antes de la anterior Ley de Costas estaban reconocidos por sus ayuntamientos como urbanos, con saneamiento, tendido eléctrico o agua", añade. En cambio, apunta que son muchos los que están construidos "enteramente en dominio público; para esos no hay salvación posible".

En efecto, la propia Ley señala que su propósito es beneficiar "a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales".

Además, ambos senadores critican que no se haya previsto para el Archipiélago la excepcionalidad de los 100 metros de servidumbre para aplicar tan solo 20, como sí se hace para el caso de las rías. "En Canarias, sobre un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados y 1.583 kilómetros lineales de costa, 100 metros de servidumbre suponen el 2% del total". "En Andalucía, sobre casi 90.000 kilómetros cuadrados, 87.597, representa solo el 0,1%". Quintero destaca que pese a que Canarias "tiene 20 veces más afección, Andalucía sí tiene las competencias en Costas que se le niegan al Archipiélago". "No hubo manera de que el PP aceptara la posibilidad de que se nos reconociesen 20 metros en lugar de 100", reprocha.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Ángel Lobo hace hincapié en "la necesidad de distinguir entre las edificaciones construidas en terreno de servidumbre y las que se asientan en dominio público". "Estas últimas no hay manera de salvarlas y así debe ser", asevera.

Sin embargo, como ejemplos del primer caso cita Las Eras o El Tablado, en el Sur de Tenerife. "Estos han acudido ante la Audiencia Nacional a pedir que se les apliquen los 20 metros porque antes de 1988 eran suelo urbano consolidado de manera fáctica y se les ha concedido", explica. Para ello, debían cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de 1976: "contar con acceso rodado, sistema de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y estar integrados en la malla urbana".

En cuanto a los casos de construcciones levantadas en terreno demanial, apunta: "El dominio público del litoral no es un concepto que se inventase en la Ley de Costas de 1988; antes de ella estaba la de 1969 y antes, la Ley de Puertos, y en todas ellas se contemplaba la titularidad pública". "La costa es un sitio al que todo el mundo debe poder acceder en libertad y cualquier núcleo que cierre ese libre acceso debe ser derribado", destaca.

Lobo ofrece una explicación muy didáctica: "Cuando trato en clase el tema de las construcciones ilegales en la costa, suelo decirles a mis alumnos que la única razón por la que la gente construye pegada al mar en vez de tierra adentro es precisamente que si lo hace en el interior, se va a meter en la finca de alguien que lo va a echar de allí; sin embargo, como el litoral es de todos, al final no es de nadie". Así, critica situaciones como la que se da en Tufia, donde muchas fotografías recogen a los habitantes de las casas "pescando desde sus ventanas".

Con todas estas consideraciones a la vista, el profesor de la ULL señala que el Anteproyecto de modificación de la Ley de Costas "aporta bien poco con respecto a la normativa anterior". "Les servirá, en todo caso, a los hoteles de Corralejo, por las disposiciones que hace respecto a las dunas o al hotel Médano si tiene la concesión en vigor".

Finalmente, Lobo tilda de "brindis al sol populachero para quedar bien con las asociaciones de afectados" la modificación del decreto legislativo 1/2000 llevada a cabo por el Parlamento de Canarias. "Solo tiene tres artículos y en uno de ellos habla de crear un catálogo de núcleos con valor etnográfico o pintoresco que, entre otras cosas, nunca se ha elaborado", sentencia el experto.

http://www.laopinion.es/canarias/2012/10/14/cien-nucleos-litoral-canario-siguen-condenados-derribo/440077.html