Su singularidad le valió a Ampuria Brava, en Gerona, regularizar su situación como núcleo, mientras que el mismo argumento falló a la hora de hacerlo con el litoral pontevedrés
. Agosto del 2004, Loira, Marín. Una manifestación de vecinos portando cruces fue la primera señal de la larga lucha, todavía pendiente de concluir, porque Costas les reconociese su singularidad y rebajase la línea de protección de los cien a los veinte metros. Año 2008, Ampuria Brava, en Gerona, al otro lado de la Península. El Ayuntamiento de Castelló de Empuries y sus vecinos se movilizan para que se les reconozca a los particulares los títulos de propiedad de amarres y la ocupación del dominio marítimo terrestre en 23 kilómetros de canales en un núcleo consolidado. Acababan de descubrir que el Estado tenía derecho a esas parcelas.
Noviembre del 2013. Ampuria Brava ha logrado todas sus aspiraciones y sobre todo la seguridad jurídica reclamada. Medio Ambiente ha reformado la ley y los ha incluido en un anexo con mención expresa. Amarres y fincas en el dominio marítimo terrestre pasarán a manos particulares salvo una franja de servicio de un metro. Al otro lado de España, en Loira, la mitad del núcleo, ya reconocido por Xunta y Estado, ha encajado en el PXOM y la línea se ha rebajado a los veinte metros., liberando a bastantes viviendas de las restricciones urbanísticas que imponía Costas. Pero todavía la mitad del núcleo, así como los de A Teoira, Casás y parte de Aguete, mantienen la franja de l00 metros, pendientes de que Costas acepte su preexistencia antes de 1988 con los servicios adecuados.
Comparaciones
La gallega, fruto de una forma de poblar durante siglos, y la catalana, una marina de 5.700 amarres que data de 1967, son dos realidades distintas, pero afectadas por la misma ley estatal. En los dos casos se apeló a la singularidad de sus circunstancias, pero en uno las reivindicaciones vecinales tuvieron éxito y en el otro no. La cuestión es por qué.
En el caso marinense, los afectados han hecho bandera muchas veces de la situación del Mediterráneo, con torres al pie de la playa, contrastándola con la de las rías de Pontevedra y Arousa, donde los núcleos son tradicionales, con casas unifamiliares. No entienden por qué, salvando las diferentes normativas autonómicas, el Estado les trata tan diferente a unos y a otros.
En Ardán, por ejemplo, muchos vecinos pueden enseñar a los visitantes los dinteles de los portales, con fechas tan lejanas como la década del 1840. Allí, esculpido en piedra del país, se refleja la preexistencia de su núcleo mucho antes de 1988. En Ampuria Brava, o en la también cercana marina de Santa Margarida (Roses), no se ve nada anterior al bum urbanístico de los años sesenta del siglo XX.
La singularidad ganó en el caso catalán, según admiten tanto sus concellos como el Estado, con el ingrediente a mayores de que se trata no ya de una ocupación de los cien metros como en las rías gallegas, sino del dominio público marítimo terrestre.
Peso de los extranjeros
Para catalanes como el alcalde de Castelló de Empuries, el municipio donde está Ampuria Brava, su caso no es comparable con nada en España, aludiendo a que se trata de marinas interiores, aunque los canales den al mar. Para los gallegos, permanece la duda sobre el hecho diferencial porque tan propio es para la Costa Brava una marina como para la ría de Pontevedra un núcleo de litoral.
En ambos casos, las reivindicaciones vecinales contaron con los apoyos de los concellos y de las comunidades autónomas. Al hecho singular, sin embargo, se suma en el caso de Ampuria Brava una circunstancia que no se dio en las rías pontevedresa ni arousana. Entre los afectados en el litoral catalán hay una importante presencia de extranjeros -alemanes y franceses sobre todo-. Es un factor a tener en cuenta y no pequeño.
Organizados también en asociaciones y con mayor experiencia a la hora de llamar a la puerta de las instituciones europeas, los residentes extranjeros actuaron como grupo de presión ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y después ante Bruselas. Quizás aquí esté una de las claves de su éxito, una cuestión que se comenta abiertamente en los lugares afectados. La UE, una de las instituciones a las que los gallegos no acudieron o que no tuvo peso en su negociación con Costas, sí la tuvo en el caso del litoral gerundense. Y otro factor a mayores, la economía. En la Costa Brava, estaban en juego inversiones infinitamente más cuantiosas que las del litoral pontevedrés.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/11/10/costa-problema/0003_201311P10C8991.htm
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