El 'tsunami' de la Ley de Costas

«Cuando alquilé la finca en el año 1985 no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», dice Jesús

Los afectados califican de «salvajada» que cientos de talleres y estabulaciones ganaderas vayan a desaparecer el 29 de julio de 2018 al caducar las concesiones

«Hay gente que tiene negocios, ganaderías... es como si te obligan a dejar de trabajar»

A Toñín, a Jesús o a Luis, la fecha del 29 de julio de 2018 no les parece tan lejana. Quedan siete años para que llegue ese día en que todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán y revertirán al Estado, en aplicación de la Ley de Costas. Eso afecta a sus viviendas y a sus negocios, que tendrán que abandonar en ese plazo si antes nadie lo remedia. La ley no establece ni indemnización ni compensación para ellos: sólo la renuncia. Por eso la fecha no les parece tan distante.
Mucho más inmediato es un debate en el Senado, que tendrá lugar el próximo miércoles 9, día en que se discutirán dos proposiciones de ley sobre la normativa. Una será defendida por la senadora cántabra Leticia Díez (del PP) y persigue que se garantice la situación jurídica de todas las concesiones de suelo anteriores a su aprobación, en 1988, hasta que se elabore un instrumento de planificación específica.
Porque la simple cesión, a los afectados, les parece demasiado. Los terrenos sobre los que se asientan sus casas y sus negocios fueron ganados al mar hace cien años. «Esta finca era de los padres de mi mujer. Cuando ellos fallecieron, nos quedamos con ella», explica Toñín. Años antes, desde la Administración se habían promovido concesiones administrativas destinadas a desecar marismas y zonas de ribera con el fin de destinarlas a tierra de cultivo. Durante décadas se trazaron diques y malecones, se desecaron los cierres, se parcelaron los terrenos... Cientos de familias ocuparon aquellas parcelas situadas por debajo del nivel del mar, construyeron sus casas y acondicionaron sus explotaciones. Muchos, con los años, promovieron otro tipo de negocios: pequeños talleres o pequeñas naves industriales. Todo se perderá en el año 2018.
En Cantabria, miles de personas están abocadas a afrontar esta pérdida. La Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), que agrupa a gran parte de ellos, habla de 1.200 empresas y 25.000 trabajadores, sin incluir las ganaderías. Semejante cifra no se refiere exclusivamente a los propietarios de terrenos ganados al mar que, con el tiempo, dieron a las fincas otros usos diferentes a los puramente agrícolas, sino también a cientos de naves industriales acondicionadas en polígonos que se asientan sobre rellenos de marismas, como el de Raos (Camargo) o el de Santoña, con todos sus trabajadores.
Toñín, Jesús y Luis no son los únicos afectados por la Ley de Costas. En otras zonas de España, como el Mediterráneo, la mayor amenaza recae sobre cientos de chiringuitos y establecimientos hosteleros a pie de playa, aunque no se ha generado tanto impacto en el sector industrial. En Cantabria, donde numerosos polígonos se acondicionaron sobre terrenos ganados al mar, la industria se verá muy directamente perjudicada.
Finca y casa
El municipio de Bárcena de Cicero, en la zona oriental de la región, es muy representativo de hasta dónde pueden llegar los efectos de esta medida. Muchos de sus vecinos son conscientes de en qué situación se encuentran. Jesús es un hombre que trabajó toda su vida como ganadero, aunque lleva un tiempo jubilado. Eso no le impide supervisar el negocio, dirigirlo y tomar algunas decisiones que le corresponden como empresario. Tiene 116 vacas.
«Cuando yo la alquilé en el año 1985 -se refiere a una finca de Cicero en la que vive y trabaja, pero que no es de su propiedad- no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», explica. Ahora, no sólo se ve abocado a dejar la explotación, sino también la casa que habita. «Vivimos en ella siete personas: cuatro hijos, la mujer mía, mi hermano y yo», dice. Todo ese terreno -«cuatro mil y pico carros»- quedará inundado.
Cuenta José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados y empresario cuya nave ocupa una vieja concesión en la Junta de Voto, que la Demarcación de Costas en Cantabria ya ha previsto cómo actuar cuando llegue la fecha. Sus propósitos aparecerían recogidos en el plan 'Santoña 2018', que contempla abrir diques, inundar terrenos y devolver algunas zonas de marisma a la situación previa a la construcción de la carretera Santoña-Cicero, que en su día dio origen a los cierres de Cicero, Gama y Escalante.
Luis, con dudas
Puede que, en efecto, los responsables de la Demarcación de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tengan claro el futuro. Quienes no lo ven claro son aquellos que, como Luis, nacieron y vivieron siempre en esas casas, y ahora se ven abocados a abandonarlas.
Luis tiene 22 años y echa una mano en la estabulación. Si opta por la ganadería, no podrá hacerlo en la finca en que la está hoy («muy buena y toda llana») y que «coge desde la carretera que va a Santoña hasta la vía». Luis cree que «los pájaros necesitan sitios de este tipo. Necesitan el ganado, para que esté el campo como está. Si lo abren, y es agua, no sirve ni para ellos». Algunas de las actuaciones de la Demarcación de Costas han provocado críticas por este motivo.
Igual que en la zona de Cicero en la que viven Jesús y Luis, en Treto también se desecaron fincas a raíz de las obras de construcción del ferrocarril entre Santander y Bilbao. De hecho, de abrirse aquellos diques, la vía misma correría peligro como consecuencia de la inundación de los terrenos. En ese área vive Toñín, que en los años setenta acondicionó un taller de reparación de maquinaria en el que hoy trabajan su hijo Luis y un empleado.
La primera escritura de propiedad data de 1913. La Ley de Costas sólo reconoce los derechos del primer concesionario, pero «¡Claro! Han pasado cien años y el que lo cerró ya no está».
«Esta concesión la solicitó un señor de Bilbao. El Estado se la concedió a perpetuidad, a condición de que la cerrara por su cuenta. Están dedicadas todas a la ganadería, menos la de Robert Bosch», explica. Esta factoría -antigua Femsa- es la principal fábrica de la zona, con un millar de obreros. Sus terrenos no serán inundados, pero sí todos los circundantes, lo que, a juicio de Toñín, amenaza de hecho su continuidad. Él mismo trabajó en ella.
«El tren, la tubería del Plan Asón, la tubería del teléfono, la línea de eléctrica de 15.000 voltios... todo pasa por aquí». Con esto, añade, «Robert Bosch cierra la fábrica y se la lleva a Túnez o Argelia de la noche a la mañana». Como Toñín, su hijo Luis también han sido mañoso con las máquinas. Tiene 39 años y ahora es él quien dirige el negocio. La situación le parece «una salvajada», porque «le quitan a la gente el modo de vivir». «Te estás haciendo aquí un futuro para el día de mañana y resulta que vienen y te lo quitan», lamenta.
Tiene un empleado con él, al que tratará de recolocar «porque lleva con nosotros diez años». Para él tiene pensadas «varias opciones», que irá valorando a medida que llegue la fecha. Una cosa es segura: el cierre del taller a partir del 29 de julio de 2018. Una fecha que a cualquiera parece lejana, pero que no lo es tanto para Toñín, Jesús y Luis, a quienes, si nadie lo evita, les pasará por encima el 'tsunami' de la Ley de Costas.
LAS CLAVES
Ley de Costas
Fue aprobada en 1988. El reglamento que la desarrolla se aprobó en diciembre de 1989. Estableció entonces que, en 30 años, todas las concesiones administrativas en el dominio público máritimo-terrestre caducarían
Dominio público
Durante los últimos 23 años, técnicos de Costas vienen realizando deslindes del dominio público marítimo-terrestre para determinar qué zonas se encuentran sometidas a la influencia de la marea
Concesiones administrativas
Todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán a los 30 años de la aprobación de la ley, es decir, en el año 2018.
Propiedades
Todas las propiedades incluidas en el dominio público se convertirán en concesiones administrativas al cumplirse el plazo de 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley. La vigencia máxima de tales concesiones queda establecida en otros 30 años.

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