Costas negocia permisos de uso con dueños de 50 chalés y otras edificaciones ubicadas en primera línea de playa
La aplicación de la Ley de Costas en La Manga y Cabo de Palos ha experimentado en las últimas semanas un nuevo avance, gracias a la tramitación de cincuenta expedientes relativos a construcciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre y que pueden acabar derribadas, demolidas sólo en parte -en su mayoría- o salvadas para los próximos treinta o sesenta años, gracias a permisos de uso derivados de los derechos adquiridos por los propietarios.
A través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino está inmerso en una fase del proceso de recuperación de las playas para el uso público, que tuvo como principal precedente los deslindes aplicados desde hace seis años para delimitar bien qué zona es pública.
La recolocación de mojones permitió establecer las franjas de servidumbre de acceso y tránsito, de seis metros a 20 de distancia al mar, y de protección, de hasta 100, y ahora se trata de ir caso por caso, decidiendo qué pasa con cada edificación.
Como la ley es de 1988, el trato es distinto para lo construido antes o después de esa fecha. Los dueños de construcciones previas pueden acogerse a concesiones de uso de treinta años, prorrogables otros treinta, mientras que el resto pasa a un procedimiento sancionador (multas), que puede desembocar en un derribo. Los cincuenta casos que aborda ya Costas están recogidos en un inventario de bienes integrado ya por trescientas propiedades repartidas por aproximadamente la mitad del litoral de la Región.
En total, según los cálculos de la Demarcación, el inventario tendrá unos seiscientos apuntes, en su mayoría referidos a La Manga, Cabo de Palos y Mazarrón.
Las viviendas individuales (sobre todo, chalés) destacan en el listado, que también incluye terrazas asociadas a esas casas, partes de edificios, muros, cerramientos, clubes náuticos, jardines y porciones de parcelas urbanizables.
El criterio de los responsables del Ministerio en la Región es otorgar las concesiones de uso para las construcciones previas a 1988, siempre que no obstaculicen la zona de tránsito, como ocurre con terrazas situadas en la parte de La Manga que da al Mar Menor, sobre todo en el término municipal de San Javier.
Un ejemplo es la zona cercana al Hotel Doblemar, donde hay un edificio que lleva ya casi cuatro décadas a medio construir.
Medio Ambiente ha ganado numerosos recursos judiciales contra los deslindes interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los afectados. Pero hacer efectiva la recuperación de las playas para el disfrute público es una batalla más lenta y complicada. En todo caso, Costas ha ido dando pasos en los últimos años con demoliciones, como las de siete viviendas en Los Urrutias, un muro de cerramiento en el Hotel Cavanna, un pantalán también en la playa del Cavanna o un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (pagó por el inmueble 12 millones de euros). Con esto último, tenía como objetivo acometer un proyecto de mejora ambiental en la zona de Playa Paraíso, que espera poner en marcha este año.
En otras zonas, como la playa de Marchamalo, ha habido tiras y aflojas con los dueños de bares y restaurantes, que se oponen a los precios de expropiación fijados por el Gobierno para construir un paseo marítimo. Y en el Vivero, entre Puerto Bello y las salinas de Marchamalo, la victoria judicial de Costas respecto al nuevo deslinde fue sólo un triunfo parcial, puesto que los promotores de una urbanización lograron del Ayuntamiento de Cartagena compensaciones en altura y, por lo tanto, podrán levantar torres de pisos.
Son ejemplos de la complicada aplicación de la ley de Costas en los 272 kilómetros de litoral regional, donde siguen al rojo vivo conflictos como el de las casas del poblado marinero de Puntas de Calnegre, en el término de Lorca, donde la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad busca evitar derribos a los que ponen pegas las autoridades locales.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/comarcas/lenta-batalla-contra-playas-20110207.html
La aplicación de la Ley de Costas en La Manga y Cabo de Palos ha experimentado en las últimas semanas un nuevo avance, gracias a la tramitación de cincuenta expedientes relativos a construcciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre y que pueden acabar derribadas, demolidas sólo en parte -en su mayoría- o salvadas para los próximos treinta o sesenta años, gracias a permisos de uso derivados de los derechos adquiridos por los propietarios.
A través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino está inmerso en una fase del proceso de recuperación de las playas para el uso público, que tuvo como principal precedente los deslindes aplicados desde hace seis años para delimitar bien qué zona es pública.
La recolocación de mojones permitió establecer las franjas de servidumbre de acceso y tránsito, de seis metros a 20 de distancia al mar, y de protección, de hasta 100, y ahora se trata de ir caso por caso, decidiendo qué pasa con cada edificación.
Como la ley es de 1988, el trato es distinto para lo construido antes o después de esa fecha. Los dueños de construcciones previas pueden acogerse a concesiones de uso de treinta años, prorrogables otros treinta, mientras que el resto pasa a un procedimiento sancionador (multas), que puede desembocar en un derribo. Los cincuenta casos que aborda ya Costas están recogidos en un inventario de bienes integrado ya por trescientas propiedades repartidas por aproximadamente la mitad del litoral de la Región.
En total, según los cálculos de la Demarcación, el inventario tendrá unos seiscientos apuntes, en su mayoría referidos a La Manga, Cabo de Palos y Mazarrón.
Las viviendas individuales (sobre todo, chalés) destacan en el listado, que también incluye terrazas asociadas a esas casas, partes de edificios, muros, cerramientos, clubes náuticos, jardines y porciones de parcelas urbanizables.
El criterio de los responsables del Ministerio en la Región es otorgar las concesiones de uso para las construcciones previas a 1988, siempre que no obstaculicen la zona de tránsito, como ocurre con terrazas situadas en la parte de La Manga que da al Mar Menor, sobre todo en el término municipal de San Javier.
Un ejemplo es la zona cercana al Hotel Doblemar, donde hay un edificio que lleva ya casi cuatro décadas a medio construir.
Medio Ambiente ha ganado numerosos recursos judiciales contra los deslindes interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los afectados. Pero hacer efectiva la recuperación de las playas para el disfrute público es una batalla más lenta y complicada. En todo caso, Costas ha ido dando pasos en los últimos años con demoliciones, como las de siete viviendas en Los Urrutias, un muro de cerramiento en el Hotel Cavanna, un pantalán también en la playa del Cavanna o un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (pagó por el inmueble 12 millones de euros). Con esto último, tenía como objetivo acometer un proyecto de mejora ambiental en la zona de Playa Paraíso, que espera poner en marcha este año.
En otras zonas, como la playa de Marchamalo, ha habido tiras y aflojas con los dueños de bares y restaurantes, que se oponen a los precios de expropiación fijados por el Gobierno para construir un paseo marítimo. Y en el Vivero, entre Puerto Bello y las salinas de Marchamalo, la victoria judicial de Costas respecto al nuevo deslinde fue sólo un triunfo parcial, puesto que los promotores de una urbanización lograron del Ayuntamiento de Cartagena compensaciones en altura y, por lo tanto, podrán levantar torres de pisos.
Son ejemplos de la complicada aplicación de la ley de Costas en los 272 kilómetros de litoral regional, donde siguen al rojo vivo conflictos como el de las casas del poblado marinero de Puntas de Calnegre, en el término de Lorca, donde la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad busca evitar derribos a los que ponen pegas las autoridades locales.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/comarcas/lenta-batalla-contra-playas-20110207.html
Veamos el asunto con calma. El ministerio, otorga las concesiones(que luego recupera en la mayoría de los caso al año) compra los terrenos" que ya son dominio público",NEGOCIA con los propietarios.........
¿QUE LEY DE COSTAS APLICARON EN CHO VITO?.
¿QUE VERSIÓN DE LA LEY APLICARAN EN EL GOLFO, EN EL CALETON O EN BOCACANGREJO?
¿TENDRÁ ALGO QUE VER, QUE SON CHALETS,PANTALANES, Y EMBARCADEROS Y NO CASAS HUMILDES?
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