Donde, por cierto, siempre ha
estado, y continúa, en el asunto de las viviendas de Hoya Pozuelo que
presuntamente invaden terrenos de la servidumbre de protección, porque,
incomprensiblemente, para bajar esa del tejado no se encuentran otras en
el Gobierno Canario que suban a por ella, ya que la escalera lleva años
preparada, oxidándose o apolillándose.
El Gobierno de Canarias tiene la pelota
en su tejado, y para bajarla tampoco hace falta un acto público de contrición
ni hacerse el harakiri en la Plaza Weyler, o en la Plaza Santa Ana, que lo
mismo daría. No hace falta pasar por ningún acto que implique renegar de sus
convicciones, para con ello evitar el improbable ridículo, sino pura y
simplemente un acto (¡un valiente acto!) de revisión de los erróneos datos
técnicos que llevaron a sus Resoluciones, sobre todo a las producidas en la
génesis del problema, y que, cual bola de nieve, fueron autoalimentándose hasta
formar el enorme procedimiento administrativo que, por no haberse actuado
con rigor desde el principio, derivó en procedimientos judiciales y sentencias
basadas en errores garrafales.
Exacto, errores garrafales procedentes
todos de las mismas fuentes, organismos cuyos informes están más acordes con un
fundamentalismo gremial que con la objetiva lectura, interpretación y
aplicación de cada Ley en cada momento en que estuvo en vigor, organismos
ávidos de ostentar poder en la mayor extensión posible de terrenos costeros,
sosteniendo a ultranza que la línea de mojones que marcan el dpmt es desde
donde hay que medir. Pero resulta que en ningún caso, afortunadamente, la Ley
deja al albur de criterios de los técnicos la señalización de ciertas
líneas-madre. En absoluto, muy al contrario, la Ley es clara, y además está
redactada en idioma español, que todos los que tienen ciertas
responsabilidades, y por ende estudios, se supone que deben dominar.
Ni los compradores afectados ni
cualquier ciudadano medianamente informado y con sus entendederas en perfecto
estado puede comprender que no intervenga el Gobierno de Canarias, titular de
las competencias en esa zona conflictiva, y el único Órgano que por ostentar en
exclusiva el Poder Ejecutivo en el ámbito de sus competencias, puede realmente
solucionar de una y definitiva vez una situación que lleva década y media
esperando que se ejerza, desde la atalaya del sentido común, la autoridad de la
que está investido.
El Gobierno de Canarias, al entrar en
vigor la Ley de Costas de 1988, no tiene en cuenta e ignora que la medición de
los 100 metros hay que efectuarla desde la misma línea que la zona de
salvamento de 20 metros prevista en la Ley anterior, y que hay que considerar
la servidumbre de protección como ampliación de la de salvamento, pues hasta en
el mismo preámbulo de la Ley de 1988, que es el texto donde se expone y
justifica la filosofía de la misma, se menciona que "...(la Ley) configura
la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad
específica que indica su denominación, como una servidumbre de protección del
citado dominio..." (el subrayado es nuestro), luego está
extraordinariamente claro, señoras y señores, desde qué línea hay que medir. E
igualmente claro está que si se mide desde esa línea no hay viviendas dentro de
la zona de servidumbre de protección, ni siquiera presuntamente.
Señores del Gobierno de Canarias,
excelentísimos e ilustrísimos, tengan en cuenta que no se pretende trato de
favor alguno, sino que solamente se pretende (y clama al Cielo que haya que
pedirlo), que se emplee estrictamente la Ley aplicable al caso, rigurosamente,
sin excepciones, beneficios, gangas, canongías, provechos ni prebendas.
¿Que qué ocurrirá entonces con las
numerosas sentencias habidas desde diversas instancias?. Pues jurisconsultos
habrá que señalen las tareas a realizar sobre el particular, aunque ello
acarree sonoras reprimendas a los señores del Gobierno, que deberán arrostrar
estoicamente, pero con el noble fin de deshacer enormes entuertos que
llevan década y media sin que la autoridad en la materia, el Gobierno de
Canarias, eche al asunto las ídem necesarias para bajar del tejado esa pelota.
Y en última instancia, pues que ocurra lo mismo que con otras sentencias,
que pasaron al estado de hibernación, o de imposible cumplimiento, en este caso
"por no haber caso", valga la redundancia, ya que no hay invasión
alguna de la zona de servidumbre de protección, diga lo contrario quien lo
diga.
Es probable que el Gobierno de Canarias
lleve tanto tiempo dándole vueltas a este asunto, poniéndose de perfil y
mirando para otro lado, porque sea muy fuerte el deseo de no hacer el ridículo
que supuestamente supondría abdicar de tanta afirmación contraria y demonizadora
como se ha vertido desde algunos estamentos oficiales, empezando por la ínclita
y pomposa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con algún talibán
en su plantilla.
Ha sido muy reconfortante leer en la
crónica del juicio que se desarrolla en estos días, cómo el reputado jurista
Normando Moreno y el prestigioso topógrafo Enrique de Vidania, al deponer como
testigos el pasado día 28, hicieron las mismas afirmaciones que servidor viene
defendiendo desde que surgió el problema, lejano ya en el tiempo, aunque ha
sido una defensa en solitario, estéril, como predicando en el desierto. Por eso
ahora llamo directamente a la puerta del Gobierno canario. ¡Atiendan, carallo!.
Atiendan y actúen de una vez para que se emprendan nuevas actuaciones y
distintas de las anteriores, con rigor, respetando la literalidad de la Ley.
Señores: agarren la Ley de Costas de
1969 (en vigor en la época de los hechos), los instrumentos de medición
precisos, el Anuario de Mareas correspondiente y un reloj, y "bajen a la
arena", bueno, en este caso "a la orilla", y por todo el
santoral de todas las confesiones del mundo que llegarán a la conclusión de que
tienen que dejar tranquilas a las viviendas al no invadir éstas terreno alguno
de la servidumbre de protección, porque si no lo hacen no van a necesitar
tractor alguno para derribarlas, de tanto tira y afloja con ellas, y sus
conciencias nunca descansarán.
No es correcto afirmar, como lo hizo el
entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Sr. Berriel, año
2007, y actual Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial, que "no ve salida política al derribo de los dúplex de Hoya
Pozuelo". ¡Claro que existe salida política!. Los técnicos miden, pero los
políticos pueden ordenar a los técnicos desde dónde tienen que medir, en
estricta aplicación de la Ley en vigor en cada momento. Esa intervención de los
políticos ordenando a los técnicos desde dónde tienen que medir es la
"salida política" que "no veía" el Sr. Berriel. ¡Claro que
hay salida política!. Esta debió ser su intervención, para la que todavía está
a tiempo, y no la de informar a la Cámara que "la responsabilidad del
quebranto es del promotor por construir ilegalmente en la zona, por lo que
deberá cumplir e indemnizar a los vecinos afectados". No era ese su papel.
Después de la perorata, descansó.
Las susodichas viviendas están, las
pobres, en medio de una enorme maraña de políticos timoratos, técnicos
incompetentes y desorientados, algún que otro director justiciero y también
alguna mano negra interesada en hacerlas sucumbir, aderezado todo con posibles
enredos políticos. Menos mal que también, al parecer, cuentan con la ayuda de
una especie de hálito misterioso que las lleva manteniendo en pie, década y
media ya, a la espera de que el Gobierno de Canarias se llene de sentido común,
de voluntad política y de los arrestos suficientes para acabar con la
desesperante situación. Salida política hay, ¡vaya si la hay!. ¿A qué
espera?
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/pelota-tejado-Gobierno-canario_6_352824743.html
