La moción que presentó tuvo el apoyo de todos menos el de Alternativa Si Se Puede
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE
Victoria clara, nunca mejor dicho, del PP de Tacoronte en el último pleno. El dinamismo de esta formación política contrasta con la parálisis de CC, que solamente se preocupa de saber quien va a suceder a Hermógenes Acosta y como sabotear el desembarco de Dulce Xerach, la desorientación del PSC-PSOE y los absurdos virajes de Alternativa Si Se Puede, que un día incendia el pueblo y al día siguiente ejerce de bombero.
Hablamos de una moción con miga. Se trata de salvar el núcleo costero del Prix. Veinte viviendas de vecinos humildes que van a ser expropiadas y luego destruidas por la demarcación de Costas. Ha sido un proceso largo y de manera inexplicable tanto el alcalde como el Cabildo como el Gobierno de Canarias no han movido ficha para sacar esto adelante.
El grupo municipal del PP y especialmente la concejala Victoria Castro Padrón, que ha asumido como propias las reivindicaciones de los afectados, han tenido serias dificultades, incomprensibles para sacarla adelante. La primera vez que se llevó, se quedó sobre la mesa. La segunda fue el propio alcalde, al que parece no le importa que la pala se lleve estas casas, el que firmó un decreto para que no se adjuntará al orden del día y en el último pleno se pudo discutir y sacar adelante con los votos a favor de CC-PNC y PSC-PSOE y el voto en contra del edil de Alternativa Si Se Puede, José Casanova, que como al alcalde, no le importa mucho la suerte de estas veinte familias.
Pero el debate no fue fácil. La concejala del PP le recordó al grupo de gobierno que Cabildo y Gobierno habían apoyado la defensa de los núcleos costeros y no entendía este pasotismo con esta zona de la costa del municipio de Tacoronte, donde si se había visto a Hermógenes inquieto por el ya fracasado puerto del famoso José Ana Pérez Labajos.
Victoria les dio una buena estocada a los nacionalistas y dejó claro que no se habían tomado en serio este problema y dudó que el grupo de gobierno hubiese presentado alegaciones al expediente que tramita Costas. No entendió los argumentos de Casanova, que aseguraba que no había afecciones y lo dejó muerto en la bañera al sacar información que le habían dado en la Demarcación donde se ponía sobre la mesa la realidad. Lo impresionante es que sea la concejala del PP, en la oposición, la que le haga el trabajo al grupo de gobierno.
Los datos son éstos, para consternación de todos los grupos políticos: 20 afecciones, de las cuales a 15 se les indemniza a todas en general, con 91.000 euros y el resto, nada de nada. Y mostraba un mapa con toda esa información precisa. Y estaba claro que había que hacer algo y pronto. El PP de Tacoronte con el oído en la calle les dio a todos una lección política. Y la moción, como no, salió adelante. A ver que decide Costas, aunque con la pasividad del alcalde, ya con un pie fuera, los populares temen lo peor.
El texto de la moción
La misma se encabezó así: “moción que presenta el Grupo Popular en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en Canarias que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos”.
Su exposición de motivos señalaba que, “el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Precisamente en esa fecha, el Grupo Socialista anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley por parte de la Abogacía del Estado en representación del Presidente del Gobierno de España. Recurso que se sustanció posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión del Gobierno del Estado se suma a la política de impugnaciones que viene reiterando contra los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que en el ejercicio de las competencias de planeamiento en el litoral de la Comunidad Autónoma reconocieron la condición de áreas urbanas a distintos asentamientos en dichos ámbitos. Con estas determinaciones del Estado, indudablemente amparadas por sus potestades pero claramente lesivas para los intereses ciudadanos de quienes residen en áreas urbanas en el litoral del archipiélago, se prolonga si en una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los derechos patrimoniales que le son propios a los enclaves urbanos y costeros.
Y así el Gobierno de España y la formación política que lo sostiene confirma una vez más su afán por interpretar de forma restrictiva, exorbitante y ajena a la realidad canaria la Ley de Costas, impidiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias proyecte un desarrollo sostenible y equilibrado que combine con inteligencia la protección ambiental y los usos humanos tradicionales de este litoral.
“Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”, dijo el filósofo inglés John Locke y es en este punto donde el Gobierno de España tropieza una y otra vez; en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en Canarias sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental deben perdurar en el tiempo.
Porque las áreas urbanas costeras de Canarias representan en general no sólo zonas de interés derivado de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural sino también por tratarse de comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección, sin perjuicio de que resulte necesario depurar situaciones de ocupación clandestina, como chabolismo y otras formas que se apartan de los valores tradiciones y de legitimidad a que nos referimos, y que en modo alguno se ha pretendido amparar con normas o resoluciones de nuestro autogobierno.
Sin embargo, la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España viene abocando con sus recursos a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su restricción al reconocimiento de las competencias urbanísticas, de ordenación del territorio y de los recursos naturales, conferidas a nuestra Comunidad Autónoma, y que desde luego se proyectan también al litoral. Así viene sucediendo, con la negativa a aceptar las consideraciones fácticas reconocidas por la jurisprudencia en relación con las áreas urbanas, de suficiente consolidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que tras las oportunas comprobaciones han constituido la base de las resoluciones de la COTMAC.
Y en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, planteado por el Presidente del Gobierno del Estado, se agrava aún más la prolongación de la situación de inseguridad e incertidumbre de los habitantes de los enclaves urbanos costeros, por cuanto el Estado, al prevalecer de la potestad de suspensión cautelar de la legislación autonómica que le otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, logró temporalmente su inaplicación. Suspensión esta que ha sido en gran parte levantada mediante el Auto del TC 277/2009 de 10 de diciembre, que si bien mantiene la suspensión del artículo primero de la Ley7/2009.
No obstante, con interesante argumento sobre las potestades de nuestro autogobierno, resolvió levantar la suspensión de los dos tercios del contenido de la expresada norma y nos permite confiar en que los aspectos aún suspendidos tendrán una resolución favorable a nuestras tesis, por el Tribunal Constitucional.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al analizar la suspensión del artículo 2 de nuestra ley autonómica relativo a las previsiones de fijación por la Comunidad Autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre ha considerado que ello no supone como sostenía el Estado una menor protección del dominio marítimo terrestre y sus zonas colindantes, que la que ofrece la legislación de costas, ponderando los intereses en presencia procedió así el levantamiento de la suspensión de dicho precepto de nuestra ley.
Y respecto artículo 3 en relación con el mandato a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para formular un censo de edificaciones que, ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, tuvieran un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, considera que no tienen porque resultar incompatibles con las “razones de interés público” ni de protección de los valores medioambientales del dominio público marítimo terrestre que persigue la Ley de Costas para proceder a su legalización, levantando la suspensión y por tanto adquiriendo plena vigencia nuestra ley autonómica”.
Tres fueron los acuerdos adoptados y aprobados:
1. El Ayuntamiento de Tacoronte se pronuncia en favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
2. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
3. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de Tenerife, así como la preservación
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia40127.php
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Victoria clara, nunca mejor dicho, del PP de Tacoronte en el último pleno. El dinamismo de esta formación política contrasta con la parálisis de CC, que solamente se preocupa de saber quien va a suceder a Hermógenes Acosta y como sabotear el desembarco de Dulce Xerach, la desorientación del PSC-PSOE y los absurdos virajes de Alternativa Si Se Puede, que un día incendia el pueblo y al día siguiente ejerce de bombero.
Hablamos de una moción con miga. Se trata de salvar el núcleo costero del Prix. Veinte viviendas de vecinos humildes que van a ser expropiadas y luego destruidas por la demarcación de Costas. Ha sido un proceso largo y de manera inexplicable tanto el alcalde como el Cabildo como el Gobierno de Canarias no han movido ficha para sacar esto adelante.
El grupo municipal del PP y especialmente la concejala Victoria Castro Padrón, que ha asumido como propias las reivindicaciones de los afectados, han tenido serias dificultades, incomprensibles para sacarla adelante. La primera vez que se llevó, se quedó sobre la mesa. La segunda fue el propio alcalde, al que parece no le importa que la pala se lleve estas casas, el que firmó un decreto para que no se adjuntará al orden del día y en el último pleno se pudo discutir y sacar adelante con los votos a favor de CC-PNC y PSC-PSOE y el voto en contra del edil de Alternativa Si Se Puede, José Casanova, que como al alcalde, no le importa mucho la suerte de estas veinte familias.
Pero el debate no fue fácil. La concejala del PP le recordó al grupo de gobierno que Cabildo y Gobierno habían apoyado la defensa de los núcleos costeros y no entendía este pasotismo con esta zona de la costa del municipio de Tacoronte, donde si se había visto a Hermógenes inquieto por el ya fracasado puerto del famoso José Ana Pérez Labajos.
Victoria les dio una buena estocada a los nacionalistas y dejó claro que no se habían tomado en serio este problema y dudó que el grupo de gobierno hubiese presentado alegaciones al expediente que tramita Costas. No entendió los argumentos de Casanova, que aseguraba que no había afecciones y lo dejó muerto en la bañera al sacar información que le habían dado en la Demarcación donde se ponía sobre la mesa la realidad. Lo impresionante es que sea la concejala del PP, en la oposición, la que le haga el trabajo al grupo de gobierno.
Los datos son éstos, para consternación de todos los grupos políticos: 20 afecciones, de las cuales a 15 se les indemniza a todas en general, con 91.000 euros y el resto, nada de nada. Y mostraba un mapa con toda esa información precisa. Y estaba claro que había que hacer algo y pronto. El PP de Tacoronte con el oído en la calle les dio a todos una lección política. Y la moción, como no, salió adelante. A ver que decide Costas, aunque con la pasividad del alcalde, ya con un pie fuera, los populares temen lo peor.
El texto de la moción
La misma se encabezó así: “moción que presenta el Grupo Popular en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en Canarias que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos”.
Su exposición de motivos señalaba que, “el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Precisamente en esa fecha, el Grupo Socialista anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley por parte de la Abogacía del Estado en representación del Presidente del Gobierno de España. Recurso que se sustanció posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión del Gobierno del Estado se suma a la política de impugnaciones que viene reiterando contra los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que en el ejercicio de las competencias de planeamiento en el litoral de la Comunidad Autónoma reconocieron la condición de áreas urbanas a distintos asentamientos en dichos ámbitos. Con estas determinaciones del Estado, indudablemente amparadas por sus potestades pero claramente lesivas para los intereses ciudadanos de quienes residen en áreas urbanas en el litoral del archipiélago, se prolonga si en una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los derechos patrimoniales que le son propios a los enclaves urbanos y costeros.
Y así el Gobierno de España y la formación política que lo sostiene confirma una vez más su afán por interpretar de forma restrictiva, exorbitante y ajena a la realidad canaria la Ley de Costas, impidiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias proyecte un desarrollo sostenible y equilibrado que combine con inteligencia la protección ambiental y los usos humanos tradicionales de este litoral.
“Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”, dijo el filósofo inglés John Locke y es en este punto donde el Gobierno de España tropieza una y otra vez; en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en Canarias sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental deben perdurar en el tiempo.
Porque las áreas urbanas costeras de Canarias representan en general no sólo zonas de interés derivado de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural sino también por tratarse de comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección, sin perjuicio de que resulte necesario depurar situaciones de ocupación clandestina, como chabolismo y otras formas que se apartan de los valores tradiciones y de legitimidad a que nos referimos, y que en modo alguno se ha pretendido amparar con normas o resoluciones de nuestro autogobierno.
Sin embargo, la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España viene abocando con sus recursos a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su restricción al reconocimiento de las competencias urbanísticas, de ordenación del territorio y de los recursos naturales, conferidas a nuestra Comunidad Autónoma, y que desde luego se proyectan también al litoral. Así viene sucediendo, con la negativa a aceptar las consideraciones fácticas reconocidas por la jurisprudencia en relación con las áreas urbanas, de suficiente consolidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que tras las oportunas comprobaciones han constituido la base de las resoluciones de la COTMAC.
Y en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, planteado por el Presidente del Gobierno del Estado, se agrava aún más la prolongación de la situación de inseguridad e incertidumbre de los habitantes de los enclaves urbanos costeros, por cuanto el Estado, al prevalecer de la potestad de suspensión cautelar de la legislación autonómica que le otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, logró temporalmente su inaplicación. Suspensión esta que ha sido en gran parte levantada mediante el Auto del TC 277/2009 de 10 de diciembre, que si bien mantiene la suspensión del artículo primero de la Ley7/2009.
No obstante, con interesante argumento sobre las potestades de nuestro autogobierno, resolvió levantar la suspensión de los dos tercios del contenido de la expresada norma y nos permite confiar en que los aspectos aún suspendidos tendrán una resolución favorable a nuestras tesis, por el Tribunal Constitucional.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al analizar la suspensión del artículo 2 de nuestra ley autonómica relativo a las previsiones de fijación por la Comunidad Autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre ha considerado que ello no supone como sostenía el Estado una menor protección del dominio marítimo terrestre y sus zonas colindantes, que la que ofrece la legislación de costas, ponderando los intereses en presencia procedió así el levantamiento de la suspensión de dicho precepto de nuestra ley.
Y respecto artículo 3 en relación con el mandato a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para formular un censo de edificaciones que, ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, tuvieran un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, considera que no tienen porque resultar incompatibles con las “razones de interés público” ni de protección de los valores medioambientales del dominio público marítimo terrestre que persigue la Ley de Costas para proceder a su legalización, levantando la suspensión y por tanto adquiriendo plena vigencia nuestra ley autonómica”.
Tres fueron los acuerdos adoptados y aprobados:
1. El Ayuntamiento de Tacoronte se pronuncia en favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
2. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
3. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de Tenerife, así como la preservación
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