La Audiencia Nacional tramita tres contenciosos contra el organismo promovido por 35 propietarios. Un informe demuestra que el pueblo era urbano antes de la nueva Ley
NOÉ RAMÓN El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural está remitiendo escritos a cerca de 200 vecinos de Igueste de San Andrés con el fin de que se personen en el recurso contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Langa y 35 vecinos de este caserío en contra del deslinde fijado para este tramo del litoral por la Dirección General de Costas. El Gobierno central ha remitido este escrito a todos los propietarios que se encuentran dentro del dominio público cuya zona de servidumbre ha sido fijada en 100 metros de anchura.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación y por lo tanto han visto reducido de forma notable su valor catastral. Paralelamente, en las viviendas se imponen fuertes restricciones para la realización de obras. Además, en caso de que se planificara una obra de interés general para este enclave como puede ser un paseo marítimo las propiedades tendrían que ser expropiadas.
En este requerimiento que está llegando a los vecinos de Igueste y que está firmado por la jefa del servicio de actuación administrativa, Josefina Martín Limiñana, se informa que los interesados tienen nueve días para personarse en este contencioso. El objetivo de los vecinos es que en el litoral de Igueste se fije una zona de servidumbre de 20 metros de ancho con lo cual no habría afecciones sobre la mayor parte de estas propiedades.
El abogado consiguió un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que data del año 2002 a través del cual se demostraría que este caserío tenía ya en el año 1988, cuando se aprobó la nueva ley, características de urbano. De esta manera será posible que la zona de servidumbre pase de los 100 a los 20 metros de ancho. En este informe firmado por el arquitecto, Fermín García y el técnico, Jesús Villodres, se ratifica que en esa fecha Igueste de San Andrés contaba con el servicio de suministro de agua, electricidad, acceso rodado y el suficiente grado de consolidación urbanística como para no ser considerado un caserío rural. Además, el propio Catastro empezará este año a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el tipo máximo que corresponde al suelo urbano. En estos momentos hay presentado tres recursos firmados por 35 vecinos de los 200 afectados, que tienen igual contenido. El objetivo es que todos se sumen al contencioso. En el informe al que ahora ha tenido acceso el abogado, fue enviado en el año 2002 a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dado que por esas fechas se estaba procediendo a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
"Si el documento hubiese sido enviado a la Dirección General de Costas nos habríamos ahorrado el disgusto, porque la clave es demostrar que el suelo de Igueste es urbano. A partir de ahí no habrá ningún problema para cambiar el deslinde", dijo Langa. Para el abogado este informe es "básico y fundamental" para solucionar el conflicto que mantiene en vilo a todo el pueblo. "Ahora queda claro que el principal culpable en este problema es el Ayuntamiento, después el Cabildo y luego el Gobierno canario. Curiosamente Costas es el organismo que menos responsabilidades tiene ya que se limitó a fijar el deslinde según la documentación que en aquellos momentos estaba en su poder". En el caso de los caseríos de Anaga, Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga el informe elaborado por el Ayuntamiento demostró todo lo contrario a lo que pretendían los vecinos y así lo ratificó la Audiencia Nacional que rechazó su recurso en contra del deslinde. En estos momentos hay otro contencioso abierto por Costas para anular la decisión de la Cotmac de declarar como urbano el suelo de Igueste y que está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El mamotreto, en la Cámara
El pleno del Parlamento de Canarias que se celebra el próximo martes abordará una pregunta de la diputada regional socialista , Gloria Gutiérrez, a través de la cual quiere que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ratifique en la Cámara si considera que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto es legalizable. Berriel ha hecho estas manifestaciones en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y ahora el PSOE quiere que lo ratifique también en el Parlamento. La juez que instruye la causa penal conocida como caso mamotreto, Juana María Hernández, emitió este verano un auto a través del cual considera que este edificio "no era autorizable" y avaló que las obras que se realizaron en Las Teresitas no contaron con ningún tipo de permiso.
Berriel ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno canario trabaja en la línea de conceder la licencia al edificio que ejecutó el Ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión en la que el mamotreto es debatido en el Parlamento. En la primera el enfrentamiento entre Berriel y Gutiérrez, -en el que terció el alcalde y diputado, Miguel Zerolo-, resultó muy acalorado por el cruce de graves acusaciones.
Más recursos en la playa
La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha presentado otro nuevo recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. En estos momentos ya son cinco las apelaciones que se tramitan en la Audiencia Nacional por este mismo motivo. Los otros han sido interpuestos por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas, un grupo de militantes socialistas y la Gerencia de Urbanismo y el Gobierno de Canarias.
El portavoz de la Plataforma, Cándido Quintana, señaló ayer que en esta nueva demanda cuestionan el estudio geomorfológico elaborado por la Dirección General de Costas para avalar el nuevo deslinde. Quintana arremete especialmente con el hecho de que el organismo estatal dejara fuera de esta línea al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.
Según Quintana estas pruebas se realizaron en un kiosco cercano al edificio y no en sus alrededores. El colectivo no considera razonable que la línea del deslinde salve el inmueble, máxime cuando se trata de una playa llana sin accidentes naturales. También han aportado ante la Audiencia pruebas fotográficas donde se ve que el agua inundaba el campo de fútbol que anteriormente se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el mamotreto.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/13/costas-llama-200-vecinos-igueste-nuevo-deslinde/319484.html
NOÉ RAMÓN El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural está remitiendo escritos a cerca de 200 vecinos de Igueste de San Andrés con el fin de que se personen en el recurso contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Langa y 35 vecinos de este caserío en contra del deslinde fijado para este tramo del litoral por la Dirección General de Costas. El Gobierno central ha remitido este escrito a todos los propietarios que se encuentran dentro del dominio público cuya zona de servidumbre ha sido fijada en 100 metros de anchura.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación y por lo tanto han visto reducido de forma notable su valor catastral. Paralelamente, en las viviendas se imponen fuertes restricciones para la realización de obras. Además, en caso de que se planificara una obra de interés general para este enclave como puede ser un paseo marítimo las propiedades tendrían que ser expropiadas.
En este requerimiento que está llegando a los vecinos de Igueste y que está firmado por la jefa del servicio de actuación administrativa, Josefina Martín Limiñana, se informa que los interesados tienen nueve días para personarse en este contencioso. El objetivo de los vecinos es que en el litoral de Igueste se fije una zona de servidumbre de 20 metros de ancho con lo cual no habría afecciones sobre la mayor parte de estas propiedades.
El abogado consiguió un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que data del año 2002 a través del cual se demostraría que este caserío tenía ya en el año 1988, cuando se aprobó la nueva ley, características de urbano. De esta manera será posible que la zona de servidumbre pase de los 100 a los 20 metros de ancho. En este informe firmado por el arquitecto, Fermín García y el técnico, Jesús Villodres, se ratifica que en esa fecha Igueste de San Andrés contaba con el servicio de suministro de agua, electricidad, acceso rodado y el suficiente grado de consolidación urbanística como para no ser considerado un caserío rural. Además, el propio Catastro empezará este año a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el tipo máximo que corresponde al suelo urbano. En estos momentos hay presentado tres recursos firmados por 35 vecinos de los 200 afectados, que tienen igual contenido. El objetivo es que todos se sumen al contencioso. En el informe al que ahora ha tenido acceso el abogado, fue enviado en el año 2002 a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dado que por esas fechas se estaba procediendo a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
"Si el documento hubiese sido enviado a la Dirección General de Costas nos habríamos ahorrado el disgusto, porque la clave es demostrar que el suelo de Igueste es urbano. A partir de ahí no habrá ningún problema para cambiar el deslinde", dijo Langa. Para el abogado este informe es "básico y fundamental" para solucionar el conflicto que mantiene en vilo a todo el pueblo. "Ahora queda claro que el principal culpable en este problema es el Ayuntamiento, después el Cabildo y luego el Gobierno canario. Curiosamente Costas es el organismo que menos responsabilidades tiene ya que se limitó a fijar el deslinde según la documentación que en aquellos momentos estaba en su poder". En el caso de los caseríos de Anaga, Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga el informe elaborado por el Ayuntamiento demostró todo lo contrario a lo que pretendían los vecinos y así lo ratificó la Audiencia Nacional que rechazó su recurso en contra del deslinde. En estos momentos hay otro contencioso abierto por Costas para anular la decisión de la Cotmac de declarar como urbano el suelo de Igueste y que está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El mamotreto, en la Cámara
El pleno del Parlamento de Canarias que se celebra el próximo martes abordará una pregunta de la diputada regional socialista , Gloria Gutiérrez, a través de la cual quiere que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ratifique en la Cámara si considera que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto es legalizable. Berriel ha hecho estas manifestaciones en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y ahora el PSOE quiere que lo ratifique también en el Parlamento. La juez que instruye la causa penal conocida como caso mamotreto, Juana María Hernández, emitió este verano un auto a través del cual considera que este edificio "no era autorizable" y avaló que las obras que se realizaron en Las Teresitas no contaron con ningún tipo de permiso.
Berriel ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno canario trabaja en la línea de conceder la licencia al edificio que ejecutó el Ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión en la que el mamotreto es debatido en el Parlamento. En la primera el enfrentamiento entre Berriel y Gutiérrez, -en el que terció el alcalde y diputado, Miguel Zerolo-, resultó muy acalorado por el cruce de graves acusaciones.
Más recursos en la playa
La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha presentado otro nuevo recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. En estos momentos ya son cinco las apelaciones que se tramitan en la Audiencia Nacional por este mismo motivo. Los otros han sido interpuestos por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas, un grupo de militantes socialistas y la Gerencia de Urbanismo y el Gobierno de Canarias.
El portavoz de la Plataforma, Cándido Quintana, señaló ayer que en esta nueva demanda cuestionan el estudio geomorfológico elaborado por la Dirección General de Costas para avalar el nuevo deslinde. Quintana arremete especialmente con el hecho de que el organismo estatal dejara fuera de esta línea al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.
Según Quintana estas pruebas se realizaron en un kiosco cercano al edificio y no en sus alrededores. El colectivo no considera razonable que la línea del deslinde salve el inmueble, máxime cuando se trata de una playa llana sin accidentes naturales. También han aportado ante la Audiencia pruebas fotográficas donde se ve que el agua inundaba el campo de fútbol que anteriormente se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el mamotreto.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/13/costas-llama-200-vecinos-igueste-nuevo-deslinde/319484.html
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