José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y abogado que defiende los derechos de los vecinos afectados en Igueste de San Andrés por la aplicación de la Ley de Costas, afirmó ayer que confía en que la Audiencia Nacional “dé la razón” a sus argumentaciones y, por tanto, que “el deslinde que se ha practicado y la servidumbre de protección de 100 metros” se reduzca “a 20 metros”.
El letrado hizo estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS tras una rueda de prensa en la que acompañó a la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, invitada por el Centro Canario Nacionalista (CCN), quien demandó que “la Ley de Costas tiene que ser modificada principalmente para que se tenga en cuenta la insularidad de Canarias”, donde residen alrededor de 160.000 personas afectadas por esta normativa.
Por ello, el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago anunció que en la próxima legislatura, en la que “toca la modificación del Estatuto de Autonomía”, pedirá “las competencias plenas” en costas para el Gobierno regional. “Si no se piden las competencias, jamás tendrán capacidad de ordenar las islas a nivel urbanístico y ser dueños de su territorio”, añadió Del Amo.
Para Langa, Igueste de San Andrés no corre el peligro de convertirse en un nuevo Cho Vito, puesto que en el recurso presentado en la Audiencia Nacional “se está demostrando que Igueste cuenta con todos los servicios y todos los requisitos que exige la ley para ser considerado núcleo de población urbano consolidado”. Así, al contrario que con el poblado de Cho Vito, donde se aplicó la Ley con carácter retroactivo, este barrio de Anaga “tiene carreteras, tiene agua, tiene luz, tiene iglesia, tiene cementerio, tiene colegio, luego es un pueblo”, de hecho “llegó a tener hasta un alcalde pedáneo”.
Langa explica que aunque la Asociación estima que el de-rrumbe de Cho Vito se hizo “con alevosía y premeditación”, y “se tendría que haber dado un margen para poder reaccionar”, se trata de un núcleo pesquero que carece de toda la infraestructura de Igueste.
Así, el abogado y secretario general de Acción Jurídica de CCN, espera que, una vez planteada la argumentación en la que Igueste pueda demostrar que es ya era un núcleos poblaciones urbanos consolidados cuando se promulgó la Ley de Costas en el año 1988 la Audiencia Nacional resuelva a favor de los vecinos afectados, una decisión que se conocerá en breve.
Norma injusta
José Luis Langa definió la actual Ley de Costas como una normativa “abusiva, arbitraria, que crea inseguridad jurídica, encima retroactiva y, por tanto, deja en manos de los partidos políticos de los gobiernos correspondientes la aplicación en una línea o en otra en ciertas situaciones concretas”. Al no ser una ley “sólida” la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha pedido reiteradamente su modificación, especialmente, porque estiman que atenta contra una serie de principios fundamentales recogidos en la Constitución Española: “el principio de presunción de inocencia, el de igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica y, sobre todo, el principio del derecho a la propiedad privada..
Al respecto, la presidenta de la AEPLC asegura que los partidos nacionalistas son los únicos que están mentalizados de las consecuencias económicas y sociales de esta normativa, aunque son minoritarios, por lo que “los únicos lo pueden cambiar la situación son el PP y el PSOE”, que no apoyan su postura. Para Carmen del Amo, con la aplicación de la Ley de Costas “se está perdiendo la identidad cultural de pueblos que han heredado de sus ancestros”, a favor de “especulaciones sin licencia”. La representante de la Asociación de Perjudicados explicó además que en el Parlamento Europeo, donde han llevado sus reivindicaciones, ha condenado “explícitamente” esta normativa y ha pedido su modificación a Madrid.
http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/16933/
El letrado hizo estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS tras una rueda de prensa en la que acompañó a la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, invitada por el Centro Canario Nacionalista (CCN), quien demandó que “la Ley de Costas tiene que ser modificada principalmente para que se tenga en cuenta la insularidad de Canarias”, donde residen alrededor de 160.000 personas afectadas por esta normativa.
Por ello, el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago anunció que en la próxima legislatura, en la que “toca la modificación del Estatuto de Autonomía”, pedirá “las competencias plenas” en costas para el Gobierno regional. “Si no se piden las competencias, jamás tendrán capacidad de ordenar las islas a nivel urbanístico y ser dueños de su territorio”, añadió Del Amo.
Para Langa, Igueste de San Andrés no corre el peligro de convertirse en un nuevo Cho Vito, puesto que en el recurso presentado en la Audiencia Nacional “se está demostrando que Igueste cuenta con todos los servicios y todos los requisitos que exige la ley para ser considerado núcleo de población urbano consolidado”. Así, al contrario que con el poblado de Cho Vito, donde se aplicó la Ley con carácter retroactivo, este barrio de Anaga “tiene carreteras, tiene agua, tiene luz, tiene iglesia, tiene cementerio, tiene colegio, luego es un pueblo”, de hecho “llegó a tener hasta un alcalde pedáneo”.
Langa explica que aunque la Asociación estima que el de-rrumbe de Cho Vito se hizo “con alevosía y premeditación”, y “se tendría que haber dado un margen para poder reaccionar”, se trata de un núcleo pesquero que carece de toda la infraestructura de Igueste.
Así, el abogado y secretario general de Acción Jurídica de CCN, espera que, una vez planteada la argumentación en la que Igueste pueda demostrar que es ya era un núcleos poblaciones urbanos consolidados cuando se promulgó la Ley de Costas en el año 1988 la Audiencia Nacional resuelva a favor de los vecinos afectados, una decisión que se conocerá en breve.
Norma injusta
José Luis Langa definió la actual Ley de Costas como una normativa “abusiva, arbitraria, que crea inseguridad jurídica, encima retroactiva y, por tanto, deja en manos de los partidos políticos de los gobiernos correspondientes la aplicación en una línea o en otra en ciertas situaciones concretas”. Al no ser una ley “sólida” la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha pedido reiteradamente su modificación, especialmente, porque estiman que atenta contra una serie de principios fundamentales recogidos en la Constitución Española: “el principio de presunción de inocencia, el de igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica y, sobre todo, el principio del derecho a la propiedad privada..
Al respecto, la presidenta de la AEPLC asegura que los partidos nacionalistas son los únicos que están mentalizados de las consecuencias económicas y sociales de esta normativa, aunque son minoritarios, por lo que “los únicos lo pueden cambiar la situación son el PP y el PSOE”, que no apoyan su postura. Para Carmen del Amo, con la aplicación de la Ley de Costas “se está perdiendo la identidad cultural de pueblos que han heredado de sus ancestros”, a favor de “especulaciones sin licencia”. La representante de la Asociación de Perjudicados explicó además que en el Parlamento Europeo, donde han llevado sus reivindicaciones, ha condenado “explícitamente” esta normativa y ha pedido su modificación a Madrid.
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