La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura) contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en Pozo Negro, que afecta a numerosas viviendas de la zona en peligro de derribo.
En un comunicado, el Consistorio explicó que en los fundamentos jurídicos de la sentencia se establece que la servidumbre de protección del tramo de costa comprendido entre los vértices 47 y 49 "ha de ser nuevamente graficada con una sola línea que discurra a una distancia de 20 metros, medida tierra adentro desde la línea de la ribera del mar".
Asimismo, el Ayuntamiento de Antigua había recurrido la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 22 de septiembre de 2009, que no aceptó el requerimiento del Consistorio frente a la Orden ministerial de 30 de octubre de 2008, en la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 2.389 metros de longitud, comprendidos entre Punta Leandro y Punta Medina.
La Audiencia consideró en su fundamentación jurídica que en el plano aprobado por la orden ministerial "se dibujan en dichos vértices dos líneas distintas de servidumbre de protección, una con una anchura de 20 metros y otra, tierra adentro, de una anchura de 100 metros". Ante esta circunstancia, se establece una anchura de 20 metros "por motivos de seguridad jurídica y para evitar posibles complicaciones futuras derivadas de dicha doble delimitación en el referido tramo de deslinde comprendido entre los vértices 47 a 49".
Por su parte, el Consistorio fundamentó el recurso contencioso en la caducidad del expediente de deslinde, así como en el "incumplimiento" del reglamento de Costas, que exige un pacto expreso entre las tres administraciones que concurren en la tramitación, y en el hecho de que el informe geomorfológico "no se encontrara suficientemente justificado".
Del mismo modo, establecía que la zona de servidumbre de protección "no se ajustaba a derecho", pues el planeamiento vigente del municipio contempla toda la zona de la playa de Pozo Negro como suelo urbano.
La alcaldesa de Antigua, Genara Ruiz, destacó "la implicación del Ayuntamiento para defender las viviendas de la zona y alcanzar acuerdos con Costas", y subrayó "la predisposición del Consistorio para que se tenga en cuenta este núcleo costero ya consolidado".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, Gustavo Berriel, mostró su satisfacción por el fallo judicial y por "la labor desempeñada desde el Consistorio para evitar el derrumbe de viviendas por el deslinde marítimo y posibilitar la estancia en este emplazamiento", defendiendo los intereses de los vecinos afectados. Berriel insistió en que los núcleos urbanos que estén alejados al menos de 20 metros de la raya de pleamar pueden conservarse
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=292521
En un comunicado, el Consistorio explicó que en los fundamentos jurídicos de la sentencia se establece que la servidumbre de protección del tramo de costa comprendido entre los vértices 47 y 49 "ha de ser nuevamente graficada con una sola línea que discurra a una distancia de 20 metros, medida tierra adentro desde la línea de la ribera del mar".
Asimismo, el Ayuntamiento de Antigua había recurrido la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 22 de septiembre de 2009, que no aceptó el requerimiento del Consistorio frente a la Orden ministerial de 30 de octubre de 2008, en la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 2.389 metros de longitud, comprendidos entre Punta Leandro y Punta Medina.
La Audiencia consideró en su fundamentación jurídica que en el plano aprobado por la orden ministerial "se dibujan en dichos vértices dos líneas distintas de servidumbre de protección, una con una anchura de 20 metros y otra, tierra adentro, de una anchura de 100 metros". Ante esta circunstancia, se establece una anchura de 20 metros "por motivos de seguridad jurídica y para evitar posibles complicaciones futuras derivadas de dicha doble delimitación en el referido tramo de deslinde comprendido entre los vértices 47 a 49".
Por su parte, el Consistorio fundamentó el recurso contencioso en la caducidad del expediente de deslinde, así como en el "incumplimiento" del reglamento de Costas, que exige un pacto expreso entre las tres administraciones que concurren en la tramitación, y en el hecho de que el informe geomorfológico "no se encontrara suficientemente justificado".
Del mismo modo, establecía que la zona de servidumbre de protección "no se ajustaba a derecho", pues el planeamiento vigente del municipio contempla toda la zona de la playa de Pozo Negro como suelo urbano.
La alcaldesa de Antigua, Genara Ruiz, destacó "la implicación del Ayuntamiento para defender las viviendas de la zona y alcanzar acuerdos con Costas", y subrayó "la predisposición del Consistorio para que se tenga en cuenta este núcleo costero ya consolidado".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, Gustavo Berriel, mostró su satisfacción por el fallo judicial y por "la labor desempeñada desde el Consistorio para evitar el derrumbe de viviendas por el deslinde marítimo y posibilitar la estancia en este emplazamiento", defendiendo los intereses de los vecinos afectados. Berriel insistió en que los núcleos urbanos que estén alejados al menos de 20 metros de la raya de pleamar pueden conservarse
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