La Justicia acaba de dar un duro golpe a la moral de los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Una sentencia avala la resolución de Costas que ordena derribar una de las casas. Lo malo es que esa puede ser sólo la primera de tantas. Los vecinos confían en que el Estado se espere al realojo.
En la historia chica de este pintoresco caserío costero habrá que pintar de negro el día 11 de octubre de 2011. En esa fecha tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimaron el recurso que presentó una de las afectadas por Costas y avalaron la resolución de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por la que se ordenaba tirar su casa al suelo. La decisión judicial afecta por ahora a una sola vivienda, pero lo que temen los vecinos es que después de ésta vengan las demás en cascada y al final no se libre ni una de las 21 casas de la playa que Costas ha condenado a desaparecer. La noticia ha sido un mazazo en el barrio, pero confían en el compromiso del Gobierno central de que no tiraría ningún inmueble antes de que el caserío sea reubicado. Todo deberá atarse en un convenio.
El tribunal echó para atrás todos los argumentos de la recurrente. No comparte la tesis de la afectada de que se le tuvo que notificar el deslinde que en 1984 situó a su vivienda en suelo de dominio público, no entiende que estuviese caducado el expediente de resolución posesoria y tampoco le acepta que esgrima la posibilidad de que la vivienda pueda legalizarse mediante concesión administrativa porque, aunque así fuese, eso no impide que el Estado intente recuperar, como así pretende, la propiedad de ese suelo que está en dominio público.
A los vecinos les ha sentado la sentencia como un jarro de agua fría, pero no tiran la toalla porque, previendo precisamente que algo así podría suceder, tienen avanzada la firma de un convenio por el que el Estado, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde y los vecinos se comprometen a reubicar el barrio unos metros más atrás de donde está ahora en 12 años. Con ese papel en la mano, Costas iba a esperar por los vecinos y estos, a su vez, retirarían todos sus recursos. Telde hizo sus deberes, lo firmó y mandó un borrador de convenio a Madrid el 18 de octubre pasado. El problema es que el Gobierno central no ha firmado, pero el presidente del colectivo vecinal, Juan Pedro Pérez, confía en su compromiso
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=237444
En la historia chica de este pintoresco caserío costero habrá que pintar de negro el día 11 de octubre de 2011. En esa fecha tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimaron el recurso que presentó una de las afectadas por Costas y avalaron la resolución de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por la que se ordenaba tirar su casa al suelo. La decisión judicial afecta por ahora a una sola vivienda, pero lo que temen los vecinos es que después de ésta vengan las demás en cascada y al final no se libre ni una de las 21 casas de la playa que Costas ha condenado a desaparecer. La noticia ha sido un mazazo en el barrio, pero confían en el compromiso del Gobierno central de que no tiraría ningún inmueble antes de que el caserío sea reubicado. Todo deberá atarse en un convenio.
El tribunal echó para atrás todos los argumentos de la recurrente. No comparte la tesis de la afectada de que se le tuvo que notificar el deslinde que en 1984 situó a su vivienda en suelo de dominio público, no entiende que estuviese caducado el expediente de resolución posesoria y tampoco le acepta que esgrima la posibilidad de que la vivienda pueda legalizarse mediante concesión administrativa porque, aunque así fuese, eso no impide que el Estado intente recuperar, como así pretende, la propiedad de ese suelo que está en dominio público.
A los vecinos les ha sentado la sentencia como un jarro de agua fría, pero no tiran la toalla porque, previendo precisamente que algo así podría suceder, tienen avanzada la firma de un convenio por el que el Estado, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde y los vecinos se comprometen a reubicar el barrio unos metros más atrás de donde está ahora en 12 años. Con ese papel en la mano, Costas iba a esperar por los vecinos y estos, a su vez, retirarían todos sus recursos. Telde hizo sus deberes, lo firmó y mandó un borrador de convenio a Madrid el 18 de octubre pasado. El problema es que el Gobierno central no ha firmado, pero el presidente del colectivo vecinal, Juan Pedro Pérez, confía en su compromiso
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=237444
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