Los dueños de las casas, presidentes de comunidades de propietarios y dirigentes de asociaciones de afectados por la Ley de Costas de 1988, que los devolvió a la zona de dominio público-marítimo terrestre, valoran de manera positiva la propuesta del Ejecutivo y su inclusión en el selecto grupo de 10 núcleos urbanos que quedan fuera del litigio de la norma y, por ende, liberados de una eventual visita de la piqueta.
Santiago de Munck, presidente de la comunidad de propietarios del edificio Helios, cree acertada la iniciativa, “porque se nos estaba aplicando una norma con carácter retroactivo, que transformó nuestro legal derecho de propiedad en una concesión administrativa”. “Y pone fin al largo proceso de deslinde, por cierto, a día de hoy aún en el aire”, añade De Munck. En esta tesis abunda Teresa Alonso, presidenta de la Asociación de Propietarios de Primera Línea Sol Naciente, que resalta primero la legalidad con la que se levantaron las construcciones ahora amnistiadas. “Estas viviendas han sido siempre legales. Es un núcleo urbano integrado en el planeamiento de la ciudad”, asegura. Para Alonso, la decisión del Gobierno es un punto de partida positivo. “Luego habrá que ver cómo se desarrolla todo el proceso, es decir, el paso de Patrimonio del Estado a la propiedad privada”, comenta. “Pero es mejor solución que ir un complejo proceso de desafectación”, añade.
La unanimidad no es absoluta, Carmen del Amo, también propietaria en Torre Alacant y presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, critica y rechaza el proceso legalización. “No quiero al Estado en mi cama”, asegura en alusión al proceso intermedio que prevé que las edificaciones pasen a titularidad de Patrimonio del Estado. “¿Quién nos garantiza que se nos va a devolver la propiedad y, sobre todo, qué condiciones pondrán?”, plantea.
La Ley de Costas de 1988 supuso el origen de las amenazas. “Esa ley sí que fue una verdadera confiscación, porque nos quitó la propiedad a cambio de una concesión”, señala Alonso, que agrega el agravio de estas urbanizaciones con el hotel Meliá (de esa época y construido en terreno ganado al mar junto al Postiguet). “El Meliá nunca se vio amenazado por la ley de costas”, critica.
Una historia desde 1960
La historia de estas edificaciones se remonta a 1960, cuando la firma Torregrosa solicitó a la Jefatura de Puertos y Costas de Levante ganar terrenos al mar, unos 10.000 metros cuadrados para un complejo deportivo. La licencia para la obra del primer edificio y las instalaciones deportivas se solicitó el 3 de marzo de 1969. Pocos días más tarde, el entonces delegado nacional de Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch, reconoció el gran interés deportivo del proyecto (piscina, pistas de tenis, pistas polideportivas, bolera y gimnasio).
Los reclamos publicitarios de la época incluían fotografías de los edificios de la urbanización denominada Vistamar, que abarcaba todo el tramo de la costa de L’Albufereta. Unos 1.500 apartamentos en régimen de multipropiedad. Esto animó a los extranjeros a comprar. En la actualidad, el 40% de los apartamentos turísticos de L’Albufereta está en manos de extranjeros, mayoritariamente franceses.
El 16 de febrero de 1971 se dictó una orden ministerial por la que se autorizó la construcción de una escollera y la realización de rellenos en zona marítimo-terrestre de l’Albufereta. La orden estipulaba que, una vez aprobada el acta de reconocimiento de las obras y levantada el acta de entrega, pasarían a la propiedad del concesionario los terrenos ganados al mar. El acta de entrega de terrenos ganados al mar se suscribe el 6 de noviembre de 1972 por el ingeniero jefe de la Jefatura de Costas y Puertos de Levante en representación del Ministerio de Obras Públicas.
Edificio Alacant II se construyó en 1964; Torre Alacant y edificio Helios, en 1965; y Rocafell (tres bloques y los garajes) entre 1972 y 1976. Las obras se hicieron sobre la base de los deslindes de 1964 y 1966 y 1969. En 1977 se realizó un tercer deslinde que sustituyó y unificó a los de 1969 y 1977. En 1994 la Audiencia Nacional anuló el deslinde de 1977 y ordenó la Administración la revisión del expediente de esa zona de L’Albufereta, tras constatar que ese tramo de costa ha sufrido sustanciales variaciones. “El nuevo deslinde nunca se hizo”, señala Alonso.
Este enclave de la primera línea del mar del norte de la capital alicantina está catalogado en el Plan General de Ordenación (PGOU) vigente como suelo urbano, y con las únicas restricciones comunes (veto a obras de ampliación) a las áreas de conservación de la edificación. “Es por tanto un núcleo urbano consolidado legal. Sus propietarios pagan los impuestos correspondientes”, señalan fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo
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