Esta es la historia
José Ramón Quiroga, pequeño empresario
constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia,
en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno
sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía
en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por
encontrarse a unos 50 metros del mar, “dentro de la zona de servidumbre de
Costas, que es de 100 metros”. La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de
Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de
Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la
instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.
Después de más tres años de calvario
judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de
prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y
devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la
sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el
Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su “rectificación de un
manifiesto error de hecho”: el linde de protección en la zona de marras, donde
él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo
aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses
antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio
Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró.
Tampoco la fiscalía.
Quiroga atribuye a Costas, por error o
negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y
quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número
del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que
esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a
facilitarle. El “error” fue reconocido de oficio por el anterior jefe de
Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado
para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.
Esta es la sentencia
CONDENAR a la Administración
General del Estado (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio ambiente) a
indemnizar a la actora en la suma de 194.635 euros; cantidad que será
incrementada en los intereses legales a
contar desde el 29 de mayo de 2010.
Por mucho que le paguen, no hay dinero que
pueda resarcirle del calvario que ha sufrido.
Sólo
quien padece la persecución de Costas, puede comprender el sufrimiento de años
que conlleva un deslinde. La presunción de inocencia desaparece junto con la
propiedad. Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo.
ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS
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