Un
centenar de municipios están a la espera del informe que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá emitir antes del 1 de abril
de 2015 y que dictaminará si podrán seguir en la costa y, así, evitar ser
demolidos de acuerdo con la Ley de Uso Sostenible del Litoral y Modificación de
la Ley de Costas, que entró en vigor antes del verano.
Así se desprende de una respuesta
parlamentaria del Gobierno y dirigida al portavoz de Medio Ambiente del PSOE,
José Luis Ábalos, después de que éste cuestionara al Ejecutivo sobre el número
de municipios españoles que, acogiéndose al amparo de una disposición de la Ley
de Costas, han solicitado poder permanecer en la costa sin ser derruidos y
regular su situación de manera definitiva.
De
acuerdo con la reforma de la Ley de Costas, los municipios que tengan parte de
su suelo en dominio público pero que cuando se aprobó la Ley de Costas de 1998
cumplieran ya una serie de requisitos aunque sin estar clasificados como suelo
urbano, podrían acogerse a dicha disposición.
Concretamente, los requisitos que deberán cumplir los municipios con
planeamiento (en 1988) son que los terrenos que bien cuenten con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de
su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados,
estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en
dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de
aplicación.
También
podrán acogerse a esta disposición los municipios sin planeamiento con terrenos
que, en julio de 1988, o bien contaran con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y
estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su
superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad
de su superficie.
Según
la reforma de la Ley de Costas, estos municipios disponían de un plazo de tres
meses, que expiró el 1 de octubre, para acogerse a esta disposición. Ahora el
Gobierno tiene 18 meses para estudiar si estos se ajustan a las características
de esta disposición y no tienen por qué ser demolidos. En caso de que en ese
plazo el Ministerio no emita un informe favorable, se entenderá que la
respuesta a su continuidad es positiva.
LISTA DE MUNICIPIOS
En la citada respuesta parlamentaria,
recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que, a fecha de 15 de octubre,
son 100 municipios los que han solicitado la aplicación de la disposición
transitoria de la ley.
En la provincia de Alicante estarían Denia
y Villajoyosa; en Almería, Roquetas de Mar; en Asturias, Ribadesella, Tapia de
Casariego y Valdés; en Baleares, San Joan de Lebritja y Santa Eulalia del Riu;
en Cádiz, Rota, San Fernando y Barbate; en A Coruña, Ares, Boiro, Camariñás,
Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de
Bergantiños, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal y
Ribeira.
Mientras, en Gipuzkoa, se han acogido a
esta disposición Astigarraga; en Las Palmas, Agaete, Agüimes,
Antigua, Arucas, Galdar, Haría, Ingenio, La Oliva, Moya, Pájara, Puerto del
Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía,
Santa María de Guía de Gran Canaria, Teguise, Telde, Tinajo, Tuineje y Yaiza.
En la provincia de Lugo se encontrarían
Cervo y Xove; en Málaga, Manilva; en Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar,
Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, O Rosal, Poio, Pontevedra, Sanxenxo,
Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa y Vilanoba de Arousa; en Cantabria están a la
espera, Escalante, Piélagos y Polanco; a su vez, en Tarragona, Vila-seca.
En cuanto a Santa Cruz de
Tenerife lo han solicitado Adeje, Arafo, Arico, Barlovento, Breña Alta, Breña
Baja, El Rosario, Fasnia, Frontera, Garachico, Guía de Isora, Güimar, Icod de
los Vinos, La Laguna, Los Realejos, Los Silos, Matanza de Acentejo, San Andrés
y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, Tazacorte,
Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde, Victoria de Acentejo y Villa de Mazo.
Precisamente, en una reciente entrevista
a Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,
aseguró que la modificación de la Ley de Costas "no es una amnistía de
nada".
"Niego la mayor. No
sé de dónde sale el término amnistía en la Ley de Costas", enfatizó, porque,
según agregó, es una ley para que los que tengan una situación concreta puedan
ordenarse, pero el que quede fuera y esté en dominio público sin tener título
que le habilite, "tendrá que salir" del dominio público y todas las
sentencias firmes de demolición tendrán que ejecutarse.
Sobre esta cuestión, trasladó las
críticas al principal partido de la oposición, al decir que es "fácil
llamarlo amnistía por parte de quien ha tenido responsabilidades de Gobierno y
no ha hecho absolutamente nada más que mirar a otro lado" ni quiso
corregir esa situación.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-centenar-municipios-espera-gobierno-les-permita-seguir-costa-no-ser-demolidos-nueva-ley-20140111133444.html
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