La autorización del Ministerio de Medio Ambiente para la explotación
privada de las visitas al paraje provoca la movilización de los vecinos y de
las autoridades
Los turistas circulaban ayer libremente por las cuevas y senderos de Ajuy
sin pagar entrada después de que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de
la Demarcación de Costas de Canarias, anunciara la autorización para explotar
las visitas guiadas a una empresa. La misma que fue denunciada en 2013 por la
ocupación y el uso irregular del dominio público marítimo terrestre.
Muchos de los turistas y visitantes que disfrutaban de este entorno
desconocían la problemática pero confesaron que "pagarían si fuera
necesario porque el lugar es maravilloso". Los vecinos en cambio no están
conformes con la decisión y consideran que este espacio forma parte de la
localidad y siempre ha estado abierto.
"Los vecinos acuden a pescar y los turistas a pasear y no se debe
pagar por entrar a ver estas cuevas que son de todos", apostillan los
residentes enfadados con la solución de Costas.
El plazo de la autorización es de un año y al titular de la misma se le
exige, previamente a la ejecución de las obras, abonar al Tesoro Público una
tasa de canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público
marítimo-terrestre de 1.343 euros anuales. El terreno ocupado será de 120
metros cuadrados.
El entorno de las cuevas de Ajuy tiene las consideraciones de Espacio
Natural Protegido, Zona Especial de Protección para las Aves, Área de
Sensibilidad Ecológica, Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de tránsito
de seis metros a partir del Dominio Público Marítimo Terrestre.
El presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, ha insistido en que
sobre todo es "un área por la que transitan desde hace muchas décadas
vecinos y visitantes, con un importante valor social y patrimonial que debemos
respetar", por lo que "difícilmente se justifica la limitación del
libre tránsito y el cobro de entradas". La institución insular ha
recordado que las actividades a desarrollar, además de la concesión de Costas,
requieren de proyecto o documentación física relativa, estudio de impacto
ambiental por ser un Área de Sensibilidad Ecológica, informe de compatibilidad
con espacio natural y licencia de actividad económica.
El Cabildo, en coordinación con el Ayuntamiento de Pájara, se ha dirigido
por escrito al Ministerio reclamando toda la información relacionada con esta
resolución, los requisitos, condiciones particulares, terreno a ocupar,
posibles instalaciones y obras para poder actuar en consecuencia.
Cabrera ha adelantado que "aún no se ha recibido la respuesta del
Ministerio con la información solicitada" y ha considerado "cuanto
menos preocupante que se actúe de esta forma, sin consultar previamente a las
administraciones locales, más aún sabiendo los problemas que se han generado
con los precedentes recientes de este tipo de actividades en el entorno de las
Cuevas de Ajuy".
"Queremos esperar a tener toda la información, pero si se trata del
mismo tipo de actuación que el año pasado, volveremos a actuar para
frenarla", ha añadido el nacionalista.
El 1 de julio de 2013, agentes de Medio Ambiente del Cabildo remitieron a
Costas varias denuncias relativas a la ocupación y utilización irregular del
dominio público marítimo terrestre por una empresa que impedía el libre acceso
a las Cuevas de Ajuy, cobrando entradas a los visitantes.
La Ley de Costas establece que "la utilización del dominio público
marítimo-terrestre será libre, pública y gratuita para los usos comunes acordes
con la naturaleza de aquel", salvo que hubiera existido una concesión de
uso, concesión que en 2013 no existía en las Cuevas de Ajuy.
Se advertía de que, ante tales denuncias y, visto que la parte denunciada
no aporta justificación para su actuación, Costas debía proceder al precintado
de las obras o instalaciones y hacer efectiva esta paralización, prohibición o
suspensión.
Además, para la recuperación de oficio del dominio público, Costas podía
recurrir si era necesario a la colaboración de la fuerza pública.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, el Cabildo optó el 15
de julio de 2013 por trasladar la información a la Fiscalía de Medio Ambiente
de Canarias, tras lo que finalmente se suspendió
http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2014/08/11/cabildo-desafia-costas-negarse-limitar/626196.html
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