El Gobierno de Canarias ha recurrido ante
el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General
de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias
autonómicas.
Canarias cuestiona en su recurso varias
disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de
playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las
afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección, según informa el
Ejecutivo regional en un comunicado.
La comunidad autónoma alega que la
determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a
los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una
competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no
debería ser el Estado el que adopte esa decisión.
El Reglamento General de Costas obliga
además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y
naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.
El Gobierno canario entiende que esa
obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las
competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.
El reglamento también limita la
celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y
establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.
El Gobierno de Canarias recuerda que en
las islas "existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de
windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa
naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la
comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en
materia de Deportes y Ordenación del Litoral".
El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone
además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional,
"pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el
archipiélago que son también de interés turístico y deportivo", argumenta.
La comunidad autónoma rechaza, asimismo,
que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la
actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.
El Estado pretende con este documento
ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna
parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella
se encuentre fuera de esa protección.
"En una comunidad que basa buena
parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida
podría tener un efecto demoledor", advierte el Gobierno canario,
"pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la
política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos
turísticos".
El Gobierno de Canarias también ha
recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la
ley que ahora desarrolla este reglamento.
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