DERECHOS HUMANOS E HIPOCRESIA

Recientemente he leído en la prensa nacional, que el Estado israelí ha derribado desde 1967, fecha en la que ocupo Jerusalén Este, más de dos mil viviendas, y que sólo en el periodo 2000-2008,han sido demolidas 647 viviendas de palestinos. Esta noticia no representa algo nuevo para la sociedad. La continua vulneración de los derechos humanos por este país, es portada diaria de la prensa mundial.

Ahora, pretenden demoler 22 viviendas de ciudadanos palestinos, en la llamada “Ciudadela de David”, para crear un parque arqueológico, cafeterías y una zona de ocio dentro de esa capital. Los propietarios, no tienen derecho a una indemnización e incluso tendrán que pagar el costo de las obras de demolición.

La condena internacional, iniciada por varias ONG ubicadas en la zona, es unánime. Desde todos los organismos mundiales, se repiten las declaraciones reprobando esta acción, que es, salvaje, brutal, y vulnera los derechos de las personas. Desde la Unión Europea, se pide el máximo respeto a la Carta de los derechos fundamentales del hombre, y se pide poner fin a estas acciones. España, condena las actuaciones, y pide la rectificación de las actuaciones previstas. Hasta aquí, la noticia de actualidad.
Soy un ciudadano canario, español, y por lo tanto europeo, y no comparto la actuación reiterada del Estado de Israel con los palestinos, pero lo que no comprendo es la hipocresía manifiesta del Estado Español. Si bien condena las actuaciones judías, no puedo comprender, que el Gobierno español, pone en práctica las mismas actuaciones aquí, en suelo español, o mejor dicho, en las costas españolas.

Desde la entrada en vigor de la ley de Costas, de 1988, se han derribado muchas más de dos mil viviendas, y esta ley, afecta actualmente a más de 1.500.000 ciudadanos, cifra esta que aumenta, al mismo tiempo, que se deslindan nuevos tramos de costas. Los propietarios afectados, tienen que pagar la demolición de sus viviendas; y en muchos casos, (más de los que el estado reconoce) se derriban, primeras viviendas, dejando a personas en la calle, y en la más absoluta pobreza. Se derriban casas, para construir paseos, en muchos casos absurdos, como en Cho Vito, Tenerife, donde el paseo, de 300 metros, es para llegar a una central termo-eléctrica. ¿Interés turístico?Detrás de del paseo, la utilización del terreno “ya despejado”, queda sujeto a normas urbanísticas, que en este país, es sinónimo de “especulación” originada en multitud de casos, desde los planes de ordenación de los ayuntamientos. Desde zonas de ocio, cafeterías, muelles deportivos, y urbanizaciones ocupan lo que antes era calificado como “ilegal”. (Desde 1988 hasta la actualidad, se ha degradado más y de una forma más salvaje, todo el litoral español), lo que antes era “confiscado”, ahora es legal. Esta es realidad de la ley de costas en España. Y todo esto, lo defienden nuestros políticos, con la frase “recuperar lo que es de todos”.
Recuperar lo que es de todos. Me pregunto, que dirán las autoridades israelís, al justificar, lo que todos condenamos. Posiblemente la similitud de su justificación, y la española, sea motivo de asombro.
Los derechos humanos, son los mismos para un palestino de Jerusalén Este, que para un vecino de Cho Vito, del Puig, de Cadíz, o de Fuerteventura. Exactamente los mismos. Y es ahí, donde entra la hipocresía del estado español, al defender los derechos de los palestinos, y vulnerar los mismos derechos de los ciudadanos españoles y europeos afectados por esta ley abusiva y confiscatoria, y por su incoherente aplicación.
Quizás, sólo quizás, es más popular condenar lo que todo el mundo condena, la denuncia fácil, sin buscar soluciones, mientras en tu casa, practicas los mismos métodos confiscatorios, más propios de esos estados totalitarios y dictatoriales, que una democracia moderna.

¿QUE DIFERENCIA EXISTE?

Antonio Alonso Orihuela