Unas treinta casas de este núcleo costero fueron derribadas en octubre de 2008 pese a la oposición de los vecinos ante las fuerzas antidisturbios y las palas excavadoras, y el 12 de noviembre es el límite que tienen las familias de las nueve viviendas que siguen en pie para abandonar sus hogares, según ha anunciado la Delegación del Gobierno.
Representantes de la asamblea de vecinos insistieron hoy en que la determinación de los habitantes de Cho Vito es oponerse "sin violencia pero con dignidad" a "la confiscación" de sus viviendas, con el apoyo en el lugar de cuatro eurodiputados el día de los derribos.
"Por la dignidad morimos", advirtió en rueda de prensa Tomás González, uno de los representantes vecinales, quien hizo un llamamiento a todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales a acudir el 12 de noviembre a Cho Vito para evitar "el desahucio" que piensa ejecutar el Gobierno central, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para favorecer la especulación urbanística a costa de los derechos humanos de las familias afectadas.
Reclamó en concreto el apoyo del "Partido Socialista Obrero Español" que mientras estaba en el Gobierno es el que promovió el derribo de Cho Vito.
Antonio Alonso, también representante vecinal, anunció que entre hoy y el viernes se van a presentar nuevas pruebas en los tribunales a partir de documentación que hasta ahora les había negado la Dirección General de Costas, la cual demuestra, según señaló,que numerosas viviendas, algunas ya derribadas, no estaban en dominio público hasta el deslinde de 2001.
En 1969 se realizó un deslinde y en 2001 otro, y los planos de ambos difieren, a pesar de que Costas ha certificado por escrito que sí coinciden.
Con estas pruebas documentales los vecinos quieren que se reabra judicialmente el caso y que se tomen medidas cautelares frente al derribo de sus casas a partir del 12 de noviembre.
"Cómo es posible que todas las administraciones, por intereses urbanísticos hayan propiciado este engaño que lleva "a confiscar viviendas en propiedad para construir un paseo marítimo con fondos europeos, ilegal porque carece de informe de impacto ambiental y que no lleva a ninguna parte", se preguntó Alonso.
Advirtió de que si cae Cho Vito, el destino de los otros 111 núcleos costeros canarios será el mismo, y por tanto se trata de una batalla "por la dignidad del pueblo canario", no sólo de los vecinos afectados.
"Todas y cada una de las administraciones nos han engañado para especular con nuestras viviendas", denunció Alonso, pero advirtió de que la Unión Europea está encima del asunto y varios eurodiputados acudirán el 12 de noviembre al poblado para apoyar a los vecinos.
Tomás González dijo que la supuesta "buena voluntad" de las administraciones no se traduce en soluciones para los vecinos y sus problemas sociales, y afirmó que el Gobierno pretende desahuciarlos y dejarlos en la indigencia.
"Hacemos lo imposible para defender nuestras casas, pero tienen prisa en construir el paseo marítimo" para poder cobrar los fondos europeos y dárselos a la empresa Tragsa, cuyos "esbirros" han ido a a amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, aseguró.
Los afectados denunciaron que ahora se pretende reformar la Ley de Costas "a la carta", para excluir de la misma a urbanizaciones en Formentera y en otros puntos del litoral español porque están habitadas por 45.000 extranjeros y evitar así que el asunto lleve a la intervención de la Unión Europea.
Pero en la reforma legal no se tiene en cuenta los poblados costeros canarios, aunque sí a las construcciones hoteleras para poder seguir especulando, aseguró, y se preguntó para qué sirven el Gobierno y el Parlamento de Canarias si no pueden defender su territorio.
"En 2008 luchamos, entonces no podíamos demostrar el engaño; pero ahora sí podemos, hemos aprendido a defendernos con sus documentos", afirmaron los representantes vecinales en referencia a las nuevas pruebas presentadas en los tribunales.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1283820
Dijeron que eran ilegales y es la gran mentira inventada por los intereses que esconden su demolición. Estas familias tienen más dignidad que los políticos de Canarias y del resto de España. ¿En donde está escondido el alcalde ?
ResponderEliminarNo hay ni vergüenza y mucho menos justicia.
El Estado se queda con la propiedad, construida y debidamente escriturada y registrada por la aplicación retroactiva y confiscatoria de la Ley de Costas de 1988.
El Estado viola el legítimo Derecho de Propiedad dejando miles de familias sin hogar familiar, sin empresas, sin patrimonio y sin el derecho de herencia de sus hijos...y los jueces, dictan sentencias infumables en vez de negarse a aplicar una ley que despoja de la propiedad vulnerando todos los Tratados internacionales vinculantes para España.
El alcalde de Candelaria deberian hacerlo dimitir.Un alcalde que ignora la justicia y el sufrimiento de las gentes,no merece cobrar un salario pagado por todos.Deberían salir los pueblos canarios a defender lo que es muy posible que tambien les ocurra a ellos.¿que tienen que decir a esto los Jueces para la Democracia?¡¡QUE VERGUENZA DE PAÍS!!
ResponderEliminar¡¡ Que crueldad lo que piensan llevar a cabo !! No soy de Canarias pero estoy traumatizado por la maldad de estos "enanos " de la política. Si vienen eurodiputados a Cho Vito ¿ Que piensa hacer el Gobierno de España ?
ResponderEliminarEsto es indigno en un estado de Derecho. Estas personas no perjudican a nadie,solo a los intereses especulativos de los sinvergüenzas que son indignos y se aprovechan de las personas sencillas pero grandes como seres humanos. Esto no cuenta para los partidos políticos. ¿ Esta es la famosa "MARCA ESPAÑA " que quieren promocionar ?
Precioso e imposible leerlo sin llorar "EL DESAHOGO QUE NO SE LLEVÓ LA MAREA "
ResponderEliminarCristina Narbona la demagoga y embustera protectora del litoral solo protege a sus amiguetes. Ej. Villa PSOE EN AROSA (Galicia)