La
reforma del
Estatuto de Autonomía que ha propuesto el Gobierno canario al Parlamento
regional incluye nuevas competencias para Canarias, entre las que destacan las
de transporte aéreo interinsular y la cogestión de los aeropuertos de interés
estatal, la gestión de la costa (incluyendo la delimitación del dominio
marítimo terrestre y las concesiones administrativas para su uso), permisos de
trabajo a extranjeros, predicción meteorológica, telecomunicaciones, y comercio
y sanidad exterior.
Asimismo, en el texto planteado por el Ejecutivo regional, se recoge además
la participación de la Comunidad Autónoma en la delegación española ante la UE
cuando se trate de asuntos que afecten a las Islas en su condición de región
ultraperiférica (RUP), y se requerirá también informe previo del Parlamento
regional en las iniciativas de las Cortes Generales que afecten al Régimen
Económico y Fiscal (REF) canario o la condición de RUP.
Estas son las principales novedades competenciales de la reforma del
Estatuto que, con el apoyo de los grupos parlamentarios de CC-CCN-PNC y PSOE,
presentó en octubre el Gobierno canario para su debate, aprobación y posterior
remisión a las Cortes Generales, solo con cuyo visto bueno podría entrar en
vigor. El documento recoge los puntos ya consensuados entre CC, PSOE y PP en el
Parlamento canario en 2006, cuando se aprobó un proyecto de reforma del
Estatuto que fue enviado a las Cortes, donde a su vez el PP hizo nuevas
aportaciones, aunque finalmente fue retirado en 2007. Sin embargo, el PP
canario ha advertido que esta vez no colaborará, al no considerar prioritario
ni útil esta reforma estatutaria para salir de la crisis económica.
En cuanto a la inmigración, de salir adelante esta modificación de la carta
magna canaria, correspondería al Gobierno autonómico dar los permisos de
trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle solo en Canarias,
en coordinación con el Estado, competente sobre entrada y residencia de
extranjeros.
Especial importancia
tiene en la nueva propuesta de ley de leyes autonómica el apartado de costas,
pues se recoge que Canarias tendría la competencia exclusiva sobre los planes
de ordenación y uso del litoral y de las playas, el deslinde de la zona
marítimo terrestre y de su servidumbre de protección, así como la gestión de
los títulos de ocupación y uso de la franja de dominio público.
Otro de los cambios de gran relevancia propugnados por el Gobierno canario
en su documento se refiere a los transportes, pues la Comunidad Autónoma
tendría la competencia exclusiva sobre vuelos interinsulares y el resto de
medios entre las islas, así como la de definir las las tarifas que se les
aplican, además de la participación en la planificación y gestión de los
puertos y aeropuertos de interés general que el Estado gestione directamente. Y
ello debido al carácter archipielágico y ultraperiférico de Canarias, lo que
hace su economía muy dependiente de las conexiones aéreas.
Otra nueva competencia canaria sería la de los los servicios asistenciales
correspondientes a sanidad exterior en el ámbito espacial de la Comunidad
Autónoma. También tendría la Administración regional poder decisorio sobre
telecomunicaciones, para promover un mínimo de servicios de acceso universal,
la inspección y sanción, la resolución de conflictos entre operadoras de
televisión que compartan múltiplex de cobertura y la gestión del registro de
instaladores.
En comercio exterior, en coordinación con el Gobierno estatal, PSOE y CC
defienden para la Comunidad Autónoma el derecho de proponer al Estado
iniciativas que afecten a las relaciones comerciales con países con los que hay
vínculos históricos, es decir, con África y América.
http://www.diariodeavisos.com/2013/12/canarias-pide-decidir-sobre-costas-trafico-aereo-permisos-trabajo/
