DOS EURO-MOSCONAS PARA ZP Y LA LEY DE COSTAS

Dos eurodiputadas atacan dos flancos opuestos del urbanismo español
Los dos ‘euro-moscones’ del urbanismo español.
Adreansen (británica) acusa a España de llevar a la ruina a miles de británicos
Jose F. Leal - Madrid 06/07/2010 - El Mundo
El urbanismo español tiene dos puntos negros que escaman a los europarlamentarios de Estrasburgo, dos pesadillas que el ejecutivo de Zapatero arrastra desde la anterior legislatura, ambas de difícil solución: por un lado, el “urbanismo salvaje” del litoral, denunciado ecologistas y partidos verdes de la cámara baja europea -con la eurodiputada danesa Magrette Auken al frente- y que amenaza seriamente con provocar la pérdida de los jugosos fondos que la UE destina a España.
Por otro, los derribos de viviendas irregulares que se suceden en zonas rústicas y protegidas del mismo litoral que afectan a miles de particulares -muchos de ellos británicos- a raíz de una política de estricta aplicación de la Ley de Costas de 1988 durante el periodo en que Cristina Narbona se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de varios avisos procedentes de Europa. Al amparo de dicha Ley, se calcula que unas 300.000 viviendas ya construidas serían irregulares y podrían ser derruidas. Muchas ya han desaparecido del mapa.
En este farragoso capítulo, otra eurodiputada, la liberal británica Marta Andreasen, que representa al Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) desde 2009, se ha convertido en la nueva piedra en el zapato del Gobierno. Andreasen, que fue Jefa de Contabilidad de la Comisión Europea, no ha dudado en comparar las prácticas del gobierno de Zapatero con las del régimen Mugabe cuando derribaba las casas de los colonos británicos, en el pleno europeo en el que Zapatero decía adiós a la presidencia europea.
Andreasen defiende los intereses de las viviendas irregulares de británicos en España.
Andreasen a Zapatero: “¿Espera que la UE rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno intervenga?
“La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?”, espetó al presidente del Gobierno durante la clausura de la etapa española en la presidencia de la UE.
Hace un mes que Andreasen -argentina de nacimiento, que posa en su web bajo un retrato de Winston Churchill- se abrió una cuenta en Youtube para recopilar sus iracundos alegatos en favor de los ciudadanos británicos afincados en Andalucía y Murcia, víctimas -muchos ellos, al parecer- de constructores españoles sin escrúpulos que construyeron sus viviendas a pocos metros de la costa, en suelos rurales o en parques naturales como el Cabo de Gata.
Solución complicada
En Europa, mientras a un lado de la cámara se exige a Zapatero que limpie la costa de ladrillos, al otro, se pide justicia para los propietarios de unas edificaciones que han quedado al margen de la ley.
Los dos problemas, protección del litoral y viviendas irregulares, chocan entre sí y su resolución no es sencilla ni uniforme, pues en ellos intervienen muchos escalones institucionales del Estado y los tribunales.
Ambos, sin embargo, encuentran un documento de denuncia común en el Informe Auken, donde la diputada verde danesa recogió en marzo de 2009 los puntos en los que el ladrillo español incumplía las leyes medioambientales europeas, y que denunció la “destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente”, básicamente la tesis que también defiende la eurodiputada británica. [Lea el informe]
Mientras, los propietarios de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, agrupados en decenas de colectivos, apelan a que son víctimas de la permisividad y la avaricia de los ayuntamientos durante la época del ‘boom’, como en el caso de los municipios de Almanzora o la Albox- y que las normas únicamente se ejecutan para las casas de los menos pudientes.
Además, denuncian que si se aplicara la ley en su totalidad los afectados ascenderían a 500.000 ciudadanos y equivaldría a tirar 5.000 millones de euros a la basura.