La ley de costas y Arenales del Sol: antecedentes

Se que es pesado insistir en este tipo de temas que tan solo interesa o bien a los propietarios afectados o bien a las personas preocupadas por el medio ambiente. Sin embargo, este tema trasciende en mi opinión esos intereses particulares y plantea un tema de fondo más complejo. Este tema es el del respeto a los derechos de propiedad legalmente obtenidos, la capacidad de los Gobiernos por modificarlos y la confianza de los ciudadanos nacionales y extranjeros en que sus derechos se respetarán, y, por tanto, en que sus inversiones en el país son fiables.
Con la Ley de Costas actual el resultado ha sido exactamente el opuesto a lo deseable. El Gobierno ha actuado sin respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos en base a un supuesto "buen fin" que justificaba el expoliar sus propiedades, esto es convertirlas en dominio público sin una compensación económica adecuada. Para entendernos, sin comprarlas.
El caso de Arenales del Sol está considerado como un caso clave en estos temas no solo por la magnitud de propiedades y personas afectadas (unas 800 propiedades), sino por las características del propio caso. Brevemente. Con arreglo a la Ley de Costas de 1969 esos terrenos no fueron considerados como dominio público y el Estado en 1974 realizó un deslinde que los dejaba fuera de dicho dominio público. En base a que eran terrenos privados, fueron incluidos como terrenos urbanos en el plan de ordenación de Elche, se construyó y fueron vendidos con todos los parabienes y salvaguardas del Estado. Los que adquirieron esas propiedades no es que compraran de buena fe y fueran engañados, sino que compraron con las garantías de todas las administraciones del Estado. La cuestión clave es que si esas propiedades eran legales,¿como es que pasaron en 1997 a ser consideradas como ilegales tras el deslinde que se hizo ese año? La razón de la sinrazón que diría Cervantes, está en que en 1988 se publica una nueva Ley de Costas que modifica el concepto de dominio público marítimo terrestre (ampliándolo) y aplica ese nuevo concepto con carácter retroactivo sobre terrenos y propiedades que ya habían sido deslindados. Este es el punto clave en mi opinión. ¿Puede un Estado hacer esto sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos que confiaron en él? Si en esa Ley se hubiera impuesto la obligación de añadir una memoria económica a cada caso que se iniciara con arreglo a la misma no se habría llegado a esta situación. La razón es que si se computan los costes que estas operaciones tienen, el coste de oportunidad de esos recursos obligaría a desechar esa opción. Por ejemplo en Arenales del Sol si se "compraran" las propiedades (lo que se debería hacer) significaría un desembolso de 160 a 240 millones de euros (según el precio medio de mercado que se dé en el momento de la expropiación). Imposible si tenemos en cuenta todo lo que hay que comprar en nuestras costas y las alternativas que se podrían llevar a cabo con esos recursos. Lo que se hizo fue cerrar este círculo perverso para quedarse las propiedades sin pagarlas mediante una increíble sentencia del Tribunal Constitucional que en 1991 declaró que el Estado podía compensar a los ciudadanos a los que quitaba sus propiedades dejándoles vivir unos cuantos años en ellas. Se pretende pagar a los ciudadanos por sus bienes dejando que los usen por un tiempo limitado de años. Intenten ustedes comprar un bien a otra persona diciéndoles que por todo pago les va a dejar que use ese bien y verán que respuesta recibirán. Pues este es el trato que el Gobierno ofrecía. La estupefacción no solo se encuentra en los que de esta forma van a ser despojados de sus propiedades, sino que el propio Parlamento Europeo ha advertido varias veces a este Gobierno que modifique su comportamiento y respete los derechos de propiedad afectados.
Este es un tema complejo porque es susceptible de un tratamiento profundamente demagógico por parte de diversos colectivos e individuos que han tenido y tienen una cierta influencia en determinados medios y en Costas. La base de sus ideas es la de que el fin justifica los medios y con ese sacrosanto principio se pueden cometer todo tipo de arbitrariedades. Por supuesto que ellos deciden cuál es el fin adecuado.
Un Estado de derecho debe respetar sus compromisos con los ciudadanos si desea mantener la confianza internacional en el mismo. Con esta Ley y la forma de aplicarla no es posible esa conclusión. El mensaje que enviamos es que mañana otro Gobierno puede, de nuevo, modificar el criterio de qué es dominio público marítimo terrestre (por ejemplo extendiendo el mismo a los 200 metros de Costa para salvaguardarla del ladrillo) y "quedarse" con todas las propiedades que estén en ese espacio. Mañana les puede tocar a ustedes que hoy se sienten seguros porque si se permite esa actuación, entonces vale todo. Por ejemplo, en Alicante sin ir más lejos toda la playa de San Juan está asentada sobre arenales y dunas. Si se "solicitara" un deslinde en esa playa y se observara que existe arena (la original) debajo de edificios y carreteras de la misma, pasarían a ser dominio público y perderían las propiedades. El tener esta espada pendiente y no poder estar seguros de que lo que se ha comprado hoy como legal va a seguir siéndolo, es lo que ha producido la Ley de Costas actual y genera desconfianza en nuestros gobiernos. Si piensan que esto es exagerado, lean el informe Auken del Parlamento Europeo y otros similares.
¿Pero no ha cambiado nada desde que los afectados se han organizado y se defienden frente a Costas, su arbitrariedad y prepotencia? Permítanme explicárselo en un próximo artículo.
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2011/08/29/ley-costas-arenales-sol-antecedentes/1162487.html