!QUE ASCO DE PAIS.!!QUE ASCO DE JUSTICIA!

ESTOY TAN CANSADO DE ESTE PAIS, QUE POSEE LA TASA DE CORRUPCIÓN SIMILIAR A LA DE CUALQUIER REPUBLICA BANANERA, QUE NOTICIAS COMO LAS SIGUIENTES, ME PRODUCEN NAUSEAS Y VOMITOS.
  

   Y es que las siguientes noticias, reflejasdas en la prensa canaria,  no traspasa fornteras, pero si lo hicieran, serían motivo de quejas de todos los tribunales de justicia del mundo.
    En el mismo Plan general de Ordenación de que va a legallizar todas las ilegalidades posibles, se deja fuera de ordenación,  por culpa de un deslinde del dominio publico maritimo terrestre, las dos unicas poblaciones, que reflejan  parte de la identidad canaria y el mar, y que estaban antes que nadie en la costa, El Golfo y Playa Quemada.

Para esto hacen y utilizan los politicos las leyes: una para confiscar la propiedad y la otra para hacer favores a la gente poderosa que, en vez de llevarles a la cárcel, les premian con recalificaciones. La podrefumbre y la corrupcion de este pais no para de asombrarme.

El Plan de Yaiza quiere "legalizar" los hoteles anulados por la Justicia, a cambio de 4 millones de euros

La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.



En una rueda de prensa en la que Gladys Acuña (PIL) apareció "escoltada" por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Canario, el lanzaroteño Mario Pérez (CC); el Director General de Ordenación Territorial, Juan José Santana; el redactor del todavía no aprobado Plan General, Jorge Cordech; y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rodríguez; la primera edil defendió "las excelencias" del nuevo documento de ordenación del municipio. Para seguidamente sugerir que el consistorio tiene previsto "regularizar" a las veintena de establecimientos hoteleros, cuyas licencias están anuladas por la justicia y los que tienen que derribar parte de sus infraestructuras. Eso sí, a cambio de una "compensación económica" de unos 4 millones de euros: es decir, que cada complejo deberá pagar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General".

Para "engodar" a los presentes, los redactores aseguraron que "los hoteles ilegales (pues lo son) tendrían que destinar cerca del 35% de su superficie edificatoria a zonas comunes", aunque ello significara "eliminas camas turísticas". Pero no coló, pues el redactor del aún no aprobado Plan, reconoció que se permitirá a las plantas hoteleras (las ilegales, para ser más claros), "aumentar un 50% su edificabilidad", lo que a su vez redundaría en "una compensación económica de un 15% al Ayuntamiento por el aprovechamiento de esa mayor edificabilidad".

- Mario Pérez quiere legalizar lo que previamente había impugnado
El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, aseguró sin ruborizarse, que "el Plan aporta Seguridad Jurídica", añadiendo que "contribuye a generar economía". Pero se olvidó de decirle a los presentes (y a toda la opinión pública) que cuando había sido Presidente del Cabildo (accidental), impugnó el Plan Parcial Playa Blanca; el mismo Plan Parcial que ahora pretende "resucitar", pese a que está anulado por la Justicia.

De la misma forma, Gladys Acuña anunció que pretende "recalificar" el suelo donde se encuentra construida la "gran mansión" del arquitecto Carlos Morales (imputado por el escándalo de las licencias ilegales); Gladys olvidó que hace años denunció ese mismo terreno, cuando era Concejal de la oposición... Y en la rueda de prensa permaneció callado el concejal Jose Antonio Rodríguez (PNL), el mismo que había sido Concejal de Urbanismo cuando se denunciaron las licencias ilegales a complejos  hoteleros (hoy anuladas por Justicia).

- ¿Legalizar lo ilegalizado jurídicamente?

Lo más irónico de la comparecencia público fue que el Director General de Ordenación del Territorio, Juan José Santana, insistió en que había que "regularizar los hoteles", amparándose en la Ley de Modernización Turística del Gobierno Canario. Pero olvidó señalar (todos olvidaron algo ese día) que el borrador de dicha "ley" fue elaborado (entre otros) por Ignacio Díaz de Aguilar: aquel letrado imputado por el ANULADO Plan Parcial Playa Blanca, y representante de algunas de las sociedades a las que se anularon las licencias de sus hoteles.

Eso sí, ninguno de los presentes supieron (o quisieron) decir, ¿cómo van a legalizar, lo que ya ha sido ilegalizado por los Tribunales de Justicia...? En una isla donde los desahucios están al orden del día, y donde Costas amenaza a núcleos urbanos como El Golfo o Tenézera, los empresarios ricos siempre tendrán cabida para determinadas instituciones...

http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/economia/el-plan-de-yaiza-quiere-legalizar-los-hoteles-anulados-por-la-justicia-a-cambio-de-4-millones-de-euros/20121108151521000897.html



El chalé de Morales y Alexia de Grecia que investiga el juez cuesta 3,8 millones

El matrimonio compró los terrenos en 2005 e inició en 2007 las obras que han sido denunciadas por la Guardia Civil - La casa tiene 1.200 metros construidos, tres plantas y ocupa suelo no urbanizable

El chalé que está a punto de sentar en el banquillo al esposo de la princesa Alexia de Grecia, el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y está valorado en 3.823.000 euros, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La casa, que es investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, es propiedad a partes iguales de la pareja.

El matrimonio compró la finca en abril de 2005 por 257.000 euros, y en octubre de 2007 "iniciaron una construcción destinada al uso de vivienda que ocupa 1.200 metros cuadrados". La obra nueva, que asciende a 925.000 euros, se levanta en un solar de 5.100 metros y se distribuye en tres plantas. Sin embargo, la tasación total y final del inmueble es de 3.823.000, según el crédito hipotecario investigado por la UCO. El chalé no está terminado en la actualidad, en parte por la intervención de la Guardia Civil.

Los agentes del Grupo Especial de Delitos Urbanísticos concluyen en su informe que la vivienda "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, pues el muro más próximo al mar está a poco más de 20 metros. El suelo es no urbanizable y también podría ocupar una zona verde de especial protección en Puerto Calero (Yaiza).

La investigación comenzó el 5 de junio de 2008 gracias a una conversación telefónica intervenida por la UCO. Los interlocutores, el político Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, hablan del chalé que se está construyendo Morales en Puerto Calero. Los agentes se enteran de que la casa ocupa suelo no urbanizable e inician las pesquisas para comprobarlo.

La Guardia Civil considera que Morales ha podido cometer un delito contra la ordenación del territorio, y los agentes ponen la información en conocimiento del juez César Romero Pamparacuatro, que lleva meses investigando una supuesta trama de cobro masivo de comisiones en diferentes instituciones de la Isla (caso Unión).

Lo primero que hace el magistrado es abrir una pieza separada para instruir la denuncia sobre el chalé porque la superficie construida "contraviene" todas las normas urbanísticas aplicables. Los informes emitidos por los diferentes organismo públicos sostienen que la propiedad ocupa suelo no urbanizable e invade el dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, la licencia concedida por José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, "sería en todo caso manifiestamente ilegal y nula de pleno derecho".

Por todo ello, a principios de esta semana, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha solicita al juez que transforme esas diligencias en procedimiento abreviado para formular acusación contra Morales y Reyes

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/01/29/chale-morales-alexia-grecia-investiga-juez-cuesta-38-millones/349983.html


Y AHORA VIENE LO BUENO

Yaiza recalifica la casa de Carlos Morales como urbana en el nuevo planeamiento

El arquitecto lanzaroteño está acusado de prevaricación urbanística en el 'caso Unión' por su vivienda, que fue paralizada

El nuevo Plan General de Yaiza, aprobado de forma inicial, propone la recalificación como suelo urbano de una franja de 85.489 metros cuadrados situada en Puerto Calero, que denomina Puerto Calero 2, zona en la que el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, comenzó la construcción de su vivienda familiar en una parcela de unos 4.500 metros, cuyas obras fueron paralizadas en 2009 tras el estallido de la operación 'Unión'.

Morales está acusado en este procedimiento, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife, de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. El exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes otorgó a finales de 2006 a Morales la licencia de construcción del inmueble en suelo no urbanizable al tratarse de un área rústica de protección territorial, según las investigaciones de la Guardia Civil.

El informe elaborado al respecto por el Grupo Especial de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, señala, además, que la casa "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, ya que el muro más próximo al mar está a poco más de veinte metros.

Puerto Calero 2 se ubica entre los sectores turísticos residenciales de Puerto Calero, al este, y el de Cortijo Viejo al oeste. Al norte limita con suelo rústico y al sur con la zona portuaria.

Los redactores del nuevo planeamiento de Yaiza, el equipo de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gesplan, justifican el cambio de uso de la bolsa de suelo Puerto Calero 2, en que el objeto principal de la misma es "servir de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo, actualmente separados, mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte". Asimismo, el equipo redactor afirma que "este ámbito está en parte edificado, restando áreas por ocupar que carecen de valor ambiental alguno al estar completamente antropizadas".

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2012/10/19/yaiza-recalifica-casa-carlos-morales-urbana-nuevo-planeamiento/491369.html




 Y YO VIVIA EN CHO VITO

La nueva Ley de Costas del PP salva de la demolición al 95% de las casas de Anaga

Y CON LA ANTERIOR LEY DE COSTAS,  TAMBIEN.....



Tavío insta al alcalde a que certifique la situación de las viviendas para legalizarlas. Bermúdez convoca a los diputados y senadores canarios para buscar una solución

El Partido Popular de Santa Cruz aseguró ayer que está en las manos del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, salvar de la demolición al 95% de las viviendas que se encuentran en los núcleos costeros de Anaga. Por ello, la portavoz del PP en el Consistorio, Cristina Tavío, exigió al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que aproveche la nueva Ley de Costas para ayudar a las familias afectadas ya que esta normativa "da la oportunidad de legalizar las casas siempre y cuando el Ayuntamiento haga su trabajo".

Sra, Tavio, si los ayuntamientos hicieran su trabajo, nigún nucleo costero, estaria afectado por la ley de costas y por la ineficaz reforma que se ha aprobado recientemente

Según explicó Tavío, el proyecto de esta nueva ley, pues aún no está aprobada, permite salvar a los núcleos costeros aunque no se encuentren en suelo urbano, pero para eso antes el Ayuntamiento debe delimitar y certificar las condiciones urbanísticas que faciliten su legalización. "Estas condiciones, recogidas en la disposición transitoria segunda del proyecto legislativo, establecen la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros para aquellos núcleos que cuando entró en vigor la Ley de 1988 contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica", añadió.
Todo eso, en el plazo de dos años, a partir de la aprobacion de esta norma Sra Tavio,  y siempre  que el ayuntamiento, certifique que eso es asi, y que el ministerio lo apruebe, pues existen casos de que el ayutnamiento certifica y  el ministerio deniega, o sea, según criterios y color político.Lo mismo, MAS INSEGURIDAD. MAS ARBITRARIEDAD.

El PP ha realizado un estudio sobre la situación de las viviendas de Almáciga, Roque de Las Bodegas, Benijo, Igueste y Las Gaviotas, en el que se concluye que en prácticamente todas estas zonas se cumplen dichos requisitos, tal y como indicó la edil del PP en la capital Ana Zurita. "Por lo que el alcalde nacionalista y el concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, lo que tienen que hacer ahora es iniciar de forma inmediata el expediente para certificar todos los casos, pues una vez que se apruebe la Ley de Costas tendrán un plazo de dos años para resolver esta situación", manifestó la concejal.
Les falta hablar de Roque Bermejo, pero claro esta, eso lo demuelen completo

Para el PP ahora, con el nuevo proyecto legislativo, se podrían salvar el 95% de las viviendas afectadas, algo que no hubiese podido ocurrir con la anterior Ley (1988), ya que ésta obligaba a que los núcleos estuviesen construidos en suelo urbano y que tuviesen aceras y alumbrado público, entre otros requisitos. Con respecto al 5% restante, Zurita comentó que dichas casas se encuentran en el dominio público terrestre, por lo que su salvación es más difícil. Aún así, la concejal aseguró que el PP está intentando buscar una solución también para estos casos.
Si estan buscando una solución a  los casos de los pueblos costeros tradicionales, ¿como prometieron en la oposición, como es que no se refleja en la  nueva norma?

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz ha convocado para esta tarde a los diputados y senadores canarios para poder llegar a un acuerdo y buscar una solución a los núcleos costeros de Anaga, "promoviendo, en su caso, la modificación de este proyecto de Ley" en el caso de que los perjudique. Bermúdez recuerda que el pasado 30 de octubre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción "en defensa de los pueblos de Igueste de San Andrés, Tachero, Almáciga y Roque de las Bodegas", que fue apoyada por todos los grupos políticos en la Corporación local, incluido el PP.

Pero el PP no considera que el camino adecuado sea el de presentar una enmienda a este proyecto de Ley , como propondrá hoy el alcalde nacionalista a los senadores y diputados. "Batallas, las justas. En este caso no es necesario porque está en las manos del propio Ayuntamiento solucionar este asunto, ya que la nueva Ley de Costas da la posibilidad de legalizar estos núcleos si el Consistorio delimita y certifica las condiciones urbanísticas de las casas que se encuentran en el litoral de Anaga. Lo que ocurre es que parece que Bermúdez y Martín no se han leído el proyecto de Ley o no lo entienden", declaró ayer la portavoz del PP en la Corporación chicharrera.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide a los senadores y diputados canarios que, "independientemente de legítimas visiones personales o de partido, e incluso de posibles discrepancias en la interpretación jurídica o los antecedentes históricos", tengan un interés común en hallar una solución para las personas directamente afectadas, que les proporcione la tranquilidad y la seguridad jurídica que se merecen.



http://www.laopinion.es/tenerife/2012/12/21/nueva-ley-costas-pp-salva-demolicion-95-casas-anaga/451666.html

Que poco respeto me merecen aquellos políticos, que no defienden los problemas de su tierra, máxime, cuando lo han prometido, lo han defendido desde la oposición y al llegar al poder, esconden la mano.
Lo dicho, mas de lo mismo.

EL APODERAMIENTO LEGAL DE LA COSTA

    Se ha hecho público un informe demoledor sobre los intereses que tienen grandes constructores en la nueva ley de Costas. Una ley que se modifico en sólo 6 meses, aunque,  “pocos han sido los privilegiados que han podido participar en los borradores de la Ley” y “ninguna organización ambiental u organización científica  o asociacion de afectados tuvo acceso al texto

Una ley que ‘legaliza’ ilegalidades


Y es que , no es a las organizaciones ambientales o científicas…, ni desde luego a los intereses ciudadanos, a quien se pretende beneficiar con esta Ley.  Esta demostrado que una serie de empresarios muy bien relacionados, quizás nada sorprendentemente, con la cúpula ‘popular’. Empezando, según muestran, con el propio ministro son los grandes beneficiarios de esta Ley.


El proyecto de ley propone una revisión de los terrenos costeros públicos que,cae en toda una serie de ilegalidades, además de que “no contiene ni un sólo artículo para la protección de la ribera del mar ni para asegurar su integridad física frente a inundaciones o la subida del nivel del mar por el cambio climático”. Pero además, dice, “reduce de forma muy significativa el dominio público marítimo terrestre”,
Y es que aquí está la clave,  en la nueva Ley de Costas que impulsa Arias Cañete: la visión de la costa como un espacio para el negocio del ladrillo. Y van entonces, en el informe a los nombres. En concreto a los que señalan como grandes beneficiarios de la nueva ley. “La costa y los intereses creados”.

‘Cañete y familia S.A.’

En este sentido, se apunta directamente al propio ministro, recordando su paso por los Gobiernos de Aznar y cómo “ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios”. Señalan los ecologistas que “Cañete es de los diputados con mayor patrimonio”, y relacionan a continuación sus intereses con las petroleras Ducar S.L. y Petrologis Canarias (en las que ha ocupado cargos de responsabilidad y tiene miles de acciones a su nombre o al de su esposa y cuñado, Miguel Domecq que, “le sustituyó como presidente”, pero también con “promotoras, inmobiliarias e inversiones similares”.


 Es toda una trama lo de estas relaciones entre el ministro y los ‘tiburones’ del ladrillo. Recuerda que Arias Cañete fue nombrado en 2009 “consejero de Bami Newco por promotores como Joaquín Rivero”, empresario de Jerez de la Frontera, como Cañete, vinculado, por ejemplo al proyecto de Puerto Sherry, o a otro como Marina Puerto de Santa María S.A. que, dice el informe, “pretende construir 947 viviendas de lujo con una edificabilidad que casi triplica el máximo permitido”.


No es sólo cuánto tiene, es también qué tiene

El ministro, “no destaca por cuánto patrimonio posee sino “por lo que tiene”, es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario”, aspectos que “le señalan como un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental y donde podría haber posibles conflictos de intereses”.


   Se repasa también, en este sentido, los “conflictos de intereses de Cañete y el ladrillo”, por sus relaciones familiares. Y hacen referencia a sus cuñados, José Ramón Bujanda Sáenz y Borja Domecq, así como a sus sobrinos Borja y Fátima, que “son parte de Bofado Inversiones S.L. dedicados a la construcción, edificación y, entre otros, reparcelación y venta de edificios”.



Otros aspectos de la ley, también favorecen a empresarios muy cercanos al PP y al propio ministro. Se señala en este caso, por ejemplo, la modificación en la calificación de terrenos costeros inundables, que hace que “algunos concesionarios de proyectos de acuicultura o explotación de salinas han incrementado considerablemente sus arcas patrimoniales”. Y tras preguntarse, irónicamente, los ecologistas “¿quiénes son los agraciados?” repasan cómo estas modificaciones benefician, por ejemplo, el conglomerado de negocios que poseen el exministro de Aznar Abel Matutes y familia, junto al expresidente balear Gabriel Cañellas, tanto en empresas salineras como en piscifactorías. Y esto tanto en Baleares, de donde son Matutes y Cañellas, como en Cádiz, provincia de donde procede Cañete.


Villar Mir y sus rías

SE  denuncia cómo se van a ver beneficiados otros empresarios con otra modificación que trae la ley y por la que la protección de la costa pasaría de 100 metros a 20 metros en algunas zonas “en atención a las caraterísticas topográficas o hidrográficas”. Según los ecologistas aquí se está pensando en zonas como las rías. Y dan dos ejemplos: la ría de Huelva y la ría de Boo, en Santander, “dos rías -dice el informe- que a la mayoría no nos dicen mucho, pero a Juan Miguel Villar Mir le suenan muy cercanas”.


Y es que, según denuncian, en Huelva se sitúan las “balsas de fosfoyesos”, de Fertiberia, condenada por la Audiencia Nacional y por el Supremo por delitos contra el medio ambiente, cuyo dueño es Villar Mir y cuya exdirectora de Planificación es Isabel García Tejería, que ahora es Secretaria General en el ministerio de Arias Cañete. En cuanto a la ría de Boo, en ella se sitúa Ferroatlántica, que también es de Villar Mir. Su ubicación en 45% está en terreno de dominio público, es decir ilegal. Con la modificación de la ley, esta situación se vería modificada para bien de la empresa.


El negocio de los paseos marítimos

se denuncia  cómo la ley va a modificar la calificación de los paseos marítimos. “Con la nueva ley en la mano -dice el informe-, aquellos municipios que han construido una urbanización sobre un terreno de marismas o simplemente en un terreno público e inmediatamente antes de la orilla del mar se haya construido un paseo marítimo, ahora con el nuevo Proyecto de Ley podrán dar por válida su destrucción ambiental y legalizar urbanizaciones”. El “truco” del paseo marítimo, lo llama, y a continuación señala quiénes son los “agraciados” por esta modificación.


El informe da el ejemplo, entonces de la Playa de la Patacona, en Valencia, para señalar a la inmobiliaria Lasho, del constructor Bautista Soler, “uno de los magnates del ladrillo de la costa valenciana muy relacionado con el PP”. En la Patacona hay diversas construcciones ilegales, ‘protegidas’ por un paseo marítimo y por las autoridades locales y regionales, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo en su informe calificó el caso de esta urbanización como “un ejemplo del amparo que la Administración puede prestar a actuaciones ilegales”.


Los ‘ladrilleros’ se tocan: Soler, Rivero… Cañete

Bautista Soler es amigo de Joaquín Rivero. Pero también socio en algunas aventuras. Por ejemplo en Bami, empresa de cuya ‘biografía’ el informe da un detallado relato, y con la que también relaciona a Ignacio López del Hierro, hombre de negocios más conocido por su boda con Maria Dolores de Cospedal. Recuerdan los autores del informe de Greenpeace cómo Arias Cañete fue nombrado consejero de Bami al dejar el Gobierno de Aznar, y que sigue siendo accionista aunque tuvo que renunciar a su cargo cuando fue nombrado ministro por Rajoy.



 Y YO VIVIA EN CHO VITO

César Tolosa entiende que la reforma de la Ley de Costas es «sumamente polémica»

El presidente del TSJC recuerda que los poderes públicos «debemos ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, recordó ayer que los poderes públicos «tenemos que ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad», en referencia a la Ley de Costas del año 1988, actualmente en fase de reforma y, según entiende, con objetivos «excesivamente ambiciosos para el momento en el que se aprobó». El presidente del Alto Tribunal, que admitió que la revisión de la norma que se está tramitando en el Congreso es «sumamente polémica», prefirió no valorar las modificaciones que se pretenden hasta que no las vea reflejadas en el Boletín Oficial del Estado. «Sólo puedo decir -aclaró- que los que pedían la reforma pensarán que se han quedado cortos y los que no la pedían que se han excedido».

Tolosa acudió ayer a la llamada de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria para participar en el ciclo de conferencias organizado por este colectivo en la sede de la Obra Social Caja Cantabria, donde el presidente del TSJC estuvo acompañado por el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, el concejal del área del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, el actual presidente del colectivo, Justo Cobo, y un centenar de oyentes, entre ellos la consejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo cántabro, Leticia Díaz.

El magistrado se adentró en la incidencia de la Ley de Costas en el urbanismo regional realizando un recorrido histórico por una norma «criticada y denostada por unos y defendida y protegida por otros» a la que en un momento de su intervención él mismo se refirió como «el complejo entramado que estableció el legislador de 1988».

Antes de comenzar ese camino, y de adentrarse por los vericuetos más farragosos de la Ley de Costas, fue que Tolossa lanzó su primera reflexión: «El fracaso del modelo de la Ley de Costas de 1988 radica en que planteó objetivos muy ambiciosos a largo plazo, objetivos excesivamente ambiciosos para el momento en que se aprobó». Por eso «tenemos que ser capaces de dictar leyes que puedan ser cumplidas por la sociedad».

Luego, en el trayecto, el presidente del TSJC recordó que la normativa vigente desde hace 24 años «lo que viene a hacer es culminar una aspiración de las doctrinas jurídica y constitucional que vienen a establecer de forma clara que en nuestro país es necesario que el dominio público marítimo terrestre no tenga ninguna otra titularidad que no sea la pública, haciendo desaparecer (y aquí empiezan los grandes problemas) las titularidades privadas preexistentes a partir de la Ley de Costas anterior a la aprobada en el año 1988».

Con ella, «se trató de poner freno a los dos grandes males que estaban afectando al litoral español: su degradación física y falta de conservación y el paulatino, constante e inacabado proceso de privatización de la zona de dominio público marítimo terrestre».

Litigios

Sin embargo, «algo hemos hecho mal cuando 24 después (de la entrada en vigor de la Ley de 1988) todavía no hemos puesto fin a este conflicto», añadió el magistrado, que recordó a constructores y promotores que la normativa y su desarrollo sigue siendo, a día de hoy, «objeto de una cadena de litigios que el Tribunal Superior de Justicia todavía está resolviendo».

Tolosa, que apenas dedicó algunos minutos a la reforma de la ley, recordó que esta revisión surge fundamentalmente «de las demandas de las plataformas de afectados por sentencias de derribo con la finalidad única de ampliar los plazos de las concesiones, que deberían concluir en el año 2018 y se prorrogarán 75 años» y admitió que a él le parece «sumamente polémica», aunque no quiso valorar los cambios hasta que sean oficiales.



http://www.eldiariomontanes.es/v/20121219/cantabria/cesar-tolosa-entiende-reforma-20121219.html

El censo de núcleos costeros en peligro queda en papel mojado

Los ayuntamientos no han presentado los planes de urbanización al Ejecutivo regional

EFE

La Ley 7/2009, de 6 de mayo y de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, dio vía libre para la redacción de una lista o censo de núcleos costeros, ubicados en dominio público, cuyas características pudiesen evitar su demolición. Hoy, los problemas judiciales y los incumplimientos de los ayuntamientos, que debían colaborar con la Consejería de Política Territorial en la elaboración de la lista, han convertido este instrumento en mero papel mojado.

Por medio de una nueva disposición, el censo registraría aquellos núcleos amenazados y que, por sus valores «etnográficos, arquitectónicos o pintorescos», pudieran huir de la quema. La idea era que «su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social» les facilitasen la «amnistía», so pretexto de la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas. Para que una edificación se beneficiase de este instrumento, antes era necesario un compromiso de sus titulares o del ayuntamiento del municipio en cuestión. Este compromiso consistía en garantizar que se instalarían los servicios urbanísticos básicos, especialmente aquellos relativos a las aguas residuales, para impedir vertidos incontrolados en el mar. Sin embargo, ni una sola de las corporaciones locales ha cumplido aún este requisito.

Así consta en la respuesta que la consejería que dirige Domingo Berriel ha dado a una pregunta al respecto de la diputada Cristina Tavío. «Los ayuntamientos deben remitir un mero listado de edificaciones afectadas, con los compromisos de urbanización por medio de convenios con los particulares o asumidos por el pleno de la corporación. En este sentido hay que indicar que ninguno de los listados remitidos ha cumplido este requisito», informa el departamento del Ejecutivo regional a la parlamentaria.

Con todo, este descuido de los ayuntamientos no es lo único que ha minimizado la relevancia del censo (cuya aprobación corresponde, en última instancia, al consejo de gobierno). No en vano el Tribunal Constitucional aún ha de pronunciarse, pues el Estado interpuso un recurso contra la ley por considerar que esta invade sus competencias, lo que podría hacer inútil una eventual aprobación de esa lista, argumenta la consejería en su respuesta. Cabe recordar que el artículo que regula la elaboración del censo fue suspendido de forma cautelar por el Constitucional, si bien levantó esta suspensión provisional allá en diciembre de 2010.

Y por si fuera poco, y aun en el caso de que la autonomía lograse salvar el escollo judicial, la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas requiere la «unanimidad» de Estado, comunidad y municipio, algo que parece difícil de conseguir. «El hecho de que la Administración estatal haya recurrido este artículo y haya manifestado su rechazo a declarar de interés público las construcciones realizadas sin autorización o concesión ha significado, 'de facto', un bloqueo a la viabilidad de la herramienta del censo». El departamento del Ejecutivo canario agrega en el escrito de respuesta que «probablemente» sea esta la causa de la «escasa utilización» que hacen los ayuntamientos de este instrumento.

Veintisiete núcleos amenazados

Hasta el momento, han sido diez los ayuntamientos que han enviado a la consejería las listas de los poblados que, según consideran, podrían evitar su demolición por medio del censo y al amparo de la disposición transitoria cuarta de la ley de Costas. Ninguna especifica los planes de urbanización. Sea como fuere, las corporaciones han remitido información sobre las poblaciones de Majanicho (La Oliva); Los Molinos y Puerto Lajas (Puerto del Rosario); Ojos de Garza y Tufia (Telde); San Andrés (Arucas); Chozas de Jacomar (Antigua); Porís de Candelaria, Pozo del Jurado, Playa de la Veta y Pozo de Tinizara (Tijarafe); El Faro, Puntalarga, Río Muerto, El Puertito, Playa Echentive y La Zamora (Fuencaliente); Mesa del Mar y El Pris (Tacoronte); Pozo de las Calcosas, El Tamaduste, La Caleta, Puerto de La Estaca, Temijiraque y Las Playecillas (Valverde); y Bajo la Cuesta y Risco de las Tablas (Candelaria).

http://www.abc.es/local-canarias/20121218/abci-censo-nucleos-costeros-201212180237.html

 EL PROBLEMA EN CUESTION, NO ES QUE EL CENSO SEA PÀPEL MOJADO, EL PROBLEMA ES QUE ,LOS AYUNTAMIENTOS, NO ESTAN POR LA LABOR, Y LO ANTIGUO Y TRADICIONAL, NO LES IMPORTA ABSOLUTAMENTE NADA.
  DE LOS DIEZ AYUNTAMIENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, TODOS NO HAN INCLUIDO ALGUN QUE OTRO NUCLEO MAS.
SEAMOS REALISTAS, LES IMPORTA MAS EL SUELO Y SU DESARROLLO URBANISTICO QUE LAS CASAS ANTIGUAS DE UNOS POCOS.

La costa que el Gobierno no quiere ver

ANA ORAMAS


DIPUTADA DE COALIACIÓN CANARIA

Es probable que muchos de ustedes recuerden las visitas y compromisos de los candidatos del Partido Popular a las familias que residían o aún permanecen en núcleos costeros tradicionales construidos antes de 1988 y cuyo futuro se encuentra en manos de los Tribunales Justicia. Promesa que, como tantas otras, han incumplido esta semana en el Congreso, en donde los mismos que aseguraron en campaña que velarían por sus intereses han levantado la mano a favor de una reforma de la Ley de Costas que contiene todo lo contrario de lo que se comprometieron a hacer en la campaña electoral.

El proyecto de ley seguirá su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, pero no existe ni la más remota posibilidad de que el Partido Popular enmiende una iniciativa parcial y sesgada, que no afronta el verdadero problema que existe en el litoral y que, además, no responde al objetivo fijado por el Ministerio de Agricultura: su sostenibilidad.

Los que antes eran candidatos y ahora cohabitan en las filas de un partido que ha dado la espalda a Canarias han sido cómplices, con su apoyo, a una injusticia que cercena las escasas esperanzas de quienes viven con la angustia que supone residir en una casa cuyos días están contados.

El parche que el Gobierno del Estado ha remitido a las Cortes sirve únicamente para extender a 75 años las concesiones tanto nuevas como vigentes, sin analizar el objetivo ni las consecuencias económicas, y amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, además de establecer un deslinde excepcional para la isla de Formentera, en Baleares, por su especial configuración geológica.

Esta reforma pone de manifiesto el desconocimiento del Gobierno del problema que sufren muchos núcleos costeros del litoral, entre ellos los que existen en Canarias, para los que no aporta ninguna solución tanto en relación con su afección al deslinde marítimo terrestre como a la servidumbre.

Obvia las singularidades de Canarias, la Comunidad Autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en las Islas no encajen en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta a la nuestra.

Omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la ley de Costas de 1988, cuya realidad social y económica nunca ha sido adecuadamente considerada y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural. Valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora desestima.

Tampoco resuelve los problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto los que corresponden a las administraciones locales como a la Comunidad Autónoma.

Esperábamos de esta nueva norma que, al menos, reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Estado se sigue reservando en esta reforma las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local. En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, esta reforma las complica o condiciona en las zonas de servidumbre, estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni la delimitación en zona de servidumbre.Nos enfrentamos a una reforma que no aporta nada a Canarias y en la que el Gobierno legisla sin entender ni querer ver una realidad que afecta a la Comunidad Autónoma más vinculada a su litoral.

http://www.laopinion.es/opinion/2012/12/16/la-costa-que-el-gobierno-no-quiere-ver-costa-gobierno-quiere-ver/450896.html?utm_source=rss

Oramas asegura que la reforma de la ley de Costas es “un parche” que omite las singularidades de los núcleos canarios

Los nacionalistas canarios rechazan en el Congreso la reforma presentada por el Gobierno del Estado


“Es una modificación sesgada y parcial que se limita a extender concesiones y amnistiar determinadas áreas”

El PP “se olvida de núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes antes de la ley de 1988”

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, expresó hoy –en el pleno del Congreso- su rechazo a la reforma de la Ley de Costas al tratarse “de una modificación parcial y sesgada que se limita a extender a 75 años las concesiones y amnistiar a determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, con su exclusión del dominio público marítimo terrestre o establecer un excepcional deslinde para la isla de Formentera”.


Oramas expuso que la reforma ratifica “el desconocimiento del Gobierno de la problemática de muchos núcleos costeros del litoral español, particularmente no considera las singularidades de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en el litoral de nuestro Archipiélago no encaje con exactitud en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta”.


“Esta nueva norma”, apuntó la diputada nacionalista, “no atiende a la actividad turística, residencial, de transportes, agrícola y pesquera, comercial, deportiva y de ocio y, en definitiva, una realidad social y económica que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre”.


Oramas indicó, a este respecto, que la propuesta del Gobierno del Partido Popular se olvida de “núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes en nuestras costas con anterioridad a la ley de 1988, cuya realidad social y su actividad económica nunca ha sido adecuadamente considerada, cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural, valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora no considera”.


“No resuelve problemas competenciales”


La diputada nacionalista indicó que la reforma “tampoco resuelve problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto respecto a las competencias locales como a las autonómicas”.


Oramas subrayó que “cabía esperar de una nueva norma que reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas que, al menos, constituyan verdaderos sistemas generales en los entornos urbanos.

En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Gobierno del Estado se sigue reservando las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local”.


En cuanto a las competencias de la Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, Oramas señaló que “las complica o condiciona en las zonas de servidumbre estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni de la delimitación en zona de servidumbre”.

http://lavozdetenerife.com/not/27547/oramas_asegura_que_la_reforma_de_la_ley_de_costa

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Arucas prevé el realojo de 150 familias afectadas por los linderos de la costa

El nuevo Plan General proyecta el traslado a San Andrés de los afectados por la ocupación de suelo marítimo

Arucas planifica su modelo urbanístico. El nuevo Plan General de Ordenación contempla el realojo en la zona alta del barrio de San Andrés de unas 150 familias que podrían verse afectadas por los lindes de la Ley de Costas y la construcción de un paseo marítimo entre El Puertillo y Moya. El documento, que permanece en exposición pública tras su aprobación unánime en el Pleno del Ayuntamiento, contempla la construcción de un muelle en El Puertillo, el traslado de la actual estación de guaguas hasta un nuevo intercambiador donde compartirá servicios con el futuro tren, y la construcción de una gran área cultural y administrativa.

El nuevo mapa que define el futuro socioeconómico de Arucas hasta el año 2024 está a punto de superar el último paso. El Plan General moldea la ciudad para acoger una población que podría rondar los 51.000 habitantes, lo que supondría en la próxima década un incremento de casi 13.000 personas. Y, según ese modelo de planeamiento territorial, los técnicos han diseñado de la mano del Ayuntamiento una ciudad en la que se elimina suelo urbanizable y se incrementa casi 120.000 metros cuadrados el suelo rústico. El objetivo es incentivar los cultivos, pero también la industria, que pasaría a aportar tres puntos más en el conjunto de la riqueza del municipio.

El Plan pone las bases para que las familias que viven en primera línea de mar entre Quintanilla y San Andrés y que pueden verse afectadas por el derribo de sus casas por la ocupación de suelo de dominio público, así como por la construcción de un paseo marítimo, puedan reasentarse en una zona próxima.

En principio, el suelo acotado para este fin se situaría por encima de la actual autovía del Norte, en unos terrenos privados entre los barrancos de Bañaderos y Azuaje, en San Andrés. Y tendría capacidad para alojar a 150 familias, que es el número máximo de viviendas que podrían acabar bajo la piqueta, si bien se desconoce de momento la afección real.

El alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, afirma que esta bolsa de suelo se delimita en previsión de los pasos que vaya a dar a partir de ahora el Gobierno Central, y para garantizar que los damnificados sigan en el barrio, minimizando su impacto social.

El municipio tiene interés también en alargar el paseo desde la prolongación de El Puertillo hasta Quintanilla, aunque en este caso se desarrolla sobre suelo sin construcciones. Incluso, se baraja el acondicionamiento de piscinas naturales en esta zona de Las Coloradas.

Más problemas habrá en el siguiente tramo hasta San Andrés, ya que ahí sí hay muchas viviendas casi sobre la playa. Pero, para ordenar toda esta zona debe hacer un Plan Especial en el que intervienen otras Administraciones que debe diseñar las acciones concretas en todo este margen, en la que también hay familias que optarían por salir de esta primera barrera de casas, ya que es frecuente que el agua toque sus puertas cada invierno.

Por otro lado, el nuevo ordenamiento urbanístico deja abierta la posibilidad de la construcción de un puerto deportivo y pesquero en El Puertillo. Torres considera que, aunque este proyecto está por definir en el Plan Territorial del Cabildo, lo ideal sería hacer un embarcadero de abrigo para las pequeños barcos que están sobre la arena y fondeados, ya que la corriente y la orografía de la zona impide asumir ideas más ambiciosas.

El Plan contempla el traslado de la actual estación de guaguas del casco hasta una nueva ubicación dentro de un intercambiador, que podría acoger en un futuro el tren en el caso de que el Cabildo se decida a llevarlo hacia Arucas. Este nuevo inmueble se levantaría junto a la circunvalación de Arucas-Firgas, entre la rotonda de Visvique y la gasolinera, para que las guaguas no tengan que pasar por el casco. La propuesta prevé una gran zona de aparcamientos que sirva para impulsar el uso del transporte público.

El Ayuntamiento mantiene su apuesta por la construcción de una gran área administrativa y cultura en el Parque Urbano de la Cultura, ubicado junto a la iglesia de San Juan, frente al cementerio. Aunque está pendiente de un Plan Especial al verse afectado parcialmente por el Bien de Interés del Casco Histórico. Estos terrenos que ocupan unos 20.000 metros cuadrados, y que ahora acogen un gran aparcamiento, se destinarán en su mitad como espacio libre y el resto para un auditorio cubierto y a la aire libre, sala de exposiciones y de actividades artísticas, así como una gran zona de estacionamiento.

Además, Rosa Silva se transforma en una zona de posible expansión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Granja del Cabildo, reservándose el suelo para uso tecnológico, de investigación y empresarial, dada su estratégica ubicación junto a la autovía, cerca de la capital y como punto medio entre los puertos de Agaete y La Luz.

https://dub113.mail.live.com/default.aspx?mkt=es-us#n=93622907&fid=5&mid=4e6dfc08-42e4-11e2-b8c1-00237de335b8&fv=1

Eurodiputados proponen una visita a España por las denuncias de Ley de Costas

Los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidieron hoy proponer a los presidentes de los grupos de la Eurocámara enviar una delegación a Madrid para pedir información sobre la reforma de la Ley de Costas, objeto de la mayoría de quejas ciudadanas españolas al PE.


Los coordinadores acordaron de forma unánime la iniciativa de realizar una visita "antes de Navidad o en enero a más tardar" para reunirse con las autoridades españolas, informaron a Efe fuentes parlamentarias.

"Los eurodiputados quieren hacer un seguimiento de Ley de Costas que se encuentra en trámite parlamentario", añadieron.

En el año 2011, casi la mitad de las 204 peticiones españolas presentadas a la Eurocámara estaban relacionadas con la Ley de Costas de 1988, cuya problemática ha afectado a miles de propietarios de la costa española.

La Comunidad Valenciana y Andalucía son protagonistas de la mayor parte de las denuncias. EFE

IMAGENES DE LA ULTIMA SEMANA DE CHO VITO

IMAGENES DE LA ULTIMA SEMANA DE CHO VITO.

VARAPALO A LA LEY DE COSTAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Tras la reu´nión del grupo de parlamentarios europeos que estudia la aplicación de la Ley de costas española,, España ha rfecibido un duro reves en la presentación de la reforma de la ley de costas  en el Parlamento Europeo.
   Estas son ls enmiendas realizadas por Magrrette Auken, crítica con la ley española, 14 nov 2012

Enmienda


. Considerando que el Gobierno

español ha presentado una nueva

propuesta de revisión de la Ley de Costas

para su examen en el Parlamento; que

dicho proyecto no parece que vaya a

disipar las preocupaciones en relación

con la falta de seguridad jurídica

expresadas en las peticiones a las que se

ha hecho referencia anteriormente, así

como que su objetivo tampoco consiste en

garantizar una protección reforzada a las

zonas costeras sino que, más bien, parece

que permitirá un mayor grado de

explotación económica;

Considerando que el Presidente del


Consejo Europeo y el Presidente del

Gobierno de España han señalado en un

comunicado de prensa conjunto dado a

conocer el 28 de agosto de 2012, tras la

reunión que mantuvieron en Madrid, que

los dos comparten la opinión de que las

razones de la crisis económica y

financiera en España radican, en gran

medida, en el excesivo grado de

endeudamiento del sector privado como

consecuencia de un auge inmobiliario

insostenible;


Propuesta de Resolución 

 Considerando que numerosas peticiones

alegan que los fondos de la UE son mal

utilizados o malversados y que otras

acusan de mal funcionamiento a la

administración de la UE, incluidos casos de

conflictos de intereses dentro de

organismos influyentes, o piden que se

introduzcan cambios en las políticas de la

UE;

Emnienda.
 Considerando que numerosas peticiones

alegan que los fondos de la UE son mal

utilizados o malversados y que otras

acusan de mal funcionamiento a la

administración de la UE, incluidos casos de

conflictos de intereses dentro de

organismos influyentes, o piden que se

introduzcan cambios en las políticas de la

UE, como la autorización de los

organismos modificados genéticamente

(OMG) o el uso de la energía nuclear;


Propuesta de Resolución

18. Considera que en las circunstancias
económicas actuales es conveniente, en

aras del bien común, que se disipe la

incertidumbre jurídica en torno a las

propiedades que puedan verse afectadas

por la Ley de Costas; acoge con

satisfacción el anuncio del Gobierno

español de que piensa revisar la Ley de

Costas con el objetivo de compatibilizar la

futuro protección del litoral español con el

crecimiento económico, así como dotar de

una mayor seguridad jurídica a los

propietarios; insta al Gobierno español a

garantizar los intereses de los ciudadanos

que han adquirido la propiedad de buena fe

y de aquellas comunidades que siempre

han compartido una coexistencia sostenible

con el mar; les insta, en particular, a que

aborden la cuestión específica de la

aplicación de la ley, de manera tal que no

se alienten decisiones arbitrarias,

retrospectivas o asimétricas, sino que se

garantice el debido proceso, el derecho de

apelación, una compensación adecuada y el

acceso a la información;

Enmienda. Considera que en las circunstancias

económicas actuales es conveniente, en

aras del bien común, que se disipe la

incertidumbre jurídica en torno a las

propiedades que puedan verse afectadas

por la Ley de Costas; hace hincapié en

que el objetivo de la Ley de Costas debería

ser reconciliar la futura protección del

litoral español con una mayor seguridad

jurídica a los propietarios; insta al

Gobierno español a garantizar los intereses

de los ciudadanos que han adquirido la

propiedad de buena fe y de aquellas

comunidades que siempre han compartido

una coexistencia sostenible con el mar,

estableciendo una diferenciación clara

entre estas comunidades y los verdaderos

causantes de la destrucción de la costa;

les insta, en particular, a que aborden la

cuestión específica de la aplicación de la

ley, de manera tal que no se alienten

decisiones arbitrarias, retrospectivas o

asimétricas, sino que se garantice la debida

protección contra las prácticas

discriminatorias, el derecho de apelación,

una compensación adecuada y el acceso a

la información;   Enmienda

. Recuerda que el Parlamento ha

señalado que la Ley de Costas ha tenido

un efecto desproporcionado sobre los

propietarios de inmuebles y, al mismo

tiempo, no ha tenido repercusiones

suficientes en los verdaderos causantes de

la destrucción de la costa que, en muchos

casos, han sido responsables de un

desarrollo urbano excesivo a lo largo de

la costa, incluidos los centros

vacacionales, y que tenían buenos motivos

para saber que estaban actuando,

siempre, en contra de las disposiciones de

esta ley; insta al Gobierno español a velar

por que aquellos cuyas acciones

fraudulentas han puesto a numerosos

ciudadanos de la UE en una situación

intolerable como consecuencia de la

pérdida de sus hogares o del riesgo que

corren de perderlos, además de haber

infligido un daño grave al entorno de las

costas y de haber contribuido en gran

medida a la crisis financiera y económica,

sean perseguidos debidamente y se les

obligue a pagar los daños que han

causado;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A7-2012-0240&secondRef=002-006&language=ES&format=PDF