Tufia pierde el derecho a luchar por sus casas ante el Tribunal Supremo

El Alto Tribunal se niega a admitir a trámite los recursos que presentaron cuatro vecinos porque el valor de sus viviendas es inferior a los 120.000 euros

Las vías abiertas por los vecinos de Tufia para intentar salvar sus casas siguen agotándose. Mientras los residentes esperan a que el Ministerio de Medio Ambiente autorice una moratoria para la reconstrucción de las 17 viviendas que ocupan suelo de dominio público marítimo-terrestre en la cala, varios de los propietarios afectados han continuado sus litigios en los tribunales.
 La última noticia al respecto, todo un revés para los residentes, es que el mismísimo Tribunal Supremo (TS) se ha negado a admitir a trámite los recursos que cuatro de ellos presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalase las pretensiones de la Demarcación de Costas de meter la piqueta y derribar los inmuebles que están junto al mar. La razón que esgrime el Alto Tribunal para ello es que la cuantía de los procedimientos -o dicho de otra manera, el valor de las casas- es inferior a 120.000 euros, y por debajo de esa cantidad, al parecer, no merecen la atención de sus magistrados.
El caso es que alguno de estos vecinos se ha tenido que gastar del orden de 7.000 euros para mantener vivo el pleito ante la administración de Justicia, y se desconoce ahora si al menos podrán recuperar este importe, total o parcialmente. Hace ya más de un año que el TSJC desestimó varios de los recursos contenciosos administrativos que los vecinos presentaron como respuesta a la intención del Estado de tirar sus moradas. El indulto temporal de Madrid, que debiera ser concedido al mismo tiempo que el Ayuntamiento consigue terrenos para reconstruir estas casas, o la opción de que el caserío sea declarado núcleo pintoresco son ya las únicas salidas que permanecen abiertas.
 A todas estas, el drama también asuela a los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Estos días han vuelto a recibir otra sentencia que respalda la orden de derribo de otra de las 21 casas que están asentadas sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre. Con esta ya son 15 las notificadas a los vecinos. Todos siguen esperando a que Madrid conteste sobre una prórroga que facilite su reconstrucción
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