El pleno del Ayuntamiento debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico municipal que certifica la compatibilidad de los asentamientos situados en la costa de Moya con la conservación del litoral
El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Moya debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico sobre los núcleos de población situados en el litoral del municipio, con el que, en caso de resultar aprobado, el consistorio solicitará al Gobierno de la Nación que todas las viviendas de la costa de Moya sean amparadas por la nueva Ley de Costas.
En virtud del citado informe técnico, el Ayuntamiento considera que la práctica totalidad de los asentamientos en cuestión se ubican dentro de suelo urbano consolidado, teniendo tal calificación con antelación a 1988, año de la entrada en vigor de la anterior normativa de protección del litoral español, la ley 22/1988 de 28 de julio. Esta condición protegería a todos los sectores de población que conforman el barrio de El Pagador, entre los que se encuentran El Roque, La Barranquera, La Villera y El Altillo. En este último lugar, la institución municipal estima que la nueva ley también debe amparar las únicas siete edificaciones que están localizadas totalmente dentro del dominio público marítimo-terrestre, pues fueron construidas entre 30 y 50 años atrás, de conformidad con el planeamiento vigente en aquel momento, contando en la actualidad con todos los servicios públicos municipales.Otro caso singular es el grupo de viviendas localizadas en la zona conocida como Casas Quemadas, junto a la desembocadura del barranco de Azuaje, que están levantadas en suelo rústico, en donde la servidumbre de protección se situaría en los 100 metros desde la línea de costa. No obstante, debido a que se trata de un área de crecimiento urbanístico natural, el Ayuntamiento cree que el Ministerio también debe considerar las Casas Quemadas compatibles con la integridad y la defensa del dominio público marítimo terrestre.
El informe municipal esgrime otros dos argumentos para solicitar el amparo del Ministerio de Medio Ambiente a las Casas Quemadas. Por un lado, asegura que la zona cumple con los requisitos señalados por la Ley del Suelo para ser considerado como suelo urbano, por lo que la servidumbre de protección podría situarse en los 20 metros, salvando a las edificaciones afectadas. Por el otro, se señala que el asentamiento se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Moya, con la categoría de conjunto histórico con valor etnográfico. Se trata de un asentamiento que, a pesar de haber quedado aislado, está muy vinculado al asentamiento urbano preexistente a principios del siglo XX.
Para el grupo de gobierno municipal, la ley 2/2013 de 29 de mayo, más conocida como la nueva Ley de Costas, es muy favorable para los núcleos de población costera del municipio. Ninguna de las edificaciones que estaban amparadas por la anterior normativa pierde su condición. Más bien al contrario, la nueva ley extiende el amparo a la gran mayoría de las edificaciones en el litoral moyense, con la posibilidad de considerarlas a todas, incluso a las que hasta ahora quedaban fuera de cualquier contemplación, como compatibles con la protección del medio ambiente costero
En virtud del citado informe técnico, el Ayuntamiento considera que la práctica totalidad de los asentamientos en cuestión se ubican dentro de suelo urbano consolidado, teniendo tal calificación con antelación a 1988, año de la entrada en vigor de la anterior normativa de protección del litoral español, la ley 22/1988 de 28 de julio. Esta condición protegería a todos los sectores de población que conforman el barrio de El Pagador, entre los que se encuentran El Roque, La Barranquera, La Villera y El Altillo. En este último lugar, la institución municipal estima que la nueva ley también debe amparar las únicas siete edificaciones que están localizadas totalmente dentro del dominio público marítimo-terrestre, pues fueron construidas entre 30 y 50 años atrás, de conformidad con el planeamiento vigente en aquel momento, contando en la actualidad con todos los servicios públicos municipales.Otro caso singular es el grupo de viviendas localizadas en la zona conocida como Casas Quemadas, junto a la desembocadura del barranco de Azuaje, que están levantadas en suelo rústico, en donde la servidumbre de protección se situaría en los 100 metros desde la línea de costa. No obstante, debido a que se trata de un área de crecimiento urbanístico natural, el Ayuntamiento cree que el Ministerio también debe considerar las Casas Quemadas compatibles con la integridad y la defensa del dominio público marítimo terrestre.
El informe municipal esgrime otros dos argumentos para solicitar el amparo del Ministerio de Medio Ambiente a las Casas Quemadas. Por un lado, asegura que la zona cumple con los requisitos señalados por la Ley del Suelo para ser considerado como suelo urbano, por lo que la servidumbre de protección podría situarse en los 20 metros, salvando a las edificaciones afectadas. Por el otro, se señala que el asentamiento se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Moya, con la categoría de conjunto histórico con valor etnográfico. Se trata de un asentamiento que, a pesar de haber quedado aislado, está muy vinculado al asentamiento urbano preexistente a principios del siglo XX.
Para el grupo de gobierno municipal, la ley 2/2013 de 29 de mayo, más conocida como la nueva Ley de Costas, es muy favorable para los núcleos de población costera del municipio. Ninguna de las edificaciones que estaban amparadas por la anterior normativa pierde su condición. Más bien al contrario, la nueva ley extiende el amparo a la gran mayoría de las edificaciones en el litoral moyense, con la posibilidad de considerarlas a todas, incluso a las que hasta ahora quedaban fuera de cualquier contemplación, como compatibles con la protección del medio ambiente costero
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