La cadena mallorquina cambia su
criterio: tras renunciar en 2007 a ampliar sus concesiones en Corralejo, ahora se acoge a los 75 años
La filosofía del Oasis: RIU nunca quiso trabajar sobre
concesiones, “preferimos la propiedad privada” dijo a Costas en la legislatura
anterior
La Ley de Costas del PP deja abierta la posibilidad de un nuevo deslinde
que les puede devolver la propiedad sobre las dunas
¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias? Su informe es
preceptivo, pero ¿lo hará Medio Ambiente o lo hará Ordenación del Territorio?
Ya tenemos sobre el territorio de Canarias a la primera gran empresa
beneficiada por la nueva Ley de Costas del Partido Popular, que rebaja la protección de todo el litoral español y abre la
puerta a la revisión de concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a
la privatización de zonas que hasta ahora parecían eternamente públicas. Como no podía ser
menos, esa gran empresa es la cadena mallorquina RIU, la que anunciaba al
Gobierno de España en 2007 su intención de ir abandonando paulatinamente sus
explotaciones en Corralejo y que ahora reclama para sí una ampliación de sus
concesiones en las dunas para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas por otros 75
años. La nueva ley, que cínicamente se llama “de protección y uso sostenible
del litoral”, se lo permite al dejar en agua de borrajas los acuerdos que la
cadena cerró con el Gobierno socialista tras una sentencia del Supremo de 2003
que ratificaba el deslinde marítimo-terrestre. Según aquellos acuerdos, RIU
perdería por caducidad la concesión sobre el Oliva Beach en 2017, y sobre el
Tres Islas en 2037, aunque podía extenderla, por renovación automática, hasta
2052. “Nosotros no trabajamos con hoteles sobre concesión administrativa,
manejamos la propiedad privada, y aunque nos otorguen 60 años preferimos que
nos dejen estar hasta amortizar nuestras inversiones y luego, nos vamos
pacíficamente”, dijeron los representantes mallorquines a los responsables de
Costas en las negociaciones que se cerraron en 2007. De este modo, la compañía
renunciaba a su derecho a 30 y a 37 años, respectivamente, sobre sus dos
hoteles de las dunas de Corralejo. Tan cierto era que su deseo era abandonar el
norte de Fuerteventura que, en el marco de aquellas negociaciones hasta
cedió al Estado la isla de Lobos, afectada también por el deslinde que acababa
de ratificarse. Pero llegó el PP, y con él la defensa de los intereses
(generales) de empresarios tan poderosos e influyentes como los del sector
turístico mallorquín, para los cuales parece estar hecha a la medida esta ley
de costas, perdón, de protección y uso sostenible del litoral. Y dos piedras.
Lo que viene ahora: revisión del deslinde
La ley y la postura de RIU son absolutamente coherentes: la compañía
mallorquina no quiere trabajar “sobre concesiones administrativas” sino sobre
propiedad privada, es decir, la suya. Siendo así, ¿por qué la cadena pide una
ampliación de la concesión? ¿Ha cambiado de criterio? En absoluto. Es cierto
que la nueva ley de desamparo del litoral permite una renovación casi
automática por 75 años de las concesiones antes limitadas a 30 + 30, y a ella
ya ha decidido acogerse, pero lo que realmente esconde la ley con su
indefinición es la posibilidad de abrir la puerta a que los concesionarios
recuperen la titularidad de los espacios naturales o de dominio público
marítimo-terrestre que pasaron a titularidad pública con la derogada ley de
costas. El procedimiento es bien sencillo y la autoridad no va a poner
objeciones: revisión del deslinde mediante alegaciones como, en el caso que nos
ocupa, que las dunas no están ligadas a la estabilidad de la playa. Revisado el
deslinde en favor del solicitante, la reversión de la propiedad es automática,
lo que hace buena la máxima de RIU de no trabajar sobre concesiones. Como en el
Oasis de Maspalomas, donde proyecta un hotel sobre un suelo cuya titularidad
discuten más de cuatro profesionales y entidades especializadas por las trazas
que presentan las cesiones y alguna sentencia del Supremo actualizada.
¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias?
Así las cosas, se abre la caja de pandora, porque la ley no sólo sirve para
RIU y las cadenas hoteleras apadrinadas por los empresarios más cercanos al
Gobierno de Rajoy. Cualquiera que tenga un problemón con el deslinde puede
alegar un cambio en las mareas por el calentamiento global y pedir que se le
revisen los metros de protección, y en Canarias tenemos casos a porrillo. Pero
en el caso que nos ocupa asistimos a una modificación en una concesión
administrativa (es lo que de momento se va a tramitar) que requiere un informe
preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. La primera duda no surge sobre
cuál va a ser su pronunciamiento sino sobre qué órgano lo elaborará. Si lo hace
Medio Ambiente, en manos del PSOE, es de esperar que se recurra a la protección
y a la conveniencia de que el patrimonio natural vaya revertiendo al término de
las actuales concesiones en el uso público y la restitución de los espacios
ocupados por construcciones intrusas. Pero como se decida que el informe lo
elabore Ordenación del Territorio, los tiros irán en dirección contraria
previsiblemente. No sólo por la condición de majorero del consejero titular,
Domingo Berriel, que habrá de responder a la postura de las autoridades de esa
isla, sino por su posición más que ambigua sobre la nueva ley del PP.
Prevalecerá, nos tememos, la influencia de RIU, que se viene manifestando de
manera descarada en las gestiones encomendadas a la empresa pública Gesplan en
la resolución del conflicto abierto en el Oasis de Maspalomas. No tardaremos
mucho en verlo.
http://www.eldiario.es/canariasahora/topsecret/turismo-Riu-hotel-Corralejo_6_228587164.html
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