Costas deslinda El Perellonet por la línea de dunas para salvar las casas

Medio Ambiente dice que ha sido flexible para no entrar en confrontación con el ayuntamiento



JOSÉ PARRILLA VALENCIA

La Dirección General de Costas publicó ayer el deslinde de la playa de El Perellonet, que se ciñe a la línea de dunas y no invade zonas construidas, según indicaron ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que dicen haber sido muy respetuosos en este sentido para evitar enfrentamientos con el Ayuntamiento de Valencia, que había denunciado las otras tres actuaciones realizadas en sus playas por considerarlas un abuso.
Los deslindes son importantes por cuanto delimitan la franja de playa que gestiona el Gobierno y la que queda en manos del ayuntamiento de turno. Por ejemplo, el conflicto de los chiringuitos se produce porque estos restaurantes están en el espacio marítimo terrestre que gestiona la Dirección General de Costas y es éste organismo el que da las concesiones, no el consistorio.
En el caso de Valencia, el litoral se ha dividido en cuatro áreas, de las cuales quedaba pendiente la que va de la Gola de El Perellonet a la gola de El Perelló, 4,8 kilómetros de costa que comprenden básicamente la playa de El Perellonet, ampliamente urbanizada con segundas residencias.
Según declaró ayer el concejal Alfonso Novo, en esa delimitación se invadían propiedades privadas y municipales y de ahí que se hicieran las correspondientes alegaciones desde el Ayuntamiento. En concreto, se veían afectados tres edificios de la avenida de las Gaviotas (urbanización Civisa) y varias parcelas de suelo dotacional del Ayuntamiento de Valencia, además de estrangular la calle Delfines. Ayer, sin embargo, todavía no se conocía, dijo Novo, el detalle del nuevo deslinde, que ha introducido cambios.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron, por su parte, que en este nuevo reparto de costa se ha sido flexible para evitar nuevas confrontaciones con el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, aseguraron que se han ajustado a la línea de dunas para no entrar en espacios privados ni poner en cuestión determinadas construcciones.

Versiones encontradas
Se trata, en cualquier caso, de una versión para poner en cuarentena, pues con el anterior deslinde también se dijo lo mismo y el Ayuntamiento de Valencia tenía una visión diametralmente opuesta. Es más, además del deslinde existe una zona de servidumbre que amplía, con menos restricciones, la zona reservada como espacio marítimo público terrestre, es decir, la parte que se queda el Gobierno.
Ahora, los titulares de propiedades que estén dentro del espacio marítimo terrestre tienen un plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión y acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Ley de Costas.
Para los particulares que no estén de acuerdo, sin embargo, la vía administrativa está agotada, por lo que solo cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos.
El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, tiene dos meses para recurrir, cosa que previsiblemente ocurrirá.

Municipios costeros de Castelló crean una plataforma para defender las viviendas del litoral

La Diputación de Castelló y los Ayuntamientos de Castelló, Torreblanca, Orpesa, Cabanes, Almassora, la Llosa, Nules y Xilxes han aprobado la creación de una plataforma ciudadana para la protección de las viviendas y propiedades del litoral castellonense. El objetivo de esta iniciativa, integrada sólo por consistorios gobernados por el PP pero "a la que se ha invitado a participar a todos los municipios de la zona costera", es "aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios de viviendas históricas de la provincia de Castellón frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas".
La iniciativa responde, según señalan fuentes de la diputación, a la petición de los alcaldes, "que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la administración central y reclamar el respaldo de las instituciones europeas". La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la Ley y la retroactividad de la misma".

Otras opciones legales
Vicent Aparici, vicepresidente de la diputación, ha destacado que "la plataforma nos permitirá presentar ante la Eurocámara una petición consensuada por todos los afectados y respaldada por la ciudadanía, para lo que vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas". Asimismo, añadió que "estamos estudiando otras opciones legales para reclamar la atención necesaria sobre lo que consideramos un ataque a los derechos de la ciudadanía".
En esta línea, asegura que "esta plataforma se ha creado y pensado para dar cabida a todos los municipios, con independencia de colores y tendencias, y es una lástima que no estemos todos los municipios afectados sentados en este mesa de trabajo".
La aplicación retroactiva, según Aparici, "conlleva graves perjuicios para el patrimonio histórico y el objetivo es conseguir comunicar la realidad de los pueblos costeros y lograr que los eurodiputados medien desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, para paralizar la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, tal y como la ha planteado Madrid".
http://www.levante-emv.com/castello/2010/12/27/municipios-costeros-castello-crean-plataforma-defender-viviendas-litoral/768910.html

Una subcomisión Canarias-Estado consensuará la ejecución de la Ley de Costas

La creación de una subcomisión, que comenzará a trabajar antes del próximo 15 de enero, es el acuerdo alcanzado por el Estado y Canarias para consensuar la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, según ha explicado en un comunicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.
El consejero dijo que la finalidad de este órgano es el análisis de la problemática de las Islas en esta materia y la proposición de soluciones que se materializarán en la suscripción de acuerdos entre ambas administraciones.
El responsable autonómico explicó que esta subcomisión, integrada por cinco representantes del Estado e igual número del Gobierno de Canarias, planteará "acuerdos que resuelvan las discrepancias que han surgido hasta ahora en la interpretación y el modo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias".
En este sentido, Berriel apostilló que las principales diferencias se concentran en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la línea de servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que cumplen con las condiciones exigidas por la Ley de Costas, ya que tienen naturaleza urbana antes de su entrada en vigor. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
Otra de las funciones de esta subcomisión mixta es trabajar para "racionalizar y modular" las actuaciones de recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero, sin llevar implícito un mayor costes social, dijo Berriel, quien remarcó la importancia de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
En este sentido, Domingo Berriel apuntó que este grupo de trabajo también será "el foro adecuado para la interpretación y correcta aplicación de la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario".
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-subcomision-canarias-estado-consensuara-ejecucion-ley-costas-20101222145255.html

Ley de Costas: sí hay razones para la inquietud

MODESTO PIÑEIRO GARCIA-LAGO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA

El informe cameral sobre los posibles efectos de la Ley de Costas ha dado lugar a todo tipo de opiniones, todas ellas muy respetables. También es respetable el criterio que se desprende de la entrevista realizada al profesor D. Juan Manuel Alegre, publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS el 12 de diciembre, pero se podría pretender que es la Cámara quien, a través de su informe, ha generado una situación de alarma o de incertidumbre, cuando lo único cierto es que dicha situación se ha generado por la propia Ley y por su aplicación, por muy legítima, legal y vinculante que ésta sea.
En la entrevista se podía leer que «no se puede hablar de inseguridad jurídica cuando desde 1988 se sabía que las concesiones administrativas expiraban en 30 años», y en la pregunta siguiente, al contestar el profesor sobre si todas las industrias y negocios concesionales desaparecerán como denuncian los afectados, responde que «no, porque la norma contempla también la posibilidad de obtener una prorroga por otros 30 años.
Lejos de cuestionar los conocimientos jurídicos del profesor Alegre, sí nos plantea cierto estupor que se considere que el hecho de que las concesiones se puedan, o no, otorgar por otros 30 años más, no es un elemento que introduzca, al menos, cierta inseguridad jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos prácticamente en el año 2011 y que, a fecha de hoy, ninguna de las empresas sabe si obtendrá, o no, la famosa prórroga. Cierta sensación de inseguridad, jurídica, económica e incluso existencial sí que tendrán esas empresas, vaya que sí.
Pero es que, además de la disposición transitoria 1 de la Ley, también existe la disposición transitoria 6ª de la misma Ley, que en sus apartados 1 y 2, establece que:
1. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen.
2. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.
Y la disposición transitoria 14ª 3, del Reglamento de la Ley de Costas, que hace incompatible el mantenimiento de las empresas con los criterios de ocupación del dominio público. Por consiguiente no queda tan claro, ni medio claro, que se vaya a otorgar la prórroga de la concesión por otros 30 años.
Y aún queda menos claro después de leer lo dispuesto el artículo 32.1 de la Ley: «Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Por todo ello es, como poco, incierto que se les vaya a conceder una prórroga por 30 años.
En cualquier caso difícilmente una empresa va a plantearse ningún tipo de inversión sin saber con un alto grado de certeza qué le va a ocurrir en el 2018. Pero, además, también existen situaciones que van más allá de la mera inseguridad, y generan frustración con el 100% de certeza.
Por ejemplo, pensemos en unos propietarios, que los hay, titulares dominicales que adquirieron sus terrenos al propio Estado y que inscribieron sus derechos en el registro de la propiedad, y construyeron con toda legalidad una industria, una casa, una empresa con vocación de continuidad. Pues bien, esos propietarios pasan a convertirse en meros concesionarios, que no podrán ya, por ejemplo transmitir el bien, excepto que lo hagan mortis causa y sabiendo que al final de ese plazo de la concesión el terreno y su propiedad revierten al Estado. Y respecto de que se realicen afirmaciones tan tajantes, como que las edificaciones existentes se van a respetar; pues tenemos dudas al respecto, ya que no se desprende tal afirmación de la lectura del artículo 72 de la Ley de Costas, que en la inmensa mayoría de los casos implica la demolición y retirada de lo construido, a expensas del concesionario.
La Cámara de Cantabria no ha generado una alarma en la sociedad por expresar una preocupación fundamentada en un informe y en criterios legales Más bien habrá que entender que la Cámara, cumpliendo con sus funciones y obligaciones, pone de manifiesto una situación bien alarmante per se, que en absoluto contribuye a mejorar las posibilidades de las industrias afectadas, y avisa de que existen maneras legales y legítimas para afrontar esta situación. La primera, evidentemente, es la de apoyar la modificación de la disposición 14ª del Reglamento, como mínimo cambio normativo imprescindible.
En segundo lugar, muchos ciudadanos prefieren luchar, con la única arma que les da el Estado de Derecho en el que han delegado todas las formas de autodefensa, y que no es otra que recurrir: recurrir por si acaso han cometido un error formal o material, recurrir por si mientras tanto se cambia la legislación y sus tierras, casa, industria o negocio quedan así fuera de la aplicación de la Ley de Costas y su Reglamento.
El profesor entrevistado da a entender que no tiene sentido recurrir, pues salvo excepciones técnicas aparte, dice él, en ningún caso han sido revocados los deslindes. Recurrir sí tiene sentido, pero aún es más curioso que se diga eso en Cantabria, donde un recurso contra un deslinde del dominio público marítimo-terrestre efectuado al amparo de la Ley de Costas de 1988, en el que se dio la razón a la parte recurrente y se modificó el deslinde, ha supuesto la sentencia de más calado económico de cuantas se han dictado en los últimos años para Cantabria, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la EDAR de Vuelta Ostrera
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101222/opinion/articulos/costas-razones-para-inquietud-20101222.html

ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC): Vecinos de Ojos de Garza plantan batalla judicial a Costas para frenar el derribo de sus casas

ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC): Vecinos de Ojos de Garza plantan batalla judicial a Costas para frenar el derribo de sus casas

Felicitación navideña de La Opinion de Tenerife a Cho Vito.

Gracias Amigos

Domingo Berriel defiende una aplicación de la Ley de Costas que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada caso

14-12-2010 ... 14:19 - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente destacó hoy en el Parlamento la disposición de la ministra Rosa Aguilar para ampliar y modificar el convenio de colaboración Canarias-Estado
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, destacó hoy en el Parlamento de Canarias la disposición de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para ampliar y modificar el convenio en materia de costas que mantiene el Estado con Canarias, con el propósito de que se aplique la Ley de Costas teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, señaló que en la reunión que mantuvo con la ministra el día 2 de diciembre también se abordó la situación de los vecinos de Cho Vito.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional, Berriel dijo que le había trasladado a Rosa Aguilar la necesidad de que la recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero no debe llevar implícito un coste social. De ahí, la importancia, remarcó, de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.

Domingo Berriel destacó que Rosa Aguilar "compartió el planteamiento expresado por el Gobierno de Canarias" y anunció que ayer se celebró la Comisión Bilateral Canarias/Estado, en la que se acordó la creación de la subcomisión mixta entre representantes de ambas administraciones, que empezarán a trabajar antes del próximo 15 de enero, con el fin de proponer acuerdos en materia de costas. "Dichas propuestas serán elevadas a la Comisión Bilateral, como resultado del acuerdo de estabilidad institucional establecido entre CC y el Grupo parlamentario Socialista para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011", subrayó Berriel.

El consejero indicó que éste es el resultado de la reunión con la ministra Rosa Aguilar, a la que en la reunión celebrada le expresó "la problemática suscitada en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias, así como las múltiples discrepancias en el ejercicio de las competencias concernientes a Estado y a la Comunidad Autónoma en el litoral canario".

En este sentido, apostilló el responsable autonómico, le expuso las diferencias sobre la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la referida a la servidumbre de protección, como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=135249

LA LOTERIA DE LAS COSTAS

Es una tradición antiquísima eso de la Lotería, y aún más en estas fechas navideñas. Pero de la lotería de Costas, poco se sabe, salvo que, como en todos los sorteos, hay afortunados y desgraciados. No se sabe cuál es el reglamento de este sorteo, sus normas, pero conocemos perfectamente la cuantía de sus “premios”.

Por no saber, no sabemos ni cuando adquirimos el boleto, “el numerito” de expediente; ese numerito que todos esperamos que nos toque, que nos permita seguir viviendo donde lo hemos hecho siempre. Pero lamentablemente, esta lotería es como todas; quién más lleva, más suerte tiene. No es lo mismo que me llamen Antonio, a que me apellide Banderas; no es lo mismo vivir en Marbella (cuna de la especulación urbanística) y tener un chalet, que tener una casita en Cho Vito; no es lo mismo proteger el dominio público marítimo terrestre, desde tierra adentro, que desde la ribera del mar, demostrando que la premisa del Medio Ambiente, de proteger las costas, lograr la sostenibilidad del litoral, depende proporcionalmente de la corruptela urbanística, y por lo tanto, de la cantidad de euros que te gastes en comprar esos décimos agraciados.

Esta lotería, toca a Canarias todos los años. Seguro que existe una estadística que explica que los canarios jugamos mucho. Y es que en estas Islas tenemos muchos boletos. Décimos agraciados recordamos algunos; el que adquirió el Hotel Papagayo Arena, en la administración nº 2 de Madrid “Doñaelenitaespinosa” o el del Hotel Abama, comprado en la Administración nº 5 de Guía de Isora “donpolanco”, siendo este premio muy repartido en todo el litoral del sur de Tenerife, desde la Playa de Troya, hasta Playa San Juan.!!Felicidades a los agraciados!!!.

Sin embargo, no tenemos esa suerte en otros lugares de nuestra isla. En El Rosario, la administración nº 2, “Labrujitarubiadeoro” ha repartido suerte a Radazúl y Tabaiba, y preocupación a Boca cangrejo

.
Pero, si existe una administración gafé en esta lotería, es la nº 2 de Candelaria, “ElGatonegro” (léase bien, sin tintes de xenofobia) que tiene castigados a los vecinos del lugar con eso de la suerte. La Viuda, Bajo La Cuesta y Cho Vito, han comprado décimos en “Elgatonegro” sin suerte, y sin embargo, en el mismo municipio, numeritos de traídos de Madrid por el alcalde, en uno de sus viajes relámpagos, resultaron agraciados con la playa artificial de Punta Larga, pero el boleto sigue pendiente de cobro.

En fin, cosas de administraciones; lo mejor es olvidarnos de esta lotería, y tirar todos los boletos a la basura, que igual, pasa alguien, los recoge, y tiene más suerte.

Feliz Navidad .

"Me sorprendió el derribo de Cho Vito, ¿qué ganamos con que esas casitas ya no estén?"

Elvira Rodríguez
Presidenta de la Asamblea de Madrid y secretaria general de Economía y Empleo de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular

Elvira Rodríguez es una mujer prudente. Habla mucho de lo que conoce y poco de lo que no. De Tenerife, por ejemplo, se permite opinar de temas que ella estudió cuando fue ministra de Medio Ambiente (2003-2004), como el puerto de Granadilla. También habla sin titubeos sobre economía. Para algo es licenciada en Económicas y fue interventora, auditora del Estado y Secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar.
-En Canarias hay problemas en las costas. Determinadas construcciones podrían ser derribadas. Algunas ya lo han sido, como el barrio tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria. ¿Lo aprueba?
-Hay que tener sentido común en esta vida. Ahora no se puede hacer una construcción como si estuviéramos en algunos sitios del Caribe y meter unas bandas laterales para que el mar y la playa sean propiedad particular. Pero cuando una cosa está muy asentada, si reúne los requisitos para que siga adelante, ¿qué conseguimos metiendo excavadoras? Me sorprendió lo que se hizo con Cho Vito. Yo pido sentido común y racionalidad en la toma de decisiones. Actuaciones nuevas no se pueden hacer, pero las cosas que ya llevan mucho tiempo ¿por qué nos las vamos a cargar? ¿Qué ganamos con que esas casitas que llevaban allí 50 años ya no estén? ¿Un poquito más del paisaje? ¿Las casitas no eran ya parte del paisaje?

Una subcomisión interpretará la ejecución de la Ley de Costas

El consejero de Agricultura del Gobierno canario, Domingo Berriel, ha anunciado la creación de una subcomisión bilateral para interpretar la ejecución de la Ley en el litoral

EUROPAPRESS Así lo ha aseverado en respuesta a una pregunta de la diputada nacionalista, Flora Marrero, sobre los acuerdos de la reunión con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino referentes a costas.

En su intervención, el consejero ha detallado que en la reunión con la ministra le expresó los problemas suscitados en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias y las discrepancias en el ejercicio de las competencias, concernientes al Estado en la Comunidad Autónoma del litoral canario.

Asimismo, en la reunión el consejero dedicó especial atención a la concreción del límite de dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, a la línea límite en la servidumbre de protección como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio canario, lo que ha dado lugar a diversos contenciosos.

También le trasladó la situación establecida tras el auto del Tribunal Constitucional, que levantó la suspensión cautelar de dos terceras partes de la Ley 7/2009 del litoral canario por el recurso de inconstitucionalidad que había sido interpuesto por el Estado.

Igualmente, le hizo saber la necesidad de modular las actuaciones de recuperación del dominio público, separando aquellas cuestiones que tienen que ver con el uso abusivo de la ocupación del litoral canario, que, en su opinión, debe ser rescatado para el uso público de aquellas situaciones sociales y tradicionales del mismo litoral que deben de tener un tratamiento especial desde el punto de vista histórico o social.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/12/14/subcomision-interpretara-ejecucion-ley-costas/319787.html

Canarias y el Estado se reúnen para suavizar los efectos de la Ley de Costas

La subcomisión de Medio Ambiente, que integran representantes estatales y canarios, se reúne hoy en Las Palmas, con el presidente Paulino Rivero al frente, para debatir sobre las competencias de ambas administraciones en materia de costas. La cita busca aclarar aspectos que han derivado en conflictos.
13/dic/10 07:27
O. GONZÁLEZ, Tenerife
"Es un buen momento -para la negociación con el Estado- por la comprensión que nos hemos encontrado y porque es un acuerdo que se ha adoptado también entre grupos políticos y, por tanto, es un acuerdo serio". Así resume el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, el clima de entendimiento que, en materia de medio ambiente, hay en la actualidad entre las administraciones estatal y canaria, y que podría derivar en una solución definitiva y satisfactoria para algunos de los conflictos que en esta área hay en las Islas.
Fruto de estos acuerdos, que derivan de la negociación entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE para garantizar el apoyo de los nacionalistas isleños a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, se constituyó una subcomisión de Medio Ambiente que servirá, entre otros objetivos, para tratar de desatascar asuntos tan polémicos y de gran repercusión social en el Archipiélago como los derribos de algunos poblados construidos cerca de la costa como consecuencia de la aplicación de la ley estatal para esta materia.
Precisamente, y tras una primera reunión con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en Madrid, la citada subcomisión se reunirá hoy en Las Palmas de Gran Canaria -con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a la cabeza- para debatir, entre otros aspectos, sobre los criterios que ambas administraciones tienen en relación con las delimitaciones de las zonas de dominio público y de servidumbre y sus efectos, así como de los problemas de interpretación de ambas administraciones públicas sobre cuándo una zona es urbana o no, a los efectos de la aplicación de la Ley de Costas estatal.
"Vamos a hablar del ejercicio de esas competencias en materia de costas, y, de alguna manera, vamos a hacer un ejercicio de cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma", avanza el consejero regional de Medio Ambiente, quien resalta la "cordialidad" que ha precedido el resto de reuniones con representantes del ministerio que preside Rosa Aguilar, e, incluso, con la propia ministra.
Asegura Berriel que en muchas ocasiones los conflictos abiertos entre los Gobiernos central y canario se deben a interpretaciones "funcionariales" que no obedecen a la voluntad real política, razón por la cual se hacen aún más necesarias este tipo de citas entre las dos administraciones.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno autónomo precisa que en la reunión de hoy se buscarán "soluciones" a algunos de los casos de poblados de las Islas que se han visto afectados por la Ley de Costas.
"Hay ocasiones en las que hay que derribar cosas, pero insisto siempre en separar lo que es el uso abusivo de la costa por personas que la han ocupado ilegítimamente y de forma casi reciente, sin ninguna vinculación al ejercicio de su actividad en el mar, y personas que tienen su modo de vida allí", subrayó Berriel.
A este respecto, el consejero del Ejecutivo regional abogó por tener en cuenta "la situación personal" de estos últimos, en el caso de que hubiese que recuperar esa zona de dominio público, bien para ejecutar alguna obra de interés general, bien para recuperar la zona afectada desde el punto de vista medioambiental.
"Cuando se resuelva este asunto, cuando nos sentemos con las personas y resolvamos estos asuntos, separando aquellos que son meros caraduras de los que realmente tienen esos derechos consolidados desde el punto de vista de la cultura, la historia y demás, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y a un consenso, incluso con esas personas", indica Domingo Berriel.
http://www.eldia.es/2010-12-13/canarias/canarias6.htm

Costas llama a 200 vecinos de Igueste por el nuevo deslinde

La Audiencia Nacional tramita tres contenciosos contra el organismo promovido por 35 propietarios. Un informe demuestra que el pueblo era urbano antes de la nueva Ley


NOÉ RAMÓN El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural está remitiendo escritos a cerca de 200 vecinos de Igueste de San Andrés con el fin de que se personen en el recurso contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Langa y 35 vecinos de este caserío en contra del deslinde fijado para este tramo del litoral por la Dirección General de Costas. El Gobierno central ha remitido este escrito a todos los propietarios que se encuentran dentro del dominio público cuya zona de servidumbre ha sido fijada en 100 metros de anchura.

De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación y por lo tanto han visto reducido de forma notable su valor catastral. Paralelamente, en las viviendas se imponen fuertes restricciones para la realización de obras. Además, en caso de que se planificara una obra de interés general para este enclave como puede ser un paseo marítimo las propiedades tendrían que ser expropiadas.

En este requerimiento que está llegando a los vecinos de Igueste y que está firmado por la jefa del servicio de actuación administrativa, Josefina Martín Limiñana, se informa que los interesados tienen nueve días para personarse en este contencioso. El objetivo de los vecinos es que en el litoral de Igueste se fije una zona de servidumbre de 20 metros de ancho con lo cual no habría afecciones sobre la mayor parte de estas propiedades.

El abogado consiguió un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que data del año 2002 a través del cual se demostraría que este caserío tenía ya en el año 1988, cuando se aprobó la nueva ley, características de urbano. De esta manera será posible que la zona de servidumbre pase de los 100 a los 20 metros de ancho. En este informe firmado por el arquitecto, Fermín García y el técnico, Jesús Villodres, se ratifica que en esa fecha Igueste de San Andrés contaba con el servicio de suministro de agua, electricidad, acceso rodado y el suficiente grado de consolidación urbanística como para no ser considerado un caserío rural. Además, el propio Catastro empezará este año a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el tipo máximo que corresponde al suelo urbano. En estos momentos hay presentado tres recursos firmados por 35 vecinos de los 200 afectados, que tienen igual contenido. El objetivo es que todos se sumen al contencioso. En el informe al que ahora ha tenido acceso el abogado, fue enviado en el año 2002 a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dado que por esas fechas se estaba procediendo a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.

"Si el documento hubiese sido enviado a la Dirección General de Costas nos habríamos ahorrado el disgusto, porque la clave es demostrar que el suelo de Igueste es urbano. A partir de ahí no habrá ningún problema para cambiar el deslinde", dijo Langa. Para el abogado este informe es "básico y fundamental" para solucionar el conflicto que mantiene en vilo a todo el pueblo. "Ahora queda claro que el principal culpable en este problema es el Ayuntamiento, después el Cabildo y luego el Gobierno canario. Curiosamente Costas es el organismo que menos responsabilidades tiene ya que se limitó a fijar el deslinde según la documentación que en aquellos momentos estaba en su poder". En el caso de los caseríos de Anaga, Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga el informe elaborado por el Ayuntamiento demostró todo lo contrario a lo que pretendían los vecinos y así lo ratificó la Audiencia Nacional que rechazó su recurso en contra del deslinde. En estos momentos hay otro contencioso abierto por Costas para anular la decisión de la Cotmac de declarar como urbano el suelo de Igueste y que está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El mamotreto, en la Cámara

El pleno del Parlamento de Canarias que se celebra el próximo martes abordará una pregunta de la diputada regional socialista , Gloria Gutiérrez, a través de la cual quiere que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ratifique en la Cámara si considera que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto es legalizable. Berriel ha hecho estas manifestaciones en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y ahora el PSOE quiere que lo ratifique también en el Parlamento. La juez que instruye la causa penal conocida como caso mamotreto, Juana María Hernández, emitió este verano un auto a través del cual considera que este edificio "no era autorizable" y avaló que las obras que se realizaron en Las Teresitas no contaron con ningún tipo de permiso.

Berriel ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno canario trabaja en la línea de conceder la licencia al edificio que ejecutó el Ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión en la que el mamotreto es debatido en el Parlamento. En la primera el enfrentamiento entre Berriel y Gutiérrez, -en el que terció el alcalde y diputado, Miguel Zerolo-, resultó muy acalorado por el cruce de graves acusaciones.

Más recursos en la playa

La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha presentado otro nuevo recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. En estos momentos ya son cinco las apelaciones que se tramitan en la Audiencia Nacional por este mismo motivo. Los otros han sido interpuestos por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas, un grupo de militantes socialistas y la Gerencia de Urbanismo y el Gobierno de Canarias.

El portavoz de la Plataforma, Cándido Quintana, señaló ayer que en esta nueva demanda cuestionan el estudio geomorfológico elaborado por la Dirección General de Costas para avalar el nuevo deslinde. Quintana arremete especialmente con el hecho de que el organismo estatal dejara fuera de esta línea al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.

Según Quintana estas pruebas se realizaron en un kiosco cercano al edificio y no en sus alrededores. El colectivo no considera razonable que la línea del deslinde salve el inmueble, máxime cuando se trata de una playa llana sin accidentes naturales. También han aportado ante la Audiencia pruebas fotográficas donde se ve que el agua inundaba el campo de fútbol que anteriormente se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el mamotreto.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/13/costas-llama-200-vecinos-igueste-nuevo-deslinde/319484.html

Confían en la negociación para evitar más demoliciones

Los acuerdos alcanzados por los gobiernos central y regional anteayer en Madrid, durante la reunión mantenida por la ministra Rosa Aguilar y el consejero autonómica Domingo Berriel, genera "más tranquilidad y esperanzas" entre los vecinos de Cho Vito, en Candelaria.
"Ayer (por el jueves) salimos del corredor de la muerte y ahora estamos en el de las negociaciones", resumió el portavoz, Tomás González, quien transmitió el sentir de sus convecinos de que el resultado de la reunión mencionada ha sido "un éxito" porque "cualquier actuación en costas tiene que ser consensuada".
González dejó claro que "no hay fecha para demoler Cho Vito y los vecinos podemos estar más tranquilos". El portavoz lo dejó claro: "creo firmemente en que es posible salvar Cho Vito". De hecho, reiteró una idea que este colectivo viene exponiendo desde hace más de un año, la de "apostar por la reconstrucción del poblado marinero".
La próxima visita anunciada del director general de Costas como consecuencia de la reunión celebrada en Madrid les genera confianza porque "podremos transmitirle y él conocer de primera mano la realidad de este lugar".
Objetivo: el alcalde
En este punto, Tomás González centró su crítica en el alcalde, José Gumersindo García, a quien acusó de haber mentido a los vecinos cuando en 2006 les anunció la presencia del entonces director general, visita que no se produjo. Asimismo, le reprochó que no salvara Cho Vito oponiéndose al proyecto del paseo que se pretende construir sobre la zona que ocupa.
"No ha hecho ninguna oferta, nos ha traicionado y tuvo la desfachatez de pedir a Alicia Paz, la responsable de Costas, que no derribara nuestras casas el 20 de septiembre pasado, sino el día 30", señaló el portavoz vecinal antes de pedirle al regente "que defienda como hombre lo que no ha sabido defender como alcalde".
Durante el mes de enero tendrá lugar el encuentro entre la representación vecinal y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, para abordar la solución al realojo de las nueve familias que aún residen en el poblado.
Cabe recordar que a la situación actual se llega tras un pronunciamiento judicial que ha sido recurrido por los vecinos de Cho Vito.

Cho Vito alaba el talante mostrado por Rosa Aguilar

VICENTE PÉREZ
CANDELARIA

Los vecinos de Cho Vito consideran "un alivio" y "un respiro" la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de aplazar, al menos hasta abril de 2011, el derribo de las últimas 9 viviendas del barrio hasta que no se resuelva el realojo de sus inquilinos.

El portavoz de los vecinos, Tomás González, alabó ayer el "talante y sensibilidad" mostrados por la nueva ministra, Rosa Aguilar, en la reunión mantenida ayer en Madrid con el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, en la que se abordó el problema de este poblado de Candelaria y se acordó tratar "con humanidad" a los afectados. González enfatizó que "en septiembre,cuando nos pusimos en huelga de hambre, no teníamos ya opción a nada, nos iban a tirar nuestro hogar sin tener otro, y ahora nos han dado un respiro, hasta el punto de que el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, vendrá a Tenerife para conocer nuestro problema". "Queremos que vea con sus propios ojos si hay alguna diferencia entre nuestro deslinde y el de la calle de La Arena o el de Radazul", manifestó el portavoz vecinal, quien opinó que en el expediente de recuperación del domino público de este litoral "ha habido ocultación de datos, premeditación y alevosía, haciendo expropiación forzosa, al tirar primero y luego pagar".


http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/38841/

Aguilar se compromete a buscar una solución para Cho Vito

Berriel encontró a la ministra sensibilizada con el problema

LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Rosa Aguilar, está dispuesta a buscar una solución digna a las nueve familias que quedan en Cho Vito y que tienen que desalojar el poblado marinero, afectado de una orden de demolición de Costas. Esto fue lo que trasladó ayer al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien se entrevistó con ella en Madrid.
El compromiso de Aguilar pasa por enviar a un emisario a Tenerife. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, se trasladará a la Isla para buscar una solución "razonable y digna" al problema del desalojo de las nueve familias.

Según el consejero canario, la ministra se mostró "muy receptiva" y "con gran sensibilidad" al problema de estas nueve familias que no tienen otro lugar donde vivir.

En este sentido, el consejero subrayó en declaraciones a ACN Press que "hay que dar una solución social" a dicho problema antes de continuar con la recuperación del dominio público marítimo terrestre en esa zona, al tiempo que llamó a "la colaboración de los vecinos" para encontrar una solución.

Berriel distinguió entre las "invasiones de la costa de personas sin escrúpulos que montan allí su segunda residencia y estos otros casos de personas que no tienen otro sitio donde vivir y que deben ser tratadas con humanidad".

Por otra parte, señaló que la ministra estaba de acuerdo con él en que "hay que mejorar" el actual Convenio de Costas para que la cooperación entre ambas administraciones sea "más intensa" en lo relativo a recuperar el dominio marítimo terrestre y llevar a cabo "actuaciones consensuadas".

Suspensión complicada

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó ayer que ve complicado que la Dirección General de Costas suspenda los derribos en el barrio costero de Cho Vito, al verse afectado por la Ley de Costas estatal.

"La Dirección General de Costas no se ha caracterizado en Tenerife y en Canarias por ser sensible a la demandas de las administraciones públicas canarias", lamentó. En opinión de Bermúdez, se debería apostar más por la "reconstrucción", que por la "destrucción", posición, que, según dijo, siempre ha defendido.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/03/aguilar-compromete-buscar-solucion-cho-vito/317953.html

Cho Vito y el barrrio de El Mudo

GUMERSINDO BIENES (PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA "ACCESO A LOS MUDOS")
A los marineros de Cho Vito, municipio de Candelaria en Tenerife le quieren derribar las casas, y a las del barrio de El Mudo en la Villa de Garafía (La Palma) todavía no le han dado acceso por carretera. Y el actual alcalde de la Villa Mariana del PSOE, renunció ir a Madrid para defender a los habitantes de su pueblo; mientras otras instituciones fueron y lograron aplazar los derribos en Cho Vito. El alcalde no los defendió; arrojó a la marea el escudo de seis vecinos de Cho Vito con la inscripción, "9 días en huelga de hambre pidiendo justicia", forjada con sudor y lágrimas. Dejando los menesteres de responsabilidad municipal a otras instituciones, dando por perdida la guerra dialéctica antes de comenzar la batalla en el campo madrileño. No es agradable enterarse que quieren derribar seis viviendas con escritura pública por invadir la zona marítima terrestre desde el punto de vista comparativo, pues son miles de casas las que hay en Canarias, desde la isla de La Palma hasta Pedro Barbas en la Graciosa y muchas miles en España que, no cumplen la Ley de Costas de 1980 por invadir la zona de uso libre del pueblo. Es injusto tirar las casas de Cho Vito, ya que por muchos no deben de pagar pocos. Tampoco agrada la desidia del alcalde del PSOE de la Villa de Garafía, referente a las pista del barrio de El Mudo. Y menos agrada la última actuación en la pista del barrio de El Mudo hecha por el Excmo. Cabildo Insular de la Palma, regido por CC. Obra chapucera y despilfarradora del erario público, en donde las primeras lluvias la dejaron peor de lo que estaba. Además, "equivocó la pista general por una pista particular", es decir, que arregló una pista particular y dejó de acondicionar la general. Y nos preguntamos ¿Para que pusieron los responsables políticos en el barrio de El Mudo luz eléctrica, agua potable y cables de teléfono? Sí no arreglan en condiciones el acceso por carretera. Los responsables políticos de derribar viviendas en Cho Vito (con escritura pública) y de dar acceso rodado a los "mudos" están cometiendo una injusticia en sí misma, agravada comparativamente, que es la mayor de las injusticias que se pueden cometer, pues hay miles de casas que incumplen la Ley de Costas en Canarias, y todos los barrios tienen acceso por carretera en el Archipiélago Canario, excepto el de los "mudos". Ahora tocó a las viviendas de Cho Vito amenazarlas con derribos y a las del barrio de El Mudo no darles acceso por carretera. Más tarde, quizás le toque a su vivienda escriturada, una de estas dos desdichas. Sí no les paramos las patas. Y así, con alcaldes amilanados y flojos del PSOE; añadiendo que, en la isla de La palma, el Cabildo palmero regido por CC equivocó una pista particular por una general. No es de extrañar que el paro, la incultura y la falta de pan sean compañeros inseparables de los canarios. Recientemente el Parlamento de Canarias con los votos a favor del PP y CC sacó adelante el compromiso de interceder al Gobierno de España por las casas de Cho Vito. Ahora de los problemas reseñados. Les falta recordar a los responsables de carreteras del Gobierno de Canarias: acondicionen los tres puntos negros (menos de 300 metros) en la pista del barrio de El Mudo para hacerla transitable.

PD: Mientras el pueblo crea que ZP es el único culpable de derribar casas y de no darle acceso por carretera al barrio de El Mudo. Seguirán tumbando casas y los "mudos" caminando para llegar a sus casas.

El director general de Costas visitará Tenerife para estudiar el deslinde de Cho Vito

El consejero canario ha pedido a la ministra la "agilización" de las ayudas al sector primario canario
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Agricultura, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que el director general de Costas "visitará Canarias para ver cómo se resuelve el problema" del desalojo de las nueve familias que aún ocupan el deslinde del tramo del litoral que abarca el núcleo de Cho Vito, en Caletillas (Tenerife).
Berriel ha apuntado que tanto el Ministerio como el Gobierno canario pretenden "resolver ese problema de forma diligente, rápida y coordinada", y ha insistido en el talante negociador y comprensivo mostrado por la ministra respecto a este asunto. No obstante, ha puntualizado que no se han establecido "unos plazos de tiempo concretos" para resolver la problemática "social" que comporta dicho deslinde.
"Se va a actuar con celeridad porque la recuperación del dominio público marítimo-terrestre exige que seamos diligentes, pero al mismo tiempo no vamos a causarle un perjuicio irreparable a los vecinos del Cho Vito", ha valorado el consejero, quien ha destacado el hecho de que éstas son "las únicas viviendas" de que disponen estas familias.
En este sentido, Berriel ha apuntado la necesidad de distinguir una ocupación "no ilegítima, sino necesaria" de la costa Canaria de otras que "son ilegales y abusivas, y que son de personas que no tienen muchos escrúpulos en ponerse de cualquier manera en la costa". "El tratamiento nunca puede ser el mismo", ha opinado.
Así, ha afirmado que "merecen una atención especial de la Administración y no la aplicación cartesiana y mimética de la ley, porque la Administración pública debe ser consciente del problema social que tiene el desalojar a esos vecinos de allí sin más" "Es algo que hay que hacer con la humanidad adecuada", ha dicho.
Dicho esto, el consejero ha asegurado que espera contar "con la colaboración de los vecinos", que el pasado septiembre emprendieron una huelga de hambre interrumpida por el acuerdo de las diferentes administraciones para suspender los derribos en la zona, "entendiendo que el litoral hay que conservarlo" y que es necesario "despejarlo lo más posible y ponerlo en valor".
En otro sentido, respecto a las relaciones del convenio de Costas, el consejero canario ha subrayado que la ministra se ha comprometido a "mejorarlas y perfeccionarlas", a través de una ampliación de los mismas, con el objetivo de "tener una mayor cooperación administrativa, sobre todo de la canaria con el propio Ministerio, de forma que todas las actuaciones de sostenibilidad y de recuperación del litoral, "se hagan de forma coordinada y acordada".
Europa press

Berriel se reúne en Madrid para evitar el derribo de Cho Vito

Los vecinos del barrio candelariero resistirán hasta el final dentro de sus viviendas

SANTA CRUZ DE TENERIFE Interceder por la conservación de las viviendas que quedan en el poblado marinero de Cho Vito es el objetivo de la reunión que el consejero de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostendrá mañana con la ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.

El debate sobre el estado en que la actual Ley de Costas sitúa al núcleo de Candelaria vuelve a la actualidad al acabarse el plazo para el desalojo de los vecinos y posterior demolición de las viviendas. Por su parte, los afectados se mantienen a la espera de la reunión de Berriel con Aguilar que determinará su futuro. En el caso de que la orden de derribo siga adelante, volverán a la lucha.

"No descartamos encerrarnos en las Administraciones para luchar por lo nuestro", comentó ayer el representante de los vecinos de Cho Vito, Tomás González. "Nosotros vamos a seguir en nuestras casas y no tenemos ninguna intención de abandonarlas", aseguró. Añadió que es cierto que "estamos expectantes porque sabemos que en cualquier momento pueden llegar para derribar nuestras viviendas, pero pondremos toda la resistencia que podamos".

Los vecinos no han recibido ningún tipo de notificación pero "esperamos que no se repitan las imágenes del siete de octubre del 2008", fecha en la que se derribaron el resto de las casas y los vecinos tildaron esa situación de "muy difícil para nosotros y por eso mismo esperamos que antes de llegar a ese extremo se encuentren soluciones en la que todos estemos incluidos", aseguró el representante.
En Cho Vito también están a expensas de la resolución que tome el Congreso sobre la moción que presentó el senador de Coalición Canaria, Alfredo Belda, con el apoyo del Partido Popular y Convergència u Unió, para modificar la Ley de Costas 7/2009.

Los vecinos critican la postura del Ayuntamiento sobre su problema y, además, el representante de los vecinos se aventuró a asegurar que "es el propios Consistorio quien está dando el empuje para que desaparezca Cho Vito".

Por otro lado no entienden como a ellos sí se les va a desahuciar cuando sus casas se construyeron en la década de los 60 y los 70 y que por contra las instituciones estén luchando para que no se derribe el hotel Papagayo Arena que se edificó en 1998, después de la aprobación de la Ley de Costas. "Si derriban estas casas nosotros nos quedamos en la calle pero prefieren que se mantenga en pie un hotel que tiene sentencia judicial firme de que está levantado de forma ilegal", explicó González.

"En este tiempo de crisis, los políticos se tendrían que ocupar de otros problemas, sobre todo de emergencia social, en vez de gastar el dinero en el derribo del hogar de 35 personas", concluyó el representante.

Los vecinos no desalojarán Cho Vito a pesar de que hoy concluye el plazo

Aseguran que no tienen a dónde ir y dicen estar preparados para cualquier acción de fuerza. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha pedido al Juzgado de lo Social que amplíe el plazo para ejecutar la sentencia que les permita ocupar las siete casas del poblado hasta el próximo 30 de abril de 2011.
30/nov/10 07:51
J.A. MEDINA, Candelaria
En cumplimiento del acuerdo alcanzado por las administraciones públicas (excepto el Ayuntamiento de Candelaria) en la reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, hoy expira el plazo dado a la treintena de vecinos que aún residen en Cho Vito para que desalojen las siete viviendas que habitan. Sin embargo, los afectado permanecen en las casas y anuncian que no las abandonarán "porque no tenemos a donde ir".
El 24 de junio fue cuando el Juzgado de lo Contenioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que autorizó el derribo de las edificaciones situadas en zona de dominio público marítimo y terrestre del poblado candelariero en horario diurno y durante los seis meses siguientes. A principios del mes de agosto, los afectados recibieron la comunicación por la que Costas señaló el 20 de septiembre como fecha para que las viviendas estuvieran vacías.
Entre el 1 y el 11 de septiembre fue cuando seis vecinos de Cho Vito protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife como medida de protesta y rechazo al desalojo y derrumbe de sus casas. A raíz de esa situación, representantes del Gobierno central y del Ejecutivo regional, así como del Cabildo, mantuvieron la reunión en la que se prorrogó el desalojo hasta hoy. En ese encuentro se habló de promover la máxima colaboración entre las administraciones para realojar a los afectados.
Como su portavoz, Tomás González explicó ayer que han mantenido contactos con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para que se cumpla ese aspecto del acuerdo, afirmando que ambas administraciones han mediado ante Costas para propiciar la reubicación de las familias.
"Sin embargo, el ayuntamiento ni está ni se le espera", apuntó González, quien también explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha planteado al Juzgado de lo Social una prórroga en la ejecución de la sentencia que autorizó la demolición de las casas. El periodo para la materialización de la misma expirará el 24 de diciembre.
"Ante la imposibilidad de poder aplicar la sentencia, han solicitado al juzgado que se les amplíe el plazo hasta el 30 de abril de 2011, pero no sabemos qué pasará".
De momento, los vecinos "estamos expectantes, alertados y dispuestos a luchar. Es cierto que no vemos movimiento sospechoso alguno, contrariamente a lo sucedido cuando vinieron a realizar los primeros derrumbes el 7 de octubre de 2008". Tomás González hace un llamamiento a la solidaridad, pero es consciente de que la situación se puede complicar "en cualquier momento".
http://www.eldia.es/2010-11-30/sur/sur3.htm

Gabriela Mayans presenta su novela sobre el deslinde

La presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas ha escrito ´El mar en un pozo´

FORMENTERA C. C. Gabriela Mayans es una persona inquieta que en los últimos años ha centrado muchos de sus esfuerzos en defender las propiedades de los afectados de Formentera por el polémico deslinde de Costas. Asegura que la idea de ponerse a escribir su primera novela, ´El mar en un pozo´, nace de «la frustración» que siente como afectada por la falta de soluciones concretas al deslinde, «que sigue parado, aunque parece que está en periodo de revisión», aseguró.

El libro, editado por Incipit, fue presentado ayer en la sala de actos de Cultura por la periodista Marta Vázquez y por la propia autora. Gabriela Mayans se ha inspirado en su experiencia personal y en las historias que en los últimos años ha ido recogiendo por parte de los afectados. Para evitar referencias concretas a Formentera, dice que buscó un caso parecido en la isla de Lanzarote, en Canarias, donde sitúa la narración.El escenario es verídico ya que ha recogido de qué forma se están llevando a cabo los deslindes allí.

La novela pretende acercar al lector a la realidad y a la situación de «desprotección» en la que se encuentran más de 200.000 familias en España afectadas por la Ley de Costas, mientras aparecen por el litoral numerosos casos de abusos urbanísticos, a través de la historia de una familia de la isla canaria. Mayans reconoce que no ha podido evitar trasladar al papel su experiencia personal y la de personas allegadas, reproduciendo conversaciones y situaciones vividas en primera persona. La historia que propone no es dramática e intenta llegar a todo el mundo.
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/11/27/gabriela-mayans-presenta-novela-deslinde/448206.html

SUSPENDIDA LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE EN LA LAGUNA

Estimados amigos:
Se ha SUSPENDIDO LA CONCENTRACIÓN que estaba prevista para este sábado día 27 de noviembre en la Laguna.
No se nos ha concedido el permiso oportuno, por lo que nos vemos obligados a cancelar este acto.
Queremos dar las gracias a toda la ciudadanía que nos ha apoyado durante esta lucha, a las cientos de AAVV y colectivos que han estado a nuestro lado en la organización de este acto, así como agradecer las miles de cartas de apoyo, que hemos recibido de todos los rincones de Canarias, y de todas ciudades de España.

UNA ENTREVISTA A RICARDO MELCHIOR

P: ¿Cuál ha sido la función del Cabildo de Tenerife entre el conflicto de Chovito con Costas?
R: “Hay un compromiso del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en una interpelación en el Senado que le hice a la ministra de ese momento ,Cristina Narbona, mediante la cual no se pudiese tirar, por parte de Costas, ninguna vivienda, hotel, local, dique en Canarias, sin previamente haber consultado a una comisión integrada por el Ayuntamiento de turno, el Cabildo de turno, el Gobierno de Canarias y el gobierno del Estado representado por Costas, esos cuatro estamentos deben sentarse a la misma mesa y allí dictaminar el tema. Con Chovito se tenía que haber celebrado tal comisión, pero hubieron algunas partes a las que no les interesó hacerlo. Dijeron que dicha comisión se había celebrado, sin haberlo hecho como ya ha reconocido el Ministerio. Yo estoy convencido, que ante una situación determinada, tanto el Ayuntamiento, como el Cabildo y el Gobierno de Canarias se niegan al derribo, no se derriba por mucho que el Ministerio diga lo contrario. Estoy convencido de que Chovito no se tirará”.

P: ¿Qué opina acerca de la pasividad y el “pasotismo” al respecto, por parte del Alcalde de Candelaria?
R: “Lo que te digo es que alguien no quería que se nombrase la comisión, porque tendría que haberse expuesto ante las otras administraciones”.

P: ¿Se siente satisfecho con su mediación respectiva?
R: “Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Además convocamos una reunión junto con el Gobierno de Canarias y con Costas en Madrid, y no acudió ni el alcalde de Candelaria ni nadie en su representación, a pesar de estar invitado, es decir que él no quería que se celebrase esa mesa”.

P: Si hubiese que cumplir estrictamente la ley de Costas al respecto, media isla tendría que ser derribada....
R: “Media isla no lo sé, pero muchas cosas sí, entre ellas el Cabildo y la Basílica de la Candelaria. La delimitación de Costas varía. La solución está en ceder las competencias de Costas a las comunidades autónomas. Los isleños tenemos derecho a disfrutar del mar”.

P: ¿Cuál será el futuro inmediato de Chovito?
R: “No lo sé, la prórroga la conseguimos en la mesa que te comenté, en aquel momento. Eso se consiguió a pesar del alcalde de Candelaria. Nosotros lo que hemos pedido es que, ni por asomo, se les ocurra tirar lo que queda de Chovito. Si el Ministerio hace caso omiso a nuestra petición, creo que incurriría en un delito”.

P: ¿Usted estima que Chovito molesta?
R: “A mí no me molesta, como Chovito existen varios casos más en la Isla. Lo que sí es posible es que remodelemos un sitio para mejorarlo en cuanto a infraestructura se refiere, pero incluso en el caso de Chovito existen escrituras y por lo tanto esas casas son legítimas de sus dueños”.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia40809.ph

INCREIBLE PERO CIERTO.

Hay cosas que no tienen explicación. Por mucho que se intente explicar, quedan para siempre en ese apartado, denominado "Misterios en Cho Vito", que cada día esta más lleno de esos casos irregulares y anómalos.
Dos años despues del derribo de las viviendas de Cho Vito, siguen enviando facturas de luz y de agua, aparte de los recibos del IBI, de viviendas ya demolidas. Lo curioso de esta factura, es que da "lecturas reales" de un contador, que simplemente no existe, ya que esa vivienda, esta convertida en escombros.
Pero no se preocupen, que algún lumbrera,(normalmente del ayuntamiento de turno, de la subdelegación del Gobierno, o de la empresa de suministro electrico) dará una explicación completamente verosímil.

Un escrito revelador sobre Carlos González, jefe de la demarcación de Costas(I)

Nos ha llegado este escrito, durísimo, demoledor, terrible, que pone en su sitio a un alto cargo de la demarcación de Costas, que día si y día no, sale en los medios por diversas causas. Y debemos transcribirlo, porque es de sumo interés. Expresa el firmante del mismo, un canario que no se identifica por miedo a las represalias, que, “todo se remonta al nombramiento, como ingeniero jefe del servicio provincial de Costas de Tenerife, Carlos Enrique González Pérez, perteneciente al ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Desde que este señor tomó cargo, todo son problemas en ese servicio provincial de Costas, el descontento de la ciudadanía, empresarios, Ayuntamientos, es generalizado y a nivel interno de servicio mucho más, solo hay que ver las noticias en prensa y hablar con algún funcionario, para tomar conciencia de la situación y de lo que pasa en ese servicio provincial. Este señor maneja todos los hilos de este servicio, hasta se permite, como le sobra tiempo, y no tiene otra cosa que hacer, controlar los coches oficiales, el vestuario del personal, las respectivas licencias de los trabajadores, como asuntos propios, vacaciones, ¿no debería delegar funciones?. Este señor es rencoroso y vengativo con cualquier persona u organismo que lo contradiga y los dos jefes de servicio que están por debajo de él son meros sirvientes a sus órdenes, sin ningún poder de decisión y prácticamente ninguna responsabilidad, ya que todo lo dicta y marca el jefe superior. Quieren aplicar la ley a toda costa, pero las herramientas que utilizan son un yunque y una guillotina. Me parece bien que quieran aplicar la ley, pero hay formas y formas, y si quieren aplicarla, que sean ellos mismos los primeros en cumplirla, cumpliendo por lo menos, el horario de trabajo que deben realizar por la productividad que cobran, que es secreto de Estado. Este señor se permite el lujo de soltar por su boca frases como: “A este tío le voy a arrancar la cabeza”, refiriéndose a Tomás González (representante de la plataforma de Chovito), o también otra frasesita como “A Santiago del Teide que le den por el culo” a raíz de los desencuentros que tuvo con el actual alcalde de ese municipio. El servicio provincial de Costas de Tenerife se ha convertido en el enemigo público número de todo el mundo, debido a la mala gestión, nula profesionalidad y total despreocupación, por parte de los jefes, de los problemas de los ciudadanos y empresarios de la costa de la provincia occidental de Canarias. Este servicio se maneja como una propiedad particular, se ponen y quitan trabajadores de sus puestos a otros, en muchas ocasiones se producen faltas de respeto de este señor hacia los trabajadores, eso sí, al parecer hay un grupo de trabajadores que son intocables. En estos momentos, el funcionamiento de este servicio, lamentable, desorganizado e ineficaz. Cualquier persona tiene acceso y maneja cualquier tipo de información, no es de extrañar que se hayan perdido incluso expedientes completos. El malestar de la mayoría del personal que presta servicio en este organismo aumenta cada día más y es palpable a simple vista. El personal está desmotivado, aburrido e indignado por las condiciones laborales que están soportando con los actuales mandatarios y si vamos por cualquier lugar de la costa de las cuatro islas, podremos comprobar la opinión generalizada de ciudadanos, empresarios, Ayuntamientos y Cabildos para con ese servicio de Costas. Hay mucha gente que opina que, como este señor siga al frente de Costas en la provincia de Tenerife, acabará con buena parte de los empresarios turísticos existentes y mandará al paro a centenares de familias que dependen del turismo. En estos tiempos de crisis que corren, el servicio de Costas de Tenerife, en vez de poner el hombro para ayudar al pueblo, hace todo lo contrario, poniendo trabas y problemas a cualquier persona que quiera hacer algún trámite, ahogando y exprimiendo a todo el mundo, pidiéndoles papeles que se pueden remontar a los años de la guerra, para cualquier tipo de autorización que pidan. Esta situación se ha recrudecido y ha ido a peor desde que González ha sido imputado por el caso de la playa de Los Guíos. Los trabajadores que prestan servicio de cara al público, en muchas ocasiones se ven indefensos, ante los ciudadanos, debido a las decisiones tomadas por los jefes. Incluso hay trabajadores buscando otros destinos para pedir traslados ya que no aguantan esta situación tan caótica que viven diariamente, alguno incluso piensa irse a la península. Parece que el ministerio en Madrid, son ajenos a toda esta situación ya que no toma ninguna decisión al respecto, pese a que día sí y día también, Costas de Tenerife sale en prensa, metido en algún follón como: Los Guíos, Las Teresitas, Chovito. Hay muchas cosas que pasan en ese servicio provincial que hacen pensar y dudar en la legalidad de muchas de ellas, como por ejemplo”…Continuará
http://www.eldigitaldecanarias.net/opino.php?idn=40681

Cerca de 600 vecinos de Valle Gran Rey (La Gomera) podrían perder sus viviendas por el deslinde marítimo terrestre y por el PGOU del municipio

Se convoca una rueda de prensa explicativa en Santa Cruz de Tenerie este viernes

Cerca de 600 vecinos del municipio gomero de Valle Gran Rey, que cuenta con un población de unos 4.000 habitantes, podrían quedarse sin vivienda si se aplica el deslinde marítimo terrestre de la Ley de Costas y si además el Ayuntamiento del municipio pone en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que deja fuera de ordenación muchas de las viviendas que también están afectadas por el deslinde marítimo.
En la actualidad se ha creado una plataforma vecinal que denuncia, por un lado, la aplicación del deslinde marítimo en un asentamiento urbano consolidado y, por otra parte, la falta de transparencia del Ayuntamiento de Valle Gran Rey que ha aprobado un PGOU que deja fuera de ordenación a decenas de viviendas y que es desconocido por la mayor parte de los vecinos.
Para denunciar esta situación tan irregular se llevará a cabo mañana viernes 19 de noviembre a las 10.30 horas una rueda de prensa en el hotel Taburiente de Santa Cruz de Tenerife en la que estarán presentes Pedro Medina, presidente del Comité Insular de CCN y consejero del Cabildo de La Gomera; Federico Bacallado, presidente del Comité Local de CCN en Valle Gran Rey y el abogado que instruye la causa y que está presentando alegaciones contra el PGOU y contra el deslinde marítimo, José Luis Langa.

El consistorio y Costas ponen fin a las diferencias

D. S. Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha recibido estos días atrás una carta de Costas en la que se percibe que sendas administraciones van a empezar a trabajar de manera coordinada para sacar adelante el proyecto del paseo marítimo de Puerto Naos. Una iniciativa que causó una gran polémica entre el consistorio llanense y la Administración dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y que parece que, finalmente, se ha enterrado el hacha de guerra para llevarlo a buen término.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Rodríguez Marín, señaló que la carta remitida por el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar "ratifica lo que ya se les adelantó a los vecinos". Y es que en el documento se puede leer que "esta subdirección está de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento".

Asimismo, Costas le solicita al Consistorio en dicha misiva que a medida que "avance en la redacción del proyecto nos vayan informado y consensuando las soluciones". Rodríguez Marín señaló que un departamento de la Oficina Técnica municipal se ha centrado en la elaboración de este proyecto para "tener cuanto antes el paseo marítimo". "Intentamos que sea antes de fin de otoño", concretó el alcalde de Los Llanos de Aridane, quien reconoció que al principio las relaciones con la dirección de Costas fueron "traumáticas"

http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/35902/

vecinos de Cho Vito denuncian a Costas por tirar documentos de expedientes confidenciales a la basura

Afirman que si el subdelegado del Gobierno tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez
SB-Noticias.-

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en el programa La Trapera de Radio San Borondón que recientemente encontraron en la basura documentos privados de la Demarcación de Costas y tras recordar que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, afirma que el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos González Pérez, ordenó tirar a la basura infinidad de expedientes y cuando se percató de que los vecinos lo habían descubierto les amenazó con tomar represalias contra ellos si hacían público este hecho.
Tras aportar un documento sonoro del encontronazo habido entre vecinos y el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, cuando los primeros descubren en la basura documentos confidenciales de la Administración estatal, Tomás González explica que Carlos González Pérez amenazó a los vecinos de Cho Vito con tomar represalias contra ellos si hacían público que en Costas habían tirado a la basura una cantidad significativa de documentos confidenciales relativos a expedientes que obraban en la administración.

Recuerda que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, sin embargo el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife ordena tirar a la basura infinidad de expedientes, tanto de personas que trabaja en la administración, concursos públicos, bajas laborales, actas de replanteo, actas de reuniones privadas entre empresarios y representantes de Costas donde miran para otro lado en cuestiones que afectan a los poderosos, notas personales transcritas, que accidentalmente fueron encontradas en la basura por los vecinos y han tenido que ir a declarar voluntariamente ante la policía judicial porque Carlos González Pérez comete el error de llamar a la policía.

En este sentido, afirma que si el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez, porque advierte que si hace público los documentos que tienen habría mucho que contar, ya que en los documentos encontrados hay contratos, asistencias técnicas, despidos laborales y hasta el deslinde de San Andrés.

Tomás González afirma que estamos ante un escándalo mayúsculo que debería costarle el puesto de manera urgente a González Pérez, puesto que hablamos de que su departamento ha tirado a la basura documentos privados, oficiales y algunos comprometedores en donde figuran documentos de identidad, nombres y apellidos de personas concretas, algunas de ellas incluso fallecidas, una cuestión que es comprometedora para el jefe de la Demarcación de Costas porque ha hecho dejación de sus funciones, entre ellas la del garante del derecho que tienen los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos.

Para colmo de la desafortunada actuación de Carlos González Pérez, más allá de tirar a la basura estos documentos, en un intento de huida hacia adelante trata de hacer responsable a los vecinos que se encontraron los expedientes en los contenedores de basura.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito considera lamentable que José Antonio Batista, subdelegado del Gobierno, no haya pedido inmediatamente el cese y el procesamiento de Carlos González Pérez, porque estamos hablando de documentos que comprometen a los altos cargos de Costas desde 1987 hasta hoy en día.
http://www.sanborondon.info/content/view/29333/1/

El PP de Tacoronte sorprende a todos los grupos políticos al señalar que Costas tiene afectadas veinte viviendas por ocupar suelo público en el Prix

La moción que presentó tuvo el apoyo de todos menos el de Alternativa Si Se Puede
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE




Victoria clara, nunca mejor dicho, del PP de Tacoronte en el último pleno. El dinamismo de esta formación política contrasta con la parálisis de CC, que solamente se preocupa de saber quien va a suceder a Hermógenes Acosta y como sabotear el desembarco de Dulce Xerach, la desorientación del PSC-PSOE y los absurdos virajes de Alternativa Si Se Puede, que un día incendia el pueblo y al día siguiente ejerce de bombero.

Hablamos de una moción con miga. Se trata de salvar el núcleo costero del Prix. Veinte viviendas de vecinos humildes que van a ser expropiadas y luego destruidas por la demarcación de Costas. Ha sido un proceso largo y de manera inexplicable tanto el alcalde como el Cabildo como el Gobierno de Canarias no han movido ficha para sacar esto adelante.

El grupo municipal del PP y especialmente la concejala Victoria Castro Padrón, que ha asumido como propias las reivindicaciones de los afectados, han tenido serias dificultades, incomprensibles para sacarla adelante. La primera vez que se llevó, se quedó sobre la mesa. La segunda fue el propio alcalde, al que parece no le importa que la pala se lleve estas casas, el que firmó un decreto para que no se adjuntará al orden del día y en el último pleno se pudo discutir y sacar adelante con los votos a favor de CC-PNC y PSC-PSOE y el voto en contra del edil de Alternativa Si Se Puede, José Casanova, que como al alcalde, no le importa mucho la suerte de estas veinte familias.

Pero el debate no fue fácil. La concejala del PP le recordó al grupo de gobierno que Cabildo y Gobierno habían apoyado la defensa de los núcleos costeros y no entendía este pasotismo con esta zona de la costa del municipio de Tacoronte, donde si se había visto a Hermógenes inquieto por el ya fracasado puerto del famoso José Ana Pérez Labajos.

Victoria les dio una buena estocada a los nacionalistas y dejó claro que no se habían tomado en serio este problema y dudó que el grupo de gobierno hubiese presentado alegaciones al expediente que tramita Costas. No entendió los argumentos de Casanova, que aseguraba que no había afecciones y lo dejó muerto en la bañera al sacar información que le habían dado en la Demarcación donde se ponía sobre la mesa la realidad. Lo impresionante es que sea la concejala del PP, en la oposición, la que le haga el trabajo al grupo de gobierno.

Los datos son éstos, para consternación de todos los grupos políticos: 20 afecciones, de las cuales a 15 se les indemniza a todas en general, con 91.000 euros y el resto, nada de nada. Y mostraba un mapa con toda esa información precisa. Y estaba claro que había que hacer algo y pronto. El PP de Tacoronte con el oído en la calle les dio a todos una lección política. Y la moción, como no, salió adelante. A ver que decide Costas, aunque con la pasividad del alcalde, ya con un pie fuera, los populares temen lo peor.

El texto de la moción

La misma se encabezó así: “moción que presenta el Grupo Popular en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en Canarias que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos”.

Su exposición de motivos señalaba que, “el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Precisamente en esa fecha, el Grupo Socialista anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley por parte de la Abogacía del Estado en representación del Presidente del Gobierno de España. Recurso que se sustanció posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión del Gobierno del Estado se suma a la política de impugnaciones que viene reiterando contra los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que en el ejercicio de las competencias de planeamiento en el litoral de la Comunidad Autónoma reconocieron la condición de áreas urbanas a distintos asentamientos en dichos ámbitos. Con estas determinaciones del Estado, indudablemente amparadas por sus potestades pero claramente lesivas para los intereses ciudadanos de quienes residen en áreas urbanas en el litoral del archipiélago, se prolonga si en una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los derechos patrimoniales que le son propios a los enclaves urbanos y costeros.

Y así el Gobierno de España y la formación política que lo sostiene confirma una vez más su afán por interpretar de forma restrictiva, exorbitante y ajena a la realidad canaria la Ley de Costas, impidiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias proyecte un desarrollo sostenible y equilibrado que combine con inteligencia la protección ambiental y los usos humanos tradicionales de este litoral.

“Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”, dijo el filósofo inglés John Locke y es en este punto donde el Gobierno de España tropieza una y otra vez; en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en Canarias sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental deben perdurar en el tiempo.

Porque las áreas urbanas costeras de Canarias representan en general no sólo zonas de interés derivado de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural sino también por tratarse de comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección, sin perjuicio de que resulte necesario depurar situaciones de ocupación clandestina, como chabolismo y otras formas que se apartan de los valores tradiciones y de legitimidad a que nos referimos, y que en modo alguno se ha pretendido amparar con normas o resoluciones de nuestro autogobierno.

Sin embargo, la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España viene abocando con sus recursos a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su restricción al reconocimiento de las competencias urbanísticas, de ordenación del territorio y de los recursos naturales, conferidas a nuestra Comunidad Autónoma, y que desde luego se proyectan también al litoral. Así viene sucediendo, con la negativa a aceptar las consideraciones fácticas reconocidas por la jurisprudencia en relación con las áreas urbanas, de suficiente consolidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que tras las oportunas comprobaciones han constituido la base de las resoluciones de la COTMAC.

Y en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, planteado por el Presidente del Gobierno del Estado, se agrava aún más la prolongación de la situación de inseguridad e incertidumbre de los habitantes de los enclaves urbanos costeros, por cuanto el Estado, al prevalecer de la potestad de suspensión cautelar de la legislación autonómica que le otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, logró temporalmente su inaplicación. Suspensión esta que ha sido en gran parte levantada mediante el Auto del TC 277/2009 de 10 de diciembre, que si bien mantiene la suspensión del artículo primero de la Ley7/2009.

No obstante, con interesante argumento sobre las potestades de nuestro autogobierno, resolvió levantar la suspensión de los dos tercios del contenido de la expresada norma y nos permite confiar en que los aspectos aún suspendidos tendrán una resolución favorable a nuestras tesis, por el Tribunal Constitucional.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al analizar la suspensión del artículo 2 de nuestra ley autonómica relativo a las previsiones de fijación por la Comunidad Autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre ha considerado que ello no supone como sostenía el Estado una menor protección del dominio marítimo terrestre y sus zonas colindantes, que la que ofrece la legislación de costas, ponderando los intereses en presencia procedió así el levantamiento de la suspensión de dicho precepto de nuestra ley.

Y respecto artículo 3 en relación con el mandato a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para formular un censo de edificaciones que, ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, tuvieran un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, considera que no tienen porque resultar incompatibles con las “razones de interés público” ni de protección de los valores medioambientales del dominio público marítimo terrestre que persigue la Ley de Costas para proceder a su legalización, levantando la suspensión y por tanto adquiriendo plena vigencia nuestra ley autonómica”.
Tres fueron los acuerdos adoptados y aprobados:
1. El Ayuntamiento de Tacoronte se pronuncia en favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
2. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
3. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de Tenerife, así como la preservación
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia40127.php

Costas comunica al Obispado que la Basílica de Candelaria vulnera la Ley

Los religiosos ya han sido informados y aseguran estar tranquilos porque los edificios afectados son Bienes de Interés Cultural y no se pueden derribar

N.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El convento de los padres dominicos de Candelaria, que está situado en el mismo edificio que la Basílica, y la capilla de San Blas que se encuentra en los alrededores del templo están afectados por la aplicación de la Ley de Costas.

Así se lo ha comunicado el organismo estatal a los responsables del convento y al Obispado de Tenerife para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. El prior de los dominicos, Alexis González, señaló ayer que ya han mantenido reuniones con responsables de la Dirección General para conocer el alcance de la aplicación de la Ley.

En principio, les han garantizado que no tendrá ninguna consecuencia dado que los inmuebles han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Sólo en caso de que los edificios se cayeran o fueran demolidos, las nuevas edificaciones tendrían que retirarse unos seis metros de la costa.

En principio, los religiosos están tranquilos y señalan que no piensan presentar ningún tipo de alegación. El caso de la capilla de San Blas en teoría podría ser más complicado pero al tratarse de un inmueble construido en el año 1534, mucho antes de la aprobación de la nueva ley en el año 1988 tampoco se prevé que surja ninguna complicación. Según la ley de Costas desde que una parte principal del edificio sea tocado por la línea de deslinde todo el inmueble quedará fuera de ordenación. Por ello, en este caso se vería afectado tanto el convento como la Basílica aunque las consecuencias que podrían derivarse de este hecho son remotas. La Basílica y el convento han sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo. Se trata son dos edificios diferentes pero que están físicamente unidos. Entre los bienes afectados se encuentran también las figuras de los guanches que están situados en la plaza.

400 propietarios
El nuevo deslinde ha salido ya a información pública por quince días y abarca más de un kilómetro de distancia entre la Cueva de San Blas y el Refugio Pesquero. En la relación de citados está la Promotora Punta Larga, el Obispado, el Ayuntamiento de Candelaria, el convento de los dominicos o la Cofradía de Pescadores.

Son alrededor de 400 los propietarios particulares de terrenos que se verán también afectados por la aplicación de esta ley. El alcalde de Candelaria, José Gurmesindo García, indica que en el caso del Ayuntamiento la propiedad afectada es un aparcamiento.

Apunta que se ha hecho un esfuerzo en el Plan General de Ordenación (PGO) para mantener el mayor número de viviendas posibles. No obstante, las edificaciones que se sitúen en los primeros seis metros en la zona de tránsito se irán eliminando según éstas envejezcan y sean demolidas. El deslinde afecta a la calle de La Arena, principal núcleo comercial del municipio.

¿QUE ZONA DE TRÁNSITO?. SI EN ESA ZONA NO EXISTE RIBERA DE MAR.

LAS VIVIENDAS SON DOMINIO PÚBLICO