Nueva Ley de Costas

La nueva Ley de Costas del Partido Popular, que en realidad es una modificación de la vigente desde 1998, está muy por debajo de las expectativas que el propio Gobierno central propició en el inicio de su tramitación. Para empezar, no es cierto que contribuya a flexibilizar la interpretación sobre los usos en el litoral, sobre todo si lo que preocupa al ciudadano, y al ciudadano canario en particular, es la seguridad jurídica de aquellos núcleos costeros existentes desde hace décadas, los que acogen población estable y actividades relacionadas con el litoral. Todo lo contrario, oiga. Con las herramientas que ofrece la normativa, aquellos que ostentamos alguna responsabilidad en materia de gestión territorial haremos lo posible para atender las demandas justificadas, para nada abusivas, de nuestros convecinos. Lo haremos por un ejercicio elemental de responsabilidad que no tiene nada que ver con la elaboración o no de un censo de núcleos costeros isleños que el Ejecutivo central ya tiene, y que se encargó de atacar vía recurso constitucional contra la ley canaria que intentaba poner un poco de cordura en este asunto. Esa norma autonómica se encuentra suspendida de modo cautelar por el Alto Tribunal, lo cual es una lástima, porque se trata de una normativa que se esfuerza en serio por compatibilizar el disfrute colectivo del litoral, principio irrenunciable, con la supervivencia de primeras residencias consolidadas y dotadas de los servicios públicos propios del suelo urbano. Eso es sentido común, defender a la gente, eliminar los abusos y sobre todo tratar a los ciudadanos por igual. Porque es ese, el de la arbitrariedad, el mayor vicio de la nueva normativa estatal. En primer lugar está el asombroso hecho de que una reforma de este calado no haya pasado por el trámite preceptivo de un informe a cargo del Consejo de Estado. Y luego viene lo peor. Un anexo de la nueva norma exime a doce núcleos concretos de toda exigencia respecto al respeto de la zona de dominio público. Lo hace, obviamente, sin explicación alguna, sin justificar tan clamorosa excepción, por lo general asociada a la existencia de viviendas de elevado coste a muy escasos metros de la línea de pleamar. Uno de estos casos raros, los expedientes X que tiran por tierra toda la credibilidad del legislador, es el puerto de Santa Pola, Alicante. El mismo municipio en el que el presidente Mariano Rajoy tiene su plaza de registrador de la propiedad. Que cada cual obtenga sus conclusiones.

Juan Manuel Bethencourt.

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