Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 4 de junio de 2011

El TSJC certifica que casi la mitad de Igueste se halla sobre suelo público



Una sentencia anula la resolución de Medio Ambiente que en 2007 declaró urbano este pueblo con el fin de reducir el impacto de la Ley de Costas


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha puesto del lado de la Dirección General de Costas y ha decidido anular la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que declaraba urbano el suelo de Igueste. De esta manera el organismo autonómico intentaba que la zona de servidumbre en el pueblo se limitara a 20 metros de ancho frente a los cien que tiene en la actualidad. Con esta decisión, casi la mitadl del pueblo, 120 propiedades, quedan dentro de suelo público y por lo tanto quedan fuera de ordenación. Así estas 98 fincas y 22 casas de la localidad tendrán un valor catastral mínimo, no se permitirá la construcción en los solares, en las viviendas será imposible realizar ningún tipo de ampliación y las obras se limitarán al máximo.
Además, en caso de que las instituciones decidieran ejecutar una actuación de interés público, como por ejemplo un paseo marítimo o un parque acuático, podría decretarse el derribo de las viviendas o la ocupación de los solares. La Sala segunda del TSJC considera que ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo de Tenerife, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz, ni los vecinos han podido acreditar que los terrenos de Igueste eran efectivamente urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
Para ello era necesario que se dieran una serie de supuestos, como por ejemplo que se contaba con los servicios de luz y alcantarillado y que al menos las dos terceras partes de la superficie estuvieran ocupadas por una urbanización consolidada. Lo cierto es que, según el TSJC, aunque los informes aportados por las empresas Endesa y Emmasa acreditaron que el pueblo contaba con el suministro de luz y agua, no ocurre lo mismo con la existencia de una red de evacuación de aguas residuales y de acceso rodado a las viviendas a través de vías interiores. Estos aspectos, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no están lo suficientemente acreditados.
"Tampoco ocurre así en relación a todos los servicios que su prestación fuese la que resulta propia de suelo urbano, en condiciones suficientes para las edificaciones existentes y para las futura que pudieran construirse", indica el fallo judicial que a partir de ahora es recurrible en el Tribunal Supremo.
Con el objetivo de salvar estas propiedades, la Cotmac determinó en 2007 que este asentamiento contaba con las características de consolidación por la edificación y la urbanización propias de suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988.
Por ello se instaba al organismo estatal a rectificar la anchura de la zona de servidumbre fijándola en 20 metros en vez de cien como quedó determinado en un principio. Muy al contrario el Gobierno central optó por recurrir esta decisión de la Cotmac y ahora el TSJC le ha dado la razón. Con anterioridad los tribunales habían rechazado la petición de medidas cautelares planteadas por las instituciones canarias que solicitaban que se redujera la anchura del dominio público, al menos hasta que hubiese una sentencia firme.
Además, los vecinos han presentado también un recurso ante la Audiencia Nacional para lograr el cambio del deslinde con todas sus consecuencias. La sentencia emitida ahora por el TSJC indica que en el año 1988, ni el Plan General de 1957, ni las normas subsidiarias de 1983 contemplaron como suelo urbano este asentamiento. La Sala rechaza los argumentos de que ambos planeamientos no eran directamente aplicables ya que el primero sólo reguló el casco histórico de la ciudad y zonas de ensanche y las segundas el sector suroeste de la capital. Sin embargo, el TSJC se reafirma en que el enclave no presentaba las características de núcleo urbano. "Es evidente que Igueste de San Andrés no queda comprendido ni próximo al tejido, malla o trama urbana, sino que se trata de una forma de asentamiento surgida de manera aislada, al margen de la misma". dice.
Güímar
El Gobierno de Canarias presentó ante el TSJC una sentencia dictada por este mismo tribunal referida a diversos núcleos de Güímar intentando defender la concurrencia de idénticas circunstancias. Sin embargo, la sala rechazó de entrada este argumento "porque como se ha expuesto se trata de constatar una situación de hecho al momento de la vigencia de la Ley de Costas. Y sobre todo, porque en aquel recurso lo que estimó la Sala fue que el acuerdo de la Cotmac impugnado había ganado firmeza, lo que impedía evacuar cualquier pronunciamiento sobre la consolidación urbanística de dichos núcleos costeros".
Antes de que se emitiera esta sentencia, la Dirección General de Costas remitió a cada uno de los 120 propietarios afectados por la zona de servidumbre notificaciones a través de las cuales les informaba de que sus propiedades se encontraban situadas en dominio público. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre este extremo al indicar que la diferencia de profundidad de la franja de protección "tiene por finalidad defender y resguardar dicho espacio natural de la zona poniendo a cubierto la misma de actividades que sean consideradas incompatibles con su naturaleza". El Ayuntamiento ya ha anunciado que va a realizar un censo de edificaciones situadas en los núcleos costeros de Anaga afectados por los nuevos deslindes. El año pasado el núcleo de Almáciga se libró de estos efectos, al no personarse Costas en el proceso que buscaba también anular el acuerdo de la Cotmac
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/06/04/tsjc-certifica-mitad-igueste-halla-suelo-publico/349395.html

miércoles, 1 de junio de 2011

Apoyad el respeto al Derecho de Propiedad en España



Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España.
Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.

Mis llamamientos al presidente del Gobierno español para que resuelva el tema, enocasión de la apertura y de la clausura del semestre español en2010, son de público conocimiento. Sin embargo, no se ha planteado ninguna solución satisfactoria a este tema que tiene dos vertientes, una relacionada con la Ley de Costas, la otra relacionada con el ordenamiento orbanístico. En ambos casos el problema se origina en su aplicación.

Sería difícil resumir la casuística en este blog, pero existe una constante: propietarios de buena fé se ven despojados de sus derechos de la noche a la mañana.

Contra todo pronóstico, al inicio de este mes, el Ministro de Fomento, José Blanco, y la Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, iniciaron en Londres una gira para !promover la inversión en propiedades en España
!
Resultaba difícil de creer que el gobierno español optara por tal iniciativa cuando miles de ciudadanos británicos (y de otras nacionalidades) viven en la angustia constante como resultado de las amenazas de demolición y/o expropiación de las propiedades que adquirieron en buena fé. !Muchos de ellos han invertido los ahorros de toda una vida!

En el mes de marzo, tres eurodiputados españoles, Ramón Tremosa, Santiago Fisas, Oriol Junqueras y la que suscribe, presentamos una declaración escrita con el fin de solicitar al Gobierno español que, de acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo del 2009, asegure el respeto de los derechos de propiedad en cualquier acción que emprenda y que haga llegar a este Parlamento propuestas para solventar los casos en que la aplicación de la Ley de Costas en Ampuriabrava ( Cataluña) está perjudicando los derechos de los ciudadanos de distintas nacionalidades.

Aunque la solicitud se refiere a una localidad concreta de España, el éxito de la moción, para lo cual necesitamos las firmas de la mitad de los eurodiputados (369), podría servir de base para realizar una acción similar en favor de los afectados en otras regiones de España.

Pongo en manos de los electores la tarea de animar a los eurodiputados a los que habéis votado para que actúen en defensa de vuestros intereses y firmen la declaración (puede consultarse aquí: declaración) la semana que viene durante el pleno de Estrasburgo.

La economía española pasa por un momento difícil y el mercado inmobiliario -de notable importancia- no se verá animado por la gira de ministros alrededor de Europa, sino por el respeto de los derechos de propiedad y la constatación práctica de que en España existe seguridad jurídica.

Los eurodiputados estamos para defender vuestros intereses. !Ayudádnos a ayudaros!
MARTA ANDREASEN. Miembro del Parlamento Europeo









lunes, 30 de mayo de 2011

Queridos... magos



Queridos magos (abstenerse reyes de Oriente y canarios con traje típico) de Candelaria:
Ya hace cuatro años que su oficio, mal ejercido, no produce el efecto deseado. Sus actuaciones no ilusionan al público de la Villa; su esperanzadora campaña electoral de las pasadas elecciones locales ha quedado en el fondo de los baúles mágicos que ustedes utilizan.
Han practicado una magia más propia de trileros callejeros que de políticos electos democráticamente. Las playas y el parque urbano de Punta Larga, los aparcamientos, el nuevo centro de salud, el edificio de seguridad, el edificio de la Guardia Civil GRS, la notaría, los pantalanes en el muelle, el nuevo mercadillo, etc., se han quedado como frases inconclusas del cartel de vuestro vacío espectáculo. Parece que están ensayando continuamente esos numeritos sin conseguir acabar ninguno de ellos.
Si analizamos la magia urbanística, el mago especialista en el ramo ha puesto unos trucos increíbles, pero que el público, el respetable, no ha logrado entender. Es lo que pasa cuando uno saca un conejo de la chistera. Si se crean convenios urbanísticos, llamados de la cuarta planta, que beneficiaron a algunos poderosos promotores del municipio, vendiéndoles edificabilidad, a cambio de dinero -que, por cierto, jamás se supo a dónde fue a parar-, creo recordar, escuchando un pleno (otro espectáculo, pero este teatral, cínico y repetitivo) radiado, que un grupo de la oposición preguntó, y el concejal encargado de sacar palomas de los pañuelos nombró obras incluso pagadas con dinero del Plan E. En definitiva, el dinero ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Cosas de Merlín.
A esos promotores que compraron la edificabilidad se les permitió, primero, construir más de quinientas viviendas sin licencia en pleno centro y entrada de Candelaria, y segundo, construir vulnerando las ordenanzas municipales de aplicación urbanísticas, puesto que no cumplían con los retranqueos establecidos para las cuatro plantas de altura. En la actualidad, las personas que compraron en esta cuarta planta todavía no disponen de la licencia de primera ocupación y están en el filo de la ley, y se están acordando diariamente del hechicero urbanístico que realizó esa magia negra.
Magia de la buena es la que practica el "gran mago", el encantador de serpientes, el de la gran chistera. Mago auténtico de los pies a la testa, ha realizado trucos grandiosos. Hizo desaparecer Cho Vito entero. Casas con escrituras registradas y legales, pagando impuestos, desaparecieron por mano y obra de este mago. Llama ilegales a los vecinos, y él, en un maravilloso juego de manos, se edificó en suelo rústico (supuestamente ilegal, según denuncia judicial) una construcción de ciento veinte metros cuadrados para bodega y tenderetes (mago tiene en Canarias varios significados).
El gran mago ha intentado repetir el mismo truco de Cho Vito en Bajo la Cuesta y playa de La Viuda, pero tras varios intentos sin éxito se ha propuesto hacer desaparecer la central eléctrica, el gran truco de su carrera, un truco especulativo, con miles de metros cuadrados de terreno, muy propensos a una especulación urbanística
.
Candelaria ha sido noticia por la magia de los conciertos no celebrados, por endosos, por los pañales para perros, por el parque para los perros, que se construyó muy recientemente en lo que iba a ser el gran parque de Candelaria (pura ilusión) por gastos y derroches en radio y revistas municipales, mientras el público en general, el pueblo de Candelaria, mira todo este espectáculo atónito, desilusionado, viendo la tasa de desempleo local, la cantidad de personas necesitadas en el municipio, y empezando a desear que los magos estén en las romerías y en los bailes típicos, en las fiestas de Santa Ana, Igueste y Barranco Hondo, y no presentes en la política y en la gestión de este municipio.
Antonio Alonso Orihuela
(Candelaria)
http://www.eldia.es/2011-05-29/CRITERIOS/17-Cartas-director.htm

domingo, 29 de mayo de 2011

Vecinos de Cho Vito exigen que la obra del paseo respete el acceso a sus casas



Los residentes del barrio marinero denuncian a la empresa Tragsa por impedir el paso a sus propiedades


La construcción del paseo marítimo en Cho Vito es vista por los vecinos como una infraestructura necesaria, pero exigen que la obra respete el acceso a sus casas y a la playa sin restricción alguna tanto para ellos como para quienes les visitan y también para las personas que se acercan a la zona a darse un chapuzón.
Esta semana comenzaron las primeras maniobras para la construcción por la empresa Tragsa del paseo marítimo peatonal de la playa de Cho Vito, una infraestructura que se prolongará hasta su unión con el paseo de la playa de Las Caletillas. Primero se colocó el cartel identificativo del proyecto, para a continuación iniciar el vallado del perímetro de la obra, una actuación que tropezó con la oposición de los vecinos
.
Tomás González, representante de Cho Vito, acababa de llegar de Bruselas de defender los derechos de los españoles afectados por la Ley de Costas cuando se encontró el jueves pasado con un nuevo problema en el asentamiento marinero.
Ante el vallado para acotar la obra, por razones de seguridad, los vecinos protestaron porque entienden que se iba a proceder a cerrar el perímetro y a impedir el libre acceso a sus propiedades durante la duración de la obra. "La constructora tiene que tomar medidas de seguridad, pero no puede obligarnos a dar rodeos ni a identificarnos para pasar a nuestras casas", detalla González. También entiende que no se puede dificultar el paso a la zona costera ni a quienes acudan a visitarles ni a los bañistas.
De momento, los residentes en la zona han logrado frenar el vallado y han denunciado a la empresa Tragsa por tratar de obstaculizar el acceso a las casas y a la playa de Cho Vito. "Nuestra exigencia de que no se impida el paso no significa que nos opongamos a la obra del paseo", puntualizó Tomás González, quien asegura que los vecinos están de acuerdo con que se haga el paseo y se adecente la zona.
Mientras tanto, se mantiene sobre los habitantes de Cho Vito la amenaza de desalojo y demolición de sus viviendas. Prevista para septiembre del año pasado, finalmente se postergó.
Está semana, el representante de Cho Vito ha estado en Bruselas con otros portavoces de los 400.000 españoles afectados por la Ley de Costas.
Logros
En la comitiva había una decena de canarios de distintas islas y han regresado esperanzados. Comenta Tomás González que han logrado que no se cierre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que un comité de investigación se traslade a las zonas del litoral español afectadas por la Ley de Costas. Así pues, la visita de la comité de Bruselas abre una nueva vía de esperanza a los vecinos de Cho Vito.
Entusiasmado todavía por la receptividad hallada en los eurodiputados alemanes y británicos hacia la situación de los afectados españoles por la Ley de Costas, Tomás González explica que pocas veces se han sentido tan escuchados como estos días ante las instituciones europeas.
Relata que una de las mayores sorpresas se la dio la eurodiputada socialista británica Marta Andreasen, quien ha propuesto que en los presupuestos generales de la UE se congelen las partidas a España que tienen que ver con actuaciones en la costa hasta comprobar si el Gobierno español está vulnerando derechos de ciudadanos europeos
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/29/vecinos-cho-vito-exigen-obra-paseo-respete-acceso-casas/348216.html

No entiendo por qué se quiere derribar el hotel y en cambio sí hacer el puerto”



La alcaldesa de Granadilla en funciones se reafirma en su rechazo a la prevista demolición parcial del hotel Médano y otras 13 viviendas para el proyecto del paseo marítimo por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Sostiene Carmen Nieves Gaspar que El Médano aún puede explotar mucho más el turismo de surferos, y por eso prevé un centro destinado a dar servicios a estos deportistas. Enumera las asignaturas pendientes para este mandato en el barrio: rehabilitar el paseo de madera y la plaza central, construir un carril bici entre El Médano y Los Abrigos, y dotar a la zona de un centro específico para servicios a los surferos.
-¿Cuál es el papel de El Médano en el conjunto del municipio?
“Es un poco la joya de la corona de Granadilla. Por la frecuencia e intensidad del viento, esa zona no se desarrolló turísticamente en su día, pero es uno de los recursos más valiosos del municipio, por su interés para los deportes náuticos, y por atraer además a visitantes. Junto con Los Abrigos, es un núcleo con un tremendo potencial de desarrollo, entendido éste en el buen sentido, y está llamado a ser una de las zonas que atraigan a más actividad económica y empleo”.
-Decenas de miles de surfistas acude a El Médano como uno de los mejores litorales del mundo para este deporte. Sin embargo, se quejan de que no disponen de los servicios adecuados…
“Somos conscientes del potencial de la zona para estos deportes, pues, en efecto, está considerada por los entendidos como uno de los diez mejores lugares del mundo para practicarlos. De hecho el año pasado se organizó el campeonato del mundo de kitesurf y ahora queremos celebrar otros mundiales de esta modalidad y de windsurf. Está claro que El Médano necesita más inversiones que propicien la práctica de estos deportes, con mejores servicios e instalaciones para los surferos. Desde el Ayuntamiento vamos a defender varios proyectos con tal fin”.
- ¿Cuál es el más destacado?
“Ya hemos iniciado los trámites de expropiación de una parcela, al lado del hotel Tenerife Playa Sur, para un centro de servicios destinado a estos deportes náuticos, que albergue además a todas las empresas relacionadas con el mundo del surf”.
- ¿Cuál es su postura sobre la prevista demolición de 13 edificaciones en dominio público marítimo terrestre, junto con la terraza del hotel Médano, para construir un paseo marítimo, a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente?
“
No estoy de acuerdo con una Ley de Costas que se aplica de forma arbitraria e injusta. La ley prevé recuperar el dominio público ocupado por edificaciones ilegales, pero las viviendas afectadas por este proyecto no lo son, y constituyen el origen mismo de El Médano. Son muy previas al dictado de esta ley, que no tiene lógica aplicar con efectos retroactivos. Otra cosa es hablar de que el hotel, cuando se acabe su concesión administrativa, quede en manos públicas para destinarlo a escuela de turismo u otro fin público. Pero el hotel es el emblema del barrio, fue el primero que se hizo en el Sur. Y mucho antes, cuando se vivía de la agricultura, ahí había un empaquetado de tomates. Así que la ley es injusta porque trata situaciones diversas de forma homogénea”.
-¿Y cuál es la postura oficial del Ayuntamiento al respecto?
“El Pleno municipal acordó por unanimidad aponerse a esas demoliciones, pues serían una barbaridad. Costas mira para otro lado en otros sitios, incluso donde un señor tiene una piscina privada en dominio público”.
-Rechaza, pues, el paseo que proyecta Costas
…
“Es que ya hay paseo entre la primera y la segunda línea de edificios, protegido del viento, y además allí se crea empleo en los negocios. Derribándolos sería un paseo intransitable los días de fuerte viento. Me pregunto por qué ese empeño en hacer el puerto industrial de Granadilla en una zona que aún está virgen, y en cambio querer derribar el núcleo original de El Médano, anterior a la Ley de Costas”.
- Los vecinos se quejan de que faltan equipamientos: polideportivo, centro cultural, guardería…
“Se está construyendo un centro deportivo y de ocio, y que tendrá gimnasio, sala de exposiciones y reuniones, junto al muelle. En cuanto a polideportivos, están abiertos fuera del horario escolar los del instituto y el colegio públicos, aunque se podría estudiar alguna otra zona deportiva. En todo caso, creo que hay tres asignaturas pendientes: rehabilitar la plaza y el paseo de madera; construir un carril bici desde Los Abrigos (estamos ahora en el trámite de expropiaciones) y crear infraestructuras para los deportes náuticos”.
-¿Está usted de acuerdo con la ordenación urbanística prevista para la zona en el Plan General que dejó aprobado el PSOE?
“No, porque se hizo pensando en más suelo para viviendas y nos hizo depender del sector de la construcción, que, al caer, nos ha dejado en una precariedad laboral. Yo hubiera ordenado la zona de otra forma, pero son decisiones a las que ya no puedo dar marcha atrás pues hay derechos urbanísticos reconocidos y se requerirían indemnizaciones que el Ayuntamiento no puede pagar. El PSOE apostó por una expansión urbanística desmesurada. Lo que sí intentaré es que el diseño de esas urbanizaciones futuras se haga con buen gusto y acordes con el entorno natural. Así se hará cuando se aprueben ordenanzas que establezcan los modelos constructivos
http://www.diariodeavisos.com/2011/05/29/tenerife/no-entiendo-por-que-se-quiere-derribar-el-hotel-y-en-cambio-si-hacer-el-puerto

viernes, 27 de mayo de 2011

La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española



La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"




Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos
".

Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto
.

La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "ecesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", oquizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se npinó
.

La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2011/pr-2011-May/pr-2011-May-17.html
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS`´



SIMPLES COINCIDENCIAS

En este país, donde tirando de un hilo, se desmadeja todo, pensar mal, es sinónimo de acertar. Si vemos los datos de Tragas, la empresa que acomete todos los trabajos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), es muy sorprendente ver al jefe de la abogacía del estado, o a personal que ocupa altos cargos dentro del mismo ministerio o en Economía y Hacienda, ser consejeros de una empresa privada, estrechamente ligada a los derribos y a los deslindes de las costas españolas.
Recuerdo que la misma Alicia Antolín de Paz, era directora general de costas(nombrada ilegalmente, según sentencia del Tribunal Supremo, septiembre 2010, nº528/2008,,cesada en octubre del 2010, BOE 2 de octubre 2010)

La pregunta que se plantea es: ¿es esto legal?. ¿es legal, que estos consejeros de una empresa privada, sean altos funcionarios del ministerio que contrata a esta misma empresa?¿cuanta información privilegiada pueden tener en su trabajo del ministerio, que les facilite las cosas en la empresa privada?.

TRAGSA

El Grupo Tragsa actúa como medio propio instrumental realizando los trabajos que le encomienda la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios, mediante convenios.
El Grupo Tragsa está compuesto por la empresa matriz Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, SA, constituida en 1977, y por Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, Tragsatec.
Tragsa acumula más de 30 años de experiencia y realiza actuaciones en la protección y conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia.
Tragsatec interviene desde 1989 en los ámbitos de la ingeniería y la asistencia técnica para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la gestión de los recursos pesqueros y la acuicultura. Tragsatec ha asumido en noviembre de 2010 los servicios que desde 2001 prestaba Tragsega, en el ámbito ganadero y alimentario.




Consejo de Administración a 22 de febrero de 2011
Presidenta:
Dª Mª Luisa Graña Barcia Presidenta de Tragsa
Secretario no Consejero:
D. Juan Antonio Puigserver Martínez Jefe de la Abogacía del Estado del (MARM).
Vicesecretario no Consejero:
D. Ignacio Pereña Pinedo Director de Asuntos Jurídicos de TRAGSA
Consejeros:
D. Manuel Alves Torres Director de Planificación y Control (SEPI)
Dª Isabel Bombal Díaz Directora General de Industria y Mercados Alimentarios
(MARM)
D. Javier Canales Tébar Secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación FECOMACCOO
D
. Jesús Casas Grandes Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(MARM
)
D. Carlos Javier Escribano Mora MARM
D. Ignacio Gandarias Serrano Director G. de Ordenación Pesquera (MARM)
Dª Mª Soledad Giral Pascualena Subdirectora General de Programación Económica del
MARM
D. José Jiménez García-Herrera Director General de Medio Natural y Política Forestal
(MARM)
D. Ángel Hernández Pinilla MCA-UGT
D. Manuel Ledesma Sánchez Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financieros (Mº de Economía y
Hacienda)
D. José Marcos Lillo Pérez Jefe de la Oficina Presupuestaria – Mº de Economía y
Hacienda
D. Bartolomé Lora Toro Director de Participadas II - SEPI
Dª Elena Madrazo Hegewisch MARM
D. Fernando Miranda Sotillos Presidente del FEGA (MARM)
Dª Alicia Montalvo Santamaría Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) – (MARM)
Dª Marta Moren Abat Directora General del Agua (MARM)
Dª Alicia Paz Antolín MARM
D. Manuel Rossi Prieto MARM
Dª. Pilar Seisdedos Espinosa Subdirectora Gral. Coordinación de la IGAE (Mº de Economía
y Hacienda)
Dª. Alicia Villauriz Iglesias Secretaria Gral. del Mar (MARM).

Los vecinos de Cho Vito impiden que Costas inicie la obra del paseo marítimo



Aunque la Demarcación en la provincia anunció la colocación de las vallas en la zona afectada, la población obligó a retirarlas tras denunciar en el Juzgado que cerraban uno de los accesos peatonales al lugar. Los vecinos consideran "sospechoso" que los trabajos comiencen tres días después de las elecciones.
27/may/11 01:29
La Demarcación o Servicio Provincial de Costas tuvo que dar marcha atrás en su intención de comenzar la construcción del paseo marítimo de Cho Vito porque los vecinos de este poblado marinero de Candelaria se opusieron a ello y presentaron una denuncia ante el Juzgado. El motivo era que las vallas colocadas cerraban el paso a la población y visitantes por uno de los accesos con que cuenta este enclave y que, curiosamente, es el lugar en el que se encuentra la zona de estacionamiento de los vehículos.
Ayer fue necesaria la presencia del alcalde de la Villa Mariana, José Gumersindo García, quien expuso a los vecinos de Cho Vito la situación y explicó que los trabajos previstos no afectarían al desarrollo cotidiano de la vida de la población que aún reside en el lugar.

Tomás González, portavoz de Cho Vito, expresó su confianza en que "todo se desarrolle como nos explicó", pero dejó claro que "es sospechoso, por decirlo suavemente, que esta obra comience tres días después de celebradas las elecciones municipales".
Ayer, como anteayer, fue necesaria la presencia de efectivos de la Guardia Civil para tratar de colocar las vallas que Costas anunció el miércoles que se ubicaron "en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpen el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Buen resultado en Europa
Respecto a la comparecencia de los portavoces de Cho Vito en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, González señaló que se concretó la elaboración de un informe sobre el impacto de la aplicación de la Ley de Costas en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión Europea, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, así como la presencia en el poblado (y en el resto de lugares del país que están en circunstancias similares) de una comisión de la UE para comprobar las consecuencias de esa legislación.
Margrete Auken, europarlamentaria socialista inglesa, propuso la congelación de los fondos europeos para España en 2012 "como consecuencia de la situación que viven los ciudadanos europeos por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas".
Tomás González se mostró muy satisfecho con el resultado de la presencia de Cho Vito en Europa "porque sigue abierta la comisión y siguen llegando quejas
http://www.eldia.es/2011-05-27/tenerife/1-vecinos-Cho-Vito-impiden-Costas-inicie-obra-paseo-maritimo.htm

jueves, 26 de mayo de 2011

El Servicio de Costas comienza a construir el paseo marítimo de Cho Vito







Se trata de un proyecto de 225 metros de longitud y 1.647,91 metros cuadrados de superficie que enlazará la zona del poblado marinero con Las Caletillas. Los trabajos no interrumpirán el paso de ningún vecino a sus viviendas mientras sigan en el lugar, ya que están pendientes de su realojo, según recordó Costas.
El Servicio Provincial de Costas comenzó ayer la construcción del paseo peatonal de Cho Vito y su comunicación con el paseo de la playa de Las Caletillas. En el comunicado oficial que hizo público este departamento se indica que el paseo tendrá 225 metros de longitud con una superficie pavimentada de 1.647,91 metros cuadrados, así como que unirá el tramo de la costa con la trama urbana. Además, se dotará de instalaciones de servicios a los usuarios, mobiliario urbano y ajardinamiento.
Este departamento de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar informó de que el comienzo de los trabajos consistió en la colocación del vallado en la zona de actuación, "que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Con ello, el Servicio Provincial de Costas continúa con las actuaciones en el litoral de Candelaria con el objetivo de mejorar el acceso público a los lugares de baño, recuperar la costa para el uso y disfrute públicos y ofrecer nuevas playas a todos los vecinos y visitantes del municipio.
La comunicación oficial concluye con la aclaración de que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".
Desde 1995
El Boletín Oficial de Canarias del 4 de marzo de 1998 incluía la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras, cuyo listado apareció en la edición del BOC del día 28 de ese mismo mes. El número 47 de esa lista es el proyecto de paseo marítimo y demolición en Cho Vito, con un presupuesto de 99 millones de pesetas. La redacción del proyecto fue aprobada el 31 de enero de 2005.
Para realizar esta obra fue necesario demoler la mayoría de las viviendas que formaban este poblado marinero, obra que comenzó el 7 de octubre de 2008 y que aún no ha concluido, puesto que permanecen en pie ocho casas que también se pretenden destruir.
De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife aplazó hasta el 30 de noviembre próximo la entrada en las ocho viviendas, así como su demolición. Esta medida fue solicitada el pasado día 7 de abril por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Los vecinos afectados, que llevan más de siete años en lucha pública por evitar lo que ayer comenzó a ser una realidad, siguen ahora por la vía judicial y la política, especialmente ante la Unión Europea, tratando de salvar lo que queda en pie del lugar así como la reconstrucción de las viviendas que fueron demolidas.

sábado, 21 de mayo de 2011

La Ley de Costas vulnera los Derechos Humanos

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) acudirá como invitada por el Parlamento Europeo a participar en la sesión de la Comisión de Peticiones del próximo día 24 de mayo donde pedirá que se condene a España por la aplicación retroactiva, arbitraria y confiscatoria de la Ley de Costas que vulnera flagrantemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 1 del protocolo adicional Nº 1 al Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, por tanto el Tratado de Lisboa que los hace vinculantes a cualquier ley propuesta o aplicada en los estados miembros.

Ante la inacción y silencio del Gobierno español y la indiferencia de la Defensora del Pueblo, el Parlamento Europeo ha decidido invitar a los representantes de asociaciones de afectados de todas las Autonomías costeras, integradas por miles de ciudadanos europeos a quienes han confiscado, SIN INDEMNIZACIÓN, las propiedades legalmente adquiridas, dejándoles en la más absoluta indefensión.

La Sra Beatriz Corredor en unas declaraciones realizadas en Amsterdam, asegura que la Ley de Costas ha afectado a un "0,008 por ciento" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
La Sra Corredor se ve obligada a mentir porque, si dijera la verdad, estaría reconociendo las prácticas abusivas inadmisibles en un gobierno de una democracia europea.

El Gobierno español, debería preocuparse de restablecer la seguridad jurídica antes de dedicarse a la gestión de carteras inmobiliarias, tal y como se le ha reprochado en su "road show" de Londres
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:la-ley-de-costas-vulnera-los-derechos-humanos&catid=13:espana&Itemid=23

viernes, 20 de mayo de 2011

Corredor dice que solo el 0,008% de las casas se han derribado por la Ley de Costas

La secretaria de Estado española de Vivienda, Beatriz Corredor, defendió ayer en Ámsterdam (la segunda parada del road show, tras Reino Unido, que le llevará a Francia, Suecia, Rusia y Alemania) que, a pesar del contexto de crisis económica internacional, es "seguro" invertir en el sector inmobiliario en España. En una rueda de prensa tras su reunión con posibles inversores holandeses, Corredor mantuvo que la salud financiera de España "no puede compararse" a la de países como Grecia que han tenido que recurrir a rescates internacionales. "No tenemos miedo de una bancarrota en España y no estamos en la misma situación que Irlanda o Grecia", precisó.
Corredor también intentó aplacar el temor de los inversores holandeses que estuvieran interesados en adquirir una vivienda en la Costa. Las expropiaciones y demoliciones llevadas a cabo, en virtud de la Ley de Costas, provocaron las protestas de la embajada de Reino Unido, el principal comprador extranjero. La secretaria de Estado aclaró que la Ley de Costas de 1998 solo ha afectado a un "0,008%" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Corredor-dice-solo-casas-han-derribado-Ley-Costas/20110520cdscdieco_9/

martes, 17 de mayo de 2011

Costas se desmarca de la escollera que precisa San Andrés para evitar el oleaje

La dirección provincial de Costas lo deja claro. Frente a la avenida de San Andrés debe construirse una escollera a la misma altura que la de Las Teresitas que proteja al barrio de la inclemencia del mar y que además permita el traslado de los barcos que ahora están en la playa. Pero el problema, según lo explica la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, es que la Autoridad Portuaria decidió hace cuatro años deshacerse de esta zona de fondeo, desafectándola y entregándosela al Estado. A partir de entonces era el Ayuntamiento de Santa Cruz el que debía promover la redacción del proyecto, pero nadie ha hecho nada, añade la subdelegación.
Costas ha asegurado que el Gobierno central estaría dispuesto a estudiar esta iniciativa y llevarla a cabo, pues se trata de la solución razonable, pero también hay que tener en cuenta que quizás el momento no sea el más propicio por la situación de crisis económica.
De todas formas, la subdelegación del Gobierno indica que la corporación local santacrucera no ha entregado ni planteado ninguna propuesta.
Pero los vecinos y los negocios de San Andrés están agotados de escuchar "la misma canción desde que tienen uso de razón". Este fin de semana, el barrio capitalino ha vuelto a sufrir las consecuencias del fuerte oleaje. Las aceras se han levantado, algunos árboles han caído y el agua ha entrado en casas y bares y restaurantes de la avenida, e incluso un ciudadano fue arrastrado por el mar, aunque fue rescatado finalmente por la Cruz Roja.
Los vecinos aún siguen sacando arena de sus viviendas e intentando sobreponerse del susto y los negocios lamentan las pérdidas económicas porque han tenido que cerrar durante tres días, "los que más gente nos viene", y porque las olas les han destrozado neveras y máquinas.
El propietario de la Marisquería Ramón, de la zumería y del restaurante Rubí, Ramón Plasencia, comenta que las pérdidas en sus locales ascienden a 5.000 euros. Para el restaurante Estrella del Mar, éstas superan los 2.000 euros. "Nos preparamos para el fin de semana comprando más mercancía y nos hemos quedado sin nada. Con lo mal que van las cosas, esto nos hunde más todavía", cuenta José Antonio Diz, empresario de Estrella del Mar.
"Ya no creemos en ningún político ni en sus promesas. Los años pasan, yo ya tengo 65, y aquí no se nos ha dado ninguna solución. No sé a qué esperan. Solo vienen cuando quieren el voto, como en estos días", dice Teresa Cova. "Creemos que lo que quieren es cansarnos y que nos vayamos de aquí para hacer lo que quieran en la avenida", añade la vecina Fátima Carballo.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos El Pescador, Gabriel Rodríguez, cuenta que la demanda de una escollera o muro de protección frente a la avenida de San Andrés es una reivindicación que ya ha cumplido más de cincuenta años. Recuerda que se llegó a plantear la posibilidad de construir un puerto deportivo y un refugio pesquero, pero los propios vecinos se opusieron a dichas iniciativas, pues éstos insisten en que la escollera "es la única obra necesaria".
Y parece que ahora Costas les da la razón, aunque la dirección provincial sí plantea que cuando se construya la escollera en esa zona de fondeo frente a la avenida tendrán que reubicarse en ella los barcos que ahora se encuentran en la playa de Las Teresitas, algo que, según Costas, piden también los pescadores del barrio.
En el Ayuntamiento, a pesar de la insistencia de este periódico, ayer nadie contestó, ni siquiera la concejal responsable del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo.
Por su parte, la Policía Local decidió ayer abrir al tráfico los carriles de acceso al barrio de San Andrés y a la playa de Las Teresitas que estuvieron cerrados durante todo el fin de semana debido al fuerte oleaje en la zona, aunque éstos podrían volver a cerrarse dependiendo "de la marea alta".
Cada vez que esto ocurre, varias veces al año, la Policía se ve obligada a convertir los dos carriles de salida en uno de entrada y en otro de salida solo para las guaguas. Y para abandonar San Andrés, los demás vehículos deben hacerlo por el interior del barrio, lo que también ha provocado la preocupación de los vecinos de la zona y de los visitantes por el "peligro de atropello
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/17/costas-desmarca-escollera-precisa-san-andres-evitar-oleaje/345890.html



ESTO DE COSTAS, ES DE JUZGADO DE GUARDIA. En primer lugar, son sus competencias. Y esta obra hay que realizarla cuanto antes, y no gastar el dinero en playas artificiales, realizadas en desembocaduras de barrancos, que cada vez que llueve, se las lleva el agua. NO TIENEN UN EURO PARA OBRAS, PERO SE PLANTEAN TERMINAR DE DERRIBAR CHO VITO. CUANTO EMPEÑO PARA UNAS COSAS Y CUANTA DESIDIA PARA OTRAS.

lunes, 16 de mayo de 2011

El CCN de Valle Gran Rey critica al alcalde por mentir a los vecinos afectados por la Ley de Costas

El candidato del Centro Canario Nacionalista (CCN) a la Alcaldía de Valle Gran Rey, Federico Bacallado, defendió el pasado sábado su programa electoral de cara a los comicios del próximo 22 de mayo.
Bacallado incidió en la defensa realizada por el CCN a los vecinos afectados por la Ley de Costas y la reclamación de la modificación del Plan General de Ordenación. En esta línea, José Luis Langa, secretario de Acción Jurídica del CCN, criticó al alcalde por mentir a los vecinos y aprobar a sus espaldas el PGO, dejando centenares de viviendas fuera de ordenación.
En otro orden de cosas, el candidato centro nacionalista explicó la necesidad de acometer un profundo Plan de Barrios, dotar de infraestructuras al puerto para mejorar el funcionamiento de las líneas marítimas, promover mejoras en el sector pesquero, reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, reubicar el centro de mayores y crear una guardería. Además, Federico Bacallado criticó “las acciones electoralistas de última hora que lleva a cabo el alcalde”.
El candidato estuvo también acompañado por Pedro Medina, candidato al Cabildo, quien explicó las principales líneas de actuación proyectadas por su partido para crear empleo, a través del apoyo del tejido empresarial y el fomento turismo mediante la potenciación del aeropuerto.
También el presidente del CCN de Tenerife, Melchor Núñez acudió a apoyar al candidato del CCN. Núñez destacó la experiencia política de Bacallado, recordando que fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y alabó su honradez y su capacidad de lucha.
Núñez recordó además que los otros tres candidatos que concurren a las elecciones integraban hasta hace poco el mismo partido, en un claro ejemplo de que “quieren mantenerse en el poder”.
http://www.gomeranoticias.com/article/el-ccn-de-valle-gran-rey-critica-al-alcalde-por-mentir-los-vecinos-afectados-por-la-ley-de-c

domingo, 15 de mayo de 2011

Acoso y derribo a los desamparados



El dueño del estero de pescado de la salina anexa al parque de Los Toruños se enfrenta a una posible retirada de la concesión por unos supuestos incumplimientos mientras le han vuelto a embargar

Nos espera tras la verja. Como siempre, está cargado de papeles, carpetas y más carpetas con documentos que resumen la lucha que libra desde hace ya más de una década intentando sobrevivir al frente de uno de los pocos esteros extensivos de pescado que quedan en la provincia. En la salina de Nuestra Señora de Los Desamparados, en término de Puerto Real, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, junto a Los Toruños.

José María Jiménez Derqui, el dueño, ha decidido cambiar de estrategia. Harto ya de esperar que haya resolución a su demanda de que revisen los cánones que la Demarcación de Costas le ha venido girando por su explotación, y que no abona al considerar que está exento de pago por ser propietario antes de que entrara en vigor la ley que regula la ocupación de la zona marítimo-terrestre, ha decidido pasar al ataque. Y es que, desde que hace ya algo más de un mes que denunció su situación a este diario, el conflicto, lejos de resolverse, se ha recrudecido.

No sólo le han vuelto a embargar, por no pagar unos cánones que además considera excesivos, sino que, para colmo, entre medias, se ha enterado de que, sin su conocimiento, técnicos de Costas efectuaron una visita a las instalaciones, que culminó en jaque al rey: un informe en el que se propone que le sea retirada la concesión, alegando unos supuestos incumplimientos.

Por eso ha organizado, en una suerte de jugada para neutralizar el jaque, una excursión a su salina para intentar mostrar sobre el terreno que nada de lo que le recriminan es cierto. Que él ha cumplido escrupulosamente con los requisitos de la concesión.

La primera, en la frente. Nos montamos en el coche y se lanza al ataque. "El camino debiera tener tres metros para que la superficie de rodadura fuera de 2,60 metros. Y como mucho, tiene 1,70: insuficiente para que entren a la vez un coche y una bicicleta", espeta. Lo dice con intención, porque por su salina, como hay que recalcar, en pleno parque natural, discurren senderos y carriles habilitados para el uso por parte de los visitantes.

Estamos en periodo de captación de alevinaje y las compuertas están abiertas. El agua entra y sale. Pasamos por la partida D. Todo parece en orden. Continuamos por la C . Estamos en el punto sur, donde, denuncia, "personal del Parque ha puesto una valla que corta todo el camino". Ocho módulos de jaula de león que seccionan de cuajo el recorrido.

Nos dirigimos a la partida B, donde está la zona prevista para el lago de pesca, precisamente una de las cosas que en el informe de Costas, se recoge como incumplimiento
. Una instalación que no ha hecho, explica, "porque lo impide el alevinaje natural y además, no se pueden hacer obras por ser una zona de especial protección". "Me echan en cara que no he hecho actuaciones que me comunicaron en documentos hace ya años que no podían hacerse. Esto es luchar contra la sinrazón".

Nos cruzamos con varias gaviotas, "el peor bicho que hay para los peces", murmura entre dientes, mientras sigue soltando documentos. "Con esta gente, como no tengas papeles", ... se disculpa por la avalancha.

Ha llegado el momento de su enroque particular. "Aquí las administraciones no han dejado de hacer obras ilegales. En la zona norte, el relleno para el puente San Alejandro. Y en la zona oeste, un embarcadero en ciernes".

Para colmo, en su listado de incumplimientos, figura que la casa salinera sigue en el mismo estado de semirruina. Se trata del famoso edificio para cuya restauración la Junta organizó una ceremonia de colocación de primera piedra a la que nunca le ha seguido ni un ladrillo más. También denuncian, para quitarle la concesión, que hay montoneras de tierra por los caminos. Enormes dunas de arena que provocan un gran impacto paisajístico que el dueño de la salina asegura que dejó allí personal de Costas, cuando iban a ser utilizadas para rellenos de playas hasta que se desechó al considerar que no eran de buena calidad.

Un curioso detalle parece inclinar a priori la balanza a su favor: al informe realizado en su contra le han adjuntado planos con fotografías aéreas nada menos que de los años 90 y 91, al menos seis años antes de que solicitara a Costas la concesión.

Desde la Demarcación , como ya ocurrió con el primer artículo, han declinado pronunciarse sobre el asunto. "Nosotros hemos cumplido exactamente con lo establecido. No tenemos nada que decir", indicó un portavoz a este diario
.

Entre medias, se ha producido el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, desde donde al menos, en principio, parecen partir una lanza a favor del industrial pesquero. "El informe en el que se propone retirarle la concesión es anterior al traspaso, y en cualquier caso, deberá decidir sobre el asunto la Dirección General de Pesca (dependiente de la Consejería del ramo). Con independencia de ello, en la delegación de Medio Ambiente estamos a favor de la actividad económica que se realiza en la salina. Está en perfecta armonía con los valores que intentamos defender desde el Parque". E incluso han ido más allá al asegurar que "la salina cumple escrupulosamente con el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y tiene todas las autorizaciones pertinentes", admitieron. "Apostamos por su supervivencia y nos interesa que allí haya un estero, porque eso significa que la zona no está abandonada. Además, tiene un sendero de uso público".

Resta por ver si este pronunciamiento a favor se va a traducir en una apuesta decidida por solucionar el enquistado conflicto. La supervivencia de una actividad en franco peligro de extinción depende de ello.
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/975163/acoso/y/derribo/los/desamparados.html

¿Estrategia embrollada?



Puede, la de Teguise en el improcedente deslinde de Los Dises-Caleta Famara, aunque, naturalmente, respeto la libertad del Ayuntamiento de proceder al modo que le dicten sus técnicos jurídicos. Sin embargo, mi criterio difiere de la estrategia contra el impensable deslinde efectuado por la Jefatura de Costas de Canarias, confirmado por la Ministra de Medio Ambiente en la Orden Ministerial del 3 marzo 2011, pues la defensa debe dirigirse a la inmediata efectividad de la anulación del improcedente deslinde con el máximo ahorro dinerario público y privado. Me explico:
El Ayuntamiento de Teguise, sorprendentemente, acordó en Pleno celebrado el 4 actual interponer Recurso Contencioso Administrativo, elaborar un estudio geotécnico, pedir la colaboración económica del Cabildo y suministrar a los afectados un modelo de Recurso de Reposición. Aparte de que el acuerdo, al menos para los propietarios afectados, llegó tarde por vencimiento del plazo para recurrir, supongo que los fundamentos donde se ampara el mismo son inapropiados; o sea, que la tesis de la defensa adoptada no es la correcta según interpreto del examen de la Ley de Costas y su Reglamento. Tengo claro que con el sistema tradicional del deslinde de 100 metros y otros 100 más en su caso, tal como establece el art. 23 de la Ley 22/1988 de Costas, no es legítimo el deslinde los Dises-Caleta, pues la profundidad del mismo en el interior de la Isla supera los dos mil metros. El artículo 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los artículos 41 y 42 del Reglamento para su aplicación, regulan un procedimiento especial “para la protección de determinados tramos de costa” de aplicación obligatoria para el caso los Dises-Caleta. Y pregunto ¿porqué Costas no aplicó ese literal procedimiento?. La conclusión es fácil de entender: los artículos precitados establecen un sistema de veto que el Ayuntamiento pudo aplicar contra la decisión de Costas de deslindar la zona que nos ocupa, por lo que supongo que Costas para salirse con la suya, al objeto de deslindar por encima de todo, a lo macho, sin respetar la legislación vigente, aplicó, en presunto fraude de ley, en la zona los Dises-Caleta, el supuesto de deslinde tradicional hasta 100 metros establecido en los artículos 11 y 12, en relación con los 3, 4 y 5 de la Ley de Costas, en lugar de utilizar el previsto para este caso de costa por encima del limite de los 100+100 metros desde el límite interior de la ribera del mar, el reglado en el art. 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los 41 y 42 del Reglamento para este tipo de “protección de otros tramos de costa”. Por tanto, lo que corresponde en este caso, en principio, es que el Ayuntamiento requiera previamente al Ministerio (lo prevé el artículo 44 de la Ley Contencioso Administrativo y aun dispone de plazo) “para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, por la supuesta ilegalidad del método aplicado”, no previsto por la Ley para este tipo de “protección de determinados tramos de costa”, y por tanto, con probable comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por la Ministra de Medio Ambiente al dictar una Resolución presuntamente ilegal “a sabiendas de su injusticia”.
Por Ramón Pérez Hernández
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article34148

miércoles, 11 de mayo de 2011

Afectados europeos por Costas dicen que el litoral de Anaga está condenado



La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas aseguró ayer, con relación a los procesos de deslinde, que la única forma de actuar cuando este organismo pone a un núcleo en su punto de mira es la unión y el apoyo de las instituciones. También reclamó estas competencias para Canarias. •






La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, calificó ayer de "muy grave" la situación por la que atraviesan los pueblos de Anaga y de las Islas que están sometidos al proceso de deslinde por parte de la Dirección General de Costas. Del Amo señaló que, al margen de tiempo que esta Dirección General "lleva detrás de estos poblados, la experiencia dicta que están condenados", pues aseguró que "cuando Costas pone el punto de mira en un núcleo, es muy difícil dar marcha atrás".
No obstante, la representante de este colectivo, que ayer ofreció una rueda de prensa en la sede del CCN, en la que estuvo acompañada por el presidente de la formación, Ignacio González, así como el abogado de algunos pueblos afectados, entre ellos, Igueste de San Andrés, dijo que "son los ayuntamientos los que deben enfrentarse a Costas, para que se les respete su territorio".
En el caso de Santa Cruz, en relación a los núcleos de Anaga que se ven afectados por el deslinde, que en la actualidad mantienen un recurso ante el Tribunal Supremo, dijo que cuando los ayuntamientos no aportan documentación "es porque no quieren, y ahora ha llegado el momento de partir de cero, pues no buscamos culpables, sino soluciones, ya que la realidad es muy mala y la única solución es la unión de las instituciones que reclamen su territorio".
Señaló que "ahora tenemos una oportunidad de aplicar un cambio, y corregir las cosas que se han hecho mal", pues señaló que aunque el deslinde se está planteando a los 100 metros, "aún no hay una sentencia en firme y esta situación la puede solventar el Estado, cambiando la Ley de Costas". Del Amo, al igual que González y Langa abogaron por una modificación de la Ley, que solo en Canarias afecta a más 160.000 habitantes. Por ello, el colectivo acusó al PP de "mantener un discurso falso" y al PSOE de responder con silencio cuando se le plantea la modificación.
Además, dijo que las Islas necesitan pedir las competencias en materia de costas, pues explicó que, de lo contrario, "jamás habrá capacidad de ordenar el territorio", aspecto que González señaló que "se podrá plantear en el próximo mandato, en el que se modificará el Estatuto de Autonomía".
Del Amo rechazó que las decisiones sobre la ordenación de la costa "estén en manos de unas oficinas que están en Madrid" donde, indicó, "ni siquiera saben dónde están los pueblos, mandando sobre un territorio que no les pertenece".
Afirmó que con la aplicación de esta ley "se está causando una inseguridad jurídica a todos los niveles y se conculcan todos los derechos", principalmente el de la propiedad, reflejado en el Tratado de Lisboa. Aseguró que "se tiene que acabar que manden las palas mecánicas desde Madrid para los derribos", algo que, aseveró, "representa una pérdida de identidad, ante la que en Europa se han mostrado escandalizados".
Por su parte, González aseguró que "a partir de ahora los ciudadanos no van a estar solos", y anunció que "nos pondremos delante de las palas, para que no vuelva a pasar lo de Cho Vito". Precisamente, sobre el caso de este enclave de Candelaria, donde Costas derribó parte de sus casas, Del Amo señaló que este poblado "se tomó como una amenaza y una lección para el resto de España", cuyo desalojo "nos mostró lo injusta que es la ley y, a la vez, ha conseguido el efecto de unión ante la peor decisión del Gobierno socialista".
http://www.eldia.es/2011-05-11/TENERIFE/0-Afectados-europeos-Costas-dicen-litoral-Anaga-esta-condenado.htm

La asociación de afectados exige las competencias para Canarias

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, aseguró ayer en Santa Cruz de Tenerife que la mencionada norma debe ser modificada para que se respeten y defiendan los valores sociales y culturales de los poblados costeros en Canarias, y señaló que los integrantes de la asociación se preguntan que si el 60 por ciento del territorio está protegido y por otro continúan los derribos en la costa, en dónde van a vivir los canarios.
Del Amo ofreció una rueda de prensa en la sede del CCN, un encuentro que sirvió para poner de manifiesto por parte de la presidenta de la asociación que sólo el CCN y por ende CC, han apoyado a los afectados por la Ley de 1988 en Canarias.
En este sentido, del Amo criticó «el discurso falso del PP en esta materia» así como apostar por la necesidad de que Canarias asuma las competencias de gestión y ordenación de su litoral. «Si no se piden las competencias jamás podrán ordenar sobre las islas, ni gobernar su territorio. Ahora está en manos de una oficina en Madrid y no saben nada de los pueblos costeros. Es importante pedir competencias para que cada uno pueda decidir en su región. Lo que no puede ser es que a los vecinos se les eche de su casa y se pierda la identidad cultural de un pueblo», sentenció.

Conculcación de derechos
Tanto el abogado, José Luis Langa, como la representante de la asociación apuntaron que se han conculcado derechos fundamentales como el derecho a tener una vivienda y a la propiedad privada, y que de esto Europa ha tomado nota y advertido a España. Langa, por su parte, señaló que «los grandes culpables» de esta situación han sido el PP y el PSOE que «en ningún momento» han querido modificar la Ley de Costas. Asimismo, recordó que el candidato a la Presidencia de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió en un mitin a que solicitaría las competencias en materia de costas. «Las decisiones del pueblo pertenecen al pueblo», dijo el líder de la formación centrista, Ignacio González. Además, avanzó que el CCN estará al frente de las palas y evitará que vuelva a producirse un capítulo igual al de Cho Vito, asegurando que se ha de respetar la propiedad privada,
http://www.abc.es/20110511/comunidad-canarias/abcp-asociacion-afectados-exige-competencias-20110511.html

Igueste espera que la Audiencia les “dé la razón” sobre el deslinde



José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y abogado que defiende los derechos de los vecinos afectados en Igueste de San Andrés por la aplicación de la Ley de Costas, afirmó ayer que confía en que la Audiencia Nacional “dé la razón” a sus argumentaciones y, por tanto, que “el deslinde que se ha practicado y la servidumbre de protección de 100 metros” se reduzca “a 20 metros”.

El letrado hizo estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS tras una rueda de prensa en la que acompañó a la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, invitada por el Centro Canario Nacionalista (CCN), quien demandó que “
la Ley de Costas tiene que ser modificada principalmente para que se tenga en cuenta la insularidad de Canarias”, donde residen alrededor de 160.000 personas afectadas por esta normativa.

Por ello, el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago anunció que en la próxima legislatura, en la que “toca la modificación del Estatuto de Autonomía”, pedirá “las competencias plenas” en costas para el Gobierno regional. “Si no se piden las competencias, jamás tendrán capacidad de ordenar las islas a nivel urbanístico y ser dueños de su territorio”, añadió Del Amo.

Para Langa, Igueste de San Andrés no corre el peligro de convertirse en un nuevo Cho Vito, puesto que en el recurso presentado en la Audiencia Nacional “se está demostrando que Igueste cuenta con todos los servicios y todos los requisitos que exige la ley para ser considerado núcleo de población urbano consolidado”. Así, al contrario que con el poblado de Cho Vito, donde se aplicó la Ley con carácter retroactivo, este barrio de Anaga “tiene carreteras, tiene agua, tiene luz, tiene iglesia, tiene cementerio, tiene colegio, luego es un pueblo”, de hecho “llegó a tener hasta un alcalde pedáneo”.

Langa explica que aunque la Asociación estima que el de-rrumbe de Cho Vito se hizo “con alevosía y premeditación”, y “se tendría que haber dado un margen para poder reaccionar”, se trata de un núcleo pesquero que carece de toda la infraestructura de Igueste.

Así, el abogado y secretario general de Acción Jurídica de CCN, espera que, una vez planteada la argumentación en la que Igueste pueda demostrar que es ya era un núcleos poblaciones urbanos consolidados cuando se promulgó la Ley de Costas en el año 1988 la Audiencia Nacional resuelva a favor de los vecinos afectados, una decisión que se conocerá en breve.

Norma injusta

José Luis Langa definió la actual Ley de Costas como una normativa “abusiva, arbitraria, que crea inseguridad jurídica, encima retroactiva y, por tanto, deja en manos de los partidos políticos de los gobiernos correspondientes la aplicación en una línea o en otra en ciertas situaciones concretas”. Al no ser una ley “sólida” la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha pedido reiteradamente su modificación, especialmente, porque estiman que atenta contra una serie de principios fundamentales recogidos en la Constitución Española: “el principio de presunción de inocencia, el de igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica y, sobre todo, el principio del derecho a la propiedad privada..

Al respecto, la presidenta de la AEPLC asegura que los partidos nacionalistas son los únicos que están mentalizados de las consecuencias económicas y sociales de esta normativa, aunque son minoritarios, por lo que “los únicos lo pueden cambiar la situación son el PP y el PSOE”, que no apoyan su postura. Para Carmen del Amo, con la aplicación de la Ley de Costas “se está perdiendo la identidad cultural de pueblos que han heredado de sus ancestros”, a favor de “especulaciones sin licencia”. La representante de la Asociación de Perjudicados explicó además que en el Parlamento Europeo, donde han llevado sus reivindicaciones, ha condenado “explícitamente” esta normativa y ha pedido su modificación a Madrid.

http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/16933/

martes, 10 de mayo de 2011

“Cho Vito nos mostró que la injusta Ley de Costas era una realidad”

Más de 169.000 personas en Canarias podrían estar afectadas por esta ley.

Las reivindicaciones de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) se iniciaron a raíz de los sucedido en el poblado marinero de Cho Vito, donde se produjeron numerosos desalojos y derribos en cumplimiento de la ley. La presidenta de la asociación, Carmen del Amo, ha visitado la isla de Tenerife y ha participado en una rueda de prensa acompañada por el representante en Canarias de la AEPLC y secretario general de Acción Jurídica de CCN, el abogado José Luis Langa y el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago. Del Amo ha sido tajante en sus declaraciones al afirmar que “Cho Vito nos mostró que la injusta Ley de Costas era una realidad” y que lo que ocurre en Canarias “tiene a los eurodiputados que no se lo pueden creer” pues “aquí se está inculcando el derecho a la propiedad privada sin más ni más”. En este sentido, apuntó también que el caso de Cho Vito “ha sido utilizado como una amenaza para España” y que desde 1998 se ha criticado tanto al Gobierno del PP como al del PSOE el no hacer nada por modificar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos.
http://www.ilustradordigital.es/index.php/sociedad/49-sociedad/3820-cho-vito-nos-mostro-que-la-injusta-ley-de-costas-era-una-realidad.html

Dónde viviremos si no podemos construir en monte ni en costa?

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, ha asegurado en Santa Cruz de Tenerife que la mencionada norma debe ser modificada para que se respeten y defiendan los valores sociales y culturales de los poblados costeros en Canarias y ha señalado que los integrantes de la asociación se preguntan que si el 60 por ciento del territorio está protegido no se puede construir en el centro y por otro continúan los derribos en la costa en dónde van a vivir los canarios. Del Amo ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del CCN en donde ha estado arropada por el presidente de la formación, Ignacio González, así como el abogado de algunos pueblos afectados por la Ley de Costas --Cho Vito, Valle Gran Rey e Igueste de San Andrés-- y miembro del CCN, José Luis Langa.

Este encuentro sirvió para poner de manifiesto por parte de la presidenta de la Asociación que sólo "el CCN" y por ende CC, han apoyado a los afectados por la Ley de 1988 en Canarias. En este sentido, del Amo no ha dudado en criticar "el discurso falso del PP en esta materia" así como apostar por la necesidad de que Canarias asuma las competencias de gestión y ordenación de su litoral.

"Si no se piden las competencias jamás podrán ordenar sobre las islas, ni gobernar su territorio. Ahora está en manos de una oficina en Madrid y no saben nada de los pueblos costeros... Es importante pedir competencias para que cada uno pueda decidir en su región. Lo que no puede ser es que a los vecinos se les eche de su casa y se pierda la identidad cultural de un pueblo", ha sentenciado Del Amo que ha manifestado que si no se modifica la Ley es porque "Madrid no quiere".

EL CCN SE PONDRA DELANTE DE LAS PALAS

Tanto el abogado como la representante de la Asociación han apuntado que se han conculcado derechos fundamentales como el derecho a tener una vivienda y a la propiedad privada y que de esto Europa ha tomado nota y advertido a España. Langa, por su parte, ha concretado y señalado que "los grandes culpables" de esta situación han sido el PP y el PSOE que "en ningún momento" han querido modificar la Ley de Costas.

Asimismo, han recordado que el candidato a la Presidencia de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió en un mitin celebrado el pasado sábado que solicitaría las competencias en materia de costas. "Las decisiones del pueblo pertenecen al pueblo", ha apuntado Ignacio González cuya formación política ha subrayado que Canarias dispone de 1.540 kilómetros de costa en la que está afectadas un total de 160.000 personas.

González ha asegurado que la formación política que encabeza estará al frente de las palas y evitará que vuelva a producirse un capítulo igual al de Cho Vito asegurando que se ha de respetar la propiedad privada, que no se puede derribar una casa, sin compensar económicamente a los propietarios y que todo el mundo tiene derecho a tener más de una vivienda, en respuesta, a la situación de que muchos de los afectados son propietarios de una segunda vivienda en la Costa
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http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/10/viviremos-construir-monte-costa/344692.html