Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

lunes, 7 de octubre de 2013

Cho vito, cinco años después.

     Con el paso de los años, me decían, olvidaras. Con el tiempo, te acostumbrarás. Con el transcurrir de los días, comprenderás.
     Pero no ha sido así. Cinco años. Cinco años han pasado desde aquellas pesadillas, de aquel mal despertar. Y no ha ocurrido, pues he comprendido que la manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemáticamente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí acerca de sus propias vidas, y yo no estoy dispuesto a que sea de esta manera.

     Existen muchas dudas, muchas incógnitas, muchas equis por despejar en todo lo que rodea al derribo y demolición de Cho Vito; desde como se empezó un proceso judicial, acusando a unos vecinos de estar ocupando el dominio público, que duro años, cuando los planos del deslinde reflejaban lo contrario, demostrando así que el todopoderoso Estado, no dudaría en emplear todos sus medios para eliminar tan peligroso núcleo costero; cosa que en la madrugada del 7 de octubre de 2008, y en días sucesivos, quedó claramente expuesto, en la actuación de los miembros de los cuerpos de seguridad, simples marionetas, de aquellos, que ocultándose en un desmesurado cumplimiento de la ley, y que curiosamente, muchos de ellos, siguen incumpliendo, en algunos casos la misma ley, y otros, no paran de entrar y salir de los juzgados.

En laa imagenes se ve el plano del deslinde de 1989, en vigor hasta el año 2001, fecha del nuevo deslinde, que con errores garrafales, esta en vigor. La incoacción del expediente de recuperacion posesioria llego hasta el tribunal supremo.COMO ES POSISBLE QUE TE DENUNCIE EL ESTADO DE UN DELITO, QUE LOS DOCUMENTOS DICEN QUE NO ESTAS COMETIENDO? SILENCIO POR RESPUESTA.


Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
    El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
   Me pregunto, sobre el papel del Ayuntamiento en todo este lio. Pues bien, queda demostrado, que sin su intima y estrecha colaboración, nada de esto hubiera ocurrido. En sus depedencias existen, los planos antiguos, imagenes e inclusos datos de la clasificación del terreno como suelo urbano desde 1979.




Imágenes del Plan de usos del litoral. MOPU 1979. Desde esa fecha, Cho vito, es suelo urbano.
¿QUIEN IDEO ESTE PROYECTO, DE PASEO Y DEMOLICIÓN SOBRE CASAS Y PROPIEDADES PRIVADAS, CON ESCRITURAS DESDE 1953.?
SARCASMO? HIPOCRESIA DE AQUELLOS QUE NOS GOBERNABAN Y QUE ESCONDIERON LA CABEZA?  la siguiente imagen es signifitiva de tal hipocreisa. Fue tomada en Cho Vito, viernes cuatro de ocrtubre de 2008. TRES DIAS ANTES DEL DERRIBO. el alcalde reconocio, en 2012, que conocia la fecha del derribo.VINO A CONSOLAR A LOS VECINOS.

Se vendió la idea de que eramos ilegales, y nadie dudo. Ni los tribunales. Alegación tras alegación, fue rechazada. Se aprovecho la justicia, del escaso poder económico de los vecinos, e incluso. se denegó la información en poder de la Dirección General de Costas, hasta despues del derribo, cuando ya no teníamos al alcance la defensa.
   Pero no piensen, que incluso asi, Cho Vito, hudió la rodilla en la tierra. Se siguió luchando, y en estos cinco años, se ha reunido tal cantidad de información, con la que podemos desvelar el nivel de connvivencia entre las administraciones ante un pueblo, al que ignoraron, menospreciaron e incluso humillaron. De hecho, para dar la copa de gracia al reo, acudieron a las fuerzas de seguridad del estado, en número totalmente desproporcionado, para poder asi, intentar demostrar la imagen inventada de peligrosos terroristas que eran 129 familias.
  A dia de hoy, y tras repetidas veces se le ha sollicitado al Ayto de Candelaria, la copia escrita de las acciones excplicativas, solicitadas, por el Grupo de Gobierno, en acuerdo plenario de el día 14 de Octubre de 2008, donde se acuerda, entre otros puntos : “Exigir a los responsables de la Dirección General de Costas, que expliquen pormenorizadamente todas las actuaciones  realizadas hasta el cumplimiento del auto judicial de fecha 23 de abril del presente año del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife a través del cual se autoriza la entrada en domicilio y demolición de Cho Vito...”(SIN CONTESTACIÓN ALGUNA)
CREO QUE VULNERAR UN ACUERDO PLENARIO , UNÁNIME, ES DELITO.
Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
Cho Vito, no existe físicamente, pero es la manifestación real de un problema, que lejos de tener una solución efectiva, se agrava por la torpeza política, y por las decisiones del parlamento Europeo, que  desde hace años investigan no solo la ley de costas, sino casos concretos, como el de Cho Vito, denunciando la confiscación de propiedades, y la connivencia entre el poder político, la ley, y el urbanismo costero.
Cho Vito existe. Existe en el Parlamento Europeo, y en sus tribunales de justicia. Existe en el corazón de los miles de afectados por esta ley en Canarias y en España. Pero, también existe, en quien busca, defender la verdad,  sin tonterías,  frente a una justicia, casi siempre manipulada.
Antonio Alonso

domingo, 6 de octubre de 2013

El rostro de la Ley de Costas

Por: Pablo Torán
Hoy me van a permitir los lectores que comience de una forma menos aséptica que en anteriores entradas, pero es algo que, por pura honradez conmigo mismo, necesito hacer.
A raíz del anterior artículo que publiqué sobre las características de la Ley de Costas, que tanto interés suscitó, creo que la gente debe ponerle rostro a quiénes se esconden detrás de las cifras de afectados o de las siglas de una Asociación. En definitiva, creo que una democracia sana consiste en que la gente pueda saber qué hay detrás de las buenas palabras de esos políticos que siempre dicen que van a arreglarlo todo pero que nunca arreglan nada.
En Cala Tuent, Mallorca, había una vivienda construida en el año 1920 absolutamente legal. No había ninguna advertencia en el Registro de la Propiedad de que esa vivienda pudiera estar dentro del dominio público. Por este motivo, una familia decidió adquirir la vivienda con el objetivo de poder instalar un negocio y disponer de un modo de vida para su futuro. La persona que adquirió esa vivienda se llama Florentina Mora.
Pues bien, un buen día, la Administración del Estado deslindó ese terreno y le dijeron a la familia que su vivienda ocupaba un terreno que era de dominio público, de todos nosotros, y que por lo tanto ya no podía ser suya.
Esta familia se vio obligada a contratar a un abogado, gastar su dinero, pelear por lo que por derecho natural era suyo y, finalmente, tras la correspondiente –y previsible- derrota en los Juzgados, tuvo que ver cómo demolían su casa y, con ella, sus ilusiones, su modo de vida y su futuro.
Ahora bien, ¿creen que el Estado compensó de algún modo a esa familia? ¿Creen que les pagaron el precio que esa familia había abonado por una casa que en aquél entonces era legal? En absoluto.
No obstante, las malas noticias para Florentina Mora no acabaron ahí, ni mucho menos.
Así las cosas, tras demoler la vivienda, la Demarcación de Costas de las Islas Baleares no se olvidó de enviarle a esa familia una factura por más de 300.000 euros correspondiente a las obras de derribo y demolición de la propiedad –que, finalmente, han rebajado hasta algo más de 200.000 euros-. Es decir, el Estado se queda con tu casa y tu negocio gratis, te arrebatan tu modo de vida y tu futuro y, para rematar la faena, eres tú quién debe abonar la factura del derribo y la demolición de tu propiedad. ¿Realmente a alguien le parece justo que Florentina abone esos 200.000 euros?
Otra realidad que quiero reflejar sucedió en otro lugar, en Cádiz, una región en la que muchas familias han visto cómo sus viviendas eran demolidas por la aplicación de la Ley de Costas. Pues bien, un hombre ya mayor tenía una vivienda ubicada en un terreno que, tras la aprobación de la Ley de Costas, pasó a ser de dominio público. Tras el correspondiente deslinde, la propiedad de la vivienda pasó a ser del Estado, que otorgó al señor una concesión para que pudiese vivir durante un tiempo en aquella casa. No obstante, poco tiempo después, el Estado decidió rescatar la concesión que le habían dado a esa persona por la ridícula -y hasta ofensiva- cantidad de 140 euros. Sí, han leído bien, 140 euros por quedarse con su vivienda y dejarle literalmente en la calle.
No quiero que la gente se confunda. De ningún modo quiero decir que haya que dar vía libre a la edificación en la costa o no respetar el medio ambiente. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiero decir es que la Ley de Costas debería aplicarse de manera ecuánime, razonada, moderada, diferenciando cada supuesto en función de sus peculiaridades y, sobretodo, compensando económicamente a quién por causas ajenas a ello tienen que pasar el mal trago de ver cómo pierden su vivienda. ¿No creen que esas personas merecen al menos la oportunidad de volver a empezar?
Es decir, no puede dársele el mismo tratamiento a una promoción construida recientemente sin licencia sobre una playa y que está prácticamente vacía que, por ejemplo, a una vivienda adquirida legalmente por una familia y que respeta el medio ambiente y los derechos de todos nosotros a disfrutar del litoral.
A la hora de regular la responsabilidad de las personas por la pérdida de una cosa, el Código Civil exime de pagarla a quién la pierde debido a una causa de fuerza mayor, es decir, a un factor que escapa a su control. Pues bien, ¿acaso el propietario de una vivienda en una zona de dominio público no se encuentra en el mismo supuesto? Tenemos que tener en cuenta que quien pierde su casa no la pierde por un hecho achacable a él, no es su responsabilidad. A él le ofrecieron la posibilidad de adquirir una vivienda (o la heredó de su familia) totalmente legal y creo, sinceramente, que no puede verse obligado a pagar por los cambios legislativos del gobierno de turno.
Al hilo de la reciente reforma de la Ley de Costas, el otro día escuché a un político explicando las bondades de la Ley de 1988, remarcando el alto porcentaje de éxito que tiene el Estado ante los propietarios de las viviendas deslindadas en los tribunales. Pues bien, sin entrar en la desigualdad de la contienda, pues los recursos del Estado son infinitamente superiores a las de los simples propietarios de una vivienda –que en muchas ocasiones no tienen recursos ni para pagar a un abogado, y ya ni hablemos de los dictámenes periciales necesarios para afrontar un proceso con alguna garantía de éxito-, debo traer a colación una reflexión. ¿Cuál es la función de los tribunales? Aplicar la Ley, única y exclusivamente, no analizar la justicia o injusticia de la misma. Por lo tanto, que los tribunales fallen a favor del Estado en estos temas no significa que la Ley sea más o menos injusta ni que tenga una mayor legitimidad moral, como pretendía insinuar el citado político.
Ahora bien, si los parlamentarios desean conocer la opinión de sus colegas europeos sobre la Ley de Costas, que les pregunten a ver qué opinan, pues hace pocos días la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España debido a la reciente –e insuficiente- reforma de la Ley de Costas.

A vueltas con Costas

La nueva Ley de Costas que ha aprobado el Partido Popular, sin apoyos de otras formaciones políticas, tampoco va a solucionar el grave problema que afecta a la costa de Canarias, como puede ser el caso de los núcleos urbanos de las playas de La Viuda y Lima, en los términos municipales de Candelaria y Arafo.
Para Domingo Ramos, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria, “esa Ley de Costas está hecha a medida de ciertos enclaves peninsulares; esa ley tiene nombre y apellidos”, comenta con firmeza, mientras reconoce que “ni con la Ley del 88 ni con la nueva”, las viviendas que ocupan el dominio marítimo-terrestre que se sitúa justamente por debajo de la carretera “dejan de estar fuera de ordenación”, hablando de 15 edificios que corresponden a 23 viviendas, aunque admite que “muchas de ellas no pueden ser de primera ocupación”, entre otras razones porque ninguno de sus moradores presentó solicitud en el Ayuntamiento para optar a una vivienda de protección oficial de las que fabricó Epelcan en la misma playa de La Viuda.
Berta Gámez, presidenta de la asociación de vecinos, explica que “solo hay 23 casas por cada municipio que están afectadas por Costas y solo las del municipio de Arafo conocen el expediente desde junio de 2008 y son conscientes de que invaden la demarcación marítimo-terrestre”.
La presidenta del colectivo vecinal va más allá de los políticos y admite que “14 de esas 23 familias tienen aquí su primera y única vivienda y desde hace años hay conversaciones con el Ayuntamiento de Arafo para tratar de buscarles otra vivienda”.
Hay que recordar, en lo que se refiere a Candelaria, que el Ayuntamiento conocedor de esta situación envió, en febrero de 2012, una carta a los afectados en las que se les apuntaba que el Consistorio había aprobado la construcción de 70 viviendas de promoción municipal y que había reservado una serie de viviendas para aquellos realojos de ciudadanos afectados por operaciones urbanísticas o ejecuciones de obras públicas de carácter o interés general.
Un proyecto con un largo recorrido
Primero fue en 2004 y después en 2007. La Demarcación de Costas proyectó, con un presupuesto inicial de 4 millones de euros, en La Viuda y Lima, un paseo litoral con parque marítimo y una gran piscina común incluida que hoy, como otras tantas cosas con Costas -segunda fase de la playa de Punta Larga incluida- duerme el sueño de los justos, y en este caso para satisfacción del centenar de personas que temen en esas playas perder sus viviendas por sentencia judicial, siguiendo los pasos de lo que ocurrió en Cho Vito.
No obstante, Domingo Ramos, concejal de Urbanismo de Candelaria, es consciente de que “ese proyecto tiene largo recorrido y supongo que la sentencia por la Ley de Costas, también”.
Desde Arafo, el otro municipio implicado, su alcalde, José Juan Lemes, se limitó a indicar: “La información que he podido recabar relativa a la Ley de Costas en lo que respecta a Playa de Lima es que a mediados de agosto el Ayuntamiento envió el plano de delimitación del núcleo de viviendas preexistente en Playa de Lima junto con la justificación de su antigüedad para que sea incluido como pueblo costero”.
http://www.diariodeavisos.com/2013/10/vueltas-con-costas/

sábado, 28 de septiembre de 2013

POR FIN, VALENTIA PERIODISTICA ¿Costa pública o privada?

Pese a que los medios de comunicación hayan silenciado este problema, la aplicación de la Ley de Costas ha provocado un enorme sufrimiento para un gran número de familias en España. De hecho, según informaciones que maneja la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/, la aplicación de esta norma ha supuesto el derribo de, nada más y nada menos, 13.000 propiedades a lo largo de la costa española y además, cerca de 400.000 viviendas están afectadas en la actualidad.
¿Qué ocurriría si una vivienda, que ha pertenecido a una familia desde la época de los Reyes Católicos, dejara de serlo a través de un acto administrativo? ¿Y qué pasaría si además de expropiarla no se pagase nada a los dueños por esa pérdida? ¿Sería un escándalo, verdad? Pues, en España, ha ocurrido.
Pese a que la Ley de Costas aprobada en 1988 –modificada en el presente año 2013- nació con el objetivo oficial de proteger el litoral español –objetivo que puede ponerse en duda al leer la exposición de motivos de la norma- lo cierto es que un simple vistazo a nuestras zonas costeras acredita que no se ha cumplido.  De hecho, el urbanismo salvaje ha sido una constante en la costa española durante la burbuja inmobiliaria.
¿Tiene la Ley de Costas una finalidad confiscatoria?
Para quienes no lo sepan, la aplicación de la Ley de Costas genera situaciones tan surrealistas como las siguientes: Una persona adquiere una vivienda ante Notario, paga los impuestos correspondientes y nadie, absolutamente nadie, le advierte de que el inmueble que acaba de comprar puede haber ocupado una zona ilegal.
Una vez adquirida la vivienda, su titular ve cómo el Estado, de repente, se adueña de su vivienda sin darle ningún tipo de compensación económica, alegando que el terreno ocupado por su vivienda es de dominio público.
Es decir, de la noche a la mañana, lo que era legal ya no lo es. Así, a través de un simple acto administrativo, el Estado declara que una vivienda de tu propiedad se ubica en una zona de dominio público y, sencillamente, la pone a su nombre.
¿Paga el Estado alguna cantidad a quién un buen día se ve despojado de su propiedad? Nada. Solamente le otorgan una concesión sobre ese terreno; concesión que adicionalmente puede “rescatar” el estado por una cantidad ínfima, pues una concesión vale mucho menos que un derecho de propiedad.
Otra de las cuestiones polémicas es lo que ocurre con los préstamos hipotecarios que gravan las viviendas que adquiere el Estado. ¿Se hace cargo de ellos la Administración Pública cuando pone a su nombre una vivienda? Para nada. Será el ciudadano, el mismo que ha visto cómo se quedaban con su vivienda, quién deberá seguir pagándolo.
Al igual que cuando a Winston, el protagonista de la novela 1984, le obligaban a aceptar que 2 + 2 eran 5 porque lo decía el Partido, la Ley de Costas tienes ciertos tintes orwellianos, pues obliga al ciudadano a aceptar una realidad distinta a la material. Es decir, el ciudadano tiene que aceptar que su vivienda, aquella que compró legalmente, nunca ha sido suya porque lo dice la Administración Pública.
A tenor de lo indicado, no resulta posible equiparar la expropiación de un terreno cualquiera con la expropiación de una vivienda a través de la Ley de Costas, pues la primera requiere (i) una declaración de utilidad pública y (ii) el pago de una indemnización al antiguo propietario en forma de justiprecio, que supone una garantía mucho mayor que la contemplada por la Ley de Costas, pues al menos el ciudadano recibe algo a cambio de la expropiación.
Es decir, la Ley de Costas se superpone y vacía de contenido tanto al derecho a la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española como al artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala la imposibilidad de privar a un sujeto de una propiedad privada, a través de la aplicación retroactiva de una polémica norma. La propiedad privada ya no es privada, sino pública.
En cuanto a las personas que hay detrás de la frialdad de las cifras, debe destacarse que, según datos facilitados por la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, en España existen aproximadamente unas 400.000 familias afectadas por su aplicación. De este número, aproximadamente un 70% son familias españolas y un 30% extranjeras, con el coste que a nivel de imagen supone para España que un extranjero vea cómo un estado se apropia de su vivienda sin abonarle ni un solo euro a cambio. ¿Se imaginan lo que supondría a nivel de opinión pública que un estado extranjero se adjudicase las viviendas de decenas de miles de familias españolas sin abonarles nada? Y, por otro lado, ¿cómo le explicamos a un ciudadano extranjero que su casa ocupaba una zona de dominio público y que ya no es suya? Esa persona se preguntará, cómo es lógico, cómo es posible que se la vendiesen y nadie le advirtiese sobre su posible ilegalidad, como es lógico.
Y, lo que es más preocupante, quienes han sufrido la aplicación de la Ley de Costas destacan tanto la tremenda arbitrariedad de su aplicación como la “creatividad conceptual” de quienes hacen los deslindes. De hecho, lo que es un acantilado junto a un monte puede ser en realidad  –porque lo dice la Administración- una playa, pues bajo todo ese terreno subsiste un sistema dunar que fue una playa hace miles de años, allá por el pleistoceno.
Por otra parte, también resulta preocupante que la esperanza de los afectados radique en los eurodiputados europeos, quienes han puesto el foco en el enorme problema generado por la Ley de Costas Española, no en los políticos españoles. De hecho, la Comisión de Peticiones del Parlamente Europeo ha emitido un informe dirigido a la Comisión Europea para que se investigue si la Ley de Costas Española incumple la normativa comunitaria y reclamando una compensación económica justa para quienes perdieron sus viviendas.
Finalmente, llama poderosamente la atención que el PSOE haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la Ley de Costas, olvidando que fueron ellos quienes aprobaron una Ley de Costas que permitía vulnerar flagrantemente el derecho de propiedad privada de las personas. Será que ahora toca hacer política con el sufrimiento de quiénes no pueden defenderse. Nada nuevo bajo el sol.
http://www.mallorcadiario.com/costa-publica-o-privada/

martes, 24 de septiembre de 2013

La costa canaria sigue en el limbo

La nueva Ley de Costas, que entró en vigor a finales de mayo, «sólo ha resuelto problemas puntuales» en la Península y «no aporta ninguna mejoría para Canarias», dijo ayer el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien auguró que la norma «no tiene más futuro que lo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla».
En total 34 ayuntamientos han enviado a la Consejería, para que ésta los remita a Costas, los listados con los núcleos susceptibles de ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley y, por tanto, de la demolición, para lo que la norma daba un plazo de tres meses. Berriel decía ayer en el Parlamento que eran 96 los núcleos enumerados por los ayuntamientos, sin embargo, la propia Consejería rectificaba más tarde y hablaba de 69, aludiendo a un salto de números por parte del consejero. También admitía que el listado que remitió a Medio Ambiente no es «exhaustivo» en la enumeración de  los núcleos existentes en Canarias, habida cuenta de que los municipios tienen  capacidad competencial para remitir los expedientes directamente al Ministerio de Medio Ambiente por sí mismos, sin necesidad de que la gestión se lleva a cabo a través de los servicios del Gobierno de Canarias
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=312262

lunes, 23 de septiembre de 2013

Berriel: Ley de Costas no tiene más futuro que lo que tarde el TC en anularla

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró hoy que la Ley de Costas, en vigor desde mayo, "no tiene más futuro que el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla".
"No hay un solo artículo que se vaya a salvar", aseguró Berriel en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias, y recordó que el Gobierno de Canarias acordó recurrir al Tribunal Constitucional porque vulnera las competencias autonómicas, es de carácter retroactivo y vulnera el principio de igualdad, al excluir "de forma caprichosa" del dominio público unas zonas del litoral y no otras.
Para el consejero, la Ley de Costas de 2013 es en realidad "una modificación parcial y sesgada" de la de 1988 en la que se han salvado "ad hoc, sin motivación y por razones exclusivamente políticas y económicas" doce núcleos urbanos en las costas del Levante y Galicia construidos en los años setenta y ochenta del siglo XX.
Eso atenta contra el principio de igualdad, afirmó Berriel, puesto que en el caso de Canarias hay 96 núcleos costeros, en muchos casos tradicionales y con valores etnográficos, que no reciben el mismo tratamiento.
El consejero se mostró molesto porque se ha aprobado una Ley de Costas sin consultar ni tener en cuenta las opiniones de Canarias, cuyas islas abarcan el 20 por ciento del litoral español.
"No queremos una amnistía en la costa, pero la historia está para algo y cientos de años de ocupación tienen que ser respetados" con los oportunos condicionantes de sostenibilidad ambiental, planeamiento y urbanismo, dijo Domingo Berriel.
Supuestamente la Ley pretendía ser más laxa en cuanto a los núcleos de población, pero sólo ha resuelto doce casos puntuales y ha dificultado la situación de los demás, agregó.
La Ley de Costas vulnera el sistema de distribución competencial, la autonomía local y la seguridad jurídica, es retroactiva y se excluyen núcleos del dominio público marítimo terrestre de manera caprichosa, afirmó.
Según Berriel, la Ley de Costas es peor que la anterior regulación porque introduce más requerimientos y limitaciones para las excepciones en los núcleos de población.
Indicó que en el caso de Canarias, 34 municipios han remitido documentación sobre 96 núcleos costeros para que puedan ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley, para lo que la norma daba un plazo de tres meses.
Además, consideró "impropio" en una democracia que se dé facultades a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas para suspender acuerdos municipales que autoricen construcciones en la costa.
El diputado del PP Felipe Afonso defendió la Ley de Costas y afirmó que no ha declarado ilegal nada que no lo fuera antes, al tiempo que abre muchas vías para la legalización de núcleos de población costeros.
Afirmó que se elimina la inseguridad jurídica de los ciudadanos, que en muchos casos pordrán legalizar sus viviendas.
José Luis Perestelo, diputado del grupo nacionalista, dijo que debe haber entendimiento y diálogo con la administración del Estado para resolver el problema de los núcleos costeros canarios.
Pedro Martín, del grupo socialista, descalificó la Ley de Costas porque discrimina entre comunidades autónomas, sin respetar las peculiaridades canarias, y además favorece los intereses privados y no respeta las competencias autonómicas, por lo que la consideró inconstitucional.
http://eldia.es/canarias/2013-09-23/12-Berriel-Ley-Costas-tiene-futuro-tarde-TC-anularla.htm

domingo, 22 de septiembre de 2013

Medio siglo frente al mar

Los turistas toman el sol como si estuviesen en la proa de un transatlántico. Vencidos por el calor de los últimos días del verano, relajan sus cuerpos hasta quedar dormidos. Desde allí, una pequeña escalera conduce al mar en un día sin viento donde la marea parece estar detenida. El buen tiempo lo aprovecha todo el mundo: los que pasean por la arena de la playa, los que se sientan a la sombra en Playa Chica y esos que acaban de llegar al hotel, fascinados por las vistas desde el barco imaginario. Están en el hotel Médano, el primero que se construyó en el Sur y que supuso el primer paso para saber que el ocio, un invento del turista, iba a traer prosperidad a la zona. En octubre cumplirá medio siglo y sigue ahí, bañado por el mar y el viento eterno de la costa suroeste donde no hay término medio: o se detesta o se adora.

En 1963 se inauguró el hotel Médano como antesala de un turismo desconocido, de lo que luego sería Ten Bel, Playa de Las Américas o Los Gigantes. Pero antes este local era un empaquetado de tomates, propiedad del ilustre chasnero Francisco García Feo, conocido como don Frasco. Allí se empaquetaba la mercancía para ser llevada al muelle de Santa Cruz camino a Inglaterra. Algunas parejas también se enamoraron en esos salones utilizados para los bailes de las fiestas. En los años sesenta don Frasco puso todas sus ilusiones en levantar el edificio hasta que lo consiguió, sabiendo que el paisaje de una naturaleza única en esta parte de la Isla, al margen del tomate, podría traer una vida diferente.
Tras cincuenta años, el hotel ha pasado por varios propietarios pero siempre ha mantenido su filosofía: que el cliente se sienta relajado. El blanco predomina en las habitaciones y los pasillos, el restaurante, la sala de estar, los muebles, la recepción. En 2008 se realizó un reforma importante que lo ha dejado así. Tiene tres estrellas, como la mayoría de los hoteles de El Médano, y 91 habitaciones. La habitación doble cuesta unos 88 euros con desayuno y 106 media pensión. El cliente predominante es el alemán, pues supone normalmente el 80% de la ocupación, sobre todo en invierno. Aunque hay sitio para otras muchas nacionalidades y en todas las estaciones el año. “Muchos repiten y quieren una habitación determinada”, explica Raquel Casanova, quien lleva doce años trabajando en el hotel. Como directora, gestiona una plantilla de 40 personas donde el 70 por ciento es fija. Casanova, natal de Tegueste, es una enamorada de El Médano. Supo que se iba a dedicar al turismo y por eso en los veranos perfeccionaba idiomas en Inglaterra, Alemania, Italia. Ha empezado desde recepcionista hasta quedar al frente del hotel. “Al estar cerca del aeropuerto también es un hotel de paso, de tantear el terreno e irse a otra zona, pero muchos se quedan aquí, pues es muy atractiva la costa de Granadilla, engancha mucho, sobre todo el paisaje”, comenta la directora. Y es que “El Médano se ha puesto de moda”, dice. La gastronomía es una de sus servicios más solicitados. “Hay tan cantidad de restaurantes, un chino, una trattoria, un argentino, tienes donde escoger”, explica. También hay tiendas que abren todo el día y bares de copas que despiertan por las noches.
 



En el hotel trabajan 40 personas, tiene tres estrellas y sigue conservando su peculiar esencia. | DA
Cabe citar que las leyes de Costas, la anterior y la actual, han mantenido la incertidumbre en una parte del hotel, que invade el dominio público. Cuando se construyó esta terraza se concedió autorización y una vez que los permisos expiraron la polémica se cebó con el edificio. No se oculta cierta preocupación por el futuro de esta terraza, pero de momento las aguas están calmadas. “Como ciudadana pienso que si se hizo en su día pues ya está hecho, y no podemos mirar hacia atrás. La terraza ha creado unas condiciones excepcionales y un atractivo más para el turista que no hay en otro lugar. Tenemos estas condiciones y lo que debemos pensar es que la costa de El Médano vive del turismo”, sostiene Raquel Casanova.
La gente que visita el hotel también se interesa por otros atractivos de la zona, preguntan por el molino de gofio de Granadillla, por las rutas y senderos, y sobre todo muchos jóvenes practican wind y kite surf, dos deportes siempre presentes gracias al viento. El objetivo del hotel Médano es seguir ofreciendo lo que más sabe: tranquilidad.
Esa sensación ya está en los que cogen el sol en la terraza, como si estuvieran en la proa de un transatlántico navegando en alta mar.

En 1963 se inauguró el hotel Médano como antesala de lo que luego sería Ten Bel, Playa de Las Américas o Los Gigantes. | DA

Un pionero del turismo en el Sur
El chasnero Francisco García Feo construyó este emblemático edificio con la visión de que el turismo podría suponer el futuro de la economía local. El hotel Médano ha pasado por varios propietarios y en 2008 se llevó a cabo su última remodelación, conservando su estructura, las 91 habitaciones y con un interior en el que predomina el color blanco
http://www.diariodeavisos.com/2013/09/medio-siglo-frente-al-mar/

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Afectados por Ley de Costas aplauden recomendación de la UE para compensarles

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha aplaudido hoy la iniciativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se compense justamente a los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua legislación.
En declaraciones a Efe, su presidenta, Carmen del Amo, quien reside en Alicante, ha afirmado hoy que el informe emitido por la citada comisión "viene a decir en lenguaje político" que el Gobierno español "pague las propiedades" y, "en lenguaje normal, que deje de confiscar, que eso es muy grave" en un país de la UE.
"Lo que le están diciendo al Gobierno español, como ya se lo dijeron al del PSOE, es que si necesita las propiedades que las pague, pero que no las confisque", ha agregado Del Amo.
A su juicio, el informe, que no es vinculante, ya es "grave" por el hecho de que "llama la atención" al Ejecutivo español, pero puede ser "mucho más grave" si la Comisión Europea decide que la Ley de Costas española "vulnera las directivas europeas".
Según las cifras que baraja esta asociación, la legislación española ha supuesto el derribo de 13.000 viviendas y otras 400.000 propiedades están afectadas en toda la costa del país.
"Si se demuestra -que vulnera las directivas de la UE-, el Gobierno tendrá que pagar por las propiedades que ha quitado y las que ha derribado", ha manifestado Del Amo.
En su opinión, la Ley de Costas "no era necesaria", pues existen más de una veintena de directivas europeas que defienden y protegen la costa. Además, la ley española, "lo que es proteger, no protege nada, pues todo son medidas para quitar propiedades".
"Esta ley solo ha servido para destruir las viviendas de gente humilde, llevarla a la ruina y dejar construir a los grandes constructores y hoteleros", ha manifestado. EFE

martes, 17 de septiembre de 2013

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

  • Indemnizaciones a propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas
  • Denuncia la 'indefensión en que muchos europeos al construir de buena fe'
  • 'Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para edificar'
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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.
Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".
Recomienda al Gobierno mejorar la cooperación con las CCAA para regenerar el medioambiente
Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".
Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".
Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".
Los eurodiputados expresan su temor a que la nueva ley no resuelva los problemas
Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid para analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/suvivienda/1379429469.html

IMPORTANTE VARAPALO AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS Y SU REFORMA

El PARLAMENTO EUROPEO  lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.
   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.
PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA
  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    
   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".
   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.
   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.
   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  
RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN
   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.
   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.
   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.
    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".
   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".
ESFUERZO DEL GOBIERNO
   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  
   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".
     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).


http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html

domingo, 15 de septiembre de 2013

El Supremo abre la puerta al derribo de 20 dúplex en Hoya Pozuelo

El Alto Tribunal rechaza el recurso que el empresario Jaime Cortezo presentó para que se le aceptase un nuevo deslinde en la costa

Los 20 dúplex situados en primera línea de mar de la urbanización Hoya Pozuelo, junto a La Garita, son ilegales. Esta es la principal conclusión que se puede alcanzar tras la sentencia emitida el 19 de julio por el Tribunal Supremo. En el auto, que consta de cinco folios, los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo rechazan los argumentos esgrimidos por el empresario local Jaime Cortezo, quien desde hace años intenta que la Demarcación de Costas en Canarias le acepte un nuevo deslinde marítimo terrestre como consecuencia de una serie de mediciones encargadas ex profeso.

La Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) entiende que estas construcciones fueron construidas sobre suelo público, y por este mismo motivo llegó a abrir expediente y a sacar a concurso y adjudicar a Excavaciones Herodíaz las obras de demolición total de buena parte de estas residencias y de demolición parcial de un número menor de inmuebles. El Gobierno de Canarias optó por paralizar el proceso al ver que Cortezo acudía a los tribunales para intentar frenarlas. La Audiencia Nacional desestimó sus escritos en marzo de 2010, y ahora es el Supremo el que hace suyas las mismas conclusiones. Entre otras cosas, recalca que nose ha acreditado de forma suficiente "ni el error del deslinde original ni la aparición de circunstancias sobrevenidas que justifiquen una modificación del deslinde".

Cuestiones como el lugar hasta el que llegan las olas en pleamar o el hecho de que los cálculos hechos en 1985 tomasen como referencia el nivel del mar en Alicante han sido dejados de lado en un litigio en el que, concluye el Alto Tribunal, "la valoración de las pruebas no puede ser tachada como arbitraria o irrazonable".
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2013/09/14/supremo-abre-puerta-derribo-20/557783.html

miércoles, 4 de septiembre de 2013

La interinidad de la legislación de costas

En un país como España, que tiene en el turismo uno de sus sectores estratégicos (de los de verdad, y no de los que nos vendieron por aquí hace años), y que fundamente en gran medida su atractivo para el visitante en sus playas, no es de recibo lo ocurrido con la Ley de Costas y mucho menos lo que nos anuncia el Partido Socialista. Tras recurrirla la ley recientemente aprobada ante el Tribunal Constitucional -al igual que han hecho varias autonomías-, los socialistas se han apresurado a prometer que cuando vuelvan a gobernar, cambiarán la norma y sacarán una que se parecerá bien poco a la que parió el equipo del ministro Arias Cañete. O sea, mensaje nada encriptado a los inversores: «Olvídese de la seguridad jurídica que lo que hoy es ley, mañana será papel mojado».
Al Gobierno actual le faltó capacidad de diálogo con las autonomías y los agentes sociales a la hora de elaborar la ley vigente, y a quienes aspiran a formar Gobierno en el futuro -o sea, el PSOE- les falta también altura de miras. Unos y otros deberían asumir que lo que suceda con las costas es clave para el negocio turístico, además de afectar a millones de residentes que viven y trabajan junto al mar. En cuanto a ese olvido de las autonomías, clama al cielo, pues no es de recibo que salga adelante una ley tan importante sin contar con el parecer de aquellas regiones costeras. Es más:en casos así, uno acaba preguntándose qué hacen votando en las Cortes unos señores de la España mesetaria y de secano que solo ven el mar cuando van de vacaciones... y ya sé que el argumento es demagógico, pero esas son las cosas que explican la aprobación de una ley en la que no se tuvo en cuenta a quienes tienen trato directo con el mar, esto es, a aquellos que se levantan cada mañana y en el horizonte ven las olas.
El resultado de esa falta de consenso y de este anuncio de cambios en cuanto haya otro Gobierno será, en primera instancia, una sensación de interinidad legal que no beneficia a la inversión y, en segundo término, una sobreexplotación a corto plazo para conseguir derechos consolidados que luego no pueda quitar el siguiente en llegar al poder. O sea, tres cuartos de lo que ha llevado a llenar el litoral -sobre todo el peninsular-  de cemento turístico. Para que luego lo que resulta molesto al gobernante sean unas casas costeras que llevan décadas junto al mar
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=310396

lunes, 2 de septiembre de 2013

Canarias lleva al Constitucional la Ley de Costas por vulnerar sus competencias

El Gobierno de Canarias ha recurrido la nueva la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias en materias como el urbanismo, los puertos o el medio ambiente e infringe la propia Carta Magna al excluir del dominio público a salinas y dunas.
El consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel (CC), ha puesto hoy en conocimiento de sus compañeros de Consejo de Gobierno el contenido del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas 2/2013 que han interpuesto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma de la ley impulsada por el PP vulnera competencias autonómicas, infringe la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de playas y puertos e introduce una "desigualdad de trato" entre ciudadanos.
Además, entiende que vulnera la autonomía local y de los principios de igualdad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.
El Gobierno regional denuncia que se invaden sus competencias sobe ordenación del uso de las playas y regulación de las zonas de servicios portuarios, aspectos sobre los que el propio Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias anteriores.
"Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades autónomas en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos", añade.
En cuanto al urbanismo, Canarias considera una intromisión en sus competencias que se atribuya al Estado determinar las características con las que debe contar un suelo para considerarlo urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de ciertos núcleos o áreas de población.
La comunidad autónoma defiende, asimismo, que la nueva ley vulnera la definición que la Constitución hace del dominio público marítimo terrestre (artículo 132.2) al excluir de él las zonas inundadas artificialmente (salinas y cultivos marinos) y "una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa".
El Gobierno canario recalca que la Constitución dispone que son dominio público la zona marítimo terrestre y las playas, "sin excepción", y que las salvedades que ahora se introducen "violentan el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente" (artículo 45)" y hacen posible "la privatización de la costa".
Asimismo, considera que no se respeta la autonomía local consagrada por la Constitución, "al permitir, de forma genérica, que el delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección".
Finalmente, denuncia que la nueva Ley de Costas contiene un "trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos", porque "excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada" (los doce núcleos incluidos en su anexo) y aplica un deslinde en Formentera contrario a "la definición del dominio público que se contempla en la propia ley".
"Esta exclusión 'ad hoc' vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un beneficio que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias", asegura
http://eldia.es/canarias/2013-09-02/4-Canarias-lleva-Constitucional-Ley-Costas-vulnerar-competencias.htm

La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española

La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding.
La comisaria confirma que Bruselas "ha recibido quejas" de la posible incompatibilidad entre la nueva normativa española de costas y la legislación medioambiental europea" e indica que el Ejecutivo comunitario "está estudiando en este momento las alegaciones presentadas por los demandantes".
Reding responde así a una pregunta escrita realizada por la eurodiputada británica Martina Anderson, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
La parlamentaria preguntaba a la Comisión sobre la nueva normativa española, y pedía aclaraciones en relación a las personas que se sienten perjudicadas por la anterior ley, de 1988.
En su respuesta, Reding recuerda que la CE sólo puede intervenir en asuntos que afecten a la aplicación del derecho europeo.
"Dado que, en el caso mencionado, no se ha identificado una conexión suficiente con el derecho europeo, corresponde a los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera efectiva, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales", añade la comisaria.
En particular, precisa la comisaria, los tribunales nacionales deben resolver "la cuestión de si la forma de compensación ofrecida por las autoridades españolas respeta la ley constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de derechos humanos".
Una vez agotadas las vías legales nacionales, correspondería dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la cual "la CE entiende que ya se han presentado acciones" contra la ley, añade Reding.
La comisaria indica asimismo que "la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como europeos que tienen propiedades en las áreas afectadas" por la aplicación de la normativa.
La CE "ha valorado los pasos dados por España para mejorar la seguridad legal de los propietarios de inmuebles afectados por la ley de costas, garantizando a la vez la protección ambiental", añade la comisaria.
http://www.eldiario.es/politica/CE-estudia-denuncias-presentadas-espanola_0_171133013.html

jueves, 29 de agosto de 2013

Ministerio acepta recomendaciones del Defensor del Pueblo para Ley de Costas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) va a incorporar al reglamento que desarrollará la nueva Ley de Costas las recomendaciones del Defensor del Pueblo, encaminadas a dar "más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la actuación administrativa".
Así lo ha anunciado hoy en un comunicado el Ministerio, que menciona, entre otras consideraciones, la definición de la zona marítimo-terrestre "con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza" y establecer "de forma clara" la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado.
También se propone "garantizar" la participación pública durante el proceso de elaboración del reglamento y que la autorización de publicidad no suponga alteración del paisaje, ruido o pantallas visuales.
El Defensor del Pueblo también sugiere que las instalaciones de temporada se desmonten cada año con independencia del plazo de la autorización e insta a que, cuando se celebren eventos de interés general en las playas en que estén permitidos, se asegure que las medidas preventivas y de restitución han de ser a cargo del promotor-organizador.
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo en el Congreso, vela por la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España "atendiendo a la realidad de nuestras costas", apunta la nota de prensa.
El grupo parlamentario del PSOE anunció hoy que mañana, viernes, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas por considerar que es una privatización del dominio público marítimo terrestre
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1485792