El Constitucional admite el recurso canario contra la Ley de Costas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley de Costas por Andalucía, Canarias y Asturias, y por el Partido Socialista Obrero Español, que adujeron invasión de competencias autonómicas y la "privatización" de la costa.

El Alto Tribunal no se pronuncia sobre los recursos del País Vasco y Cataluña, que también recurrieron la norma estatal por entender que la nueva ley de costas vulnera sus competencias. Las cinco autonomías, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, también se opusieron a la ley de costas -aprobada en mayo pasado con los únicos votos a favor del Partido Popular- al considerar que antepone los intereses privados a los públicos.

El PSOE también basó la argumentación jurídica de su recurso en que la nueva legislación privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral. El mismo día en que presentó su recurso, el PSOE anunció la preparación de una nueva ley de costas cuando vuelva a gobernar.

Según el Partido Socialista, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado "por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía".

Según publica este viernes el BOE, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estas providencias el pasado día 8.

Pedro Cuesta toma posesión

Por otro lado, el presidente en funciones del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha agradecido este viernes su labor al exdirector general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias José Fernández Pérez en la toma de posesión de su sustituto, Pedro Cuesta, cuya designación ha alabado.

Cuesta, que ha tomado posesión en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria bajo la presidencia de Pérez, ha declarado que su "reto principal" será trabajar "por una Canarias más sostenible, más verde", y que considera que en esa tarea será determinante su experiencia en materia de energías renovables, con las que ha dicho que ha "trabajado muchísimo". Ya que el nuevo director general es doctor e ingeniero Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es profesor titular, así como vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.

Además, ha destacado que su objetivo es trabajar "no solo para esta época sino para la gente del futuro, que se sientan protegidos y con una Canarias lo más sostenible posible". Según informa la agencia Efe, el acto de ha contado con la presencia de José Fernández Pérez, quien dimitió de su puesto por discrepar con el Ejecutivo respecto a la reducción de la protección en zonas del litoral que entiende se promueve en su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas.

En su presencia, el presidente del Gobierno en funciones le ha agradecido la labor desarrollada mientras ha sido director general y ha expresado su respeto por su dimisión, que ha opinado que "va muy en coherencia con lo que ha sido su trayectoria". Puesto que "tiene un desacuerdo que ha manifestado", debido a que "entiende que de ninguna manera puede utilizarse en el recurso de inconstitucionalidad la referencia en Canarias a núcleos que sabemos que están en cuestionamiento de si están efectivamente vulnerando las normas o no", ha explicado.

Y ha añadido que "el Gobierno de Canarias lo que ha hecho, desde el punto de vista de los servicios jurídicos, es poner el ejemplo de por qué en el conjunto de la Península aquellas excepciones que se salvan son las grandes urbanizaciones de ricachones y luego se ha excluido de esas ventajas a 'los 'cho vitos'" que se considera que invaden los dominios públicos en las costas. En todo caso, ha matizado que comprende tanto la actitud de Pérez como la de quienes han elaborado el recurso de inconstitucionalidad.

"Creo que (el exdirector general) ha sido una persona, en ese sentido, coherente, y entiendo también las razones que cualquier abogado tiene al interponer un recurso cuando cree que puede haber discriminación, y desde el punto de vista formal", ha declarado en esa línea.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/admitido-recurso-canario-ley-costas/20131018135813416377.html

Dimite el director general de Protección de la Naturaleza por sentirse ninguneado AUNQUE DEBERIAN HABERLO ECHADO HACE MUCHO TIEMPO

El director general de Protección de la Naturaleza, dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, José Fernández (PSOE), ha presentado su dimisión por discrepancias insalvables sobre los argumentos en que se ha basado el Ejecutivo regional para presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas aprobada por el PP en las Cortes.

Así lo confirmó ayer a este periódico el propio Fernández, quien detalló que su renuncia se debe a que, para emprender este litigio, el Gobierno canario ha obviado los aspectos medioambientales y se ha centrado en los referidos a que se invaden competencias autonómicas.

“Como director general de Medio Ambiente, señalé que esta ley supone una terrible destrucción del dominio público, y no se me tuvo en cuenta, por lo que no me identifico con un recurso que se basa solo en la invasión de competencias, y en el que pesan más otras razones que las ambientales”, manifestó el aún alto cargo de la Consejería de Sostenibilidad que preside José Miguel Pérez. A su juicio, “lo lógico hubiera sido que Medio Ambiente hubiera puesto también su impronta” en esta acción legal.

Se da la circunstancia de que José Fernández ha sido durante 14 años funcionario asignado a la Dirección General de Costas, y además estuvo al frente de este organismo estatal entre los años 2004 y 2008. De ahí que tampoco comparta la petición del Gobierno regional de no aplicar la nueva ley a núcleos que se encuentran en dominio público marítimo terrestre, al igual que se ha hecho con otros de la Península amnistiados. “Sería una contradicción con lo que durante la mitad de mi vida he defendido, que es la protección de la costa; así que para mí sería inadmisible apoyar que se excluyan de la ley núcleos de cuya delimitación del dominio público yo mismo fui responsable cuando era jefe de Costas en los años 80 y luego como director general; no puedo admitir eso”, apostilló..(CLARO ESTA . LO QUE NO DICE, ES QUE EL  ES EL CULPABLE, DE LA PROLIFERACION DE PLAYAS ARTIFICIALES EN CANARIA, DESTRUYENDO ALGUNA DE ELLAS, LICS, Y ZONAS PROTEGIDAS, EN LA COSTA DE NUESTRA COMUNIDAD. A CONSEGUIDO PRIVATIZAR PLAYAS, DOMINANDAS POR EXPLOTACIONES HOTELERAS )

En su alegato contra la nueva Ley de Costas promovida por el Gobierno de Rajoy, Fernández recordó que esta norma “reduce la amplitud del dominio público, relaja el régimen de usos en la zona de servidumbre y privilegia el uso privativo de la costa sobre otros usos más comunes”. Y son precisamente estas cuestiones las que, según reiteró Fernández, el Gobierno canario no ha esgrimido contra la nueva normativa.

Además, el todavía director general reconoció que le hubiera gustado que el recurso del Ejecutivo autonómico “tuviera cierto parecido con el presentado por el PSOE a nivel estatal contra esta Ley de Costas, pero la realidad es que no se parecen en nada”.

El ya provisional responsable de Protección asegura que no hay otros motivos para la decisión que ha tomado, y que comparte el rechazo del Ejecutivo canario a los sondeos de Repsol. Su dimisión deberá ser aceptada en una próxima reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, si bien dudó si este punto será incluido en el orden del día de la sesión de esta semana.

“Dar alertas por azufre le compete a Salud Pública”

El aún director general de Protección de la Naturaleza manifestó ayer que la decisión sobre dar o no las alertas a la población por el dióxido de azufre de la Refinería de Cepsa no compete a su departamento, sino a la Consejería de Sanidad, por lo que matizó declaraciones anteriores en las que dijo que no se dieron esos avisos “porque no hay que alarmar sin necesidad”. “Si Salud Pública no dio alertas, sus razones tendrá, pues está reglado”, añadió sobre los 11 casos en que miles de personas respiraron niveles que rebasaron el umbral de alerta legal por ser nocivos para la salud. Por último, reiteró que para saber si se superan o no límites de contaminantes, se ha guiado por el Ministerio de Medio Ambiente, si bien reconoció que son criterios sobre los que cabe debate.

http://www.diariodeavisos.com/2013/10/dimite-director-general-proteccion-por-sentirse-ninguneado/

La certificación de Anaga, sin datos anteriores a 1988 como exige Costas

Luz, agua y acceso rodado son tres de las exigencias que la polémica Ley de Costas, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Canarias, hace a los núcleos costeros que invaden la servidumbre del dominio marítimo terrestre para legalizarlos, reduciendo esa servidumbre de 100 a 20 metros, siempre y cuando contaran con esos servicios antes de 1988. Esta particularidad de la ley supone que, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la totalidad de los núcleos de Anaga afectados: Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, puedan, con una simple certificación municipal, quedar legalizados, informe que el Consistorio anunció fue enviada el pasado mes de julio. Ayer, Sí se puede denunciaba, mediante un comunicado, que el documento que se ha enviado a Madrid, justificando la condición de urbanos de los citados núcleos, no recoge ningún indicio de tal condición antes de 1988 tal y como exige la normativa.

Concretamente, en los documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se ofrece una descripción física de los lugares que viene recogida tanto en planeamiento municipal de fecha de 2001 como en la Renovación Parcial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga, en el que, tras acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se incluyó un anexo con la descripción de los asentamientos rurales de la zona: Tachero, Almáciga, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés. El acuerdo tiene fecha de 2007.

El único informe que se adjunta al de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo es el que firma Emmasa certificando que aún faltan algunos servicios por completar en la zona, concretamente señala que falta por solucionar el tratamiento final de las aguas residuales en el barrio de Taganana. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede, afirmaba de manera tajante que “esta documentación no solo no se ajusta a lo que pone la Ley de Costas sino que además incluso podría ser perjudicial para los propios vecinos”. “La Ley de Costas aprobada por el Partido Popular (PP) no resuelve nada y encima ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento disponía de un plazo de tres meses para presentar la documentación, pero lo ha hecho mal”, añade el edil. Por todo ello, Fernández Arcila pidió que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se reúna con los vecinos y les explique cuál es el estado real de la situación en estos momentos.

Zonas del parque rural

En la documentación que el Ayuntamiento ha enviado tanto a la Cotmac como a Madrid (este último paso solo para dejar constancia de que ya se ha entregado dado que es el Gobierno de Canarias quien tiene que remitirla de manera oficial), se observan los distintos mapas de situación de cada uno de los núcleos costeros y la descripción física de los lugares. En las fichas de cada una de las zonas se describen cuestiones como el número de viviendas, el número de vecinos, los servicios con los que cuenta en esa fecha o el tipo de carretera y el estado en el que se encuentra para su acceso. Todo ello siempre en base al acuerdo firmado por la Cotmac en el año 2007.

Martín, convencido de que es suficiente

El primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, decía en la tarde de ayer estar absolutamente convencido de que la documentación aportada a la Cotmac “es suficiente”. “Lo que se nos pide es que se acredite que esos núcleos están y eso es lo que hemos hecho”, argumentó. De todas formas, Martín admitió que revisarán en profundidad la documentación aportada por si hay algo que no sea correcto o si falta algún tipo de justificación. El también edil de Urbanismo insistió en que “si la Cotmac necesita de más documentación solo tiene que pedirla y aún no lo ha hecho”.

“Estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto porque nos hemos reunido con los vecinos y sus abogados para consensuar la documentación a enviar y es lo que hemos hecho”, añadió Martín. El primer teniente de alcalde insistió en que “con la ley anterior, cuando la Cotmac reconoció como urbanos estos núcleos, ya pensábamos que era suficiente pero Costas se negó a reconocerlo y lo que ha hecho es no admitir la singularidad de nuestros asentamientos rurales, que se equiparan a los urbanos en el resto del territorio”.

Aún así, José Ángel Martín admitió que si Costas rechazara esta certificación podrían recurrirla o añadir una nueva documentación puesto que aún se está en plazo (tres meses) para hacerlo.

http://www.diariodeavisos.com/2013/10/certificacion-anaga-sin-datos-anteriores-1988-como-exige-costas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DiarioDeAvisos+(Diario+de+Avisos)

El Supremo rechaza un recurso contra el deslinde sobre 7.460 metros de costa entre Arrecife y Teguise

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la entidad “Realizaciones Inmobiliarias Canarias SA”, que pretendía que se anulara el deslinde aplicado sobre 7.460 metros de costa comprendidos entre Arrecife y Teguise, concretamente desde el lugar conocido como “El Oriente” hasta la ensenada de Los Mármoles.

Así, el Supremo ha confirmado la sentencia dictada en junio de 2010 por la Audiencia Nacional, que dio la razón sólo parcialmente al recurrente. En ese fallo, se anuló el deslinde aprobado en el año 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, pero “sólo con el fin” de que se justificara “cumplidamente que la línea de deslinde trazada coincide con la aprobada en el deslinde de 1972”, correspondiente a la anterior Ley de Costas, que era menos restrictiva.

Concretamente, la sentencia de la Audiencia Nacional reconocía que en el expediente administrativo del nuevo deslinde no constaba “información suficiente" para "valorar la corrección de la delimitación propuesta", "pues nada se ha aportado (estudio de mareas, estudio de olas, estudio geofomorfológico), para fundar la afirmación de que hasta la zona deslindada se hace sensible el efecto de las mareas ni se aprecian los efectos del mar, pues ni en la documentación ni en los anejos se aporta ninguna información sobre este extremo”.

Un fallo "sujeto a la fiscalización" de los Tribunales

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Tras esta sentencia, la empresa recurrió, pidiendo que se mantuviera la anulación del deslinde, pero que no se le diera la opción a Costas de subsanar las carencias del expediente. “Es improcedente que la Administración pueda subsanar en el propio pleito los defectos concurrentes en el expediente administrativo”, sostenían en su recurso.

Ahora, el Supremo ha dado por buena la sentencia,  aunque admite que “podría inducir a cierta confusión”. Por eso, aclara que, efectivamente, para ejecutarla, bastaría con que se incorporaran a los autos "la argumentación y el soporte preciso que acreditara la coincidencia existente entre el deslinde practicado y el realizado en 1972”.

Sin embargo, también subraya que “ello requiere una documentación consistente y un esfuerzo argumental que no se ha proporcionado hasta ahora". Así, advierte de que si no se aporta "la argumentación que echa claramente en falta la Sala de instancia”, el fallo que anuló el deslinde pasaría a hacerse efectivo y conllevaría, “consecuentemente, la tramitación de un nuevo procedimiento, a fin de depurar la realidad física y jurídica del tramo de costa objeto de controversia”.

Además, deja claro que “para garantizar la adecuación de las actuaciones administrativas que pudieran realizarse con lo resuelto en esta sede”, el procedimiento de ejecución “está sujeto a la fiscalización de este orden jurisdiccional”. Es decir, que serán los Tribunales quienes velen por la ejecución de esta sentencia, y de que Costas justique la validez de ese deslinde

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/supremo-rechaza-recurso-deslinde-7-460-metros-costa-arrecife-y-teguise/20131007194446083370.html

Cho vito, cinco años después.

     Con el paso de los años, me decían, olvidaras. Con el tiempo, te acostumbrarás. Con el transcurrir de los días, comprenderás.

     Pero no ha sido así. Cinco años. Cinco años han pasado desde aquellas pesadillas, de aquel mal despertar. Y no ha ocurrido, pues he comprendido que la manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemáticamente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí acerca de sus propias vidas, y yo no estoy dispuesto a que sea de esta manera.

     Existen muchas dudas, muchas incógnitas, muchas equis por despejar en todo lo que rodea al derribo y demolición de Cho Vito; desde como se empezó un proceso judicial, acusando a unos vecinos de estar ocupando el dominio público, que duro años, cuando los planos del deslinde reflejaban lo contrario, demostrando así que el todopoderoso Estado, no dudaría en emplear todos sus medios para eliminar tan peligroso núcleo costero; cosa que en la madrugada del 7 de octubre de 2008, y en días sucesivos, quedó claramente expuesto, en la actuación de los miembros de los cuerpos de seguridad, simples marionetas, de aquellos, que ocultándose en un desmesurado cumplimiento de la ley, y que curiosamente, muchos de ellos, siguen incumpliendo, en algunos casos la misma ley, y otros, no paran de entrar y salir de los juzgados.

En laa imagenes se ve el plano del deslinde de 1989, en vigor hasta el año 2001, fecha del nuevo deslinde, que con errores garrafales, esta en vigor. La incoacción del expediente de recuperacion posesioria llego hasta el tribunal supremo.COMO ES POSISBLE QUE TE DENUNCIE EL ESTADO DE UN DELITO, QUE LOS DOCUMENTOS DICEN QUE NO ESTAS COMETIENDO? SILENCIO POR RESPUESTA.

Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución

    El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.

   Me pregunto, sobre el papel del Ayuntamiento en todo este lio. Pues bien, queda demostrado, que sin su intima y estrecha colaboración, nada de esto hubiera ocurrido. En sus depedencias existen, los planos antiguos, imagenes e inclusos datos de la clasificación del terreno como suelo urbano desde 1979.

Imágenes del Plan de usos del litoral. MOPU 1979. Desde esa fecha, Cho vito, es suelo urbano.

¿QUIEN IDEO ESTE PROYECTO, DE PASEO Y DEMOLICIÓN SOBRE CASAS Y PROPIEDADES PRIVADAS, CON ESCRITURAS DESDE 1953.?

SARCASMO? HIPOCRESIA DE AQUELLOS QUE NOS GOBERNABAN Y QUE ESCONDIERON LA CABEZA?  la siguiente imagen es signifitiva de tal hipocreisa. Fue tomada en Cho Vito, viernes cuatro de ocrtubre de 2008. TRES DIAS ANTES DEL DERRIBO. el alcalde reconocio, en 2012, que conocia la fecha del derribo.VINO A CONSOLAR A LOS VECINOS.

Se vendió la idea de que eramos ilegales, y nadie dudo. Ni los tribunales. Alegación tras alegación, fue rechazada. Se aprovecho la justicia, del escaso poder económico de los vecinos, e incluso. se denegó la información en poder de la Dirección General de Costas, hasta despues del derribo, cuando ya no teníamos al alcance la defensa.

   Pero no piensen, que incluso asi, Cho Vito, hudió la rodilla en la tierra. Se siguió luchando, y en estos cinco años, se ha reunido tal cantidad de información, con la que podemos desvelar el nivel de connvivencia entre las administraciones ante un pueblo, al que ignoraron, menospreciaron e incluso humillaron. De hecho, para dar la copa de gracia al reo, acudieron a las fuerzas de seguridad del estado, en número totalmente desproporcionado, para poder asi, intentar demostrar la imagen inventada de peligrosos terroristas que eran 129 familias.

  A dia de hoy, y tras repetidas veces se le ha sollicitado al Ayto de Candelaria, la copia escrita de las acciones excplicativas, solicitadas, por el Grupo de Gobierno, en acuerdo plenario de el día 14 de Octubre de 2008, donde se acuerda, entre otros puntos : “Exigir a los responsables de la Dirección General de Costas, que expliquen pormenorizadamente todas las actuaciones  realizadas hasta el cumplimiento del auto judicial de fecha 23 de abril del presente año del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife a través del cual se autoriza la entrada en domicilio y demolición de Cho Vito...”(SIN CONTESTACIÓN ALGUNA)

CREO QUE VULNERAR UN ACUERDO PLENARIO , UNÁNIME, ES DELITO.

Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución

El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.

Cho Vito, no existe físicamente, pero es la manifestación real de un problema, que lejos de tener una solución efectiva, se agrava por la torpeza política, y por las decisiones del parlamento Europeo, que  desde hace años investigan no solo la ley de costas, sino casos concretos, como el de Cho Vito, denunciando la confiscación de propiedades, y la connivencia entre el poder político, la ley, y el urbanismo costero.

Cho Vito existe. Existe en el Parlamento Europeo, y en sus tribunales de justicia. Existe en el corazón de los miles de afectados por esta ley en Canarias y en España. Pero, también existe, en quien busca, defender la verdad,  sin tonterías,  frente a una justicia, casi siempre manipulada.

Antonio Alonso

El rostro de la Ley de Costas

Por: Pablo Torán

Hoy me van a permitir los lectores que comience de una forma menos aséptica que en anteriores entradas, pero es algo que, por pura honradez conmigo mismo, necesito hacer.

A raíz del anterior artículo que publiqué sobre las características de la Ley de Costas, que tanto interés suscitó, creo que la gente debe ponerle rostro a quiénes se esconden detrás de las cifras de afectados o de las siglas de una Asociación. En definitiva, creo que una democracia sana consiste en que la gente pueda saber qué hay detrás de las buenas palabras de esos políticos que siempre dicen que van a arreglarlo todo pero que nunca arreglan nada.

En Cala Tuent, Mallorca, había una vivienda construida en el año 1920 absolutamente legal. No había ninguna advertencia en el Registro de la Propiedad de que esa vivienda pudiera estar dentro del dominio público. Por este motivo, una familia decidió adquirir la vivienda con el objetivo de poder instalar un negocio y disponer de un modo de vida para su futuro. La persona que adquirió esa vivienda se llama Florentina Mora.

Pues bien, un buen día, la Administración del Estado deslindó ese terreno y le dijeron a la familia que su vivienda ocupaba un terreno que era de dominio público, de todos nosotros, y que por lo tanto ya no podía ser suya.

Esta familia se vio obligada a contratar a un abogado, gastar su dinero, pelear por lo que por derecho natural era suyo y, finalmente, tras la correspondiente –y previsible- derrota en los Juzgados, tuvo que ver cómo demolían su casa y, con ella, sus ilusiones, su modo de vida y su futuro.

Ahora bien, ¿creen que el Estado compensó de algún modo a esa familia? ¿Creen que les pagaron el precio que esa familia había abonado por una casa que en aquél entonces era legal? En absoluto.

No obstante, las malas noticias para Florentina Mora no acabaron ahí, ni mucho menos.

Así las cosas, tras demoler la vivienda, la Demarcación de Costas de las Islas Baleares no se olvidó de enviarle a esa familia una factura por más de 300.000 euros correspondiente a las obras de derribo y demolición de la propiedad –que, finalmente, han rebajado hasta algo más de 200.000 euros-. Es decir, el Estado se queda con tu casa y tu negocio gratis, te arrebatan tu modo de vida y tu futuro y, para rematar la faena, eres tú quién debe abonar la factura del derribo y la demolición de tu propiedad. ¿Realmente a alguien le parece justo que Florentina abone esos 200.000 euros?

Otra realidad que quiero reflejar sucedió en otro lugar, en Cádiz, una región en la que muchas familias han visto cómo sus viviendas eran demolidas por la aplicación de la Ley de Costas. Pues bien, un hombre ya mayor tenía una vivienda ubicada en un terreno que, tras la aprobación de la Ley de Costas, pasó a ser de dominio público. Tras el correspondiente deslinde, la propiedad de la vivienda pasó a ser del Estado, que otorgó al señor una concesión para que pudiese vivir durante un tiempo en aquella casa. No obstante, poco tiempo después, el Estado decidió rescatar la concesión que le habían dado a esa persona por la ridícula -y hasta ofensiva- cantidad de 140 euros. Sí, han leído bien, 140 euros por quedarse con su vivienda y dejarle literalmente en la calle.

No quiero que la gente se confunda. De ningún modo quiero decir que haya que dar vía libre a la edificación en la costa o no respetar el medio ambiente. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiero decir es que la Ley de Costas debería aplicarse de manera ecuánime, razonada, moderada, diferenciando cada supuesto en función de sus peculiaridades y, sobretodo, compensando económicamente a quién por causas ajenas a ello tienen que pasar el mal trago de ver cómo pierden su vivienda. ¿No creen que esas personas merecen al menos la oportunidad de volver a empezar?

Es decir, no puede dársele el mismo tratamiento a una promoción construida recientemente sin licencia sobre una playa y que está prácticamente vacía que, por ejemplo, a una vivienda adquirida legalmente por una familia y que respeta el medio ambiente y los derechos de todos nosotros a disfrutar del litoral.

A la hora de regular la responsabilidad de las personas por la pérdida de una cosa, el Código Civil exime de pagarla a quién la pierde debido a una causa de fuerza mayor, es decir, a un factor que escapa a su control. Pues bien, ¿acaso el propietario de una vivienda en una zona de dominio público no se encuentra en el mismo supuesto? Tenemos que tener en cuenta que quien pierde su casa no la pierde por un hecho achacable a él, no es su responsabilidad. A él le ofrecieron la posibilidad de adquirir una vivienda (o la heredó de su familia) totalmente legal y creo, sinceramente, que no puede verse obligado a pagar por los cambios legislativos del gobierno de turno.

Al hilo de la reciente reforma de la Ley de Costas, el otro día escuché a un político explicando las bondades de la Ley de 1988, remarcando el alto porcentaje de éxito que tiene el Estado ante los propietarios de las viviendas deslindadas en los tribunales. Pues bien, sin entrar en la desigualdad de la contienda, pues los recursos del Estado son infinitamente superiores a las de los simples propietarios de una vivienda –que en muchas ocasiones no tienen recursos ni para pagar a un abogado, y ya ni hablemos de los dictámenes periciales necesarios para afrontar un proceso con alguna garantía de éxito-, debo traer a colación una reflexión. ¿Cuál es la función de los tribunales? Aplicar la Ley, única y exclusivamente, no analizar la justicia o injusticia de la misma. Por lo tanto, que los tribunales fallen a favor del Estado en estos temas no significa que la Ley sea más o menos injusta ni que tenga una mayor legitimidad moral, como pretendía insinuar el citado político.

Ahora bien, si los parlamentarios desean conocer la opinión de sus colegas europeos sobre la Ley de Costas, que les pregunten a ver qué opinan, pues hace pocos días la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España debido a la reciente –e insuficiente- reforma de la Ley de Costas.

A vueltas con Costas

La nueva Ley de Costas que ha aprobado el Partido Popular, sin apoyos de otras formaciones políticas, tampoco va a solucionar el grave problema que afecta a la costa de Canarias, como puede ser el caso de los núcleos urbanos de las playas de La Viuda y Lima, en los términos municipales de Candelaria y Arafo.

Para Domingo Ramos, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria, “esa Ley de Costas está hecha a medida de ciertos enclaves peninsulares; esa ley tiene nombre y apellidos”, comenta con firmeza, mientras reconoce que “ni con la Ley del 88 ni con la nueva”, las viviendas que ocupan el dominio marítimo-terrestre que se sitúa justamente por debajo de la carretera “dejan de estar fuera de ordenación”, hablando de 15 edificios que corresponden a 23 viviendas, aunque admite que “muchas de ellas no pueden ser de primera ocupación”, entre otras razones porque ninguno de sus moradores presentó solicitud en el Ayuntamiento para optar a una vivienda de protección oficial de las que fabricó Epelcan en la misma playa de La Viuda.

Berta Gámez, presidenta de la asociación de vecinos, explica que “solo hay 23 casas por cada municipio que están afectadas por Costas y solo las del municipio de Arafo conocen el expediente desde junio de 2008 y son conscientes de que invaden la demarcación marítimo-terrestre”.

La presidenta del colectivo vecinal va más allá de los políticos y admite que “14 de esas 23 familias tienen aquí su primera y única vivienda y desde hace años hay conversaciones con el Ayuntamiento de Arafo para tratar de buscarles otra vivienda”.

Hay que recordar, en lo que se refiere a Candelaria, que el Ayuntamiento conocedor de esta situación envió, en febrero de 2012, una carta a los afectados en las que se les apuntaba que el Consistorio había aprobado la construcción de 70 viviendas de promoción municipal y que había reservado una serie de viviendas para aquellos realojos de ciudadanos afectados por operaciones urbanísticas o ejecuciones de obras públicas de carácter o interés general.

Un proyecto con un largo recorrido

Primero fue en 2004 y después en 2007. La Demarcación de Costas proyectó, con un presupuesto inicial de 4 millones de euros, en La Viuda y Lima, un paseo litoral con parque marítimo y una gran piscina común incluida que hoy, como otras tantas cosas con Costas -segunda fase de la playa de Punta Larga incluida- duerme el sueño de los justos, y en este caso para satisfacción del centenar de personas que temen en esas playas perder sus viviendas por sentencia judicial, siguiendo los pasos de lo que ocurrió en Cho Vito.

No obstante, Domingo Ramos, concejal de Urbanismo de Candelaria, es consciente de que “ese proyecto tiene largo recorrido y supongo que la sentencia por la Ley de Costas, también”.

Desde Arafo, el otro municipio implicado, su alcalde, José Juan Lemes, se limitó a indicar: “La información que he podido recabar relativa a la Ley de Costas en lo que respecta a Playa de Lima es que a mediados de agosto el Ayuntamiento envió el plano de delimitación del núcleo de viviendas preexistente en Playa de Lima junto con la justificación de su antigüedad para que sea incluido como pueblo costero”.

http://www.diariodeavisos.com/2013/10/vueltas-con-costas/

POR FIN, VALENTIA PERIODISTICA ¿Costa pública o privada?

Pese a que los medios de comunicación hayan silenciado este problema, la aplicación de la Ley de Costas ha provocado un enorme sufrimiento para un gran número de familias en España. De hecho, según informaciones que maneja la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/, la aplicación de esta norma ha supuesto el derribo de, nada más y nada menos, 13.000 propiedades a lo largo de la costa española y además, cerca de 400.000 viviendas están afectadas en la actualidad.

¿Qué ocurriría si una vivienda, que ha pertenecido a una familia desde la época de los Reyes Católicos, dejara de serlo a través de un acto administrativo? ¿Y qué pasaría si además de expropiarla no se pagase nada a los dueños por esa pérdida? ¿Sería un escándalo, verdad? Pues, en España, ha ocurrido.

Pese a que la Ley de Costas aprobada en 1988 –modificada en el presente año 2013- nació con el objetivo oficial de proteger el litoral español –objetivo que puede ponerse en duda al leer la exposición de motivos de la norma- lo cierto es que un simple vistazo a nuestras zonas costeras acredita que no se ha cumplido.  De hecho, el urbanismo salvaje ha sido una constante en la costa española durante la burbuja inmobiliaria.

¿Tiene la Ley de Costas una finalidad confiscatoria?

Para quienes no lo sepan, la aplicación de la Ley de Costas genera situaciones tan surrealistas como las siguientes: Una persona adquiere una vivienda ante Notario, paga los impuestos correspondientes y nadie, absolutamente nadie, le advierte de que el inmueble que acaba de comprar puede haber ocupado una zona ilegal.

Una vez adquirida la vivienda, su titular ve cómo el Estado, de repente, se adueña de su vivienda sin darle ningún tipo de compensación económica, alegando que el terreno ocupado por su vivienda es de dominio público.

Es decir, de la noche a la mañana, lo que era legal ya no lo es. Así, a través de un simple acto administrativo, el Estado declara que una vivienda de tu propiedad se ubica en una zona de dominio público y, sencillamente, la pone a su nombre.

¿Paga el Estado alguna cantidad a quién un buen día se ve despojado de su propiedad? Nada. Solamente le otorgan una concesión sobre ese terreno; concesión que adicionalmente puede “rescatar” el estado por una cantidad ínfima, pues una concesión vale mucho menos que un derecho de propiedad.

Otra de las cuestiones polémicas es lo que ocurre con los préstamos hipotecarios que gravan las viviendas que adquiere el Estado. ¿Se hace cargo de ellos la Administración Pública cuando pone a su nombre una vivienda? Para nada. Será el ciudadano, el mismo que ha visto cómo se quedaban con su vivienda, quién deberá seguir pagándolo.

Al igual que cuando a Winston, el protagonista de la novela 1984, le obligaban a aceptar que 2 + 2 eran 5 porque lo decía el Partido, la Ley de Costas tienes ciertos tintes orwellianos, pues obliga al ciudadano a aceptar una realidad distinta a la material. Es decir, el ciudadano tiene que aceptar que su vivienda, aquella que compró legalmente, nunca ha sido suya porque lo dice la Administración Pública.

A tenor de lo indicado, no resulta posible equiparar la expropiación de un terreno cualquiera con la expropiación de una vivienda a través de la Ley de Costas, pues la primera requiere (i) una declaración de utilidad pública y (ii) el pago de una indemnización al antiguo propietario en forma de justiprecio, que supone una garantía mucho mayor que la contemplada por la Ley de Costas, pues al menos el ciudadano recibe algo a cambio de la expropiación.

Es decir, la Ley de Costas se superpone y vacía de contenido tanto al derecho a la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española como al artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala la imposibilidad de privar a un sujeto de una propiedad privada, a través de la aplicación retroactiva de una polémica norma. La propiedad privada ya no es privada, sino pública.

En cuanto a las personas que hay detrás de la frialdad de las cifras, debe destacarse que, según datos facilitados por la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, en España existen aproximadamente unas 400.000 familias afectadas por su aplicación. De este número, aproximadamente un 70% son familias españolas y un 30% extranjeras, con el coste que a nivel de imagen supone para España que un extranjero vea cómo un estado se apropia de su vivienda sin abonarle ni un solo euro a cambio. ¿Se imaginan lo que supondría a nivel de opinión pública que un estado extranjero se adjudicase las viviendas de decenas de miles de familias españolas sin abonarles nada? Y, por otro lado, ¿cómo le explicamos a un ciudadano extranjero que su casa ocupaba una zona de dominio público y que ya no es suya? Esa persona se preguntará, cómo es lógico, cómo es posible que se la vendiesen y nadie le advirtiese sobre su posible ilegalidad, como es lógico.

Y, lo que es más preocupante, quienes han sufrido la aplicación de la Ley de Costas destacan tanto la tremenda arbitrariedad de su aplicación como la “creatividad conceptual” de quienes hacen los deslindes. De hecho, lo que es un acantilado junto a un monte puede ser en realidad  –porque lo dice la Administración- una playa, pues bajo todo ese terreno subsiste un sistema dunar que fue una playa hace miles de años, allá por el pleistoceno.

Por otra parte, también resulta preocupante que la esperanza de los afectados radique en los eurodiputados europeos, quienes han puesto el foco en el enorme problema generado por la Ley de Costas Española, no en los políticos españoles. De hecho, la Comisión de Peticiones del Parlamente Europeo ha emitido un informe dirigido a la Comisión Europea para que se investigue si la Ley de Costas Española incumple la normativa comunitaria y reclamando una compensación económica justa para quienes perdieron sus viviendas.

Finalmente, llama poderosamente la atención que el PSOE haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la Ley de Costas, olvidando que fueron ellos quienes aprobaron una Ley de Costas que permitía vulnerar flagrantemente el derecho de propiedad privada de las personas. Será que ahora toca hacer política con el sufrimiento de quiénes no pueden defenderse. Nada nuevo bajo el sol.

http://www.mallorcadiario.com/costa-publica-o-privada/

La costa canaria sigue en el limbo

La nueva Ley de Costas, que entró en vigor a finales de mayo, «sólo ha resuelto problemas puntuales» en la Península y «no aporta ninguna mejoría para Canarias», dijo ayer el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien auguró que la norma «no tiene más futuro que lo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla».

En total 34 ayuntamientos han enviado a la Consejería, para que ésta los remita a Costas, los listados con los núcleos susceptibles de ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley y, por tanto, de la demolición, para lo que la norma daba un plazo de tres meses. Berriel decía ayer en el Parlamento que eran 96 los núcleos enumerados por los ayuntamientos, sin embargo, la propia Consejería rectificaba más tarde y hablaba de 69, aludiendo a un salto de números por parte del consejero. También admitía que el listado que remitió a Medio Ambiente no es «exhaustivo» en la enumeración de  los núcleos existentes en Canarias, habida cuenta de que los municipios tienen  capacidad competencial para remitir los expedientes directamente al Ministerio de Medio Ambiente por sí mismos, sin necesidad de que la gestión se lleva a cabo a través de los servicios del Gobierno de Canarias

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=312262

Berriel: Ley de Costas no tiene más futuro que lo que tarde el TC en anularla

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró hoy que la Ley de Costas, en vigor desde mayo, "no tiene más futuro que el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla".

"No hay un solo artículo que se vaya a salvar", aseguró Berriel en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias, y recordó que el Gobierno de Canarias acordó recurrir al Tribunal Constitucional porque vulnera las competencias autonómicas, es de carácter retroactivo y vulnera el principio de igualdad, al excluir "de forma caprichosa" del dominio público unas zonas del litoral y no otras.

Para el consejero, la Ley de Costas de 2013 es en realidad "una modificación parcial y sesgada" de la de 1988 en la que se han salvado "ad hoc, sin motivación y por razones exclusivamente políticas y económicas" doce núcleos urbanos en las costas del Levante y Galicia construidos en los años setenta y ochenta del siglo XX.

Eso atenta contra el principio de igualdad, afirmó Berriel, puesto que en el caso de Canarias hay 96 núcleos costeros, en muchos casos tradicionales y con valores etnográficos, que no reciben el mismo tratamiento.

El consejero se mostró molesto porque se ha aprobado una Ley de Costas sin consultar ni tener en cuenta las opiniones de Canarias, cuyas islas abarcan el 20 por ciento del litoral español.

"No queremos una amnistía en la costa, pero la historia está para algo y cientos de años de ocupación tienen que ser respetados" con los oportunos condicionantes de sostenibilidad ambiental, planeamiento y urbanismo, dijo Domingo Berriel.

Supuestamente la Ley pretendía ser más laxa en cuanto a los núcleos de población, pero sólo ha resuelto doce casos puntuales y ha dificultado la situación de los demás, agregó.

La Ley de Costas vulnera el sistema de distribución competencial, la autonomía local y la seguridad jurídica, es retroactiva y se excluyen núcleos del dominio público marítimo terrestre de manera caprichosa, afirmó.

Según Berriel, la Ley de Costas es peor que la anterior regulación porque introduce más requerimientos y limitaciones para las excepciones en los núcleos de población.

Indicó que en el caso de Canarias, 34 municipios han remitido documentación sobre 96 núcleos costeros para que puedan ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley, para lo que la norma daba un plazo de tres meses.

Además, consideró "impropio" en una democracia que se dé facultades a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas para suspender acuerdos municipales que autoricen construcciones en la costa.

El diputado del PP Felipe Afonso defendió la Ley de Costas y afirmó que no ha declarado ilegal nada que no lo fuera antes, al tiempo que abre muchas vías para la legalización de núcleos de población costeros.

Afirmó que se elimina la inseguridad jurídica de los ciudadanos, que en muchos casos pordrán legalizar sus viviendas.

José Luis Perestelo, diputado del grupo nacionalista, dijo que debe haber entendimiento y diálogo con la administración del Estado para resolver el problema de los núcleos costeros canarios.

Pedro Martín, del grupo socialista, descalificó la Ley de Costas porque discrimina entre comunidades autónomas, sin respetar las peculiaridades canarias, y además favorece los intereses privados y no respeta las competencias autonómicas, por lo que la consideró inconstitucional.

http://eldia.es/canarias/2013-09-23/12-Berriel-Ley-Costas-tiene-futuro-tarde-TC-anularla.htm

Medio siglo frente al mar

Los turistas toman el sol como si estuviesen en la proa de un transatlántico. Vencidos por el calor de los últimos días del verano, relajan sus cuerpos hasta quedar dormidos. Desde allí, una pequeña escalera conduce al mar en un día sin viento donde la marea parece estar detenida. El buen tiempo lo aprovecha todo el mundo: los que pasean por la arena de la playa, los que se sientan a la sombra en Playa Chica y esos que acaban de llegar al hotel, fascinados por las vistas desde el barco imaginario. Están en el hotel Médano, el primero que se construyó en el Sur y que supuso el primer paso para saber que el ocio, un invento del turista, iba a traer prosperidad a la zona. En octubre cumplirá medio siglo y sigue ahí, bañado por el mar y el viento eterno de la costa suroeste donde no hay término medio: o se detesta o se adora.

En 1963 se inauguró el hotel Médano como antesala de un turismo desconocido, de lo que luego sería Ten Bel, Playa de Las Américas o Los Gigantes. Pero antes este local era un empaquetado de tomates, propiedad del ilustre chasnero Francisco García Feo, conocido como don Frasco. Allí se empaquetaba la mercancía para ser llevada al muelle de Santa Cruz camino a Inglaterra. Algunas parejas también se enamoraron en esos salones utilizados para los bailes de las fiestas. En los años sesenta don Frasco puso todas sus ilusiones en levantar el edificio hasta que lo consiguió, sabiendo que el paisaje de una naturaleza única en esta parte de la Isla, al margen del tomate, podría traer una vida diferente.

Tras cincuenta años, el hotel ha pasado por varios propietarios pero siempre ha mantenido su filosofía: que el cliente se sienta relajado. El blanco predomina en las habitaciones y los pasillos, el restaurante, la sala de estar, los muebles, la recepción. En 2008 se realizó un reforma importante que lo ha dejado así. Tiene tres estrellas, como la mayoría de los hoteles de El Médano, y 91 habitaciones. La habitación doble cuesta unos 88 euros con desayuno y 106 media pensión. El cliente predominante es el alemán, pues supone normalmente el 80% de la ocupación, sobre todo en invierno. Aunque hay sitio para otras muchas nacionalidades y en todas las estaciones el año. “Muchos repiten y quieren una habitación determinada”, explica Raquel Casanova, quien lleva doce años trabajando en el hotel. Como directora, gestiona una plantilla de 40 personas donde el 70 por ciento es fija. Casanova, natal de Tegueste, es una enamorada de El Médano. Supo que se iba a dedicar al turismo y por eso en los veranos perfeccionaba idiomas en Inglaterra, Alemania, Italia. Ha empezado desde recepcionista hasta quedar al frente del hotel. “Al estar cerca del aeropuerto también es un hotel de paso, de tantear el terreno e irse a otra zona, pero muchos se quedan aquí, pues es muy atractiva la costa de Granadilla, engancha mucho, sobre todo el paisaje”, comenta la directora. Y es que “El Médano se ha puesto de moda”, dice. La gastronomía es una de sus servicios más solicitados. “Hay tan cantidad de restaurantes, un chino, una trattoria, un argentino, tienes donde escoger”, explica. También hay tiendas que abren todo el día y bares de copas que despiertan por las noches.

 

En el hotel trabajan 40 personas, tiene tres estrellas y sigue conservando su peculiar esencia. | DA

Cabe citar que las leyes de Costas, la anterior y la actual, han mantenido la incertidumbre en una parte del hotel, que invade el dominio público. Cuando se construyó esta terraza se concedió autorización y una vez que los permisos expiraron la polémica se cebó con el edificio. No se oculta cierta preocupación por el futuro de esta terraza, pero de momento las aguas están calmadas. “Como ciudadana pienso que si se hizo en su día pues ya está hecho, y no podemos mirar hacia atrás. La terraza ha creado unas condiciones excepcionales y un atractivo más para el turista que no hay en otro lugar. Tenemos estas condiciones y lo que debemos pensar es que la costa de El Médano vive del turismo”, sostiene Raquel Casanova.

La gente que visita el hotel también se interesa por otros atractivos de la zona, preguntan por el molino de gofio de Granadillla, por las rutas y senderos, y sobre todo muchos jóvenes practican wind y kite surf, dos deportes siempre presentes gracias al viento. El objetivo del hotel Médano es seguir ofreciendo lo que más sabe: tranquilidad.

Esa sensación ya está en los que cogen el sol en la terraza, como si estuvieran en la proa de un transatlántico navegando en alta mar.

En 1963 se inauguró el hotel Médano como antesala de lo que luego sería Ten Bel, Playa de Las Américas o Los Gigantes. | DA

Un pionero del turismo en el Sur

El chasnero Francisco García Feo construyó este emblemático edificio con la visión de que el turismo podría suponer el futuro de la economía local. El hotel Médano ha pasado por varios propietarios y en 2008 se llevó a cabo su última remodelación, conservando su estructura, las 91 habitaciones y con un interior en el que predomina el color blanco

http://www.diariodeavisos.com/2013/09/medio-siglo-frente-al-mar/

Afectados por Ley de Costas aplauden recomendación de la UE para compensarles

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha aplaudido hoy la iniciativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se compense justamente a los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua legislación.

En declaraciones a Efe, su presidenta, Carmen del Amo, quien reside en Alicante, ha afirmado hoy que el informe emitido por la citada comisión "viene a decir en lenguaje político" que el Gobierno español "pague las propiedades" y, "en lenguaje normal, que deje de confiscar, que eso es muy grave" en un país de la UE.

"Lo que le están diciendo al Gobierno español, como ya se lo dijeron al del PSOE, es que si necesita las propiedades que las pague, pero que no las confisque", ha agregado Del Amo.

A su juicio, el informe, que no es vinculante, ya es "grave" por el hecho de que "llama la atención" al Ejecutivo español, pero puede ser "mucho más grave" si la Comisión Europea decide que la Ley de Costas española "vulnera las directivas europeas".

Según las cifras que baraja esta asociación, la legislación española ha supuesto el derribo de 13.000 viviendas y otras 400.000 propiedades están afectadas en toda la costa del país.

"Si se demuestra -que vulnera las directivas de la UE-, el Gobierno tendrá que pagar por las propiedades que ha quitado y las que ha derribado", ha manifestado Del Amo.

En su opinión, la Ley de Costas "no era necesaria", pues existen más de una veintena de directivas europeas que defienden y protegen la costa. Además, la ley española, "lo que es proteger, no protege nada, pues todo son medidas para quitar propiedades".

"Esta ley solo ha servido para destruir las viviendas de gente humilde, llevarla a la ruina y dejar construir a los grandes constructores y hoteleros", ha manifestado. EFE

http://www.diariovasco.com/agencias/20130918/mas-actualidad/mundo/afectados-costas-aplauden-recomendacion-para_201309181819.html

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

• Indemnizaciones a propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas
• Denuncia la 'indefensión en que muchos europeos al construir de buena fe'
• 'Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para edificar'
  

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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.

Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".

Recomienda al Gobierno mejorar la cooperación con las CCAA para regenerar el medioambiente

Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".

Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".

Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".

Los eurodiputados expresan su temor a que la nueva ley no resuelva los problemas

Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid para analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/suvivienda/1379429469.html

IMPORTANTE VARAPALO AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS Y SU REFORMA

El PARLAMENTO EUROPEO  lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.

   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.

PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    

   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".

   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.

   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.

   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  

RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN

   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.

   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.

   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.

    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".

   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".

ESFUERZO DEL GOBIERNO

   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  

   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".

     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html