IMPORTANTE VARAPALO AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS Y SU REFORMA

El PARLAMENTO EUROPEO  lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.

   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.

PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    

   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".

   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.

   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.

   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  

RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN

   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.

   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.

   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.

    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".

   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".

ESFUERZO DEL GOBIERNO

   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  

   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".

     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html

El Supremo abre la puerta al derribo de 20 dúplex en Hoya Pozuelo

El Alto Tribunal rechaza el recurso que el empresario Jaime Cortezo presentó para que se le aceptase un nuevo deslinde en la costa

Los 20 dúplex situados en primera línea de mar de la urbanización Hoya Pozuelo, junto a La Garita, son ilegales. Esta es la principal conclusión que se puede alcanzar tras la sentencia emitida el 19 de julio por el Tribunal Supremo. En el auto, que consta de cinco folios, los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo rechazan los argumentos esgrimidos por el empresario local Jaime Cortezo, quien desde hace años intenta que la Demarcación de Costas en Canarias le acepte un nuevo deslinde marítimo terrestre como consecuencia de una serie de mediciones encargadas ex profeso.

La Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) entiende que estas construcciones fueron construidas sobre suelo público, y por este mismo motivo llegó a abrir expediente y a sacar a concurso y adjudicar a Excavaciones Herodíaz las obras de demolición total de buena parte de estas residencias y de demolición parcial de un número menor de inmuebles. El Gobierno de Canarias optó por paralizar el proceso al ver que Cortezo acudía a los tribunales para intentar frenarlas. La Audiencia Nacional desestimó sus escritos en marzo de 2010, y ahora es el Supremo el que hace suyas las mismas conclusiones. Entre otras cosas, recalca que nose ha acreditado de forma suficiente "ni el error del deslinde original ni la aparición de circunstancias sobrevenidas que justifiquen una modificación del deslinde".

Cuestiones como el lugar hasta el que llegan las olas en pleamar o el hecho de que los cálculos hechos en 1985 tomasen como referencia el nivel del mar en Alicante han sido dejados de lado en un litigio en el que, concluye el Alto Tribunal, "la valoración de las pruebas no puede ser tachada como arbitraria o irrazonable".

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2013/09/14/supremo-abre-puerta-derribo-20/557783.html

La interinidad de la legislación de costas

En un país como España, que tiene en el turismo uno de sus sectores estratégicos (de los de verdad, y no de los que nos vendieron por aquí hace años), y que fundamente en gran medida su atractivo para el visitante en sus playas, no es de recibo lo ocurrido con la Ley de Costas y mucho menos lo que nos anuncia el Partido Socialista. Tras recurrirla la ley recientemente aprobada ante el Tribunal Constitucional -al igual que han hecho varias autonomías-, los socialistas se han apresurado a prometer que cuando vuelvan a gobernar, cambiarán la norma y sacarán una que se parecerá bien poco a la que parió el equipo del ministro Arias Cañete. O sea, mensaje nada encriptado a los inversores: «Olvídese de la seguridad jurídica que lo que hoy es ley, mañana será papel mojado».
Al Gobierno actual le faltó capacidad de diálogo con las autonomías y los agentes sociales a la hora de elaborar la ley vigente, y a quienes aspiran a formar Gobierno en el futuro -o sea, el PSOE- les falta también altura de miras. Unos y otros deberían asumir que lo que suceda con las costas es clave para el negocio turístico, además de afectar a millones de residentes que viven y trabajan junto al mar. En cuanto a ese olvido de las autonomías, clama al cielo, pues no es de recibo que salga adelante una ley tan importante sin contar con el parecer de aquellas regiones costeras. Es más:en casos así, uno acaba preguntándose qué hacen votando en las Cortes unos señores de la España mesetaria y de secano que solo ven el mar cuando van de vacaciones... y ya sé que el argumento es demagógico, pero esas son las cosas que explican la aprobación de una ley en la que no se tuvo en cuenta a quienes tienen trato directo con el mar, esto es, a aquellos que se levantan cada mañana y en el horizonte ven las olas.
El resultado de esa falta de consenso y de este anuncio de cambios en cuanto haya otro Gobierno será, en primera instancia, una sensación de interinidad legal que no beneficia a la inversión y, en segundo término, una sobreexplotación a corto plazo para conseguir derechos consolidados que luego no pueda quitar el siguiente en llegar al poder. O sea, tres cuartos de lo que ha llevado a llenar el litoral -sobre todo el peninsular-  de cemento turístico. Para que luego lo que resulta molesto al gobernante sean unas casas costeras que llevan décadas junto al mar

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=310396

Canarias lleva al Constitucional la Ley de Costas por vulnerar sus competencias

El Gobierno de Canarias ha recurrido la nueva la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias en materias como el urbanismo, los puertos o el medio ambiente e infringe la propia Carta Magna al excluir del dominio público a salinas y dunas.

El consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel (CC), ha puesto hoy en conocimiento de sus compañeros de Consejo de Gobierno el contenido del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas 2/2013 que han interpuesto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma de la ley impulsada por el PP vulnera competencias autonómicas, infringe la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de playas y puertos e introduce una "desigualdad de trato" entre ciudadanos.

Además, entiende que vulnera la autonomía local y de los principios de igualdad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.

El Gobierno regional denuncia que se invaden sus competencias sobe ordenación del uso de las playas y regulación de las zonas de servicios portuarios, aspectos sobre los que el propio Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias anteriores.

"Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades autónomas en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos", añade.

En cuanto al urbanismo, Canarias considera una intromisión en sus competencias que se atribuya al Estado determinar las características con las que debe contar un suelo para considerarlo urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de ciertos núcleos o áreas de población.

La comunidad autónoma defiende, asimismo, que la nueva ley vulnera la definición que la Constitución hace del dominio público marítimo terrestre (artículo 132.2) al excluir de él las zonas inundadas artificialmente (salinas y cultivos marinos) y "una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa".

El Gobierno canario recalca que la Constitución dispone que son dominio público la zona marítimo terrestre y las playas, "sin excepción", y que las salvedades que ahora se introducen "violentan el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente" (artículo 45)" y hacen posible "la privatización de la costa".

Asimismo, considera que no se respeta la autonomía local consagrada por la Constitución, "al permitir, de forma genérica, que el delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección".

Finalmente, denuncia que la nueva Ley de Costas contiene un "trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos", porque "excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada" (los doce núcleos incluidos en su anexo) y aplica un deslinde en Formentera contrario a "la definición del dominio público que se contempla en la propia ley".

"Esta exclusión 'ad hoc' vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un beneficio que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias", asegura

http://eldia.es/canarias/2013-09-02/4-Canarias-lleva-Constitucional-Ley-Costas-vulnerar-competencias.htm

La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española

La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding.

La comisaria confirma que Bruselas "ha recibido quejas" de la posible incompatibilidad entre la nueva normativa española de costas y la legislación medioambiental europea" e indica que el Ejecutivo comunitario "está estudiando en este momento las alegaciones presentadas por los demandantes".

Reding responde así a una pregunta escrita realizada por la eurodiputada británica Martina Anderson, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

La parlamentaria preguntaba a la Comisión sobre la nueva normativa española, y pedía aclaraciones en relación a las personas que se sienten perjudicadas por la anterior ley, de 1988.

En su respuesta, Reding recuerda que la CE sólo puede intervenir en asuntos que afecten a la aplicación del derecho europeo.

"Dado que, en el caso mencionado, no se ha identificado una conexión suficiente con el derecho europeo, corresponde a los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera efectiva, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales", añade la comisaria.

En particular, precisa la comisaria, los tribunales nacionales deben resolver "la cuestión de si la forma de compensación ofrecida por las autoridades españolas respeta la ley constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de derechos humanos".

Una vez agotadas las vías legales nacionales, correspondería dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la cual "la CE entiende que ya se han presentado acciones" contra la ley, añade Reding.

La comisaria indica asimismo que "la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como europeos que tienen propiedades en las áreas afectadas" por la aplicación de la normativa.

La CE "ha valorado los pasos dados por España para mejorar la seguridad legal de los propietarios de inmuebles afectados por la ley de costas, garantizando a la vez la protección ambiental", añade la comisaria.

http://www.eldiario.es/politica/CE-estudia-denuncias-presentadas-espanola_0_171133013.html

Ministerio acepta recomendaciones del Defensor del Pueblo para Ley de Costas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) va a incorporar al reglamento que desarrollará la nueva Ley de Costas las recomendaciones del Defensor del Pueblo, encaminadas a dar "más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la actuación administrativa".

Así lo ha anunciado hoy en un comunicado el Ministerio, que menciona, entre otras consideraciones, la definición de la zona marítimo-terrestre "con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza" y establecer "de forma clara" la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado.

También se propone "garantizar" la participación pública durante el proceso de elaboración del reglamento y que la autorización de publicidad no suponga alteración del paisaje, ruido o pantallas visuales.

El Defensor del Pueblo también sugiere que las instalaciones de temporada se desmonten cada año con independencia del plazo de la autorización e insta a que, cuando se celebren eventos de interés general en las playas en que estén permitidos, se asegure que las medidas preventivas y de restitución han de ser a cargo del promotor-organizador.

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo en el Congreso, vela por la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España "atendiendo a la realidad de nuestras costas", apunta la nota de prensa.

El grupo parlamentario del PSOE anunció hoy que mañana, viernes, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas por considerar que es una privatización del dominio público marítimo terrestre

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1485792

La Caja vendió una casa en dominio público que ahora Puertos quiere derribar

Hace dos años, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzó a recuperar para el dominio público y el uso portuario los terrenos junto a la Disa, en Arrecife, frente al Telamón, el barco maderero que hundió a principios de los años ochenta. En esos terrenos se habían ido levantando varias casas, la mayoría chabolas, de forma irregular y dentro de la zona de servidumbre, pegadas a la marea. Todas eran ilegales, o al menos no contaban con escrituras de propiedad. Todas menos una.
 

La Caja Insular de Ahorros de Canarias era titular de una de las casas que había obtenido por un embargo y la tenía inscrita como propiedad suya en el Registro de la Propiedad de Arrecife, a pesar de que estaba en zona de dominio público marítimo terrestre. Se la vendió a Pepe Díaz, que entonces trabajaba como depositario de la Caja de Ahorros.

Se hizo el correspondiente contrato privado de la compraventa pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo. Y lo que no se explica es cómo pudo inscribir La Caja (ahora Bankia) la casa a su nombre y él no.

El caso es que incluso en la escritura de la casa aparece que se encuentra en zona urbana y también referencia catastral, aunque el catastro no había informado al Ayuntamiento de la existencia de la casa, sino que tuvo que hacerlo el propietario, que hace poco tiempo recibió una carta que le anunciaba que debía pagar el impuesto de bienes inmuebles.

Los años fueron pasando con esos inconvenientes pero sin más problemas. Díaz no vive en esa casa, no es su residencia habitual. Pero de repente la Autoridad Portuaria de Las Palmas decide recuperar esa zona y tirar la casa, junto con las demás.

La única que queda ya en pie es la suya y resulta que aunque no está registrada a su nombre es a él a quien le envían los requerimientos para el desalojo, al que se opuso, aunque ha acabado perdiendo la batalla judicial y recientemente le llegó la notificación de que el Juzgado ya ha autorizado a la Autoridad Portuaria a derribar el inmueble.

Díaz señala que tiene pensado ponerse en huelga de hambre para reclamar la casa o una indemnización si se la derriban y va a denunciar tanto al Registro de la propiedad, que permitió hace años que se inscribiera una casa que, aparentemente, no podía ser inscrita, y a Bankia por venderle una casa que no puede poner a su nombre.

Para la Fiscalía, venta nula

Díaz denunció el caso en la Fiscalía, que no apreció “hecho delictivo” pero sí que dejó claro que si se consuma el desahucio y derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, “la venta realizada por La Caja sería nula” al estar “fuera del comercio” los terrenos “comprendidos en la zona marítimo terrestre” y cabría una demanda judicial

http://www.diariodelanzarote.com/2013/08/19/lanzarote01.htm

UN EJEMPLO MÁS DE LA MAFIA QUE EXISTE ENTRE LOS BANCOS, COSTAS, Y AYUNTAMIENTOS.

COSTAS REVUELTAS

Parece que la cosa esta revuelta. Tratándose de las Costas Canarias, sería mejor hablar de “revoltura” que es una palabra mejor aplicada en nuestro léxico.

    Es tal el descontrol informativo, la desidia política, el conformismo del falso nacionalismo, las falsas promesas, y las hipocresías desmesuradas, que no sabemos cómo va a quedar las costas canarias, después de todo este vaivén de declaraciones, amenazas, y denuncias contra esta nueva reforma de la desafortunada ley de Costas de 1988.

    Si  a esto le sumamos la participación de los ecologistas con su informe anual, y las criticas del Parlamento Europeo (ese sitio donde vamos a pedir dinero) pues como resultado tendremos una marejada de despropósitos y de medias verdades, que al final, en el caso de estas últimas, se convierten en grandes falsedades.

    Que las Costas Canarias, están muy construidas, es un hecho. Que nos sobran bloques, cierto. Pero que, quienes tenían que protegerla, mediante una norma estatal, en vigor desde 1988, han sido los verdaderos culpables del estado de las mismas, también es verdad, muchas veces, motivados por el interés económico, urbanístico, o turístico.

Como ejemplo de eso, citemos el caso los municipios del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, con cientos de hectáreas de playas artificiales, destrozando el litoral natural, para hacer, playas de ensueño, explotadas mediante concesiones, por grupos hoteleros importantes, y autorizadas, en su mayoría, por un  canario, Don José Fernández, antiguo director general de Costas, actualmente, Director General de la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Raro, Raro, muy raro, es que aquel  que defendía el acceso a la costa, permitió grandes trozos del litoral, privatizados, por hosteleros, donde  colocar una toalla, en la arena, es casi imposible, entre la abundante marea de hamacas, tumbonas y sofás balineses, todo de pago y legal.

   Igualmente extraño, o anómalo, es que la histórica guerrera del medio ambiente, la aludid de las hordas del ministerio en las costas, Cristina Narbona, hable ahora, de que la nueva norma es un retroceso y que invita a la especulación urbanística y a un nuevo boom del ladrillo, cuando ella, la que vino a tranquilizar a los vecinos de Cho vito, diciendo que no se quedarían en la calle, la que defendió en las Cortes que el hotel Algarrobico no estaba en domino público, en un parque natural y a quince metros del mar, la que defendió  hoteles ilegales con sentencia firme de derribo en Lanzarote y Fuerteventura, la que regaló el dominio público (de todos) a Barcelona mientras confiscaba la propiedad privada a otros, la que defendía con uñas y garras el medio ambiente, es ahora consejera del consejo de seguridad nuclear….Cristi, quien te ha visto y quién te ve…Mejor, no hables, ni tú ni los históricos de tu partido, pues con una ley socialista, se han  cometido los mayores desmanes urbanísticos en la costa. Curioso es, que sigan en pie… se ve que la ley no va con ellos. Un consejo, mejor calladitos...

Si nos vamos a la nueva ley, pues vemos que no soluciona nada, y si viene a añadir más confusión, en una norma, ya de por sí, muy complicada.

   El PP, se ha metido en un mar con oleaje, y salir de él le va  a costar caro, Eso sí, algo bueno si han logrado; han puesto de acuerdo a ecologistas, afectados por la ley, grupos minoritarios, la oposición política, y hasta al parlamento europeo, en contra de la Ley de Protección y Uso Sostenible de las Costas; por romper, han roto hasta la igualdad entre ciudadanos reflejada en nuestra carta magna, incluyendo, además, varias definiciones, no contempladas en nuestra Constitución, del dominio público marítimo terrestre; tantas como les haga falta: una para Formentera, otra para las Salinas, etc.etc.. Parece, como si a la niña del Presidente, y a sus primos, primas, y demás allegados, les hubiera dado un golpe de calor, mientras se remojaban en cualquier playa del litoral español, redactando al mismo tiempo, esta reforma de la ley, que va camino de ser mucho peor que la anterior norma, cosa, ya de por sí, que me parecía imposible.

   Mientras, el Parlamento Europeo, ha escuchado a los cientos de miles de afectados por la Ley de Costas, y al Gobierno Español, en sus quejas, y explicaciones. El resultado de esta investigación, críticas a la anterior ley, y a la reforma de la misma. Para esta institución, son claramente insuficientes las mejoras, llegando a exponer en su  informe, que el medio ambiente costero español ha sido  motivo de especulación e irremediablemente destruido en extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas de 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.(Informe Wertmann sobre la Ley de Costas. Parlamento Europeo. Julio 2013) Lo curioso de este informe, es que aunque fue publicado en julio de este año, ningún medio nacional, ni local, lo han publicado, e incluso, las grandes organizaciones ecologistas, lo omitieron, claro, esta, no se puede estar a favor de la ley de costas de 1988, y denunciar que durante el tiempo en vigor de la misma, se ha destruido prácticamente el litoral. Eso, amigos ecologistas, no  cuela en Europa.

    A todo esto, el gobierno de Canarias, y los nacionalistas, están a media mar. Ni se mojan, ni se quieren mojar. Estancados, en el asunto de las competencias, sin dar, una respuesta clara al Gobierno central, en el asunto de los núcleos costeros traiciónales.

   Cientos de miles de canarios, con la amenaza del derribo, y nuestros políticos, se centran en la vulneración de competencias autonómicas. Ni siquiera tienen una constancia real, de los pueblos afectados, ni si tienen escrituras e hipotecas, si son su primera vivienda o no….simplemente, eso no les importa. Es cierto, que después del dramático derribo de Cho Vito, se han preocupado un poco más, pero siguen buscando más el discurso político tranquilizador, que la acción clara y determinante de defender nuestras costas.

   Y los afectados. Esos, muchos de los cuales, ni si quiera saben lo que se les viene encima. Ellos son los verdaderos perjudicados, los que sólo aparecen en las noticias de los derribos, las imágenes con sangraza, propias del periodismo fácil, más preocupados de vender la imagen de las lagrimas, que de investigar la realidad de lo ocurrido.

   Los afectados, son carnaza para abogados sin escrúpulos, para falsas asociaciones de afectados, totalmente politizadas, que cobran fortunas, y dan falsas esperanzas a aquellos, que están condenados, aún sin entrar en los juzgados.

   Está la costa canaria revuelta. Quizás ese sea el motivo, por el cual, muchos canarios, nos vamos de vacaciones a las costas de Croacia, de Italia, de Grecia, y vemos esos pueblos costeros con encanto, con las casas pegadas al mar, tan pintorescos, e incluso  nos preguntamos, si no podemos tener algo así en Canarias.   ¿Hipocresía?

El ladrillo se ha comido el 23% del litoral español desde 1987

Y todo ello, con una ley en vigor, la de costas, que parece, sólo se aplico, en pueblos como en Cho Vito, El Puig, causantes entre otros, de este desastre urbanístico.

Greenpeace denuncia que se han estado construyendo dos hectáreas diarias en la costa

Los ecologistas desgranan los datos por municipios, señalando a los 25 más destructores

Entre 1987 y 2005 el ladrillo se ha comido hasta un 23% de la costa a un ritmo de dos hectáreas diarias (equivalente a dos campos de fútbol) en la franja de los primeros 500 metros de litoral. Greenpeace ha presentado este jueves su informe Destrucción a toda costa, que elabora cada verano desde hace unos años para advertir sobre la progresiva urbanización a la que se ve sometida la costa española. Si en 1987 había 58.000 hectáreas construidas, en 2005 ya eran 72.000. La realidad podría ser incluso peor que la descrita en el informe si se incluyeran los últimos ocho años, según advierten los ecologistas en el estudio.

Los datos, extraídos del proyecto europeo Corine Land Cover, se basan en imágenes de satélite procesadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se analiza el aumento de superficie construida en la costa comparando imágenes de 1987, 2000 y 2005. El estudio toma como referencia los primeros 500 metros de costa, ya que era el límite que regulaba la anterior Ley de Costas. A lo largo de esta franja, existen en España cerca de 500 municipios pertenecientes a 23 provincias distintas.

La Comunidad Valenciana es la que más porcentaje de su costa tiene construida: un 51%

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana es la que más porcentaje de su costa tiene construida. Un 51% de los primeros 500 metros del litoral valenciano está urbanizado. La comunidad con menos ladrillo es Asturias, con solo un 9% de la superficie. Si se atiende exclusivamente a elementos geográficos, la costa mediterránea es la que está más ocupada (un 43%) mientras que la cantábrica es la que menos (un 16%). Las costas que más han aumentado su ocupación entre 1987 y 2005 han sido Baleares, con un aumento del 37%, y las Islas Canarias, con un 36%. Si atendemos al número de hectáreas, la costa más destruida es la andaluza, con 14.065, seguida de Canarias, con 10.931 hectáreas.

Una de las principales novedades del informe es que desgrana la información por municipios, señalando a los 25 más urbanizados (incluyendo un top 10) así como los que tienen menos ladrillo en sus costas. Entre los pueblos que tienen más de 1.000 hectáreas de superficie municipal en la franja de 500 metros, los que menos han construido en su litoral son Fuencaliente de La Palma (La Palma), Vallehermosos (La Gomera) y Villaviciosa (Asturias).

El estudio también advierte de las localidades que pueden tener riesgo de inundaciones como consecuencia del cambio climático y por el hecho de haber sido amnistiadas en la nueva Ley de Costas. El informe destaca Isla Cristina, Pedregalejo y Punta Umbría en Andalucia; Mazarron y Cabo de Palos en Murcia; Empuriabrava, Santamargarida y Marina Port d'Aro en Cataluña.

Como dato positivo, Greenpeace menciona el parón que ha sufrido la construcción en España desde 2008 por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria. No obstante, advierte de que la principal amenaza no es tanto la superficie urbanizada si no la declarada como urbanizable. De seguir el ritmo de construcción que ha habido entre 1987 y 2005, la costa española quedaría de aquí 124 años sin un solo metro libre de ladrillo.

Los 10 municipios más urbanizados (por orden alfabético)

· Calp (Alicante). Sus edificios de gran altura tienen un fuerte impacto en el paisaje. El 70% de su primera franja está ocupada, el porcentaje aumenta un 0,5% cada año.

·Calvià (Mallorca). Con 1.150 hectáreas ocupadas en los primeros 500 metros, es el tercer municipio del Estado en cuanto a superficie urbanizada en esa franja, el 63%.

· Chiclana de la frontera (Cádiz). Se calcula que posee unas 40.000 segundas residencias que vulneran la Ley de Costas. Entre 2003 y 2006 se enfrentó a 15 supuestas ilegalidades urbanísticas y la justicia anuló su plan urbanístico. La superficie construida en su litoral aumenta un 2% cada año.

· Cubelles (Barcelona). Su litoral es uno de los que está sometido a más presión de toda Cataluña. Tiene un grado de ocupación superior al 75%, aumentando 1,6% cada año.

·Oliva (Valencia). Casi la mitad de su franja de los primeros 500 metros está ya ocupada. Es el municipio que más ha aumentado su litoral urbanizado desde 1987. Ha sido indultado en la nueva Ley de Costas.

· Oropesa (Castellón). Posee uno de los porcentajes más elevados de incremento anual de superficie construida, casi un 2%. De seguir este ritmo, se calcula que en siete años el 92% de sus primeros 500 metros de costa estará urbanizado.

· Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza). Los accesos cerrados y hoteles en primera línea han hecho que se privatice de facto el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre para que se privaticen sus salinas.

·San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El 41% de su costa está ya urbanizada. Está considerado uno de los municipios turísticos más importantes de España por la extensa zona turística urbanizada de su costa.

·Vera (Almería). A pesar de ser una de las zonas de mayor riesgo de inundación, más de tres cuartas partes de sus 500 metros de litoral están ya urbanizados. La superficie construida aumenta un 2,7% cada año.

· Zierbena (Bizkaia). El 61% de su franja está urbanizada. La superficie construida llegó a crecer un 1,17% anual. Las marismas y zonas de importante valor natural han sido sustituidas por una refinería y actividades logísticas.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/08/actualidad/1375975898_891191.html

Canarias y Andalucía lideran la destrucción de costas

Sólo el 14% del litoral de la provincia de Santa CRuz de Tenerife y el 21% del de Las Palmas está libre de construcciones en la franja de 500 metros desde el mar.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con menos costa natural en la primera línea, solamente por detrás de Andalucía, según el informe "Destrucción a toda costa 2013" que ha elaborado Greenpeace.

San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) "es el municipio canario que más costa ha destruido durante la burbuja inmobiliaria" y se incluye entre los diez peores de todo el país, ha informado en un comunicado la organización ecologista.

Greenpeace ha denunciado en su informe que los municipios de Arafo, Arrecife, Puerto de la Cruz, Tías y San Bartolomé de Lanzarote "han destruido más del setenta por ciento de la franja de los primeros 500 metros".

La organización ecologista ha resaltado que la barrera de los primeros 500 metros actúa como protección, sobre lo que ha detallado que, como consecuencia del cambio climático, el nivel medio del mar aumentará en Canarias 35 centímetros, lo que provocará un retroceso de las playas que podría alcanzar hasta los 70 metros.

Además, la organización ha denunciado que "la escasa protección real" de la costa canaria se refleja en unas "cifras contradictorias": el 46 % de los primeros 500 metros están protegidos y, sin embargo, existe una elevada urbanización.

Greenpeace ha identificado los 25 peores municipios del Estado a partir de distintas variables analizadas, entre los que se encuentran cuatro localidades canarias: Mogán, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Telde.

Según el documento, San Bartolomé de Tirajana es el "municipio turístico más importante de España debido a la extensísima zona turística urbanizada situada en su costa".

Canarias es, tras Andalucía, la segunda comunidad con menos costa natural en la franja de los 500 metros, con un 14 % de ocupación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 21,1 % en Las Palmas.

Alajeró (La Gomera), Agaete (Gran Canaria), La Guancha (Tenerife), Santa Úrsula (Tenerife) y Los Silos (Tenerife) son los cinco municipios canarios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria, según señala el informe "Destrucción a toda costa 2013".

Los municipios más urbanizados, según el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, son Arafo (Tenerife) con el 100 % de la franja de los 500 metros urbanizados; Arrecife (Lanzarote) con el 73 %; Puerto de la Cruz (Tenerife) con el 71 %; Tías (Lanzarote) con el 71 % y San Bartolomé (Lanzarote) con el 70 %.

Greenpeace ha señalado que las islas Canarias poseen casi el 21 % de los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa, sobre lo que ha resaltado que 32 municipios "apenas tienen un 3,2 % de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa".

"Sin embargo, muchos municipios ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos", ha agregado.

"A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial", ha considerado Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas.

La nueva Ley de Costas, ha agregado, "lejos de fortalecer la protección del litoral, permite nuevas formas de explotación", ya que la costa en la anterior ley se "contemplaba como un recurso natural finito" y en la nueva normativa es "una superficie de desarrollo económico".

http://www.canariasahora.es/articulo/medio-ambiente/canarias-y-andalucia-lideran-destruccion-costas/20130808164953411038.html

Canarias, contra la Ley de Costas

La nueva Ley de Costas es inconstitucional para el Gobierno regional, que anunció la semana pasada que la recurrirá por aplicarse con carácter retroactivo, invadir sus competencias y por discriminatoria.

L a Ley de Costas es inconstitucional, sostiene el Gobierno de Canarias, que ya ha anunciado que tiene previsto presentar un recurso contra esta norma de alcance estatal al entender que invade el ámbito de sus competencias.

La norma, que establece el régimen legal del dominio público marítimo-terrestre, sustituye la aprobada en 1988.

Cabe recordar que el núcleo costero tinerfeño de Cho Vito hoy cumpliría con parámetros como el deslinde o la existencia de servicios que lo habrían salvado de la demolición a la que fue sometido que, en cambio, con la norma anterior no satisfacía.

Pero tanto la ley anterior como la vigente han sido polémicas y siempre han generado enfrentamientos entre el Estado y Canarias.

El Ejecutivo regional cree que la nueva norma es también discriminatoria al vulnerar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley porque da un trato diferenciado a ciertos núcleos peninsulares del que priva a las Islas.

Además, la Administración autonómica afirma que la norma tiene carácter retroactivo, pues obliga a demostrar -de nuevo- que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales.

http://eldia.es/vidaycultura/2013-08-06/2-Canarias-Ley-Costas.htm

Santa Cruz ya ha certificado que los núcleos costeros son urbanos

Los núcleos costeros de Taganana, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés pueden respirar un poco más tranquilos, al menos de momento, una vez que el Ayuntamiento de Santa Cruz, y atendiendo a las indicaciones de la nueva Ley de Costas, ya ha certificado su carácter urbano, enviando dichas certificaciones tanto a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias como al propio Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, tal y como habían pedido los vecinos.

Estos avales municipales, en los que se señala que estos núcleos cuentan con agua, luz y acceso rodado, debían ser presentados en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la remozada Ley de Costas. Norma que el Gobierno de Canarias ha confirmado que recurrirá ante el Constitucional por no tratar a todo el litoral español de la misma forma.

Esta es la misma queja que expresaba el primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, que, a la par que confirmaba que “el Ayuntamiento ha hecho su tarea”, aseguraba que “es una injusticia reiterada de los distintos responsables de la Dirección General de Costas que no ven, ni quieren ver en Canarias, las singularidades que sí ven en otros litorales de España”. Ahora será el Ministerio de Medio Ambiente el que dé el paso para legalizar estos pueblos de la costa de Anaga. Una legalización para la que tiene dos años y que en caso de que en ese tiempo no dé respuesta alguna, se dará por buena la documentación enviada por silencio administrativo.

La consecuencia práctica de esta aprobación es que la zona de servidumbre del dominio marítimo terrestre, que actualmente es de 100 metros, se reduciría a 20, con lo que la mayoría de las edificaciones quedarían detrás de esta línea de los 20 metros.
Los vecinos, a la espera

Los habitantes de estos cinco núcleos costeros confirmaron ayer a DIARIO DE AVISOS que no tenían constancia de que el Ayuntamiento hubiera remitido ya la documentación y se mantenían a la espera de que sus respectivos abogados informaran de en qué punto está el expediente iniciado para legalizar sus viviendas.

En los casos de Roque de las Bodegas y Almáciga, se cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo que avala su legalidad por lo que, junto a la certificación, se ha adjuntado la sentencia pidiendo su ejecución.

Tachero no consiguió este fallo positivo de la justicia y depende de las certificaciones municipales, mientras que Igueste de San Andrés tampoco ha conseguido el apoyo de los tribunales en su causa.

http://www.diariodeavisos.com/2013/08/santa-cruz-ya-ha-certificado-nucleos-costeros-son-urbanos/

El Gobierno recurre al Constitucional la Ley de Costas

El Ejecutivo entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna

El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

El Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local, ya que el texto dice que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección."

De este modo, el Ejecutivo regional cree que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal, acto que vulneraría el actual reparto competencial.

Así, otro motivo la vulneración por parte de la Ley del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, donde el texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.

En la misma línea, en su disposición adicional séptima, esta norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos, no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".

Por estos motivos, la Administración autonómica entiende hay numerosos núcleos en las Islas se encuentran en esas circunstancias, los cuales cuentan con un alto valor etnográfico que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.

Asimismo, esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".

El Consejo ha considerado que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.

La disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo, la obligación de remitir en tres meses un informe de todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.

Este hecho supone la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente ¿eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.

Por último, el Ejecutivo ha considerado que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos, que podrían dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley

http://www.laopinion.es/canarias/2013/08/01/gobierno-recurre-constitucional-ley-costas/490610.html

Canarias envía a Costas el listado de núcleos afectados por la reforma

50 ENCLAVES URBANOS POSTERIORES A 1988

El Ejecutivo mantiene el recurso contra una modificación normativa "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo.

El vice consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, ha firmado este jueves el envío al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del listado disponible en la Viceconsejería de aquellos núcleos costeros afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y por la modificación de la Ley de Costas.

En una nota, la Viceconsejería de Política Territorial ha indicado que se remitirá un listado de en torno a 50 núcleos afectados por la Ley, pertenecientes a 21 municipios, y ha manifestado que la nueva normativa establecía un plazo de tres meses para que la Administración enviase los núcleos costeros catalogados como urbanos después de 1988. En esos espacios, la servidumbre de protección que les afecta ha pasado o debe pasar desde los 100 metros establecidos con carácter general a los 20 permitidos en las zonas urbanas.

Desde la Viceconsejería han agregado que, por esta razón, el Gobierno de Canarias organizó reuniones con los responsables municipales de ambas provincias para que le remitiesen los documentos sobre todos aquellos núcleos afectados por la norma antes de dos meses y, así, poder enviarlos al Ministerio.

Aunque, han dicho, existía la posibilidad de que el ayuntamiento que lo desease lo remitiera directamente al Estado, por lo que el listado que se envía al Ministerio se ha elaborado a partir de los expedientes recibidos desde los consistorios que escogieron presentar los documentos a través de la Comunidad Autónoma.

La Viceconsejería de Política Territorial ha tomado la decisión de remitir todos estos núcleos ante el "imperioso plazo", de solo tres meses, dado por la Ley para presentar el listado de los núcleos calificados como urbanos con posterioridad a 1988, para ser evaluados y sometidos a un nuevo informe por parte del Ministerio.

También han señalado que esta actuación es, a juicio del Gobierno de Canarias, "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo, a lo que han agregado que, además, podría generar numerosos problemas en Canarias al poderse ampliar a 100 metros zonas de servidumbre en lugares que los planeamientos municipales consideran urbanos y en los que la servidumbre de costas no debería superar los 20 metros.

Por ello, Mario Pérez ha indicado que el Ejecutivo seguirá adelante con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, que ya fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de julio.

Si bien el Gobierno de Canarias entiende que el apartado tercero de la disposición transitoria 1ª de la Ley sólo se refiere a los núcleos costeros clasificados como urbanos con posterioridad a 1988, y que los que se quieran clasificar a partir de ahora tienen dos años para completar el expediente, la indefinición del texto normativo ha llevado a que varios ayuntamientos hayan querido ser exhaustivos y solicitaran la remisión de todos sus núcleos costeros, independientemente de la situación en la que se encuentran.

En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna.

"Clara vulneración" de la autonomía local

En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una "clara vulneración" de la autonomía local, ya que el texto establece que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección".

El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los tribunales de justicia, por lo que se otorga a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial.

De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como "la de la vuelta de los gobernadores civiles de la etapa predemocrática".

Otro motivo es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.

En su disposición adicional séptima, la norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".

El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato "discriminatorio e inconstitucional" hacia las islas.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".

A este respecto, el Consejo considera que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.

Clasificación del suelo

Además, la disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección, y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.

Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente -eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.

El Gobierno considera que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos "nefastos" y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-envia-costas-listado-nucleos-afectados-reforma/20130731165812410429.html

Moya solicitará que la totalidad de sus viviendas en el litoral sean amparadas por la nueva Ley de Costas

El pleno del Ayuntamiento debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico municipal que certifica la compatibilidad de los asentamientos situados en la costa de Moya con la conservación del litoral

El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Moya debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico sobre los núcleos de población situados en el litoral del municipio, con el que, en caso de resultar aprobado, el consistorio solicitará al Gobierno de la Nación que todas las viviendas de la costa de Moya sean amparadas por la nueva Ley de Costas.

En virtud del citado informe técnico, el Ayuntamiento considera que la práctica totalidad de los asentamientos en cuestión se ubican dentro de suelo urbano consolidado, teniendo tal calificación con antelación a 1988, año de la entrada en vigor de la anterior normativa de protección del litoral español, la ley 22/1988 de 28 de julio. Esta condición protegería a todos los sectores de población que conforman el barrio de El Pagador, entre los que se encuentran El Roque, La Barranquera, La Villera y El Altillo. En este último lugar, la institución municipal estima que la nueva ley también debe amparar las únicas siete edificaciones que están localizadas totalmente dentro del dominio público marítimo-terrestre, pues fueron construidas entre 30 y 50 años atrás, de conformidad con el planeamiento vigente en aquel momento, contando en la actualidad con todos los servicios públicos municipales.Otro caso singular es el grupo de viviendas localizadas en la zona conocida como Casas Quemadas, junto a la desembocadura del barranco de Azuaje, que están levantadas en suelo rústico, en donde la servidumbre de protección se situaría en los 100 metros desde la línea de costa. No obstante, debido a que se trata de un área de crecimiento urbanístico natural, el Ayuntamiento cree que el Ministerio también debe considerar las Casas Quemadas compatibles con la integridad y la defensa del dominio público marítimo terrestre.
El informe municipal esgrime otros dos argumentos para solicitar el amparo del Ministerio de Medio Ambiente a las Casas Quemadas. Por un lado, asegura que la zona cumple con los requisitos señalados por la Ley del Suelo para ser considerado como suelo urbano, por lo que la servidumbre de protección podría situarse en los 20 metros, salvando a las edificaciones afectadas. Por el otro, se señala que el asentamiento se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Moya, con la categoría de conjunto histórico con valor etnográfico. Se trata de un asentamiento que, a pesar de haber quedado aislado, está muy vinculado al asentamiento urbano preexistente a principios del siglo XX.

Para el grupo de gobierno municipal, la ley 2/2013 de 29 de mayo, más conocida como la nueva Ley de Costas, es muy favorable para los núcleos de población costera del municipio. Ninguna de las edificaciones que estaban amparadas por la anterior normativa pierde su condición. Más bien al contrario, la nueva ley extiende el amparo a la gran mayoría de las edificaciones en el litoral moyense, con la posibilidad de considerarlas a todas, incluso a las que hasta ahora quedaban fuera de cualquier contemplación, como compatibles con la protección del medio ambiente costero

http://revistatara.com/index.php?tags=Canarias%20Noticias%20Urbanismo&pag=view_new&nid=7809

Acuerdo institucional para salvar La Caleta y El Puertito

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Adeje, Andrés Montiel, se muestra satisfecho de haber logrado un consenso con los partidos políticos presentes en el consistorio para que su moción, que permitirá contribuir a salvar los núcleos costeros de La Caleta y El Puertito de la actual Ley de Costas, fuera apoyada por todos los grupos políticos. En este sentido Montiel señala que “ha quedado demostrado que con la colaboración y el trabajo de todos es posible hacer que el municipio avance hacia el futuro”.

 

El portavoz popular afirma que la nueva Ley de Costas, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ofrece fórmulas para regularizar núcleos de viviendas que estén en servidumbre de protección del dominio público, situación en la que se hayan 15.000 edificaciones en Canarias, habitadas por 60.000 personas, según datos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Los populares recuerdan que en el caso de Adeje, algunas edificaciones se sitúan en la zona de protección de dominio público, hasta ahora establecida en los cien metros de servidumbre, según la anterior ley de 1.988.

Por ello, para regularizar afecciones existentes, una disposición transitoria cubre el vacío administrativo dejado por la Ley de Costas y viene a resolver la zona de servidumbre de protección que podrá quedar en los 20 metros y no en 100 como se establece ahora para los núcleos costeros de la localidad.

Esta opción solo era posible para núcleos ya calificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado, pero a partir de ahora podrán acogerse a esta legalización los que aún no estén clasificados como urbanos.

Por esta razón, el PP se congratula que su iniciativa se haya convertido en moción institucional lo que permitirá salvar estos núcleos costeros de la localidad una vez que se remitan tanto al Gobierno de Canarias como a Costas la nueva delimitación .

http://www.diariodeavisos.com/2013/07/acuerdo-institucional-para-salvar-caleta-puertito/