Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

jueves, 17 de febrero de 2011

Carlos Fabra se reúne con diputados y senadores para pedir su apoyo a la defensa del litoral castellonense



El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha reunido hoy con diputados nacionales y senadores provinciales de Castellón Popular para pedir su apoyo a la estrategia de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Una reunión a la que estaban invitados todos los responsables políticos nacionales, también los del Partido Socialistas, quienes no han acudido al encuentro.
El presidente provincial ha detallado ante los representantes de las Cámaras los objetivos del plan de acciones diseñado para reclamar en Madrid una revisión de la Ley de Costas que evite su aplicación retroactiva y arbitraria, salvando a las viviendas afectadas por los deslindes y la degeneración de la costa. “Buscamos que el Ministerio nos escuche y atienda a razones ante una situación que perjudica a cientos de ciudadanos y no asegura la protección del medio ambiente”, ha explicado.

El apoyo de diputados y senadores es fundamental en la estrategia de lobby nacional porque necesitamos demostrar que en cuestión de Costas no hay colores ni partidos sino ciudadanos y ciudadanas afectados desde hace 23 años por una ley injusta”

.
Carlos Fabra se ha mostrado “una vez más decepcionado por la actitud de los responsables socialistas. Sus senadores y diputados estaban invitados a este encuentro no partidista, se les mandó una invitación personalizada, y no han acudido. Una vez más, demuestran ser primero socialistas y luego castellonenses. Me sorprende, especialmente, si tenemos en cuenta que su responsable a nivel provincial es el alcalde de un municipio costero como Benicàssim. A quien debería preocuparle un problema del calado que nos afecta”.
La diputación provincial ha presentado a los representantes de las Cámaras la petición oficial que se entregará esta primavera en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como el informe jurídico y la página web de la plataforma (http://plataforma.dipcas.es).
Por su parte el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, ha destacado “la petición está consensuada por las asociaciones de vecinos y los municipios afectados. Aun así seguimos recogiendo firmas para recabar el mayor apoyo posible y esperamos contar con el respaldo de los senadores y los diputados nacionales. La plataforma inaugurará en breve una exposición fotográfica itinerante que pretende acercar al público español y europeo la realidad de nuestros pueblos costeros”.
La exposición será presentada en Madrid y Valencia, además de en la capital europea y todos los municipios afectados.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/107190_carlos-fabra-reune-diputados-senadores-para-pedir-apoyo-defensa-litoral-castellonense.html

Costas: negociación lastrada

El Ministerio de Medio Ambiente inició ayer en Cantabria una negociación sobre los efectos de la aplicación de la Ley de Costas en la región con la sorprendente ausencia de los principales y potenciales perjudicados por la legislación: los empresarios afectados y sus representantes, la CEOE. Cuesta pensar en las razones para esta marginación que, además, invalida cualquier acuerdo al que se haya podido llegar por la ausencia de un protagonista fundamental.
La aplicación de la Ley de Costas ha levantado una notable alarma social en Cantabria y ha provocado un frente común no habitual en el que hasta ayer habían militado juntos los sindicatos, la Cámara de Comercio y los empresarios. De esta entente habían salido las cifras que definían el problema: 1.200 empresas afectadas y varios miles de puestos de trabajo en cuestión.
En la reunión de ayer, presidida por la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, se pusieron sobre la mesa números en principio más tranquilizadores -sólo 78 empresas involucradas-, aunque sin una explicación que ayudara a entender la disparidad de criterios. El Gobierno central y el regional, representado en esta ocasión por el PSOE, están obligados a entablar una negociación con todas las partes implicadas y a clarificar los pasos a dar para solucionar este problema.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110217/opinion/editorial/costas-negociacion-lastrada-20110217.html

La legalización de los núcleos costeros no será inmediata

El Ayuntamiento y el Ministerio buscan una solución para las viviendas

El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.
El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega

La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.

El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.
La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.
En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.
El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.
Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.
Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/legalizacion/nucleos/costeros/sera/inmediata/elpepuespgal/20110217elpgal_2/Tes

miércoles, 16 de febrero de 2011

Costas pacta con la Xunta y retira el recurso contra la ley del suelo gallega

El acuerdo da vía libre a la legalización de los núcleos costeros de Marín

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras.
Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.

Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación
". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.
Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".
Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.
Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".
La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.
Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.

lunes, 14 de febrero de 2011

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN EL SENADO

La Modificación de la Ley de Costas presentada por el Grupo Popular y aprobada el pasado miércoles 9 en el Senado, que tantas espectativas y falsas esperanzas había levantado entre los miles de familias a quienes se les ha llevado a la ruina personal, familiar y económica confiscándoles la propiedad, ha acabado siendo una modificación partidista e igual de injusta que lo que ya teníamos. Basta con leer detenidamente el texto de la propuesta aprobada.
Se propone la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de la siguiente forma:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas queda modificada como sigue:

Uno. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda queda redactado en los siguientes términos: «Disposición Transitoria Segunda.
2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.»
Dos. «Disposición Transitoria Sexta.
2. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Sexta queda redactado en los siguientes términos:—Extinguidas con arreglo a lo establecido en sus respectivos pliegos de condiciones, las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.»


Es decir, SÓLO se modifica la ley para las CONCESIONES a las que se le quiere dar carácter y protección de supuesta propiedad.
A las verdaderas víctimas de la Ley de Costas, a los PROPIETARIOS LEGÍTIMOS, se nos ignora pero se aprovechan y manipulan los argumentos que se tendrían que utilizar en defensa del Derecho Humano a la propiedad privada.
Baste como ejemplo la oportuna mutilación del Informe Auken que en la exposición de motivos hecha en el Senado se queda en:
"Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, aprueba el denominado «Informe Auken», instando al Estado español a actuar para evitar la vulneración de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima, afectados por la Ley de Costas:
«(…) nadie debería perder sus tierras o viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea».
Mientras que en el Informe Auken se expone:

C. Considerando el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la UE, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),H. Considerando que el derecho a la propiedad privada está reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que dispone que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos»; que «nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización»; y que «el uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general»,

Pero continúa la exposición de motivos en el Senado:
Por todo ello, sin perjuicio de reconocer la dificultad de la conciliación del interés público con los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es imprescindible la revisión y modificación de la legislación en materia de costas para consagrar el respeto de principios jurídicos fundamentales de un Estado de Derecho como el nuestro.En el Informe Auken se expone
22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

Ni la Sra Auken en su informe, ni la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice nada sobre las concesiones ¿Por qué se quiere confundir a la opinión pública?La modificación propuesta no da solución ni a concesionarios ni a propietarios .http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/IIIA026A.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES#title1

LA PRENSA INGLESA SE HACE ECO DE UN SEGURO QUE GARANTIZA LA LEGALIDAD DE LA VIVIENDA ESPAÑOLA.

LEY DE COSTAS ESPAÑOLA.
La prensa inglesa se hace eco de un seguro que garantiza la legalidad de la vivienda española
. Guía práctica inmoley.com relacionada: inspección de vivienda. El road show del Ministerio de Fomento para fomentar la venta en Europa del stock inmobiliario se tendrá que enfrentar a una pregunta segura: ¿si es tan seguro comprar una vivienda en España, por qué una de las principales aseguradoras españolas vende un seguro que garantiza la legalidad de la compra de vivienda, ante la incapacidad de hacerlo el sistema jurídico, como en el resto de Europa?.
http://www.inmoley.es/HEMEROTECA/NOTICIAS/1112345/inmobiliario-urbanismo-vivienda/02-inmobilario-014-20.html

viernes, 11 de febrero de 2011

Gente humilde, gente poderosa

Miguel Dueñas Muñoz 11/02/2011 10:11

Vemos continuamente cómo se demuelen viviendas de gentes humildes, ya sea porque se construyeron sin permiso o por la famosa ley de costas. Hace como un año, en Tenerife, concretamente en la población de Candelaria, la Guardia Civil, por orden gubernativa, demolió, sin piedad, un montón de viviendas de pescadores, en las cuales vivían esas personas desde hacía más de cincuenta años, sin especular con ellas, pues los obligaron a irse y destruyeron sus casas. Puedo aseguraros que sentí un tremendo dolor por ellos, y porque aquellas casas eran parte del paisaje de la maravillosa isla de Tenerife.
En Marbella, según he leído, hay como unas tres mil viviendas ilegales, pero pasan los años y, como son casas de lujo, no se destruyen, ni los gubernativos ni los jueces dan la orden de demolición.
Ahora, aquí, en Tarragona, según una sentencia firme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se tiene que demoler Marina Port Tarraco, porque según esa sentencia se construyó sin permiso… ¿Se cumplirá dicha sentencia, ya que es firme?
http://www.diaridetarragona.com/opinio/cartasaldirector/052607/gente/humilde/gente/poderosa

jueves, 10 de febrero de 2011

Apoyo unánime para salvar el hotel Oliva Beach


La demolición del emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas.

El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad una moción para salvar el hotel Oliva Beach situado en el municipio de Corralejo, en Fuerteventura, de la demolición que quiere llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino debido para cumplir con la Ley de Costas.

Un apoyo que ha agradecido el colectivo de trabajadores del hotel, ya que el emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas. El presidente de la Asociación Salva el Oliva Beach, Adrián Fernández, ha manifestado que se encuentra agradecido y que esto es un paso más para salvar el hotel de la demolición.

Otros puntos tratados en el pleno han sido la aprobación definitiva del presupuesto 2011, con los votos a favor del grupo de gobierno y los votos en contra de la oposición. El Pleno ha dado apoyo unánime a la concesión de bienes de dominio público para el parque tecnológico y a la cesión de terrenos para la construcción de la sede que albergará el Instituto Tecnológico de Canarias.
Redacción TelevisiónCanaria

MARM, Dirección de Costas y Gobierno cántabro se reunirán el próximo día 16 en Santander para tratar la Ley de Costas

Revilla explica que habrá desafectaciones para el traspaso de la propiedad en algunos casos y prórrogas del periodo en otros

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS)
-
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que una delegación encabezada por la secretaria de Estado, Teresa Ribera, y el director de sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, se reunirán el próximo 16 de febrero, en Santander, con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de revisar la aplicación de la Ley de Costas en esta comunidad.
En presencia de la ministra, Revilla se ha congratulado por lo que supone el "primer paso" para erradicar la alarma generada entre el empresariado y los trabajadores de empresas cuyo convenio de explotación con el Gobierno expira en 2018. Así, ha señalado que la intención, tanto del Gobierno central como del autonómico, es "solucionar la mayoría de los casos por dos vías: la desafectación de terrenos y la prórroga de las concesiones".
En este sentido, ha explicado que, en el primer caso, la idea es identificar "los casos claros de actividades productivas, incluso de manera inmediata", con el objetivo de proceder a "hacer una desafectación de los terrenos" --los cuales son propiedad del MARM-- para su traspaso en propiedad a los actuales ocupantes de los mismos.
"Naturalmente tendrá un contrapartida económica, pero la voluntad del Ministerio no es pasar por caja sino solucionar el problema", ha dicho Revilla, quien ha subrayado que, "incluso antes del 2018, algunos serán desafectados del dominio de Costas para pasar a ser propiedad de los usuarios". "Eso revalorizará los terrenos y permitirá a los empresarios tener un horizonte de inversiones", de tal forma que no tengan constantemente "la espada de Damocles encima de las concesiones".
Mientras, en el otro supuesto, el mandatario cántabro ha referido que la idea del Ministerio pasa por traspasar los terrenos "del dominio de Costas al dominio portuario", y, en este sentido, "prorrogar" los 30 años de la concesión actual, que vencen en el 2018. No obstante, ha recordado, habrá casos que no se ciñan a estos modelos para los que habrá que buscar "alternativas".

miércoles, 9 de febrero de 2011

PP y CiU logran impulsar la reforma de la Ley de Costas desde el Senado

El grupo popular y CiU han logrado impulsar la reforma de la actual Ley de Costas al conseguir que el pleno del Senado aprobara esta tarde la toma en consideración de dos proposiciones, que ahora deberán debatirse en el Congreso de los Diputados.
En su propuesta, establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones el grupo popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
El grupo popular ha argumentado que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018
.
Según la parlamentaria del PP que ha defendido la iniciativa, la senadora por Cantabria Leticia Díaz, la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la Ley de Costas.
Por su parte, los nacionalistas catalanes piden la exclusión de los dictados de la ley de las llamadas "ciudades navegables" y de las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CiU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes).
Para el grupo catalán, estas áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos.
Agrupados en la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, unos 70 empresarios de Cantabria han viajada hasta Madrid para seguir en directo el debate de hoy y desde la tribuna del público han saludado con aplausos el resultado.
Aunque el grupo socialista ha votado en contra de ambas iniciativas, no ha podido impedir la aprobación de las dos iniciativas por 127 votos a favor y 125 en contra, en el caso de la propuesta del PP, y de 136 a favor y 112 en contra en el caso de la de CiU.
Durante el debate, la senadora popular Leticia Díaz ha asegurado que son muchas las víctimas de la "aplicación torticera" de la norma, que existe un tejido productivo empresarial en la zona costera, que firmaron concesiones a perpetuidad o por 99 años, e invirtieron en empresas e industrias, y que la norma "condena a muerte" a muchas de ellas.
Por su parte, la senadora de CiU Monserrat Candini ha señalado que no hay nada peor que las lecturas "restrictivas" de determinadas leyes, con una visión poco real y ha "lamentado" la poca sensibilidad que el Gobierno ha mostrado hasta ahora en relación al tema en concreto por ellos defendido, ya que son miles los afectados.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE-Cantabria

Plataforma de Castellón pide paralizar ley de Costas para proteger 600 casas

La Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense, impulsada por la Diputación de Castellón e integrada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, reclamará a la UE la paralización de la aplicación retroactiva de Ley de Costas para proteger las 600 viviendas afectadas por ella.
Así lo ha dado a conocer hoy el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, durante el acto de presentación de la plataforma que ha tenido lugar hoy en el salón de actos de la institución provincial y al que han asistido representantes de los municipios y de las asociaciones de vecinos afectados por la ley.
Fabra ha defendido que la plataforma pretende convertirse en un "referente provincial" y que nace con el "compromiso" de no quedarse con "los brazos cruzados" viendo cómo peligra el "encanto" de la costa de Castellón, que depende "tanto de la naturaleza como de la vida que se construye en torno a ella".
Fabra ha sostenido que la aplicación de la ley es "arbitraria" porque en 1988 la mayoría de las playas castellonenses contaba con 30 metros más de arena y las casas "estaban fuera del límite establecido para ser dominio público".
"El mal hubiese sido menor si Costas hubiese cumplido con la obligación que establece la Ley en sus primeros dos artículos: conservar, proteger y restaurar la costa", ha añadido.
El presidente de la Diputación ha explicado además que para lograr la aplicación de esa ley se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que se llevará a cabo mediante internet, las redes sociales, y en una exposición fotográfica itinerante.
Asimismo, ha indicado que la costa castellonense es "la más regresiva", junto con la de Huelva, y ha lamentado que cada año en Semana Santa los turistas que visitan Castellón se encuentran con "la misma estampa: excavadoras y operarios con palas en la arena reparando los destrozos de los últimos temporales".
Ha dicho además que con la aplicación de la ley 600 familias perderán sus viviendas sin obtener por ello indemnización alguna y que incluso en el caso de Torrelasal "se hará desaparecer un poblado marítimo entero".
http://www.adn.es/local/valencia/20110209/NWS-0960-Plataforma-Castellon-Costas-paralizar-proteger.html

Dos diputados llevarán al Congreso la reforma de la ley de costas

Los diputados Román Rodríguez (PP) e Ismael Rego (PSdeG) fueron elegidos ayer por el pleno del Parlamento gallego para llevar al Congreso de los Diputados la proposición de ley aprobada por la Cámara -sólo con los votos del PP- para modificar la ley de costas. Por su parte, el BNG renunció a designar a un representante de su grupo al estar "en contra" de los términos en los que se propone este cambio.

El pasado mes de diciembre, los votos de los populares gallegos sirvieron para proponer que se reforme esta ley estatal con el fin de que se "legalicen" núcleos rurales tradicionales asentados en localidades como Moaña o Marín (Pontevedra). Por su parte, socialistas y nacionalistas se opusieron al considerar que la propuesta popular era "electoralista y oportunista".

En este escenario, la Cámara gallega aprobó "por asentimiento" el acuerdo previo de que tres diputados llevasen la proposición de ley al Congreso. Sin embargo, tras celebrarse ayer la votación en urna, sólo dos nombres -Rodríguez y Rego- salieron en las papeletas y hubo 11 en blanco -las correspondientes a los diputados del BNG a excepción de Fernando Blanco, que no participó en la votación-.

La decisión del BNG de no proponer a ningún representante responde a la interpretación por parte de este grupo de que carece de lógica acudir a la Cámara baja, donde los nacionalistas cuentan también con dos diputados, a reiterar su rechazo a esta propuesta de modificación. Pese a su oposición, los socialistas sí han optado por proponer a Rego, quien ratificará en el Congreso su postura contraria.
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2011/02/09/diputados-llevaran-congreso-reforma

lunes, 7 de febrero de 2011

«Siendo estrictos casi todo sería ilegal. Pero la ley reconoce derechos»

La recuperación del dominio público marítimo-terrestre es un proceso largo, complejo y en el que, evidentemente, hay que respetar todas las garantías legales. Vamos viendo de forma individualizada si el propietario de cada construcción tiene derecho a treinta más treinta años de concesión, a partir de la aprobación del deslinde de cada tramo de costa», comenta la jefa de la Demarcación Costas en la Región de Murcia, Francisca Baraza.
Ésta apunta que, en cuanto a las terrazas asociadas a viviendas que invaden la línea imaginaria marcada por los mojones, y por lo tanto metros de acceso al mar ganados a costa del disfrute público, «lo lógico es el derribo». Eso, al margen de las compensaciones económicas que se puedan establecer.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente busca el difícil y siempre polémico equilibrio entre la recuperación total del dominio público, que exigiría un fuerte desembolso de dinero en expropiaciones y compras, y el poner coto a lo que en este momento parecen playas privadas, puesto que se hace imposible transitar por esos lugares sin tener que rodear las urbanizaciones o meterse en el agua ya que la arena forma parte de casas y recintos de uso privado.
«Este proceso de recuperación del dominio público puede llevar años, porque se trata de mucho papeleo, audiencias, exposiciones públicas e incluso recursos judiciales. Pero lo que está claro es que lo importante es abordar el tema y hacerlo siempre de forma individualizada y velando por el cumplimiento de la legalidad. Los propietarios no tienen por qué tener miedo, porque actuamos con todas las garantías. Eso sí, en las ocupaciones al margen de la legalidad actuamos con firmeza», argumentó Baraza.
La máxima responsable de Costas en la Región invita a reflexionar sobre la moderación con la que debe actuar la Administración en estos casos, «ya que si nos ponemos estrictos, casi toda La Manga podríamos considerarla ilegal a la vista de la actual ley, porque casi todo está construido. Lo que pasa es que la ley no es retroactiva, y por eso reconoce los derechos adquiridos por los propietarios de bienes y derechos de urbanización», concluyó
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/cartagena/siendo-estrictos-casi-todo-20110207.html



Eso de que la ley no es retroactiva es dificil de explicar, sobre todo a los que han perdidos sus casas.

La lenta batalla contra las playas 'privadas'


Costas negocia permisos de uso con dueños de 50 chalés y otras edificaciones ubicadas en primera línea de playa

La aplicación de la Ley de Costas en La Manga y Cabo de Palos ha experimentado en las últimas semanas un nuevo avance, gracias a la tramitación de cincuenta expedientes relativos a construcciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre y que pueden acabar derribadas, demolidas sólo en parte -en su mayoría- o salvadas para los próximos treinta o sesenta años, gracias a permisos de uso derivados de los derechos adquiridos por los propietarios.
A través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino está inmerso en una fase del proceso de recuperación de las playas para el uso público, que tuvo como principal precedente los deslindes aplicados desde hace seis años para delimitar bien qué zona es pública.
La recolocación de mojones permitió establecer las franjas de servidumbre de acceso y tránsito, de seis metros a 20 de distancia al mar, y de protección, de hasta 100, y ahora se trata de ir caso por caso, decidiendo qué pasa con cada edificación.
Como la ley es de 1988, el trato es distinto para lo construido antes o después de esa fecha. Los dueños de construcciones previas pueden acogerse a concesiones de uso de treinta años, prorrogables otros treinta, mientras que el resto pasa a un procedimiento sancionador (multas), que puede desembocar en un derribo. Los cincuenta casos que aborda ya Costas están recogidos en un inventario de bienes integrado ya por trescientas propiedades repartidas por aproximadamente la mitad del litoral de la Región.
En total, según los cálculos de la Demarcación, el inventario tendrá unos seiscientos apuntes, en su mayoría referidos a La Manga, Cabo de Palos y Mazarrón.
Las viviendas individuales (sobre todo, chalés) destacan en el listado, que también incluye terrazas asociadas a esas casas, partes de edificios, muros, cerramientos, clubes náuticos, jardines y porciones de parcelas urbanizables.
El criterio de los responsables del Ministerio en la Región es otorgar las concesiones de uso para las construcciones previas a 1988, siempre que no obstaculicen la zona de tránsito, como ocurre con terrazas situadas en la parte de La Manga que da al Mar Menor, sobre todo en el término municipal de San Javier.
Un ejemplo es la zona cercana al Hotel Doblemar, donde hay un edificio que lleva ya casi cuatro décadas a medio construir.
Medio Ambiente ha ganado numerosos recursos judiciales contra los deslindes interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los afectados. Pero hacer efectiva la recuperación de las playas para el disfrute público es una batalla más lenta y complicada. En todo caso, Costas ha ido dando pasos en los últimos años con demoliciones, como las de siete viviendas en Los Urrutias, un muro de cerramiento en el Hotel Cavanna, un pantalán también en la playa del Cavanna o un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (pagó por el inmueble 12 millones de euros). Con esto último, tenía como objetivo acometer un proyecto de mejora ambiental en la zona de Playa Paraíso, que espera poner en marcha este año.
En otras zonas, como la playa de Marchamalo, ha habido tiras y aflojas con los dueños de bares y restaurantes, que se oponen a los precios de expropiación fijados por el Gobierno para construir un paseo marítimo. Y en el Vivero, entre Puerto Bello y las salinas de Marchamalo, la victoria judicial de Costas respecto al nuevo deslinde fue sólo un triunfo parcial, puesto que los promotores de una urbanización lograron del Ayuntamiento de Cartagena compensaciones en altura y, por lo tanto, podrán levantar torres de pisos.
Son ejemplos de la complicada aplicación de la ley de Costas en los 272 kilómetros de litoral regional, donde siguen al rojo vivo conflictos como el de las casas del poblado marinero de Puntas de Calnegre, en el término de Lorca, donde la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad busca evitar derribos a los que ponen pegas las autoridades locales.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/comarcas/lenta-batalla-contra-playas-20110207.html




Veamos el asunto con calma. El ministerio, otorga las concesiones(que luego recupera en la mayoría de los caso al año) compra los terrenos" que ya son dominio público",NEGOCIA con los propietarios.........

¿QUE LEY DE COSTAS APLICARON EN CHO VITO?.

¿QUE VERSIÓN DE LA LEY APLICARAN EN EL GOLFO, EN EL CALETON O EN BOCACANGREJO?
¿TENDRÁ ALGO QUE VER, QUE SON CHALETS,PANTALANES, Y EMBARCADEROS Y NO CASAS HUMILDES?

domingo, 6 de febrero de 2011

La reforma de la Ley de Costas, al pleno del Senado

Madrid, 6 feb (EFE).-
La Ley de Costas irá al Senado la próxima semana porque el Grupo Popular y CIU defienden que hay que modificar la norma para establecer determinadas excepciones.
Con este fin, ambos grupos han presentado sendas proposiciones de ley, que de acuerdo con lo previsto serán debatidas el miércoles en el pleno de la Cámara Alta.
En su exposición de motivos, los catalanes sostienen que resulta necesario excluir de los dictados de la ley las llamadas "ciudades navegables" y las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CIU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes) Para el grupo catalán estas ciudades y áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos
.
Por su parte, el Grupo Popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
En su exposición de motivos, el Grupo Popular argumenta que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018.
Añade que la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la citada Ley de Costas.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=680782

EL PODER DE LA HIPOCRESÍA.




Crecen las críticas por la demolición de un hotel para hacer casas para judíos
“Las condenas por la demolición del histórico hotel Shepherd, en un barrio árabe de Jerusalén Este, iniciada por Israel como el primer paso para un proyecto privado de construcción de viviendas para judíos no deja de levantar críticas.”….
“…el Gobierno español ha condenado la demolición y ha recordado que los asentamientos construidos en los territorios palestinos ocupados son ilegales según el derecho internacional”

“La titular de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, recordó a Israel que construir asentamientos en territorio palestino es ilegal. "Condeno fuertemente la demolición esta mañana del hotel Shepherd y la planeada construcción de un nuevo asentamiento ilegal"”



, Demolida un ala del histórico hotel Shepherd
Este domingo, excavadoras privadas israelíes demolieron una de las alas del histórico hotel Shepherd para habilitar el terreno con vistas a la creación de un nuevo asentamiento judío en la parte este de Jerusalén.
Situado en el barrio de Sheij Jarrah, en territorio ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, la demolición de una parte del hotel y la creación del nuevo barrio han sido objeto de duras críticas
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/internacional/1294688116.html






…“Al hilo de lo anterior, cabe reseñar las quejas por el derribo de unas viviendas en el pueblo canario de Cho-Vito, municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Se inició una investigación de oficio, sin concluir a finales de 2008, con motivo de estos hechos. ( Esta investigación sigue sin concluir, por la negativa de la Dirección General de Costas a entregar la documentación)Al parecer ese derribo pudo producirse en contra de un compromiso asumido por el Gobierno estatal, adoptado mediante acuerdos del Senado en sesiones plenarias del 26 de abril de 2005 y del 7 de febrero de 2007, por el que no se procedería a la demolición de una edificación en el litoral de Canarias, sin antes haber tratado la cuestión en el seno de una comisión formada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, los ayuntamientos y cabildos correspondientes y el Gobierno de Canarias... http://biblioteca.defensordelpueblo.es/ABSYS/AomCli.exe?MLKOB=5147465757



Europa dice que se mantiene 'vigilante' ante los derribos de viviendas en España





España, bajo investigación por abusos urbanísticos
El Parlamento Europeo carga contra la Ley de Costas por "abusiva"
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Parlamento/Europeo/carga/Ley/Costas/abusiva/elpepusoc/20100323elpepisoc_6/Tes

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA


Artículo 17. Derecho a la propiedad
1.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización. El uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general.
2.- Se protegerá la propiedad intelectual.




Los derechos humanos, son los mismos para todas las personas. Da igual que se vulneren en Palestina, en Israel, en Ampuria Brava, Bocangrejo,Formentera,o Cho Vito. Da igual. SE VULNERAN.
En Israel tiran un hotel para hacer viviendas, y en Cho Vito,,,,, lo mismo, y todo legal...

La hipocresía anida cuando vemos el problema en otros, y no lo vemos en nosotros.

El 'tsunami' de la Ley de Costas

«Cuando alquilé la finca en el año 1985 no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», dice Jesús

Los afectados califican de «salvajada» que cientos de talleres y estabulaciones ganaderas vayan a desaparecer el 29 de julio de 2018 al caducar las concesiones

«Hay gente que tiene negocios, ganaderías... es como si te obligan a dejar de trabajar»

A Toñín, a Jesús o a Luis, la fecha del 29 de julio de 2018 no les parece tan lejana. Quedan siete años para que llegue ese día en que todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán y revertirán al Estado, en aplicación de la Ley de Costas. Eso afecta a sus viviendas y a sus negocios, que tendrán que abandonar en ese plazo si antes nadie lo remedia. La ley no establece ni indemnización ni compensación para ellos: sólo la renuncia. Por eso la fecha no les parece tan distante.
Mucho más inmediato es un debate en el Senado, que tendrá lugar el próximo miércoles 9, día en que se discutirán dos proposiciones de ley sobre la normativa. Una será defendida por la senadora cántabra Leticia Díez (del PP) y persigue que se garantice la situación jurídica de todas las concesiones de suelo anteriores a su aprobación, en 1988, hasta que se elabore un instrumento de planificación específica.
Porque la simple cesión, a los afectados, les parece demasiado. Los terrenos sobre los que se asientan sus casas y sus negocios fueron ganados al mar hace cien años. «Esta finca era de los padres de mi mujer. Cuando ellos fallecieron, nos quedamos con ella», explica Toñín. Años antes, desde la Administración se habían promovido concesiones administrativas destinadas a desecar marismas y zonas de ribera con el fin de destinarlas a tierra de cultivo. Durante décadas se trazaron diques y malecones, se desecaron los cierres, se parcelaron los terrenos... Cientos de familias ocuparon aquellas parcelas situadas por debajo del nivel del mar, construyeron sus casas y acondicionaron sus explotaciones. Muchos, con los años, promovieron otro tipo de negocios: pequeños talleres o pequeñas naves industriales. Todo se perderá en el año 2018.
En Cantabria, miles de personas están abocadas a afrontar esta pérdida. La Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), que agrupa a gran parte de ellos, habla de 1.200 empresas y 25.000 trabajadores, sin incluir las ganaderías. Semejante cifra no se refiere exclusivamente a los propietarios de terrenos ganados al mar que, con el tiempo, dieron a las fincas otros usos diferentes a los puramente agrícolas, sino también a cientos de naves industriales acondicionadas en polígonos que se asientan sobre rellenos de marismas, como el de Raos (Camargo) o el de Santoña, con todos sus trabajadores.
Toñín, Jesús y Luis no son los únicos afectados por la Ley de Costas. En otras zonas de España, como el Mediterráneo, la mayor amenaza recae sobre cientos de chiringuitos y establecimientos hosteleros a pie de playa, aunque no se ha generado tanto impacto en el sector industrial. En Cantabria, donde numerosos polígonos se acondicionaron sobre terrenos ganados al mar, la industria se verá muy directamente perjudicada.
Finca y casa
El municipio de Bárcena de Cicero, en la zona oriental de la región, es muy representativo de hasta dónde pueden llegar los efectos de esta medida. Muchos de sus vecinos son conscientes de en qué situación se encuentran. Jesús es un hombre que trabajó toda su vida como ganadero, aunque lleva un tiempo jubilado. Eso no le impide supervisar el negocio, dirigirlo y tomar algunas decisiones que le corresponden como empresario. Tiene 116 vacas.
«Cuando yo la alquilé en el año 1985 -se refiere a una finca de Cicero en la que vive y trabaja, pero que no es de su propiedad- no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», explica. Ahora, no sólo se ve abocado a dejar la explotación, sino también la casa que habita. «Vivimos en ella siete personas: cuatro hijos, la mujer mía, mi hermano y yo», dice. Todo ese terreno -«cuatro mil y pico carros»- quedará inundado.
Cuenta José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados y empresario cuya nave ocupa una vieja concesión en la Junta de Voto, que la Demarcación de Costas en Cantabria ya ha previsto cómo actuar cuando llegue la fecha. Sus propósitos aparecerían recogidos en el plan 'Santoña 2018', que contempla abrir diques, inundar terrenos y devolver algunas zonas de marisma a la situación previa a la construcción de la carretera Santoña-Cicero, que en su día dio origen a los cierres de Cicero, Gama y Escalante.
Luis, con dudas
Puede que, en efecto, los responsables de la Demarcación de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tengan claro el futuro. Quienes no lo ven claro son aquellos que, como Luis, nacieron y vivieron siempre en esas casas, y ahora se ven abocados a abandonarlas.
Luis tiene 22 años y echa una mano en la estabulación. Si opta por la ganadería, no podrá hacerlo en la finca en que la está hoy («muy buena y toda llana») y que «coge desde la carretera que va a Santoña hasta la vía». Luis cree que «los pájaros necesitan sitios de este tipo. Necesitan el ganado, para que esté el campo como está. Si lo abren, y es agua, no sirve ni para ellos». Algunas de las actuaciones de la Demarcación de Costas han provocado críticas por este motivo.
Igual que en la zona de Cicero en la que viven Jesús y Luis, en Treto también se desecaron fincas a raíz de las obras de construcción del ferrocarril entre Santander y Bilbao. De hecho, de abrirse aquellos diques, la vía misma correría peligro como consecuencia de la inundación de los terrenos. En ese área vive Toñín, que en los años setenta acondicionó un taller de reparación de maquinaria en el que hoy trabajan su hijo Luis y un empleado.
La primera escritura de propiedad data de 1913. La Ley de Costas sólo reconoce los derechos del primer concesionario, pero «¡Claro! Han pasado cien años y el que lo cerró ya no está».
«Esta concesión la solicitó un señor de Bilbao. El Estado se la concedió a perpetuidad, a condición de que la cerrara por su cuenta. Están dedicadas todas a la ganadería, menos la de Robert Bosch», explica. Esta factoría -antigua Femsa- es la principal fábrica de la zona, con un millar de obreros. Sus terrenos no serán inundados, pero sí todos los circundantes, lo que, a juicio de Toñín, amenaza de hecho su continuidad. Él mismo trabajó en ella.
«El tren, la tubería del Plan Asón, la tubería del teléfono, la línea de eléctrica de 15.000 voltios... todo pasa por aquí». Con esto, añade, «Robert Bosch cierra la fábrica y se la lleva a Túnez o Argelia de la noche a la mañana». Como Toñín, su hijo Luis también han sido mañoso con las máquinas. Tiene 39 años y ahora es él quien dirige el negocio. La situación le parece «una salvajada», porque «le quitan a la gente el modo de vivir». «Te estás haciendo aquí un futuro para el día de mañana y resulta que vienen y te lo quitan», lamenta.
Tiene un empleado con él, al que tratará de recolocar «porque lleva con nosotros diez años». Para él tiene pensadas «varias opciones», que irá valorando a medida que llegue la fecha. Una cosa es segura: el cierre del taller a partir del 29 de julio de 2018. Una fecha que a cualquiera parece lejana, pero que no lo es tanto para Toñín, Jesús y Luis, a quienes, si nadie lo evita, les pasará por encima el 'tsunami' de la Ley de Costas.
LAS CLAVES
Ley de Costas
Fue aprobada en 1988. El reglamento que la desarrolla se aprobó en diciembre de 1989. Estableció entonces que, en 30 años, todas las concesiones administrativas en el dominio público máritimo-terrestre caducarían
Dominio público
Durante los últimos 23 años, técnicos de Costas vienen realizando deslindes del dominio público marítimo-terrestre para determinar qué zonas se encuentran sometidas a la influencia de la marea
Concesiones administrativas
Todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán a los 30 años de la aprobación de la ley, es decir, en el año 2018.
Propiedades
Todas las propiedades incluidas en el dominio público se convertirán en concesiones administrativas al cumplirse el plazo de 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley. La vigencia máxima de tales concesiones queda establecida en otros 30 años.

http://www.eldiariomontanes.es/local/cantabria-general/

martes, 1 de febrero de 2011

El Ayuntamiento pide que se declare El Golfo como Bien de Interés Cultural para salvar al pueblo del deslinde


El deslinde está recurrido al Tribunal Supremo


El último cartucho para El Golfo. El Ayuntamiento de Yaiza ha encargado un informe que determine si hay posibilidad de que el núcleo costero pueda acogerse a alguna figura de protección regulada en la normativa de Patrimonio Histórico para tratar de evitar el deslinde de la Dirección General de Costas, que afecta a una veintena de edificaciones.


Así lo confirmó el alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez, en declaraciones a Nueve TV, en las que precisó que el estudio encargado persigue comprobar “si puede haber alguna fórmula legal”, como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).


El Ayuntamiento sureño considera que esta opción –que Cabildo y Tinajo están promoviendo para Tenézar, en similares circunstancias- es de las últimas vías que cabría explorar para evitar la materialización del deslinde del dominio público marítimo terrestre en El Golfo.


“A la espera” de que lleguen las conclusiones del informe encargado por el Consistorio, el primer edil afirma rotundo que “si es una vía para solucionar el problema de El Golfo” la tomarán.
El deslinde de Costas deja dentro del dominio público a varias edificaciones que se llevan años utilizándose para la restauración. El presidente de Aetur, Victoriano Elvira, recalcó que “el empresariado necesita saber qué va a pasar con sus negocios y en qué situación está”.
Supremo
Desde el punto de vista legal, el futuro del núcleo costero de El Golfo está por ahora en manos del Tribunal Supremo, que aceptó a finales el año pasado los recursos de la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Yaiza y un grupo de vecinos para que determine si el pueblo debe ser considerado “área urbana” y con ello atenuar los efectos del deslinde de Costas.
Por ahora, los tribunales han dado la espalda a los vecinos de El Golfo frente al deslinde del dominio público marítimo terrestre entre la parte norte del Charco de los Clicos y el final del pueblo, aprobado por la Dirección General de Costas el 19 de julio de 2006.
Al no considerar El Golfo como suelo urbano, la Dirección General de Costas estableció una zona de servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, lo que condiciona el derecho de propiedad de los dueños de las numerosas viviendas que quedan dentro de la franja. En suelo urbano, la servidumbre se reduce a 20 metros.
Playa

Además, Costas ha defendido que “numerosas” edificaciones de El Golfo “se encuentran levantadas sobre terrenos con las características físicas de playa”, lo que “supone una clara invasión del dominio público”.

Costas también ha señalado que el límite interior de la playa coincide con la carretera que recorre el pueblo, lo que deja dentro a una veintena de edificaciones. Estas construcciones corren peligro de ser derribadas al estar dentro del dominio público.

Más detalles
GOBIERNO. El Gobierno de Canarias, después de aprobado el deslinde, tomó el acuerdo de declarar El Golfo como núcleo urbano a través de una resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dictada el 6 de febrero de 2007.

COSTAS. Sin embargo, los tribunales suspendieron de forma cautelar la declaración como núcleo urbano de El Golfo, por lo que esta resolución no ha sido tenida en cuenta en los recursos del ayuntamiento y de vecinos afectados que han intentado tumbar el deslinde de Costas.


AUDIENCIA. Así, media docena de sentencias de la Audiencia Nacional han ratificado ya la validez del deslinde efectuado por Costas a lo largo de un tramo de más de un kilómetro en El Golfo

.
JUSTICIA. La única opción en vía judicial a la que podrían acogerse los afectados es a que el Supremo acepte el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de octubre del año pasado, que anuló la declaración de El Golfo como área urbana.


SUELO. En la sentencia del TSJC recurrida se sostiene que “no existía un instrumento de ordenación que clasificase el suelo” de El Golfo “como urbano en el momento de entrada en vigor de la Ley de Costas”, en 1988.


SERVICIOS. La comunidad autónoma alegó que, a pesar de ello, contaba con los servicios urbanísticos como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y consolidación de la edificación.


SENTENCIA. El tribunal entendió que no se acreditó que se hubiesen consolidados las dos terceras partes del suelo apto para la edificación ni los servicios. De hecho, un informe admitió que “que no existía evacuación de aguas”.
http://www.diariodelanzarote.com/2011/02/01/lanzarote04.htm

sábado, 29 de enero de 2011

Las casas de la playa en El Palo y Pedregalejo, cerca de su legalización


CRONOLOGÍA
Noviembre 2009

Reunión entre el Ayuntamiento, el Gobierno central y la Junta de Andalucía para impulsar una solución a las viviendas de la playa.

En Candelaria, sólo se reunieron , para demolerlas.
Junio de 2010.

Costas prevé un nuevo deslinde para la zona de Pedregalejo, donde hasta ahora no se había trazado, que salva las casas.

En Cho Vito, ha indicios más que fundados de que el deslinde esta mal trazado.
Octubre de 2010
.

Un nuevo informe técnico sobre las mareas abre la puerta a la regularización de las viviendas de El Palo.

En el litoral de Candelaria, no existe los estudios de mareas....
Una nueva ventana de esperanza se abre para los vecinos de las casas situadas en primera línea de playa en El Palo y Pedregalejo, que llevan décadas solicitando a las administraciones una solución para legalizar su situación
. Como ya adelantó este periódico (ver SUR 19/10/2010), la Demarcación de Costas encargó al Instituto de Hidráulica Ambiental un nuevo informe técnico que avala la posibilidad de dejar las viviendas fuera del dominio público marítimo-terrestre, ya que los espigones que se realizaron en los años ochenta las protegen suficientemente de las mareas. Con este nuevo escenario, pueden iniciarse los trámites para establecer unos deslindes que permitan que los vecinos puedan adquirir el suelo de las casas, y obtener sus escrituras.
El diputado del PSOE Luis Tomás se reunió en la mañana de ayer con colectivos vecinales de El Palo y Pedregalejo para anunciarles que, en fechas muy próximas, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, emitirá una resolución por la que autorizará el inicio de los trámites para trazar un nuevo deslinde en Pedregalejo, zona que carece de él, y regularizar el que existe en El Palo, paso previo a su traslado para la desafección de las viviendas.
Tras culminarse ambos expedientes, que marcharán en paralelo, se procederá a la declaración de innecesariedad de los suelos para el dominio público, de tal forma que podrán ser adquiridos por los vecinos.

En esa zona, no tienen títulos de propiedad. En Cho vito, todas las casas tenían escrituras y pagaban sus respectivos impuestos.
Acortar los plazos
La duración estipulada para todo este proceso es de unos dos años. No obstante, Luis Tomás afirmó que los responsables del ministerio procurarán acortarlo en la medida de lo posible para no hacer esperar más tiempo a los vecinos. «Vamos a ponernos a trabajar también con el Ministerio de Hacienda para todo lo relativo a la posterior desafectación de los terrenos», apuntó el diputado socialista, que estuvo acompañado en la reunión con los vecinos por la portavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, y la edil María del Mar Zamora.
Sobre la suspensión que la Junta de Andalucía ha dictado para el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en relación a la inclusión de estas casas de El Palo y Pedregalejo como suelo urbano, Luis Tomás resaltó que la Administración autonómica «ha demostrado su voluntad de participar y colaborar con todo este proceso, por lo que los vecinos no deben tener temor alguno». «Hemos desbloqueado un tema importante y queremos darle la máxima velocidad», recalcó el diputado socialista.
El nuevo informe sobre las costas del litoral oriental de Málaga tardó seis meses en elaborarse. Se practicaron 17 perfiles de estudios de oleaje y una suma de las mareas que concluye que, en ningún caso, las aguas alcanzarían las viviendas. Las olas se quedarían en el muro de ribera del paseo marítimo, que separa la acera de la arena de la playa. El resultado de este estudio difiere del que Costas posee desde el año 2000 sobre esta cuestión.


http://www.diariosur.es/v/20110129/malaga/casas-playa-palo-pedregalejo-20110129.html

El Colegio de Arquitectos intenta evitar el derribo del Hotel Miramar de Castro


El Hotel Miramar de Castro Urdiales, bajo el que recae una sentencia de derribo por estar ubicado en dominio público marítimo-terrestre, podría salvarse de la piqueta finalmente.
El Colegio de Arquitectos de Cantabria ha remitido al Ayuntamiento de Castro Urdiales un informe en el que justifica el valor arquitectónico de la instalación. En ese documento, el decano, Ignacio Pereda, pone de manifiesto «la clara inserción de este edificio en el contexto cultural del movimiento moderno en la arquitectura del siglo XX y, por ello, la importancia de su mantenimiento y reforma como testigo valioso de su época».
El Colegio de Arquitectos de Cantabria estima que la defensa de este edificio ha de encontrar el respaldo institucional que «una edificación de estas características merece dentro de la arquitectura racionalista de Cantabria, y eso, a pesar de su inclusión en la actualidad dentro del deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de la necesidad que requeriría de una obra de rehabilitación que permitiría recuperar al máximo su imagen original».
El alcalde de Castro, Fernando Muguruza, dará cuenta en el próximo pleno del martes, 1 de febrero, del contenido de este informe al que ha tenido acceso El Diario Montañés. El objetivo es que todos los grupos políticos municipales acuerden solicitar a la Demarcación de Costas que no derribe el edificio del hotel.
Tras ese acuerdo, se deberán plasmar los usos que sean compatibles con la normativa vigente, con el objetivo de que se pueda 'convencer' a la Demarcación de Costas sobre el valor del inmueble.
A partir de ahí, entraría en juego la propuesta que el arquitecto castreño José Orruela planteó durante la ultima edición de la Bienal de Arquitectura celebrada en la ciudad. Lo que propone es que el Ayuntamiento o cualquier otra institución pública, como el Gobierno de Cantabria, adquiera el inmueble y lo convierta en una instalación pública, con interés patrimonial. Su propuesta pasaría por rehabilitar el hotel y convertirlo en un centro de interpretación del mar, dada la historia de este edificio que fue construido en los años de la posguerra por el Consistorio, que lo habilitó como balneario.
Proyecto de demolición
También hay otros trámites pendientes como la declaración de utilidad pública del zona para poder realizar las expropiaciones correspondientes y las indemnizaciones a sus propietarios,

El gerente del Hotel Miramar, Álvaro Alonso, anunció en marzo del pasado año que la Demarcación de Costas estaba redactando el proyecto de derribo del edificio. Fuentes de la Delegación de Gobierno avanzaron ayer que ese proyecto de demolición está a falta de su aprobación.

En noviembre de 2010, el hotel cerró sus puertas por vacaciones y, un mes después, inició un Expediente de Regulación de Empleo, que finalizará el 15 de marzo.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110128/region/region-oriental/colegio-arquitectos-intenta-evitar-20110128.h
Que parecido con el Hotel del Médano.