Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

miércoles, 12 de marzo de 2014

La nueva ley de Costas se convierte en una fuente de ingresos para los municipios


La futura legislación, todavía por ratificar, contempla la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos

Las playas naturales podrán tener chiringuitos desmontables de 20 metros cuadrados y un zona anexa de sillas y sombrillas de 30 metros cuadrados, según el Reglamento de la Ley de Costas, abierto ayer a consulta pública. Así lo explicó el Director General de Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, tras destacar que por primera vez la ley hará una distinción entre playas naturales y urbanas. Sobre estas últimas y sus chiringuitos fijos, destacó que podrán tener una superficie cerrada de hasta 150 metros cuadrados, frente a los 100 de antes, además de otros 50 metros cuadrados más de terraza con cerramiento, 70 metros más de terraza sin cerrar y 30 metros de servicios (baños y duchas) si quedan abiertos a los usuarios de la playa.
En contraposición con la legislación anterior, se apuesta ahora por un mayor aprovechamiento turístico de las playas,
lo que se traducirá en permisos más flexibles para ampliar los restaurantes construidos en los paseos marítimos hasta los 270 metros cuadrados y la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos, que como los empresarios cuentan ahora con una nueva fuente de ingresos.
El Director General de Costas especificó que en la actualidad hay 3.000 chiringuitos de playa en España, y la mitad son fijos, pero de éstos sólo 300 estaban regularizados y el resto permanecían en un «limbo» jurídico, del cual la actual norma les va a permitir salir cumpliendo determinados requisitos.
El reglamento, que deberá pasar ahora por el Consejo de Estado antes de su entrada en vigor este verano,
asegura la «continuidad ordenada» de las ocupaciones que había en el dominio público marítimo-terrestre y evita demoliciones masivas de viviendas e industrias, al conceder prórrogas de hasta 75 años más, siempre con criterios medioambientales.
Porque según Saavedra, el objetivo de la norma es garantizar la protección medioambiental y el desarrollo sostenible del litoral y estas prórrogas no son una «amnistía».

Se trata, afirmó, de una norma «compleja» con más de 250 disposiciones, que prohíbe expresamente nuevas construcciones en las costas españolas
en lo que es zona de dominio público marítimo terrestre, que es el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos.
Concretamente, el reglamento establece que las instalaciones construidas sin autorización, y con anterioridad a la ley de 1988, serán demolidas, si no procede su legalización por razones de interés público. Otra novedad es que se abre la puerta a revisar los deslindes o mediciones del dominio público marítimo terrestre, porque en algunos casos ha habido problemas «por diferencias de criterios», según Saavedra.
Por otra parte, se establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen el entorno y previa solicitud.
El texto recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo que pidió que la definición de la zona marítimo-terrestre se hiciera con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin otras consideraciones.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/12/nueva-ley-costas-convierte-fuente/1089042.html 

 

Costas derriba una vivienda en Bolnuevo tras 19 años de pleitos


Otras tres construcciones a pie de playa también están pendientes de demolición

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Una vivienda, situada en primera línea de la playa de Bolnuevo y afectada por la ley de Costas, fue derribada ayer tras la orden del juzgado. Su propietario, Ginés Carvajal López, considera un «atropello» la actuación de la Administración porque «no fui avisado con antelación». Este vecino llevaba pleiteando desde hace 19 años con el Estado.

Según su relato, Pedro Acosta, natural de Bolnuevo, compró al Ayuntamiento, en 1929, 150 metros de terreno para la construcción de una caseta de aperos, que posteriormente se convirtió en vivienda y que fue adquirida en 1949 por el abuelo de Ginés Carvajal. Por herencia, los hermanos Trini y Ginés son ahora los propietarios. La casa está escriturada a nombre de su empresa de construcción, Carvajal Aborica S.L.

Según Ginés Carvajal, en 1995, Costas modificó la ubicación de los mojones, y la casa quedó en zona de dominio marítimo terrestre, comenzando los propietarios a pleitear con el Estado. En 2003, los dueños pidieron permiso al Consistorio para realizar obras en la vivienda, que se encontraba muy deteriorada, remitiéndoles a Costas del Estado para que autorizara la reparación. La respuesta que recibieron fue una orden de demolición.

A finales del año pasado, perdieron el contencioso, y ayer se presentó la maquinaria para cumplir con el derribo. Según Carvajal, el mandato de desalojo fue entregado ayer por los responsables de la Demarcación después de comenzar la demolición de la casa, «que se encontraba con muebles en su interior y objetos propios de una vivienda en la playa». Costas no contestó ayer a la llamada de 'La Verdad' para dar su versión.

El pasado 24 de enero, Carvajal recibió una notificación comunicándole que el presupuesto de derribo se valoraba en 18.000 euros y que podía realizarlo el propietario si le convenía más. La comunicación fue recurrida por el dueño, «sin obtener respuesta». En la misma situación, pendiente de derribo, también se encuentran dos viviendas más en Bolnuevo y un establecimiento hostelero. Sus dueños siguen pleiteando con la Administración para intentar salvar la propiedad.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140312/mazarron/costas-derriba-vivienda-bolnuevo-20140312.html

martes, 11 de marzo de 2014

El Gobierno insiste en que no habrá construcciones nuevas en las playas


El nuevo reglamento de la Ley de Costas
 
 sale a información pública
 

El nuevo marco legal evita las demoliciones de
 
viviendas e industrias previstas para 2018

 

    El Gobierno ha sacado a información pública hoy el Reglamento de la nueva Ley de Costas insistiendo en que su principal objetivo es “garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral”. El documento, de más de 100 páginas articula la    forma en la que se evitará el “efecto 2018”, es decir, las demoliciones masivas de viviendas e industrias que ocupan dominio público del litoral, y la posibilidad de ampliar sus concesiones hasta 75 años. También permite que los negocios playeros, como los chiringuitos, pasen de ocupar 150 metros a 300 metros en playas urbanas y establece que los propietarios de viviendas que ocupan una zona protegida del litoral puedan hacer obras de reforma presentando una declaración en la que se hagan responsables de posibles daños. Antes no podían cambiar ningún elemento sin tramitar infinidad de permisos.

El nuevo reglamento de Costas estará tres semanas en exposición pública, periodo durante el que se podrán presentar alegaciones. Después será evaluado por el Consejo de Estado. El director de Sostenibilidad, Pablo Saavedra, espera que esté listo antes del verano.

Saavedra ha insistido en que la nueva ley, denominada de protección y uso sostenible del litoral y aprobada el pasado mayo, deja bien claro que no hay cabida para nuevas construcciones en la zona de dominio público marítimo terrestre (que incluye la ribera del mar y de las playas) y en la zona adyacente de servidumbre de protección, donde sin embargo, sí se va a permitir que se hagan obras de reforma. Hasta el momento más de un centenar de municipios han solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acogerse a este beneficio en el que se prohíbe expresamente que amplíen volumen, superficie o altura. El plazo para presentar solicitudes terminó el pasado noviembre, pero como el Reglamento continúa en trámite, en el ministerio aseguran que se pueden seguir recibiendo solicitudes hasta que se cumplan dos años de la aprobación de la nueva Ley de Costas.

El nuevo texto legal también establece una división entre playas urbanas y naturales, que antes no existía, y que tienen que fijar las comunidades autónomas. En función de esta división se podrán autorizar los distintos servicios. En el caso de las playas naturales, por ejemplo, los chiringuitos deben ser desmontables y estarán mucho más restringidos que en los tramos urbanos.

El ministerio también acota el concepto de playa y alcance de las olas, con la intención de que los ciudadanos tengan un “conocimiento concreto” de la línea de deslinde, la zona donde se divide el dominio público del privado. “No siempre se han aplicado los deslindes siguiendo el mismo criterio”, ha precisado Saavedra que ha circunscrito estos nuevos cálculos solo para los casos en los que haya habido “un error” claro en estas mediciones.

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/11/actualidad/1394549780_815122.html

lunes, 3 de marzo de 2014

La Audiencia Nacional desestima el recurso de Teguise contra el polémico deslinde en Famara


La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise y ha ratificado así la orden ministerial de 3 de marzo de 2011, por la que se aprueba el deslinde de dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa comprendido entre “Los Dises y la Caleta de la Villa”. En junio de 2013, otra sentencia de la Audiencia Nacional defendió la legitimidad del deslinde, que en algunas zonas avanza hasta 2 y 3 kilómetros tierra adentro, y rechazó el recurso presentado por dos afectados.

En esta ocasión, el Consistorio de Teguise presentó un recurso contra esta orden ministerial por la que se aprobó el deslinde del tramo de costa de unos 16.026 metros de longitud. El Ayuntamiento pretendía que se anulara y se dejara sin efecto y basaba su impugnación en “motivos formales y de fondo”.

En cuanto al fondo, la orden ministerial delimitaba unos vértices por tratarse de “espacios constitutivos de playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros”. El Ayuntamiento cuestionaba dicha delimitación que se adentraba entre dos y tres kilómetros de la costa por considerar que el proyecto del deslinde no se basaba en “un estudio serio y exhaustivo” de las condiciones y características de este tramo, sino en un “plagio de fragmentos” de un trabajo del departamento de Física de la Universidad de Las Palmas, que se había utilizado “fuera de contexto y a conveniencia”.

El Ayuntamiento trató de “desvirtuar” las consideraciones de la orden ministerial con un informe de la empresa Geotécnica de Alliroz donde, según la Audiencia Nacional, se reconoce “un claro origen marino” de los depósitos de arena ubicados a lo largo del tramo, siendo esto lo “relevante a efectos de la delimitación realizada”. Por ello, considera la sala que la prueba practicada a instancias del Consistorio “no desvirtúa las consideraciones en las que se apoya la orden de deslinde para delimitar el dominio público marítimo terrestre”.

 

100 metros de anchura de servidumbre



Además, el Ayuntamiento cuestionaba, entre otras cosas, la anchura de la servidumbre de protección relativa a los núcleos de El Perejil y Cortijo de Bajamar, establecida en 100 metros. En este sentido, el Consistorio consideró que debía reducirse a 20 metros, debido un plan parcial de 1986 y porque se trataba de núcleos anteriores a 1975.

La Audiencia Nacional ha desestimado esta pretensión al “no haber quedado acreditado el carácter urbano de Cortijo Bajamar y El Perejil, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas”. Por ello, se les asigna en la orden de deslinde una servidumbre de protección de 100 metros de anchura.

 

Sin caducidad en el proceso



En cuanto a los motivos formales, el Ayuntamiento pedía examinar la posible caducidad del procedimiento de esta orden ministerial. Sin embargo, la Audiencia Nacional lo ha rechazado, puesto que considera que no se puede apreciar esta caducidad. En este sentido, señala en el fallo judicial que desde la fecha de providencia de incoación de esta orden ministerial, el 27 de marzo de 2009, hasta la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 14 de marzo de 2011, “resulta claro que no ha transcurrido el plazo de caducidad de 24 meses”.

El Ayuntamiento también alegó que se había vulnerado el procedimiento establecido tras producirse modificaciones como el cambio de anchura en la servidumbre de protección, pero la Audiencia Nacional considera que, “teniendo en cuenta la extensión del deslinde recurrido”, ésta no es una modificación “sustancial”.

Por todo ello, ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Teguise y ha ratificado esta orden ministerial, por la que se aprobó este polémico deslinde, y contra la  que cabe recurso en el Tribunal Supremo

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/audiencia-nacional-rechaza-recurso-teguise-y-aprueba-deslinde-famara/20140303132322087450.html

sábado, 1 de marzo de 2014

BENZU (CEUTA) UN PUEBLO HUMILDE EN LUCHA POR SUS CASAS, POR SUS DERECHOS


 La verdad, es que pocas cosas logran asombrarme, pero, en este país de despropósitos, de corruptela permitida y tolerada, de injusticias generalizadas, el tema de Benzú, un barrio de la ciudad autónoma de Ceuta, ha cautivado mi atención.


   Este núcleo urbano, poblado por gentes humildes, han recibido hace poco la notificación por parte de la Administración del Estado, incoando expediente de recuperación posesoria de sus viviendas, por estar en dominio público marítimo terrestre.


   Lo increíble, es que no existe publicación alguna de deslinde, en el que basar la supuesta invasión del dominio público de las costas de Ceuta. No existe. Se inició en 1985, pero aún no se ha alegado,. no se han atendido las alegaciones, y por supuesto, no se ha aprobado definitivamente.

    Estamos ante una demostración del poder del estado, vulnerando el derecho de sus ciudadanos, de las propias leyes, y como siempre, pagamos los mismos; el pueblo


    Lo lógico sería que la administración competente rectificara, pero no lo ha hecho, y sigue sin facilitar a los afectados por estos derribos, toda la información de sus expedientes.

    Estos son los hechos. La realidad, es que cuando un gobierno, se comporta de esta manera con los ciudadanos, no merece otra calificación que la de prepotentes dictadores , propios de repúblicas bananeras, donde no se respetan los derechos humanos

     Estoy hasta los mismos genitales(lo defino asi, por educación) de todo aquel que encubierto en una máscara de legalidad y alardeando sobre democracia y Constitución  permiten que esto suceda en este país.

viernes, 28 de febrero de 2014

Del barrio de Benzú, ¡no nos moverán!”


Corría el año 1954 cuando la familia de Akali compró por 6.000 pesetas en Benzú la casa que continúa siendo su hogar. Ahmed dispone de archivos que documentan la presencia de sus parientes en su parcela desde 1930. Hay linajes centenarios como el de Abdelila, quien demuestra con expedientes militares que ya estaban en la barriada en 1916. Éstos son solo tres de los testimonios que pudieron escucharse durante la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Benzú que discurrió ayer de forma pacífica entre el Palacio Autonómico y la Delegación del Gobierno en contra del derribo de unas 15 viviendas, si finalmente la Administración resuelve que éstas ocupan el dominio público.     

Tanto los vecinos a los que se les ha incoado expediente de recuperación posesoria de ese espacio marítimo terrestre como aquellos que contemplan la posibilidad de recibirlo de acuerdo con las directrices del Área de Fomento, se echaron a la calle para dejar claro que Benzú no se vende, se defiende, como rezaba la pancarta principal que aglutinó a unas 350 personas, según los cálculos de la Policía Nacional, y 450 de acuerdo con los datos de la organización.

Un movimiento que reunió a personas de otras barriadas, partidos políticos y asociaciones, aunque criticaron la ausencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), la cual interpretaron como una “falta de apoyo”. Quienes sí respaldaron la reivindicación fue el grupo de parados que protagoniza la protesta diaria frente a la Asamblea en contra de la “falta de oportunidades de las barriadas de la periferia”. Por otra parte, algún líder de la oposición llegó a colocarse en la primera línea de la comitiva a pesar de que la movilización surgía de los propios vecinos.
Rahma Mokhlis, presidenta del colectivo de afectados y de Benzú, reiteró ayer que nunca dejarán su barriada; rechazó el realojo en Loma Colmenar de las 25 familias afectadas porque hay otros ciudadanos que realmente lo necesitan; e instó a cumplir las “promesas” urbanísticas “incumplidas” como fue el caso del proyecto Europan 8.

Ashma, junto a la portavoz vecinal, sostuvo un cartel en el que se leía ¿Deslinde del 69? Mucho Fomento, poco fundamento. “La Delegación pretende aplicar un deslinde según una ley derogada”, denunció Mokhlis en relación a la Ley de Costas de 1969, a la cual sustituyó la del 88 y en 2013 se aprobó una nueva modificación que suaviza la protección
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En la mañana de ayer, indicó Ahmed Amar, portavoz de la Plataforma, registraron “por tercer vez” un escrito por el cual solicitan a la Delegación del Gobierno que les “facilite la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la cual entraría en vigor el deslinde” porque, sostuvieron, esa orden ministerial nunca fue publicada y, por tanto, no tendría efecto. Agradecieron que la representación de la Administración General del Estado les haya remitido el boletín sobre una notificación a las construcciones de Benzú en 1984.
Un portavoz de los letrados que representan a los afectados por la Ley de Costas se quejó del “oscurantismo” que envuelve la explicación del Área de Fomento sobre la vigencia de la norma y el momento a partir del cual se aplica la Orden Ministerial de mayo de 1985, en la cual se basa para incoar los expedientes. “La costa ceutí está sin deslindar, le faltan 7 ó 5 kilómetros”, añadió el abogado.
Amar señaló que están dispuestos a llegar a los tribunales en la defensa de sus viviendas y recordó que cuentan con la asistencia jurídica gratuita que les brinda la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que ya ha remitido una queja al respecto al Europarlamento y se mantienen a la espera de confirmar si es aceptada a trámite.
Adaptando la canción de Verano Azul a su problemática, tararearon Del barrio de Benzú, no nos moverán avanzando durante dos horas por las calles del centro, de la Gran Vía a la Plaza de los Reyes, hasta alcanzar la Delegación del Gobierno. Como ocurriera en la serie de televisión, los vecinos avanzaron que se harán fuertes para evitar su demolición y comunicaron que organizarán más movilizaciones
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http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/141511-del-barrio-de-benzu-ino-nos-moveran.html#

jueves, 20 de febrero de 2014

Los letrados de los vecinos de Benzú defienden que el deslinde no existe



 

Sostienen que ningún boletín publicó la orden y, por tanto, no puede entrar en vigor. Sin éste, “ni hay recuperación ni derribo”.

Los abogados de los residentes en Benzú afectados por los expedientes que tratan de determinar si sus viviendas ocupan terreno de dominio público y, por tanto, vulneran la Ley de Costas de 1988 –modificada en 2003–, sostienen que el deslinde al que apela la Delegación del Gobierno para la recuperación del espacio marítimo-terrestre es “inexistente”. Un portavoz de los asesores de los vecinos en sus respectivos trámites avanzó que este intento de derribo de las viviendas “podría constituir una infracción penal”.
El Área Funcional de Fomento recurre al “vigente” deslinde aprobado por Orden Ministerial (OM) de 29 de mayo de 1985, entre la escollera de ampliación del Puerto en la playa de Benítez y la frontera con el reino de Marruecos, la cual desarrolla la normativa de 1969. Los representantes legales de los inquilinos de las 15 casas que, presuntamente, infringen la Ley de Costas, aseguran que tras buscar en todos los boletines oficiales el anuncio del deslinde, comprobaron que esta OM “no se ha publicado”. Entienden que para su aplicación es obligatorio que se notifique por algunas de las vías establecidas para su entrada en vigor. Esta ausencia expuesta por los abogados se extiende al Registro de la Propiedad donde, añadieron, tampoco hay constancia de esta línea imaginaria que marca dónde se puede edificar y la cual la Administración General del Estado esgrime en su intento de obtener la franja más próxima a la costa de Benzú. “Luego sin deslinde, no hay recuperación posesoria ni derribo”, concluyen desde el grupo de letrados.
Un portavoz del colectivo que asesora a los perjudicados –calculan que unas 25 familias– indica que el conflicto de competencias con el Ministerio de Defensa empeora la situación ya que algunas disponen de concesión de esta cartera. Otras de las razones con la que los letrados argumentan esta supuesta irregularidad en la pretensión del Gobierno de la Plaza de los Reyes de derribar estas casas enlaza con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992. “Se le dio traslado al Gobierno central para que hiciera las alegaciones que considerara oportunas. Sin embargo, no hizo nada y, por tanto, queda de manifiesto que tampoco hay delimitación y Benzú es un centro urbano”, explica uno de los juristas que median en este conflicto.
También hubo espacio para la crítica en la batería de explicaciones sobre la postura que mantienen los residentes en Benzú que temen la demolición de sus hogares. “¿Por qué notifican la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre?”, se preguntó uno de los representantes legales de los componentes de la Plataforma de Afectados de Benzú, cuya oposición a la materialización de esta medida se hace extensible a todo el vecindario.
Los expedientes que gestiona el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno se encuentran en distintas fases de tramitación y, como ya advirtiera Bharat Bhagwandas, director general del departamento, los interesados cuentan con todas las garantías en las distintas etapas del proceso. Algunas se encuentran a la espera de la respuesta a sus alegaciones; otras resueltas de forma desfavorable para los usuarios que acabarán en recurso de alzada ante el Ministerio competente y, en el caso de que no reciban la razón, anuncian que acudirán al Contencioso Administrativo.

La queja por la explosión en la cantera de agosto

Vecinos de Benzú presentaron una reclamación el 20 de agosto de 2013 en Delegación del Gobierno en la que solicitaban que las instancias competentes controlen, más si cabe, las detonaciones en la cantera de Benzú ya que además de las “alergias y picores” derivados de la polvareda que se produce cada vez que haya una explosión, provoca el “destrozo” de las viviendas –grietas, cristales rotos...–. Muestra de los efectos del barreno puede verse en un vídeo grabado por un vecino el 15 de agosto. Los residentes en la barriada piensan que esta queja ante el Gobierno de la Plaza de los Reyes está relacionada con el envío en noviembre del año pasado de los expedientes de recuperación.

Carece de esta línea divisoria, según la UCA

La Universidad de Cádiz publicó en 2004 un estudio titulado Las áreas litorales de España: del análisis geográfico a la gestión integrada, cuyo autor es Juan Manuel Barragán. En el texto incluye un cuadro sobre la situación de los deslindes del dominio público marítimo terrestre aprobados –en kilómetros– apuntando como fuente a la Dirección General de Costas a partir de datos de mayo de 2000. La figura muestra que Ceuta suma 17,62 kilómetros pero en su totalidad carece de deslinde. Los propios vecinos de Benzú son quienes han consultado este documento en el transcurso de sus investigaciones para encontrar una explicación a la notificación de derribo remitida por el Área Funcional de Fomento de la Delegación del Gobierno. Hasta el momento, lo recibieron 15 viviendas que corresponden a unas 25 familias.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/140973-los-letrados-de-los-vecinos-de-benzu-defienden-que-el-deslinde-no-existe.html

viernes, 14 de febrero de 2014

RIU, primera beneficiada en Canarias por la nueva (y salvaje) Ley de Costas


La cadena mallorquina cambia su criterio: tras renunciar en 2007 a ampliar sus concesiones en Corralejo, ahora se acoge a los 75 años

La filosofía del Oasis: RIU nunca quiso trabajar sobre concesiones, “preferimos la propiedad privada” dijo a Costas en la legislatura anterior

La Ley de Costas del PP deja abierta la posibilidad de un nuevo deslinde que les puede devolver la propiedad sobre las dunas

¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias? Su informe es preceptivo, pero ¿lo hará Medio Ambiente o lo hará Ordenación del Territorio?

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Ya tenemos sobre el territorio de Canarias a la primera gran empresa beneficiada por la nueva Ley de Costas del Partido Popular, que rebaja la protección de todo el litoral español y abre la puerta a la revisión de concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a la privatización de zonas que hasta ahora parecían eternamente públicas. Como no podía ser menos, esa gran empresa es la cadena mallorquina RIU, la que anunciaba al Gobierno de España en 2007 su intención de ir abandonando paulatinamente sus explotaciones en Corralejo y que ahora reclama para sí una ampliación de sus concesiones en las dunas para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas por otros 75 años. La nueva ley, que cínicamente se llama “de protección y uso sostenible del litoral”, se lo permite al dejar en agua de borrajas los acuerdos que la cadena cerró con el Gobierno socialista tras una sentencia del Supremo de 2003 que ratificaba el deslinde marítimo-terrestre. Según aquellos acuerdos, RIU perdería por caducidad la concesión sobre el Oliva Beach en 2017, y sobre el Tres Islas en 2037, aunque podía extenderla, por renovación automática, hasta 2052. “Nosotros no trabajamos con hoteles sobre concesión administrativa, manejamos la propiedad privada, y aunque nos otorguen 60 años preferimos que nos dejen estar hasta amortizar nuestras inversiones y luego, nos vamos pacíficamente”, dijeron los representantes mallorquines a los responsables de Costas en las negociaciones que se cerraron en 2007. De este modo, la compañía renunciaba a su derecho a 30 y a 37 años, respectivamente, sobre sus dos hoteles de las dunas de Corralejo. Tan cierto era que su deseo era abandonar el norte de Fuerteventura que, en el marco de aquellas negociaciones  hasta cedió al Estado la isla de Lobos, afectada también por el deslinde que acababa de ratificarse.  Pero llegó el PP, y con él la defensa de los intereses (generales) de empresarios tan poderosos e influyentes como los del sector turístico mallorquín, para los cuales parece estar hecha a la medida esta ley de costas, perdón, de protección y uso sostenible del litoral. Y dos piedras.

 

 

Lo que viene ahora: revisión del deslinde

La ley y la postura de RIU son absolutamente coherentes: la compañía mallorquina no quiere trabajar “sobre concesiones administrativas” sino sobre propiedad privada, es decir, la suya. Siendo así, ¿por qué la cadena pide una ampliación de la concesión? ¿Ha cambiado de criterio? En absoluto. Es cierto que la nueva ley de desamparo del litoral permite una renovación casi automática por 75 años de las concesiones antes limitadas a 30 + 30, y a ella ya ha decidido acogerse, pero lo que realmente esconde la ley con su indefinición es la posibilidad de abrir la puerta a que los concesionarios recuperen la titularidad de los espacios naturales o de dominio público marítimo-terrestre que pasaron a titularidad pública con la derogada ley de costas. El procedimiento es bien sencillo y la autoridad no va a poner objeciones: revisión del deslinde mediante alegaciones como, en el caso que nos ocupa, que las dunas no están ligadas a la estabilidad de la playa. Revisado el deslinde en favor del solicitante, la reversión de la propiedad es automática, lo que hace buena la máxima de RIU de no trabajar sobre concesiones. Como en el Oasis de Maspalomas, donde proyecta un hotel sobre un suelo cuya titularidad discuten más de cuatro profesionales y entidades especializadas por las trazas que presentan las cesiones y alguna sentencia del Supremo actualizada.

 

¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias?

Así las cosas, se abre la caja de pandora, porque la ley no sólo sirve para RIU y las cadenas hoteleras apadrinadas por los empresarios más cercanos al Gobierno de Rajoy. Cualquiera que tenga un problemón con el deslinde puede alegar un cambio en las mareas por el calentamiento global y pedir que se le revisen los metros de protección, y en Canarias tenemos casos a porrillo. Pero en el caso que nos ocupa asistimos a una modificación en una concesión administrativa (es lo que de momento se va a tramitar) que requiere un informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. La primera duda no surge sobre cuál va a ser su pronunciamiento sino sobre qué órgano lo elaborará. Si lo hace Medio Ambiente, en manos del PSOE, es de esperar que se recurra a la protección y a la conveniencia de que el patrimonio natural vaya revertiendo al término de las actuales concesiones en el uso público y la restitución de los espacios ocupados por construcciones intrusas. Pero como se decida que el informe lo elabore Ordenación del Territorio, los tiros irán en dirección contraria previsiblemente. No sólo por la condición de majorero del consejero titular, Domingo Berriel, que habrá de responder a la postura de las autoridades de esa isla, sino por su posición más que ambigua sobre la nueva ley del PP. Prevalecerá, nos tememos, la influencia de RIU, que se viene manifestando de manera descarada en las gestiones encomendadas a la empresa pública Gesplan en la resolución del conflicto abierto en el Oasis de Maspalomas. No tardaremos mucho en verlo. 

http://www.eldiario.es/canariasahora/topsecret/turismo-Riu-hotel-Corralejo_6_228587164.html

domingo, 9 de febrero de 2014

LEY DE COSTAS.(políticamente incorrecto hablando)


En toda cuestión importante, existen siempre aspectos de los que nadie quiere hablar. Y si nos referimos al espinoso tema de la ley de Costas, y el experimento de reforma sucesivo, esos aspectos, se convierten en secretos de Estado, que, en caso de ser desvelados, lograrían sonrojar a toda la maraña de políticos, actuales y pasados; no porque lo ignoraran ellos, sino porque salieran a la luz, tal cantidad de despropósitos.
 

   Muchos de los ideólogos costeros, padres de la criatura.(dícese ley de Costas) que actualmente, se dedican a enriquecer su jubilación, dando conferencias sobre las virtudes de su creación, allá donde los llamen, hacen referencia a las decimas de Alfonso X, el sabio como la primera norma para las costas y su dominio público, al citar textualmente,” Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que biuen [viven] en este mundo, son estas: el ayre e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera". La utilización de esta cita literaria, por parte de este conjunto de intelectos costeros, es claramente sesgada e interesada, pues en las mismas décimas aparece lo siguiente:” "Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se cayese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar". Claro está, que esto último, lo omiten.

    Los defensores de la ley de Costas, no quieren hablar, que realmente esta norma es una burda copia de un proyecto franquista de 1968, que fue rechazado en aquellos tiempos, por tener un marcado carácter confiscatorio. Pero, años después, en un desmesurado intento de proteger nuestra costa, fue recuperado, (lo que hoy llamamos un corta y pega) modificando lo justo, para disfrazar la nueva norma,  dotándola de un carácter proteccionista, medioambiental, y claramente retroactivo, eliminando, eso sí, el aguilucho y las flechas del anterior régimen.

     Entonces, si la ley de costas de 1988, es tan maravillosa como dicen, ¿Qué es lo que ha fallado? En primer lugar, tengo claro, que las costas, nuestras costas,  representan dinero. Una cantidad de miles de millones de euros, de los que se han beneficiado, desde políticos, nacionales y autonómicos, alcaldes, promotores y constructores. Todos han participado del festín; basta  con recordar cómo estaban nuestras costas, en la década de los noventa, y compararlo con el estado actual.

       La aplicación de la ley, fue, y posiblemente será,  aplicada de una forma totalmente errónea e  interesada. Se aplicó la norma, no como protección del litoral, sino como una norma urbanística; contemplando excepciones, planes especiales, limitaciones (pocas y continuamente modificadas) y permitiendo verdaderas atrocidades, en beneficio de las principales fuentes de ingreso de este país: el turismo y la construcción. Es quitar lo viejo, lo legalmente construido hace muchas décadas, para implantar aberraciones urbanísticas. Para esto, no escatiman en medios y recursos.

   Y es aquí, donde la justicia, tiene que aplicarse en contra de los que autorizan estos desaguisados. Los que especulan con la desigual línea de un deslinde marítimo terrestre, para borrar de la costas, una, dos, treinta viviendas… para promover paseos marítimos y maravillosos y espectaculares complejos residenciales y  hoteleros privados para el disfrute de todos. E s aquí, donde los defensores de la ley, tendrían que seguir citando a Alfonso X el Sabio, en lo referente a la Partida séptima, Título XXXIV, «De las reglas del derecho»  y lo que recoge en la 17ª: "nadie debe enriquecerse torticeramente con el daño de otro"...  y eso va por las Administraciones competentes en esta materia. Al Estado; protector del medio ambiente, y al mismo tiempo garrote vil, de los derechos humanos. Pues aunque no  lo admitan, están vulnerando el derecho humano a la propiedad privada, recogido en los convenios internacionales que este país firma y hace suyos.

     El medio ambiente, es lo de menos. No existen planes serios, prácticos, y totalmente realistas, para proteger nuestras costas, porque han sido los políticos, y los legisladores, los que han cedido a las presiones económicas.
 
Ejemplo de esto, es el caso de un antiguo director general de Costas, en aquel entonces, 1988, Jefe de la demarcación de Costas de Canarias, cuando se solicita en el Congreso de los Diputados el cese del mismo, por realizar unos vertidos en las costas de Mogán, Gran Canaria,  permitiendo lo no permitido y destrozando toda un paraje de espectacular belleza. El resultado de la votación fue en contra del medio ambiente, y a favor de una construcción especulativa de apartamentos y hoteles, junto con el correspondiente “paseo marítimo”. (Diario de Sesiones del Congreso 20 de diciembre de 1988). Años más tarde, cuando el mar destrozó el famoso paseo marítimo e infraestructuras varias, la justificación, carente de toda validez científica, ofrecida por el mismo organismo que destrozó el litoral, fue sencilla; los destrozos se producen por los efectos del cambio climático. (http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2010/12/08/costas-achaca-cambio-climatico-destrozos-sur/339312.html).


   Y mientras, Don José Fernández, afín al Psoe, defiende a ultranza los derribos de los pueblos canarios en la costa, justificando una vez más, la vergonzosa ley de costas; Incluso, el Gobierno de Canarias, CC-Psoe, lo nombra director general de la Agencia Canaria para la Protección de medio ambiente y natural. Tremendos descerebrados, tanta desfachatez debe ser producto anexo a  los altos cargos, devolviendo favores políticos, a aquellos que deberían estar en la cárcel de por vida. Por cierto, Don José Fernández, , gran defensor de la Ley, cual perro fiel, esta actualmente imputado. Que raro.

   Similares casos se pueden ver en todo el litoral español, pero es en Canarias, la comunidad  autónoma con más kilómetros de costas, donde vemos casos de permisibilidad urbanística en la costa, totalmente indecente, llegando incluso, a poner en riesgo, (con total impunidad por parte de aquellos que lo autorizaron, promovieron y construyeron) la vida de las personas.



    El caso de Tabaiba y Radazul, en Tenerife es otro ejemplo, de cómo se saltaron la ley, mediante una excepción a la norma, un plan especial, y vertieron escombros, construyeron, y edificaron, donde no debían. Así, actualmente, Tabaiba y Radazul, construidas en desembocaduras de barrancos de cumbre, en acantilados, padece riadas e inundaciones cada vez que tenemos temporal, pues han obstruido los cauces naturales, con el beneplácito de políticos, gobernantes y altos cargos del organismo que debería velar por nuestro litoral.
Es más, recientemente, un político local, pedía la bandera azul y la creación  de una reserva marina en la zona,( http://www.diariodeavisos.com/2014/01/tabaiba-radazul-aspiran-ser-reserva-marina-bandera-azul/) en un delirio de grandeza, cuando estaba aliviando el tránsito intestinal, pues otra explicación coherente a esta solicitud, no veo, cuando la realidad, es que ese tramo de costas, está plagado de emisarios y estaciones de bombeo de aguas fecales, en dominio público, (justo donde no pueden estar) Bravo, campeón,, con esta solicitud te has encumbrado.


    Casos como estos, cientos, son los que hacen de esta ley de costas,  y de la reforma aprobada por al actual gobierno, un simple papel mojado, que no tiene más utilidad, de la de servir, a políticos como el anterior, cuando acabe de aliviarse.

   Me gustaría creer, que nuestros líderes políticos no saben esto. Que a Rubalcaba, le crecería robusta y larga melena, o a Rajoy, se le sanara esa distrofia cerebral al investigar este tema; incluso que a toda esa camada de diputados, y senadores, se les abrieran sus respectivas mentes, y dejaran de preguntar, por las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre en Cuenca, Extremadura o Córdoba. (Seguro que los geógrafos, les darían las gracias...)

    Pero les aseguro que no es así. Llevan más de 25 años sabiendo este tema; saben de la confiscación continuada y autorizada de legitimas propiedades, pues el Estado, no tiene dinero para expropiar todo lo legalmente construido, de ahí, el fin de las concesiones del dominio público. Saben, que cuando un núcleo costero tiene una gran población, legalizan la situación, o en muchos casos, dejan pasar el tiempo, consolidando viviendas; pero si son pequeños pueblos, con pocos propietarios, pues se cambia el deslinde, se derriba, y venga, todos la calle, a vivir de la caridad de los Asuntos Sociales. Prueba de esto, es que la nueva ley del PP, salva núcleos densamente poblados, sin títulos de propiedad y en dominio público, o urbanizaciones de lujo, con un poder económico alto, o simplemente, complejos residenciales habitados por miles de extranjeros, para callar la multitud de quejas oficiales a la ley de costas, que se reciben desde países como Inglaterra, Francia o desde la, cada vez mas incrédula y menos permisiva  Comunidad Europea. Pero no salva a los pueblos tradicionales de Canarias, de Galicia, o del litoral mediterráneo.

    A toda esta camarilla de políticos ineptos, se les suman los adeptos al ecologismo radical, partidarios de la protección total de la costa, cueste lo que cueste; les da igual que más de millón y medio de personas vivan en la calle, después de ver sus casas demolidas, comparando y denunciando, al constructor del hotel del Algarrobico, como a los vecinos de Cho Vito, el Puig, o Benzú. Demonizando al pescador de un pequeño pueblo de Lanzarote, por tener una casa a veinte metros del mar, heredada de sus antepasados, legal, y pagando todos los impuestos, que posiblemente lleve ubicada en el lugar, totalmente integrada con el paisaje, muchos años antes del nacimiento del movimiento ecologista. Les animo, a que tengan de lo que siempre presumen y soliciten el deslinde y derribo de San Sebastián, La Coruña, Santander etc... debido a que ha sido inundada por "los mayores temporales conocidos" en estos últimos días y que según la indescifrable Ley de Costas, son ya, de hecho y de derecho, dpmt. De no hacer los deslindes preceptivos,  Costas, estaría discriminando a unos ciudadanos de otros por motivos sociales, económicos etc.   

   A estos sectarios del ecologismo radical, partidarios de planes proteccionistas ya desfasados, bien por irrealizables, bien por carentes de rigor,  comentarles, que los principales interesados en mantener y cuidar las costas, son aquellos, que llevan décadas, viviendo en ellas. Decirles, que es totalmente imposible, separar  a las personas del medio ambiente, pues están históricamente ligadas. Unos de los mayores avances contra el urbanismo destructor y salvaje de nuestras costas, fue creado en el seno de Europa (informe Auken), y sus recomendaciones son una denuncia directa a la política medioambiental española, incluida la tan querida por ustedes, Ley de Costas. Y les aseguro, que Europa, hace mucho tiempo que no cree en las bondades de esta Ley. Ni de la reforma de la misma.

    En este tema, el consenso de la clase política, de la intelectualidad ecológica, no es necesariamente correcto, al margen de cuantos le den crédito, o durante cuantos años perdure la creencia de que esta Ley es beneficiosa. Puede ser errónea. De hecho es muy errónea.

    Y esto es la realidad, de la arbitrariedad de la ley, que queda grabada para siempre, en los rostros de aquellos, que viviendo en la costa, ven como les derriban sus casas, mientras sentados en los escombros de las mismas, miran con asombro como apartamentos, urbanizaciones, y hoteles, a escasos metros, turistas, ecologistas, especuladores y sectarios políticos, ven el morboso espectáculo del drama humano que significa perder tu casa.

 Antonio Alonso
 
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia88738.php
 

 

 

NO COMENTES!!! NO COMPARTAS!!! QUE TE DENUNCIA COSTAS

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OBRAS FRENTE AL HOTEL BAHIA REAL, FUERTEVENTURA.

Obras explosivas frente al Bahía Real.Fuerteventura

INAUDITA LA ACTUACIÓN DE COSTAS, PERMITIENDO EL DESTROZO DEL LECHO MARINO, EN PRO DE UNA ENTIDAD PRIVADA.


Las obras de las pasarelas en la playa semiprivatizada del Bahía Real se realizan a bombazos de dinamita, volando por los aires las rocas de la costa.  la primera fase consiste en la construcción de las pasarelas para el acceso al baño. 

Todo ello para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir con autorización del Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio ambiente en funciones.

  
 El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m² de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años. El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos. 



 
 Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se realizan con cartuchos de explosivos insertado en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente. 
 
 
 
La vigilancia sobre la correcta ejecución de las obras corresponde también a la Dirección General del Costas
El Ayuntamiento considera que las competencias en materia de Costas deben ser transferidas a Canarias
El Ayuntamiento de La Oliva, sobre las obras de dragado que se está realizando en el litoral, frente al hotel Bahía Real, señala lo siguiente:
1.- La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, autorizó en 2011 a la entidad mercantil Atlantis Hotels & Resort el proyecto denominado “concesión para la ocupación de unos 1972 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a áreas de baño en el Litoral de Corralejo”
2.- La aprobación del proyecto y el otorgamiento de la concesión se realizó por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento otorgó, posteriormente, la licencia para la ejecución de las obras. Un trámite que cualquier corporación debe llevar a cabo obligatoriamente si el proyecto cuenta con la preceptiva autorización de la Dirección General de Costas.
3.- La vigilancia y control sobre la correcta ejecución de la obra corresponde también a la Dirección General de Costas.
4.- El Ayuntamiento de La Oliva señala que la situación que actualmente se plantea en este obedece a que las competencias en materia de Costas siguen en manos del Gobierno del Estado, impidiendo de esta manera el control y seguimiento de todas las actuaciones en el litoral a las administraciones públicas canarias.
5.- De hecho, muchos son los proyectos que el Ayuntamiento ha tramitado ante la Dirección General de Costas para su ejecución, tendentes todos ellos a mejorar el mantenimiento de los espacios públicos y a favorecer la convivencia entre el paisaje y su uso por parte de los ciudadanos, que no han podido llevarse a cabo por su paralización por parte del órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
6.- Una parálisis que contrasta con la diligencia con la que actúa en la tramitación de sanciones. La Dirección General de Costas ha multado al Ayuntamiento de La Oliva por actuaciones relacionadas con la limpieza del litoral, la instalación del escenario en el muelle chico de El Cotillo durante las fiestas, la retirada de hormigón de antiguos chiringuitos en Grandes Playas o, recientemente, el cambio de ubicación de algunas rocas en la playa de Salero para habilitar la zona de baño.
 
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